AP433-2014(43123)

2014

Asistente Jurídico Inteligente

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    CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  

SALA DE CASACIÓN PENAL  

LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO  

Magistrado ponente  

AP433-2014  

Radicación n° 43123  

(Aprobado Acta No. 27)  

          Bogotá,   D.C.,   cinco   (5)   de   febrero  de  dos  mil  catorce  (2014)   

ASUNTO  

          Se  pronuncia  la Sala sobre la definición de competencia postulada  por  el  Juez  Único  Penal  del  Circuito  Especializado  de Barranquilla, por  considerar  que  no  es  el llamado a tramitar el juicio adelantado contra Pedro  Manuel  Muñoz Torres, Luís Alfonso Castaño Gómez, Walberto Medrano Carrillo,  César  Augusto  Marrugo  de Voz, Marbi Santiago Valle Pomares, Allison Villalba  Tatis,  Willington  Sánchez  Pájaro, Eduardo Antonio Mendoza Caraballo, Rafael  Arturo  Pájaro  García,  Javier  Enrique Quiñónez Buelvas, Pedro Italo Ortiz  Crismatt,  Domingo  Blanco  Berrio,  Juan  Diego  Jiménez López y Elmer Alonso  Montoya Borbón por el delito de concierto para delinquir.   

ACTUACIÓN PROCESAL RELEVANTE  

          En   interrogatorio   absuelto   por  los  señores  Wilson  Salgado  Vásquez,  Deinis  Ramírez  Marimon,  Juan  Antonio  Rossi  Flórez, María del  Carmen  Lozada  Castillo  y  Lenford  Antonio Arias Escalante, integrantes de la  banda     delincuencial     autodenominada    “Los  Paisas”  quienes  decidieron  colaborar  de  manera  voluntaria   con   las  autoridades,  dejaron  al  descubierto  las  actividades  delictivas  a  que  se dedicaba cada uno de los integrantes del mencionado grupo  al   margen   de   la  Ley,  a  quienes  identificaron  mediante  reconocimiento  fotográfico.   

Investigadores   de  la  Policía  Judicial  lograron  verificar  dicha información, motivo por el cual el 3 de mayo de 2011  se  libraron  órdenes  de  captura en contra de los indiciados, al igual que se  practicaron diversas diligencias de allanamiento y registro.   

El  12,  14 y 15 de mayo de 2011 se realizó  audiencia  de  legalización  de  allanamiento  y  registro, de legalización de  captura  y  formulación  de  imputación  por  los  delitos  de  concierto para  delinquir  agravado,  porte  ilegal  de  armas  agravado y homicidio agravado, e  imposición   de   medida   de   aseguramiento   de   detención  preventiva  en  establecimiento  carcelario,  con  excepción  de  Pedro  Manuel Muñoz Torres y  Javier   Enrique   Quiñónez  Buelvas,  a  quienes  se  les  impuso  medida  de  aseguramiento de detención domiciliaria.   

El 12 de junio de 2011 el representante de la  Fiscalía  General  de  la  Nación presentó escrito de acusación en contra de  los imputados.   

Luego de varios intentos fracasados, el 26 de  agosto  de  2011 ante el Juzgado Único Penal Especializado del Circuito Adjunto  de  Cartagena,  se realizó audiencia de acusación de algunos de los procesados  y respecto de otros se verificó el 2 de noviembre del mismo año.   

El  7  de  febrero  de 2013, el doctor Luís  Germán  Herrera  Vanegas,  Juez Único Penal Especializado del Circuito Adjunto  de  Cartagena,  se  declaró impedido para conocer del asunto en razón de haber  conocido  con anterioridad en calidad de Juez de Garantías en segunda instancia  de  la  apelación  de  la  medida  de  aseguramiento  impuesta a los imputados,  oportunidad   en   que   debió  analizar  de  fondo  los  elementos  materiales  probatorios  y  evidencia física, por lo cual consideró se configura la causal  prevista  en  el  artículo 56, numeral 3°, del Código de Procedimiento Penal,  de  modo  que  ordenó  el  envío  del  expediente  al  Juez Penal del Circuito  Especializado  de  Cartagena,  cuya  titular,  doctora  Mercedes  Estella  Bueno  Bustos,  una  vez recibida la actuación avocó el conocimiento y señaló fecha  para la realización de la audiencia preparatoria.   

Posteriormente,  designado  el  doctor  Omar  Jesús   Cabarcas   Flórez  como  Juez  Penal  del  Circuito  Especializado  de  Cartagena,  el 9 de julio de 2013 se declaró impedido para continuar tramitando  la  actuación con fundamento en el numeral 13 del artículo 56 de la Ley 906 de  2004,  por  haber  ejercido  el control de garantías en la audiencia preliminar  concentrada.     

          Aclaró  el funcionario que el 7 de febrero de 2013, el doctor Luís  Germán  Herrera  Vanegas,  Juez Único Penal Especializado del Circuito Adjunto  de  Cartagena,  se declaró impedido para conocer del asunto, motivo por el cual  remitió  el  proceso  a su homólogo de la ciudad de Barranquilla (Atlántico),  por  ser  el  juez más cercano de la misma categoría del impedido, para que se  pronunciara  sobre  tal manifestación, de conformidad con el artículo 57 de la  Ley 906 de 2004.   

          Recibida   la   actuación   por   el  Juzgado  Penal  del  Circuito  Especializado  de  Barranquilla,  avocó  conocimiento  mediante  auto del 26 de  julio  y  señaló  fecha  para  la realización de la correspondiente audiencia  preparatoria.   

Posteriormente, mediante auto calendado 20 de  diciembre  de  2013, se ordenó remitir el proceso al Juzgado Penal del Circuito  Especializado  de  Descongestión  de Cartagena, atendiendo que mediante Acuerdo  PSAA13-10065  del  día anterior, la Sala Administrativa del Consejo Superior de  la  Judicatura había ampliado la competencia de este último despacho judicial,  para  conocer  «de los procesos sobre los impedimentos  y   recusaciones   del   Juez   titular  Penal  del  Circuito  Especializado  de  Cartagena».           

          Por  medio  de  auto  del 15 de enero de este año, el Juzgado Penal  del  Circuito  Especializado  de Descongestión de Cartagena dispuso devolver la  actuación  a  su  homólogo  de  Barranquilla,  aduciendo  que  por  razón del  impedimento  manifestado  por  el  juez titular y conforme con la regla procesal  que     regula     su    trámite    –artículo    57    de    la    Ley    906    de    2004–,  le  correspondía  a  este  último  conocerla,  agregando  que  esta  Corporación  así  lo  había  determinado en  decisiones  donde  resolvió  la  controversia  surgida  entre  los  Jueces  del  Circuito  Especializados de Cartagena y Barranquilla, con motivo del impedimento  expresado por el primero.   

Añadió que aun cuando desaparezca la causal  de  impedimento,  en  ningún  caso  se  recupera  la  competencia, amén que el  Acuerdo  PSAA-1310065  de  19 de diciembre de 2013, rige a partir de tal fecha y  no tiene efectos retroactivos.   

          Recibido  nuevamente  el  trámite por el Juzgado Penal del Circuito  Especializado  de  Barranquilla, mediante auto adiado 21 de enero de la presente  anualidad,  ordenó  remitirlo  a  esta  Sala  de la Corte para que se defina la  competencia.   

CONSIDERACIONES DE LA SALA  

          1.  La Sala es competente para conocer del  presente  asunto,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  numeral  4º del  artículo  32  de la ley 906 de 2004, porque se trata de juzgados pertenecientes  a diferentes Distritos Judiciales.   

Sin embargo, vale la pena aclarar que en este  caso  no  se  suscita propiamente el fenómeno de la definición de competencia,  regulado  por el artículo 54 ejusdem, sino que lo que corresponde definir es el  funcionario  judicial  llamado a pronunciarse acerca del impedimento manifestado  por el juez penal del circuito especializado de Cartagena.   

         2.  Si  bien  cuando  el  Juez  Penal  del  Circuito  Especializado de  Cartagena  se  declaró  impedido  para  conocer de la presente actuación (9 de  julio  de 2013), en la ciudad de Cartagena existía otro funcionario judicial de  igual  categoría,  esto  es,  el  Juez  Penal  del  Circuito  Especializado  de  Descongestión,  no  se puede perder de vista que con anterioridad el mencionado  funcionario  también  se  había declarado impedido, específicamente en razón  de  haber  conocido con anterioridad en calidad de Juez de Garantías en segunda  instancia  de  la  apelación  de  la  medida  de  aseguramiento  impuesta a los  imputados.   

          En  tales  condiciones,  independientemente  de  lo  resuelto por el  Consejo  Superior  de  la Judicatura en el Acuerdo número PSAA13-10068 de 19 de  diciembre  de  2013,  lo  cierto  es  que  tanto  el  Juez  Penal  del  Circuito  Especializado  de  Cartagena  como  su  homólogo  de Descongestión de la misma  ciudad,  manifestaron  su impedimento para conocer del presente asunto, y fueron  precisamente  dichas  manifestaciones las que determinaron que mediante auto del  26  de  julio  de 2013, el Juez Penal del Circuito Especializado de Barranquilla  avocara   el   conocimiento  de  las  diligencias  y  señalara  fecha  para  la  realización   de  la  correspondiente  audiencia  preparatoria,  todo  ello  en  obedecimiento  de  lo  preceptuado  en el artículo 57 de la Ley 906 de 2004, en  cuanto dispone:   

Cuando el funcionario judicial se encuentre  incurso  en  una  de las causales de impedimento deberá manifestarlo a quien le  sigue  en  turno, o, si en el sitio no hubiere más de  uno  de  la categoría del impedido o todos estuvieren  impedidos,  a otro del lugar más cercano, para que en el término improrrogable  de   tres   (3)   días  se  pronuncie  por  escrito.  (Resaltado no original).    

3.            Dada la claridad del precepto, no llama a  equívocos  que  la  manifestación  del  funcionario  judicial que se encuentra  impedido  debe  hacerla,  en primer lugar, al homólogo que le siga en turno, lo  cual  supone  necesariamente  que  en  la  sede del juez que lo expresa, existan  otros  de  igual  categoría  y  especialidad, y solo en el evento en que no los  haya,  o  si habiéndolos también están impedidos, es procedente acudir a otro  «del  lugar  más  cercano»  para    se    pronuncie   por   escrito   sobre   si   acepta   o   rechaza   el  impedimento.   

          No  puede  ser otra la inteligencia del canon en comento, pues de su  interpretación  sistemática  con  los  artículos  19  y  43  del  Código  de  Procedimiento  Penal de 2004, que consagran el principio rector del juez natural  y  las  reglas  sobre  competencia  territorial,  es competente para conocer del  juzgamiento  el  juez del lugar donde ocurrió el delito, y excepcionalmente, en  los  casos  expresamente  señalados  en  la  ley, podrá conocer un funcionario  judicial distinto.   

Significa   lo   anterior   que  ante  esa  incontrastable  realidad,  al Juez Penal del Circuito Especializado de Cartagena  no  le  quedaba alternativa distinta que remitir el proceso al despacho judicial  de  descongestión  de  la  ciudad  más  cercana,  para  el  caso Barranquilla,  funcionario que acertadamente avocó el conocimiento del asunto.   

          4.  Así  las  cosas, la Sala asignará la  competencia   para   conocer   de   este  asunto  al  Juez  Penal  del  Circuito  Especializado  de  Barranquilla,  a fin de que se pronuncie sobre el impedimento  manifestado  por  su  homólogo  de  la  ciudad  de  Cartagena, y de encontrarlo  fundado adelante el juzgamiento.   

En  mérito de lo expuesto, la Corte Suprema  de Justicia, Sala de Casación Penal,   

RESUELVE  

          1.        Asignar  la  competencia  para  pronunciarse  sobre  el  impedimento  manifestado  por  el Juez Penal del Circuito Especializado de Cartagena, al Juez  Penal del Circuito Especializado de Barranquilla.   

          2.        Remítase  el  expediente  a  ese  despacho judicial y envíese     copia     del    presente    auto    al    Juzgado   Penal   del   Circuito   Especializado  con  Funciones  de  Conocimiento     de     Cartagena,    para su información.   

Contra  esta  providencia no procede recurso  alguno.   

Comuníquese y Cúmplase  

FERNANDO A. CASTRO CABALLERO  

JOSÉ        LUIS       BARCELÓ  CAMACHO            JOSÉ      LEONIDAS      BUSTOS  MARTÍNEZ                                       

EUGENIO          FERNÁNDEZ  CARLIER         MARÍA  DEL ROSARIO GONZÁLEZ  M.                

GUSTAVO         E.        MALO  FERNÁNDEZ                          EYDER PATIÑO CABRERA   

LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO  

Nubia Yolanda Nova García  

Secretaria  

    

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