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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ
Magistrado
AHP45038-2014
Radicación Nº 45038
Bogotá. D.C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil catorce (2014)
Se pronuncia el despacho respecto de la impugnación interpuesta por VÍCTOR HUGO FAJARDO VARGAS contra la providencia proferida el 10 de noviembre de 2014 por una Magistrada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante la cual declaró “improcedente la acción de habeas corpus” por aquél promovida a favor de DAVID SANTIAGO TORRES PENAGOS.
ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN
1. Señaló el libelista que la fiscalía el 5 de septiembre de 2014 ante el Juzgado Sexto Penal Municipal de Bogotá con función de control de garantías, imputó el cargo de hurto calificado agravado a DAVID SANTIAGO TORRES PENAGOS y en su contra se profirió medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario, la cual se hizo efectiva en “la Cárcel Distrital de esta ciudad”.
No obstante lo anterior, la fiscalía no presentó dentro de la oportunidad legal de 60 días el escrito de acusación y, en razón del paro de los empleados de la rama judicial, no ha podido, en calidad de apoderado dentro de la actuación penal, “ingresar a las instalaciones del complejo judicial” para “presentar la solicitud de audiencia preliminar de libertad por vencimiento de términos”.
Agregó que su “asistido hasta antes de la privación de su libertad se desempeñaba como aprendiz convenio S.E.N.A. –ISPA técnico en ventas de productos y servicios, es una persona que no tiene antecedentes penales, anotaciones penales o capturas anteriores, tiene arraigo familiar, social y laboral, por lo que puede comparecer a su juicio –estando- libre”.
2. Por lo expuesto y teniendo en cuenta que a la fecha se encuentra vencido el término señalado “en el artículo 317 numeral 4 del C.P.P.”, solicitó se ordene “a la Cárcel Distrital” la libertad inmediata de TORRES PENAGOS, por haberse prolongado ilegalmente su detención.
RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES VINCULADAS
1. El Fiscal 170 Local de Bogotá señaló:
“[E]l 5 de septiembre de 2014 ante el Juzgado Sexto Penal Municipal de control de garantías se realizó audiencia de legalización de captura, formulación de imputación por los delitos de hurto calificado agravado, atenuado, y se impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad al señor DAVID SANTIAGO TORRES PENAGOS.
“(…)
“El suscrito fiscal realizó el escrito de acusación y fue entregado a la Coordinación de la Unidad Cuarta Local para que por su intermedio fuese entregado a la Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá, quienes mediante constancia de octubre 21 de 2014, argumentan de (sic) no recibirlo por cuanto no habían transcurrido los 90 (sic) días para su vencimiento.
“Ante esta situación realicé presentación personal al escrito ante la Notaría 4 de Bogotá el día 4 de noviembre de 2014 (…) y “envié (sic) este escrito de acusación por correo certificado al Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Paloquemao.
“Igualmente revisada la carpeta no existe petición alguna de solicitud de libertad por causal alguna, como tampoco he recibido comunicación telefónica en el mismo sentido.
“Así las cosas, es claro que el suscrito fiscal, pese al paro judicial agotó todas las instancias para cumplir con la presentación del escrito de acusación”.
2. La Juez Coordinadora del Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Bogotá indicó que “el Juzgado 6 Penal con Función de Control de Garantías el 5 de septiembre de 2014, llevó a cabo audiencias concentradas de legalización de captura, formulación de imputación por los delitos (sic) de hurto calificado y agravado (sic), donde –DAVID SANTIAGO TORRES PENAGOS- no aceptó cargos. Se le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario, boleta de detención No. 94 dirigida a la Cárcel Picota. Audiencias que no fueron objeto de recurso por ninguna de las partes.
Una vez revisada las bases de datos que se llevan en este Centro de Servicios Judiciales, en el grupo de reparto conocimiento (sic), el ente acusador, a la fecha no se ha (sic) radicado escrito de acusación en contra del mencionado. (Resaltado fuera de texto).
En cuanto a las solicitudes de libertad por vencimiento de términos (…) el sistema no registra que se haya programado la mencionada diligencia.
En virtud a que es de público conocimiento, que la rama judicial se encuentra en cese de actividades, (…) las audiencias programadas a partir del 9 de octubre de año en curso no se han realizado en razón a que el Complejo Judicial de Paloquemao se encuentra bloqueado en todos los accesos y no se permite la entrada a particulares, funcionarios y empleados. (Resaltado fuera de texto).
“La audiencia de libertad por vencimiento de términos es (…) de carácter programado, sin embargo en cese de actividades la única manera de que se realice de forma inmediata (sic), es que el solicitante haga comparecer a las partes y en las sedes descentralizadas, un juez de garantías de apoyo realice la audiencia solicitada: lo anterior se puede llevar a cabo, siempre y cuando la persona privada de la libertad renuncie a la remisión.
3. La Juez Sexta Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá, informó haber legalizado la “captura en contra de DAVID SANTIAGO TORRES PENAGOS, por cumplirse las previsiones de la flagrancia Art. 301 numeral segundo del C.P.P.; igualmente se cumplieron las previsiones de los Art. 302, 303 de la misma obra y Art. 28 de la Constitución Política inciso 2o, Por otro lado, no se le vulneró al indiciado derecho legal, ni constitucional alguno”.
“La Fiscalía (…) le imputo cargos a TORRES PENAGOS, por el delito de hurto calificado y agravado (Arts. 239, 240 numeral segundo y 241 numeral décimo y Art. 268 con circunstancias de atenuación punitiva. Cargos que no fueron aceptados por el señor imputado. El despacho aprobó la formulación de imputación, puesto que se efectuó con el lleno de los requisitos exigidos por los Arts. 286, 287 y 288 del C.P.P”.
“A solicitud de la Fiscalía, el Despacho atendiendo los presupuestos que exige el Art. 306, 307 Literal A, numeral primero, 308 numeral segundo, 310 numeral quinto del C.P.P., impuso al imputado DAVID SANTIAGO TORRES PENAGOS, medida de aseguramiento de detención preventiva en centro carcelario, para lo cual se libró la correspondiente boleta de detención al establecimiento carcelario La Modelo y/o Picota y/o Distrital.
“Cabe anotar que en dichas audiencias el señor imputado en mención estuvo siempre asistido de un defensor, (…) quien contra las anteriores decisiones no interpuso recurso alguno.
“Esta es toda la actuación surtida por el juzgado sexto penal municipal con función de control de garantías de la ciudad de Bogotá, dentro de dicho proceso, pues la actuación se devolvió a la Secretaría del Centro de Servicios Judiciales URI PUENTE ARANDA, el mismo día 5 de septiembre de 2014.
4. La directora de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres informó:
“DAVID SANTIAGO TORRES PENAGOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.023.008.991 expedida en Bogotá, ingresó a este (sic) establecimiento carcelario el día 3 de octubre de 2014 de la URI Puente Aranda, mediante acuerdo de la Secretaría de Gobierno y el INPEC, donde se trasladaban 364 personas privadas de la libertad a otros establecimientos en calidad de condenados y se recibieron la misma cantidad en calidad de sindicados procedentes de URIS (sic) del Distrito Capital por motivo del Plan Reglamento del INPEC y hacinamiento de las unidades de reacción inmediata de Bogotá”.
Indicó que “DAVID SANTIAGO TORRES PENAGOS ingresó con oficio No. S-2014/MEBOG SIJIN – 29 y Boleta de Detención No. 94 del 05 de septiembre de 2014 del Juzgado Sexto Penal Municipal con Función de Control de Garantías, en el proceso 110016000013201480589, NI. 223486, delito Hurto Calificado y Agravado (sic)”.
LA DECISIÓN IMPUGNADA
La Magistrada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá resolvió el 10 de noviembre de 2014, “declarar improcedente la acción de habeas corpus”, por cuanto “se evidencia que el cinco (5) de septiembre de dos mil catorce (2014), se impuso a TORRES PENAGOS medida de aseguramiento, por lo que debe acudir al Juez de Control de Garantías para solicitar su libertad”.
“Ahora, aunque se indica que no fue posible solicitar audiencia de libertad por vencimiento de términos debido al cese de actividades programado por Asonal Judicial, ello no implica que el juez constitucional deba desplazar al funcionario judicial competente para pronunciarse sobre el particular, máxime que de acuerdo con la respuesta de la Juez Coordinadora del Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio, la diligencia se puede efectuar de manera inmediata, ante los Jueces de dicha categoría que funcionan en las sedes descentralizadas, para lo que se requiere que el solicitante haga comparecer a las partes y el procesado privado de la libertad informe que no es su deseo asistir a dicha diligencia1, actuaciones que no se han efectuado por parte del accionante.
“La libertad provisional ‘que se pretende por esta vía por supuesto vencimiento de términos, dado el estado actual del diligenciamiento penal, debe formularse y tramitarse dentro del respectivo proceso, que es apenas lógico porque para su otorgamiento se requiere de efectuar el análisis de aspectos procesales, objetivos y subjetivos, que sólo al juez competente le conciernen, puesto que no se trata de una simple situación de hecho’”.
LA IMPUGNACIÓN
El accionante impugnó la decisión atrás mencionada, en cuya sustentación señaló que “no es posible acudir al medio de defensa ordinario, la audiencia de libertad por vencimiento de términos, como quiera que las sedes descentralizadas no están recibiendo estas solicitudes de audiencias programadas, manifestación que hago (sic) bajo la gravedad de juramento, y la razón que esgrimen para ello es que no tiene la infraestructura para realizar las citaciones a los sujetos procesales”.
Por tanto el habeas corpus es el único medio idóneo a su alcance para evitar la prolongación ilegal de la libertad de TORRES PENAGOS.
CONSIDERACIONES
El suscrito Magistrado es competente para conocer de la impugnación interpuesta contra la decisión a través de la cual se declaró “improcedente la acción de habeas corpus” promovida por VICTOR HUGO FAJARDO VARGAS a favor de DAVID SANTIAGO TORRES PENAGOS, de acuerdo con lo señalado por el numeral 2º del artículo 7º de la Ley 1095 de 2006 que dispone: “cuando el superior jerárquico (sic) sea un juez plural, el recurso será sustanciado y fallado integralmente por uno de los magistrados integrantes de la Corporación, sin requerir la aprobación de la sala o sección respectiva. Cada uno de los integrantes de la Corporación se tendrá como juez individual”.
Requisitos de procedibilidad del habeas corpus.
La Ley Estatutaria 1095 de 2006 establece en su artículo 1º que el hábeas corpus tutela la libertad personal cuando alguien es privado de ella (i) con violación de las garantías constitucionales o legales o (ii) ésta se prolonga ilegalmente. También procede la garantía de la libertad cuando se presenta alguno de los siguientes eventos2:
“(1) siempre que la vulneración de la libertad se produzca por orden arbitraria de autoridad no judicial; (2) mientras la persona se encuentre ilegalmente privada de la libertad por vencimiento de los términos legales respectivos; (3) cuando, pese a existir una providencia judicial que ampara la limitación del derecho a la libertad personal, la solicitud de hábeas corpus se formuló durante el período de prolongación ilegal de la libertad, es decir, antes de proferida la decisión judicial; (4) si la providencia que ordena la detención es una auténtica vía de hecho judicial.”
La jurisprudencia de esta Sala ha reiterado que cuando hay un proceso judicial en trámite, la acción de hábeas corpus no puede utilizarse con ninguna de las siguientes finalidades: (i) sustituir los procedimientos judiciales comunes dentro de los cuales deben formularse las peticiones de libertad; (ii) reemplazar los recursos ordinarios de reposición y apelación establecidos como mecanismos legales idóneos para impugnar las decisiones que interfieren el derecho a la libertad personal; (iii) desplazar al funcionario judicial competente; y (iv) obtener una opinión diversa -a manera de instancia adicional- de la autoridad llamada a resolver lo atinente a la libertad de las personas. (CSJ, AHP 11 Sep. 2013, Rad. 42220; AHP 4860-2014, Rad. 4860)
<<Ello es así, excepto cuando la decisión judicial que interfiere en el derecho a la libertad personal pueda catalogarse como una vía de hecho o se vislumbra la prosperidad de alguna de las otras causales genéricas que hacen viable la acción de tutela; hipótesis en las cuales, “aun cuando se encuentre en curso un proceso judicial, el hábeas corpus podrá interponerse en garantía inmediata del derecho fundamental a la libertad, cuando sea razonable advertir el advenimiento de un mal mayor o de un perjuicio irremediable, en caso de esperar la respuesta a la solicitud de libertad elevada ante el mismo funcionario judicial, o si tal menoscabo puede sobrevenir de supeditarse la garantía de la libertad a que antes se resuelvan los recursos ordinarios”3>>. (CSJ, AHP 11 Sep. 2013).
Análisis del caso concreto
1. La demanda fue formulada con el fin de que el juez constitucional conceda el habeas corpus, y decrete la libertad por vencimiento de términos a favor del imputado DAVID SANTIAGO TORRES PENAGOS, con base en lo señalado en el numeral 4º del artículo 317 del Código de Procedimiento Penal de 2004.
2. Para resolver la impugnación es necesario determinar si (i) la presente solicitud de hábeas corpus es procedente; y (ii), en caso afirmativo, verificar si el detenido satisface los presupuestos legales para acceder a la libertad por vencimiento de términos.
2.1. Ciertamente, como viene de verse, así como también lo expuso la Magistrada del Tribunal Superior de Bogotá, la acción de habeas corpus no reemplaza ni suple la discusión del derecho a la libertad provisional que debe surtirse ante el Juzgado de Control de Garantías, pues este constituye el escenario natural e ideal para satisfacer las cargas probatorias correspondientes y brindar la participación de todos los intervinientes interesados en la cuestión; además la causal invocada –vencimiento de los términos- no opera objetiva ni automáticamente, sino que tiene un condicionamiento previsto en el parágrafo del mismo canon aducido en la demanda, orientado a la valoración de las razones de la mora en la actividad investigativa o judicial, según sea el caso.
Sin embargo, el criterio de subsidiariedad precitado supone que el detenido efectivamente cuenta con el medio de defensa ordinario, pues de no ser así acudir a este parámetro, implica quebrantar su derecho fundamental de acceder a la administración de justicia, pues no tiene sentido que el Estado lo remita a ejercer otro medio de defensa, cuando realmente no brinda tal mecanismo.
Obsérvese adicionalmente, por ejemplo, que en tratándose de la acción de tutela -de la cual los jueces tomaron analógicamente el parámetro de la subsidiariedad para verificar la procedencia de la acción de habeas corpus, pues la Ley 1095 de 2006 no lo contiene-, tanto el Decreto 2591 de 1991 como la jurisprudencia constitucional acogieron el mencionado criterio con el fin de racionalizar el instrumento constitucional, evitar el desquiciamiento de las diferentes jurisdicciones y respetar, en lo posible, las competencias atribuidas en el ordenamiento jurídico a los órganos que las conforman, así como el debido proceso de los interesados o llamados a participar en la actuación ordinaria, pero no de modo absoluto, pues en todo caso la existencia del otro medio de defensa judicial, debe apreciarse “en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante” (artículo 6º.1 ídem).
2.2. En el presente caso la razón que invoca el libelista –defensor del imputado en la actuación ordinaria-, para ejercer la acción de hábeas corpus, es precisamente la imposibilidad de acudir al mecanismo ordinario dispuesto en el Código de Procedimiento Penal de 2004, por cuanto no tiene manera alguna de radicar su solicitud de libertad por vencimiento de términos, debido al paro de labores de empleados de la Rama Judicial.
Ciertamente su afirmación fue corroborada por la Juez Coordinadora del Centro de Servicios Judiciales, al indicar que “es de público conocimiento, que la rama judicial se encuentra en cese de actividades” y que las audiencias de carácter programado, “a partir del 9 de octubre de año en curso no se han realizado en razón a que el Complejo Judicial de Paloquemao se encuentra bloqueado en todos los accesos y no se permite la entrada a particulares, funcionarios y empleados”.
Ahora, si bien la servidora pública precitada ofreció como solución, que la audiencia se realice de manera inmediata –no programada- ante un juez de apoyo de las sedes descentralizadas, reconoce que esto supone exigirle al solicitante hacer “comparecer a las partes” y la renuncia del detenido a su derecho de asistir a la audiencia.
Esta posibilidad, -extrañamente aceptada en la providencia impugnada- no es una alternativa en la cual el juez de habeas corpus se pueda excusar para relevarse de resolver de fondo la solicitud de amparo a la libertad, toda vez que: (i) las citaciones a audiencia requieren de orden judicial (artículo 171 –inciso 2º); (ii) es el juez, no el privado de la libertad ni su defensor, quien cuenta con la autoridad conferida en la ley (artículo 172 –inciso 2º del Código de Procedimiento Penal de 2004) para lograr “el cumplimiento de las citaciones”; y (iii) supeditar la realización de la audiencia a que el detenido renuncie a asistir, es violatorio de su derecho fundamental al debido proceso, el cual comprende el conjunto de garantías sustanciales y procesales especialmente diseñadas para asegurar la legalidad, regularidad y eficacia de la actividad jurisdiccional en la investigación, juzgamiento de los hechos punibles y trámite de los recursos, con miras, precisamente, a la protección de la libertad de las personas y otros derechos que puedan verse afectados.
Las aludidas garantías configuran, conforme con el artículo 29 de la Constitución, los siguientes principios medulares que integran su contenido esencial: legalidad, juez natural o legal, favorabilidad, presunción de inocencia, derecho a la defensa material y técnica, debido proceso público sin dilaciones injustificadas, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
Adicionalmente, no sobra recordar, de una parte, que de conformidad con el literal d) del numeral 2º del artículo 8º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a ejercer su defensa personalmente4
y, de otra, que es un fin esencial del Estado colombiano “facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan” (artículo 2º de la Constitución Política).
Las anteriores garantías son de gran relevancia en un Estado social y democrático de derecho, fundado en el respeto de la dignidad humana y observante de los tratados internacionales sobre derechos humanos, por cuanto estas se constituyen en límites a la actividad pública en general y especialmente al ejercicio de su poder punitivo y por lo mismo, no cabe duda que el uso del medio de defensa ordinario no puede estar supeditado a que el detenido renuncie a sus derechos.
2.3. En este orden de ideas, se determinará si DAVID SANTIAGO TORRES PENAGOS satisface los presupuestos legales para acceder a la libertad por vencimiento de términos.
2.3.1. El artículo 317 numeral 4º de la Ley 906 de 2004, modificado por el artículo 61 de La Ley 1453 de 2011, señala:
“Las medidas de aseguramiento indicadas en los anteriores artículos tendrán vigencia durante toda la actuación. La libertad del imputado o acusado se cumplirá de inmediato y solo procederá en los siguientes eventos:
(…)
4. Cuando transcurridos sesenta (60) días contados a partir de la fecha de la formulación de imputación no se hubiere presentado el escrito de acusación o solicitado la preclusión, conforme a lo dispuesto en el artículo 294. El término será de noventa (90) días cuando se presente concurso de delitos, o cuando sean tres o más los imputados.
(…)
PARÁGRAFO 1o. En los numerales 4 y 5 se restablecerán los términos cuando hubiere improbación de la aceptación de cargos, de los preacuerdos o de la aplicación del principio de oportunidad. No habrá lugar a la libertad cuando la audiencia de juicio oral no se haya podido iniciar por maniobras dilatorias del imputado o acusado, o de su defensor, ni cuando la audiencia no se hubiere podido iniciar por causa razonable fundada en hechos externos y objetivos de fuerza mayor, ajenos al juez o a la administración de justicia. (…).
Los términos previstos en los numerales 4 y 5 se contabilizarán en forma ininterrumpida.
(…)”. (Resaltado fuera de texto).
2.3.2. La imputación en el presente caso, según se observa de lo indicado por el fiscal y la juez que la presenció, fue exclusivamente contra TORRES PENAGOS por hurto calificado agravado y tuvo lugar el 5 de septiembre de 2014; en consecuencia, transcurrieron más de 60 días sin que el fiscal hubiese presentado escrito de acusación “ante el juez de conocimiento”, lo cual no se entiende llevado a cabo por el hecho de que lo hubiese remitido al Centro de Servicios Judiciales a través de “Servientrega”, pues la juez coordinadora informó que a la fecha de su respuesta a la demanda de habeas corpus (7 de noviembre de 2014) “el ente acusador (…) no (…) ha (sic) radicado escrito de acusación en contra del mencionado”, y no se advierte superada esta falencia; por tanto se encuentra satisfecho el requisito temporal del inciso 4º del artículo 317 del Código de Procedimiento Penal de 2004.
Adicionalmente, el motivo que ha impedido al fiscal presentar ante el juez el escrito de acusación, no es atribuible al detenido ni a hechos externos ajenos a la administración de justicia, sino al Estado, es decir, al cese de actividades de sus agentes -funcionarios y empleados- pertenecientes a la Rama Judicial.
En esas circunstancias, es evidente que la prolongación de la detención de DAVID SANTIAGO TORRES PENAGOS por un lapso superior a 60 días, es ilegal y violatorio de su derecho fundamental a la libertad, el cual debe ser amparado y por lo mismo, se revocará la decisión impugnada.
En este sentido, se dispondrá que el detenido sea puesto en libertad inmediatamente, para lo cual se librarán las comunicaciones correspondientes a la Cárcel Distrital de Varones, lugar en el cual se encuentra recluido, pues de conformidad con el artículo 8º de la Ley 1095 de 2006, son ineficaces las medidas restrictivas que persigan impedir la libertad del amparado.
En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,
RESUELVE
Primero. Revocar la decisión impugnada.
Segundo.- Reconocer el habeas corpus a favor de DAVID SANTIAGO TORRES PENAGOS por prolongación ilícita de la privación de su libertad.
Tercero.- Disponer su libertad inmediata, si otros motivos legales no lo impiden. Líbrense las comunicaciones que sean necesarias.
Cuarto.- Compulsar copias penales, conforme lo impone el artículo 9º de la Ley 1095 de 2006, para que la Fiscalía General de la Nación inicie la indagación a que haya lugar.
Contra esta decisión no procede recurso alguno.
Cópiese, notifíquese y devuélvase al Tribunal de origen.
JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ
Magistrado
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria.
1 Folio 28 del cuaderno original.
2 Corte Constitucional, sentencia C-260/99.
3 Impugnación de hábeas corpus de 26 de junio de 2008, radicado No. 30066.
4 (…) Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: d) (…) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección (…)