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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO
Magistrado
AHP7306-2014
Radicación Nº 45073
Bogotá D.C., veintisiete (27) de noviembre de dos mil catorce (2014).
I. V I S T O S
De conformidad con los lineamientos consagrados en el artículo 7° de la Ley 1095 de 2006, el Despacho resuelve la apelación interpuesta contra la providencia del 21 de noviembre de 2014, proferida por una Magistrada de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, mediante la cual negó el amparo de habeas corpus promovido en representación de Víctor Alfonso Cifuentes Agudelo.
II. ANTECEDENTES PROCESALES
De la actuación que ha llegado al Despacho se desprenden los siguientes:
1. Mediante sentencia del 27 de marzo de 2012, proferida por el Juzgado 3º Penal Municipal con función de conocimiento de Bogotá, confirmada por el correspondiente Tribunal Superior y en firme el 8 de agosto siguiente, el ciudadano Víctor Alfonso Cifuentes Agudelo fue condenado a la pena de 41 meses y 7 días de prisión, por el delito de hurto calificado agravado.
En contra del mencionado se encontraba vigente la orden de captura número 3607 para el cumplimiento de la pena.
2. En virtud de la mencionada orden de captura, Cifuentes Agudelo fue aprehendido a las 00:15 hr. del sábado 15 de noviembre de 2014 por la Policía Nacional, y desde entonces se encuentra privado de la libertad en la XIX Estación de Policía de Ciudad Bolívar.
3. El 18 de noviembre fue puesto a disposición del Juzgado 4º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Descongestión de esta ciudad; el citado despacho procedió a la legalización de la aprehensión, dispuso la cancelación de “las órdenes de captura impartidas en la presente actuación”, y mediante oficio número 3216 de la misma fecha remitió la boleta de encarcelación No. 68, con destino al Establecimiento Penitenciario y Carcelario La Picota.
En la misma decisión, dispuso remitir la actuación al Juzgado 17 permanente de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, “quien es el ejecutor de origen”.
4. Cifuentes Agudelo se encuentra privado de la libertad en custodia en la mencionada Estación de Policía, hasta tanto sea recibido en el establecimiento carcelario, al que no ha sido trasladado debido a situaciones administrativas.
5. No se tiene registro o evidencia de que hasta la fecha se hubiera reclamado la libertad dentro de la actuación.
III. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN
En su escrito, del 26 de noviembre pasado, el accionante, en representación de Víctor Alfonso Cifuentes Agudelo, dice que este fue detenido el 14 de noviembre de 2014. Denuncia que la Policía Nacional no ha ordenado su libertad, “en virtud de que mi mandante posee una orden de captura del 20 de septiembre de 2012”.
Agrega que desde la fecha de detención, su asistido no ha sido puesto a disposición de un juez de garantías, no se ha legalizado la “presunta captura” y después de 6 días su situación jurídica no ha sido resuelta.
Por tal motivo, asegura, el señor Cifuentes Agudelo se encuentra ilegalmente detenido.
IV. DECISIÓN IMPUGNADA
La Magistrada de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá negó el amparo solicitado, tras considerar que no existe la prolongación ilegal de la libertad de Cifuentes Agudelo. Lo anterior, porque la correspondiente boleta de encarcelación fue emitida el 18 de noviembre pasado, en virtud de una orden de captura proferida para que el accionante cumpliera la pena de 41 meses y 7 días de prisión, impuesta por el Juzgado 3º Penal Municipal con función de conocimiento de Bogotá.
Por tanto, la acción constitucional carece de objeto y es improcedente, toda vez que la detención fue ordenada legalmente por el funcionario judicial competente, por lo que ningún sentido tendría ordenar la libertad por esta vía.
V. LA IMPUGNACIÓN
El apoderado de Cifuentes Agudelo apeló la anterior decisión. Alegó que la Corporación de instancia no advirtió que la orden de captura que dio lugar a la privación de la libertad fue expedida el 20 de septiembre de 2012 y, conforme el artículo 298 de la Ley 906 de 2004, tenía una vigencia máxima de 6 meses, por lo que estaba más que vencida al momento de la privación de la aprehensión.
Asegura que la boleta de detención proferida el 18 de noviembre por el Juez de Penas y Medidas de Seguridad no se puede confundir con la orden de captura; la primera no subsana el vencimiento que pesaba sobre la segunda.
Agrega que no se evidencia que la captura haya sido legalizada por el competente, esto es, por el juez de control de garantías. Dicha legalización no se suple con la boleta de encarcelación: esta última, al contrario de lo que afirma el Juez 4º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, no fue emitida al día siguiente de la aprehensión.
Con fundamento en las anteriores reflexiones, el apoderado solicita que se conceda el amparo constitucional y se ordene la libertad de su asistido.
VI. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
El Despacho anticipa su determinación de confirmar la providencia recurrida. Las razones son las siguientes:
1. Como garantía de la inviolabilidad de la libertad personal, la acción constitucional de habeas corpus está destinada a los eventos en los que: i) la persona es privada de la libertad con violación de las garantías constitucionales o legales, y ii) cuando la privación de la libertad se prolonga ilegalmente.
También, según la sentencia C-260/99 de la Corte Constitucional, procede la garantía de la libertad cuando se presenta alguno de los siguientes eventos:
“(1) siempre que la vulneración de la libertad se produzca por orden arbitraria de autoridad no judicial; (2) mientras la persona se encuentre ilegalmente privada de la libertad por vencimiento de los términos legales respectivos; (3) cuando, pese a existir una providencia judicial que ampara la limitación del derecho a la libertad personal, la solicitud de habeas corpus se formuló durante el período de prolongación ilegal de la libertad, es decir, antes de proferida la decisión judicial; (4) si la providencia que ordena la detención es una auténtica vía de hecho judicial.”
La jurisprudencia de esta Sala ha reiterado que cuando existe un proceso judicial en trámite la acción de habeas corpus no puede utilizarse con ninguna de las siguientes finalidades: i) sustituir los procedimientos judiciales comunes dentro de los cuales deben formularse las peticiones de libertad; ii) reemplazar los recursos ordinarios de reposición y apelación establecidos como mecanismos legales idóneos para impugnar las decisiones que interfieren el derecho a la libertad personal; iii) desplazar al funcionario judicial competente; y iv) obtener una opinión diversa -a manera de instancia adicional- de la autoridad llamada a resolver lo atinente a la libertad de las personas.
Ello es así, excepto cuando la decisión judicial que interfiere en el derecho a la libertad personal pueda catalogarse como una vía de hecho o se vislumbre la prosperidad de alguna de las otras causales genéricas que hacen viable la acción de tutela; hipótesis en las cuales, “aún cuando se encuentre en curso un proceso judicial, el habeas corpus podrá interponerse en garantía inmediata del derecho fundamental a la libertad, cuando sea razonable advertir el advenimiento de un mal mayor o de un perjuicio irremediable, en caso de esperar la respuesta a la solicitud de libertad elevada ante el mismo funcionario judicial, o si tal menoscabo puede sobrevenir de supeditarse la garantía de la libertad a que antes se resuelvan los recursos ordinarios” (CSJ SP, auto de habeas corpus del 26 de junio de 2008, Rad. 30066).
Por otra parte, la Sala ha establecido que aun cuando la acción de habeas corpus es un mecanismo residual y subsidiario, procede cuando la decisión judicial que afecta la libertad del individuo configura una vía de hecho, según alguna de las siguientes hipótesis (CSJ SP, 28 de abril de 2010, Rad. 43044):
“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello”.
“b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido”.
“c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión”.
“d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales (sentencia T-522/01) o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión”.
“f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales”.
“g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional”.
“h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado”.
“i. Violación directa de la Constitución, en detrimento de los derechos fundamentales de las partes en el proceso, situación que concurre cuando el juez interpreta una norma en contra del Estatuto Superior o se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad en aquellos eventos en que ha mediado solicitud expresa dentro del proceso”
2. Confrontados los anteriores lineamentos con el caso que aquí se estudia, surge nítido que el amparo constitucional es improcedente, toda vez que la solicitud de libertad del sentenciado debe intentarse ante el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad que actualmente tramita el caso, pues es el funcionario competente para ocuparse de la ejecución de la condena impartida por el Juez 3º Penal Municipal con función de conocimiento de Bogotá contra Víctor Alfonso Cifuentes Agudelo.
Pretender la liberación por esta vía excepcional significaría una intromisión indebida en la competencia del servidor judicial que tiene a su cargo la actuación y a quien legalmente corresponde resolver dicha solicitud.
Se sabe que contra Cifuentes Agudelo pesaba una orden de captura vigente encaminada a hacer efectiva la condena a la pena de prisión impuesta en sentencia del 27 de marzo de 2012 por el Juzgado 3º Penal Municipal con función de conocimiento, el cual lo halló penalmente responsable del delito de hurto calificado agravado.
Aprehendido por la Policía Nacional el día sábado 15 de noviembre a las 00:15 hr. (no el viernes 14, como lo señala el apelante) con sustento en la aludida orden de captura, Cifuentes Agudelo fue puesto a disposición del Juez 4º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Descongestión el día hábil siguiente, esto es, el 18 de noviembre, pues el lunes 17 fue día festivo. Inmediatamente su captura fue legalizada mediante la correspondiente boleta de encarcelación. De esta manera, el ciudadano privado de la libertad quedó formal y materialmente a órdenes del funcionario judicial encargado de vigilar la pena que pesa en su contra, y es él el competente para resolver lo relacionado con su libertad.
3. El argumento del impugnante que funda en el artículo 298 del Código de Procedimiento Penal, según el cual la orden de captura era ilegal porque estaba vencida carece de sustento, toda vez que dicha norma se refiere a la vigencia de la orden de captura que imparte un juez de control de garantías, a instancias de la Fiscalía, encaminada a lograr la vinculación del aprehendido a la investigación penal, mediante la formulación de la correspondiente imputación. No se refiere a la vigencia de la orden de captura que se imparte en sede de sentencia para el cumplimiento de una pena impuesta en una determinación condenatoria.
De allí que como el proceso judicial ha terminado con fallo condenatorio, el encargado de legalizar la privación de la libertad del sentenciado no es el juez de garantías, como lo asegura el recurrente, sino el de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, como en efecto ocurrió. Por tanto, es ante dicho despacho, y no por vía del habeas corpus, que debe formularse la solicitud de libertad.
4. En conclusión, como ya fue anunciado, el amparo reclamado es improcedente, motivo por el cual la decisión recurrida habrá de ser confirmada.
En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, administrando justicia en nombre de la República, y por autoridad de la ley,
R E S U E L V E
CONFIRMAR la decisión del 21 de noviembre de 2014, a través de la cual fue negado el amparo de habeas corpus solicitado en representación del ciudadano Víctor Alfonso Cifuentes Agudelo.
Contra esta decisión no procede ningún recurso.
Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
Cúmplase.
JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO
Magistrado
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria