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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO
Magistrado Ponente
AP3481-2014
Radicación N° 42.597
Aprobado acta N° 195
Bogotá, D. C., veinticinco (25) de junio de dos mil catorce (2014).
MOTIVO DE LA DECISIÓN
Mediante sentencia del 19 de marzo de 2013, el Juez 2º Penal del Circuito de Descongestión de Cúcuta absolvió al señor Francisco Antonio Coronel López del cargo de concierto para delinquir, pero lo declaró autor penalmente responsable de las conductas punibles de alteración de resultados electorales, constreñimiento ilegal, cohecho por dar u ofrecer y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.
Le impuso 140 meses de prisión, 80 de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, 1633,33 salarios mínimos legales mensuales vigentes de multa y le negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria.
La decisión fue apelada por el defensor y ratificada por el Tribunal Superior de la misma ciudad el 29 de agosto siguiente.
El mencionado defensor interpuso casación, cuya demanda fue inadmitida por la Corte en auto del pasado 11 de diciembre.
En escrito del 5 de junio de 2014 la Procuradora Tercera Delegada para la Casación Penal, al responder positivamente el pedido del señor defensor, insistió ante la Corte para que se admita el escrito y se estudie el fondo del asunto.
La Sala resuelve lo que en derecho corresponda respecto de esa insistencia.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
La Sala se abstendrá de pronunciarse sobre la insistencia del Ministerio Público, por cuanto la misma fue presentada de manera extemporánea, lo cual equivale a no haberla allegado dentro del término de ley, generándose con ello la ejecutoria de la providencia que inadmitió la demanda de casación. Las siguientes son las razones:
1. De conformidad con el artículo 184 del Código de Procedimiento Penal, la decisión de la Corte que no selecciona la demanda para emitir sentencia de fondo, “admite recurso de insistencia presentado por alguno de los magistrados de la Sala o por el Ministerio Público”.
Ni la norma en cita, ni ninguna otra del estatuto procesal, hizo desarrollo alguno sobre aspectos trascendentes como la oportunidad de presentar la insistencia, razón por la cual, desde la providencia del 12 de diciembre de 2005 (CSJ SP, Rad. 24.322), la Sala ha reiterado de manera pacífica los siguientes lineamientos sobre ese “recurso de insistencia”:
(I) La insistencia no es un recurso propiamente dicho, sino un mecanismo especial, que únicamente puede ser promovido por el demandante dentro de los 5 días siguientes a la notificación de la providencia mediante la cual se decide no admitir la demanda de casación.
(II) La solicitud de insistencia puede ser elevada ante el Ministerio Público por intermedio de cualquiera de sus delegados para la casación penal, o ante uno de los magistrados que hubiese salvado el voto o que no hubiese intervenido en la discusión ni suscrito el referido auto.
(III) Es facultativo del Magistrado disidente, del que no intervino en los debates o del Delegado del Ministerio Público ante quien se formula la insistencia, optar por someter el asunto a consideración de la Sala o no presentarlo para su revisión, evento último en el que informará de ello al solicitante dentro de un plazo de 15 días.
(IV) El auto mediante el cual no se admite la demanda trae como consecuencia la firmeza de la sentencia contra la que se formuló el recurso de casación, salvo que la insistencia prospere y conduzca a la admisión del escrito, o que la Corte actúe de oficio.
Sobre esos derroteros, que hoy se reiteran, deben hacerse las siguientes precisiones:
2. Lo primero que se advierte es si el juez (en este caso, la Sala de Casación Penal de la Corte) se encuentra legitimado para fijar términos.
La respuesta es afirmativa, por cuanto del artículo 158, pero especialmente del 159, de la Ley 906 del 2004, surge que el juzgador se encuentra habilitado para fijar un término judicial “en los casos en que la ley no lo haya previsto”.
No constituye obstáculo que la última disposición señale que tal lapso no pueda exceder de 5 días, como que tratándose de rodear de mayores garantías a las partes en temas en extremo técnicos como el de la casación, coincide con los conceptos de justicia y equidad el que el plazo se extienda más allá de tal límite, cuando, además, normas rectoras y prevalentes imponen al juzgador el deber de lograr la eficacia del ejercicio de la justicia (artículo 10 del Código de Procedimiento Penal), así como ceñirse a criterios de necesidad y ponderación (artículo 27), postulados que explican la necesidad de extender el lapso.
La potestad del juez para fijar términos en aquellos supuestos en donde el legislador no lo hubiere hecho, es una constante en el ordenamiento jurídico, como surge de los artículos 165 de la Ley 600 del 2000 (Código de Procedimiento Penal), 119 del Código de Procedimiento Civil y 117 del Código General del Proceso, para solo citar algunos ejemplos.
No admite discusión, entonces, la legitimidad de la Corte para establecer los precisos términos dentro de los cuales debe intentarse la insistencia, plazos que, por derivarse de una facultad legal, se constituyen en ley para las partes.
3. Del mandato legal del artículo 184 del Código de Procedimiento Penal y del desarrollo hecho por la Sala de Casación Penal, deriva que el instituto de la insistencia incide en la ejecutoria de la providencia de inadmisión de la demanda de casación y, con ella, en la de la sentencia, como que tal firmeza solamente se logra cuando se agote ese instrumento, bien porque el facultado no lo pida, ya porque el destinatario de su solicitud decida no acudir a la Corte.
Así, la insistencia hace las veces de un medio de gravamen, en este caso, del auto inadmisorio de la demanda de casación, contexto dentro del cual el sujeto procesal debe correr con las mismas cargas y consecuencias previstas por el legislador para cuando de interponer los recursos se trata, esto es, debe interponerse y sustentarse dentro de los plazos legales o judiciales, so pena de que, de no hacerlo en esos lapsos, expire su derecho y genere la ejecutoria de la decisión.
Entonces:
(I) A partir de la notificación efectiva que se haga al demandante de la providencia que inadmitió su demanda de casación, cuenta con 5 días para pedir al magistrado disidente o al Ministerio Público que ejercite la insistencia. Expirado en silencio tal lapso (usarlo de manera extemporánea equivale a lo mismo), se entiende que renunció a su derecho y, por tanto, la providencia adquiere ejecutoria.
(II) Desde el momento en que el magistrado habilitado o el Ministerio Público reciban la petición del recurrente en casación, cuentan con 15 días no solo para informar su decisión al solicitante, sino para presentar ante la Corte el escrito de insistencia, con la misma consecuencia: expirado en silencio ese término, la decisión adquiere firmeza, en el entendido de que no se encontró viable insistir.
Mal podría admitirse que los 15 días de que se trata están dados exclusivamente para informar al peticionario que no se accede a su reclamo y que, como consecuencia de ello, el servidor público cuenta con un término indefinido para dirigirse a la Corte insistiéndole en la admisión de la demanda de casación.
La decisión final del asunto, que en el caso analizado dependería de la ejecutoria del auto inadmisorio de la demanda, no puede depender de que una parte o interviniente decida, o no, ejercer determinada actividad cuando a bien lo tenga.
Si los recursos, ordinarios o extraordinarios, deben ser postulados y sustentados en los perentorios plazos de ley, con la consecuencia de que, resueltos, o habiendo expirado esos términos en silencio, las providencias judiciales puedan ser ejecutadas, igual se impone que suceda con el mecanismo de la insistencia, en tanto cumple como un medio especial de gravamen que impide que el auto de rechazo de la demanda de casación adquiera firmeza y, con ello, que se ejecute la sentencia.
Por tanto, el destinatario de la solicitud del demandante no se encuentra habilitado para ejercer su postulación ante la Corte en forma indefinida en el tiempo, sino que se impone lo haga dentro del lapso de 15 días establecido por la jurisprudencia desde los albores de la Ley 906 del 2004.
Un entendimiento contrario implicaría el absurdo de que respecto de un mismo asunto de derecho el funcionario contaría con dos términos, así: (1) uno de 15 días para no insistir y así comunicarlo al impugnante, acontecer este que en sí mismo ya comporta una actuación, y (2) uno indefinido para presentar la insistencia. Lo evidente es que, tratándose de una misma actividad, el lapso para pronunciarse sobre la insistencia debe ser el mismo, sin que para el caso interese que su decisión sea positiva o negativa.
4. En el evento objeto de estudio, se observa:
(I) Al señor defensor, demandante en casación, se le comunicó la providencia de inadmisión mediante telegrama del 12 de diciembre de 2013 y el 13 de enero de 2014 radicó en la Procuraduría el escrito mediante el cual solicitaba se ejerciera la insistencia ante la Corte.
Todo indica que el reclamo lo hizo dentro de los plazos legales, si se tiene en cuenta que los mismos se cuentan en días hábiles, sin que pudieran considerarse el 17 de diciembre (festivo en el sector judicial) ni el intervalo entre el 20 de diciembre de 2013 y el 12 de enero de 2014 (por vacancia).
(II) El Ministerio Público recibió la petición del recurrente el 13 de enero de 2014, de donde deriva que excedió, en mucho, el lapso judicial de 15 días, como que su escrito de insistencia lo allegó el 5 de junio.
Ahora, obra un correo electrónico enviado desde la Procuraduría a la Secretaría de la Sala, de fecha 20 de enero de 2014. Si, en gracia a discusión, se entiende que la Procuraduría Delegada se enteró de la postulación del peticionario en este día, igual para el 5 de junio se había superado el término.
El plazo legal (judicial en este caso) no puede suspenderse ni prorrogarse (menos cuando no existe petición expresa justificada) por labores que comportan carga exclusiva del interviniente, como hacerse a copias del expediente.
Así se obviase lo anterior (lo cual resulta inadmisible), se tiene que, luego de pedir el expediente a la secretaría de la Sala, esta lo envió a la Procuraduría, que lo recibió el 14 de febrero de 2014, fecha desde la cual también se observan sobrepasados en demasía los 15 días.
De esta reseña deriva que el Ministerio Público dejó vencer el periodo judicial sin ejercer el mecanismo de insistencia, razón por la cual la Sala se abstendrá de aprehender el estudio de su escrito, debiéndose devolver las diligencias al Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cúcuta.
5. La Sala estima oportuno hacer dos precisiones en cuanto al trámite, en aras de que en el futuro se eviten dilaciones injustificadas.
(I) El recurrente en casación debe dirigir su solicitud a uno de los funcionarios facultados para presentar la insistencia (al magistrado o al Ministerio Público), no a los dos. Cuando no lo haga así, la secretaría de la Sala deberá requerirlo para que haga la concreción.
(II) Cuando el demandante en casación dirija la solicitud, no por intermedio de la secretaría, sino directamente a uno de los funcionarios habilitados para insistir, este deberá informar lo pertinente a la secretaría, para evitar, como sucedió en este caso, el traslado del proceso al juez de ejecución de penas, en el entendido de que, al no obrar constancia alguna en el expediente, la sentencia habría cobrado firmeza
Consecuente con lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,
RESUELVE
Abstenerse de aprehender el estudio de la insistencia propuesta por la Procuraduría Delegada para la Casación Penal.
Devuélvanse las diligencias al juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cúcuta.
Contra esta determinación no procede recurso alguno.
Notifíquese y cúmplase.
FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO
Presidente
JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO
JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ
EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER
MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ MUÑOZ
GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ
EYDER PATIÑO CABRERA
PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR
LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria