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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
Magistrado Ponente:
FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO
Aprobado Acta No. 189
Bogotá, D. C., junio diecinueve (19) de dos mil trece (2013).
VISTOS:
La Sala define de plano la colisión negativa de competencias suscitada entre los Jueces Cincuenta y Seis Penal del Circuito de Bogotá y Once Penal del Circuito Especializado de la misma ciudad, ambos asignados al Proyecto OIT, para conocer de la etapa de la causa del proceso seguido contra José Vicente Castaño Gil por el delito de desplazamiento forzado agravado.
HECHOS Y ANTECEDENTES RELEVANTES:
1. Los primeros fueron relatados en la resolución acusatoria en los siguientes términos:
“José María Villalba Esquivel, en calidad de Presidente del Sindicato Unión de Motoristas y Trabajadores de la Industria del Transporte Automotor de Colombia «Unimotor», formuló denuncia penal, el día 16 de noviembre de 2004, a través de la cual informó a la autoridad competente sobre las amenazas, persecuciones, hostigamientos, seguimientos en carros y motos sin placa, llamadas telefónicas y los asesinatos… de los cuales fueron víctimas los miembros de la Junta Directiva de la organización sindical por parte de las Autodefensas Unidas de Colombia, [lo que ocasionó su cambio de residencia]”
2. Con fundamento en lo anterior, el 11 de marzo de 2011, en la Fiscalía Ochenta y Tres Especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y Proyecto OIT, se dictó resolución acusatoria contra José Vicente Castaño Gil por los ilícitos de represalias (at. 158 del C. P.) y desplazamiento forzado agravado (arts. 180 y 181-3 ibídem), la cual fue confirmada parcialmente el 24 de abril de 2013 por la Fiscalía Octava Delegada ante el Tribunal Superior de Cali, toda vez que se precluyó la instrucción por la primera de esas infracciones.
3. Repartido el proceso a la Juez Cincuenta y Seis Penal del Circuito de Bogotá, Programa OIT1, el 20 de mayo de 2013 señaló que la competencia para conocer del presente asunto era de los jueces penales del circuito especializados, pues al estarse ante el delito de desplazamiento forzado agravado previsto en los artículos 180 y 181-3 del Código Penal, de acuerdo con el artículo 15 de la Ley 589 de 2000 éste es del conocimiento de dichos juzgados, así que aun cuando el artículo 5º transitorio de la Ley 600 de 2000 no indicó que la competencia de esa conducta punible es de tales despachos, ello no implica la derogatoria del artículo 15 de la Ley 589, amén de que el artículo 35-9 de la Ley 906 de 2004 fija la competencia de aquel tipo de delincuencia en los juzgados especializados, razón por la cual remitió el expediente a éstos proponiendo colisión negativa.
4. El 7 de junio de 2013, el Juez Once Penal del Circuito Especializado de Bogotá, Proyecto OIT, expresó que como este caso se adelantó con fundamento en la Ley 600 de 2000, la cual en su artículo 5º transitorio excluyó a esos despachos del conocimiento del ilícito de desplazamiento forzado, entonces, conforme a la cláusula residual de competencia prevista en el artículo 77, numeral 1º, literal b, ibídem, el conocimiento del presente asunto comprende a los juzgados penales del circuito, pues además no debe perderse de vista que la Ley 906 de 2004 se aplica a los delitos cometidos a partir del 1º de enero de 2005, razón por la cual aceptó la colisión negativa propuesta por la Juez Cincuenta y Seis Penal del Circuito de Bogotá, Programa OIT y, por ende, remitió el proceso a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para que lo dirima.
CONSIDERACIONES:
1. Competencia:
Acorde con lo dispuesto en el artículo 18 transitorio de la Ley 600 de 2000, corresponde a esta Corporación desatar la colisión negativa de competencias propuesta, en tanto involucra a un juez penal del circuito especializado y a un juez penal del circuito.
2. La solución del caso:
Trabada en debida forma la colisión, según se desprende de la reseña de la actuación procesal inicialmente indicada, como quiera que la Corte ya se ha ocupado de definir lo relativo a la competencia para conocer del delito de desplazamiento forzado descrito en el artículo 180 del Código Penal, considera oportuno traer a colación una de sus decisiones sobre el particular, en donde se concluyó que el mismo está asignado a los jueces penales del circuito.
En efecto, la Corporación2 señaló respecto de la competencia para conocer de la conducta punible de desplazamiento forzado, lo siguiente:
“Mediante el artículo 1 de la Ley 589 de 20003 se tipificaron varias conductas punibles que fueron adicionadas al entonces vigente Código Penal, Decreto Ley 100 de 1980, entre ellas, la de desplazamiento forzado…
(…)
En la misma Ley [589], dado que se trataba de hipótesis delictivas no previstas en la legislación penal sustantiva y, por ende, su competencia no estaba especificada en el Código de Procedimiento Penal por ese entonces en vigor, Decreto 2700 de 1991, explícitamente se atribuyó el conocimiento de las mismas a los Jueces Penales del Circuito Especializado.
(…)
En otras palabras, mediante el artículo 15 de la Ley 589 de 2000 se adicionó la competencia prevista en el artículo 71 del Decreto 2700 de 1991 (modificado por el artículo 5 de la Ley 504 de 1999) para los Jueces Penales del Circuito Especializado, con los delitos tipificados a través de aquella, entre ellos, el de desplazamiento forzado.
Ahora bien, ocurre que a partir del 25 de julio de 2001 entraron en vigencia, en todo el territorio nacional, las Leyes 599 y 600 de 20004, mediante las cuales, en su orden, se adoptaron unos nuevos Código Penal y de Procedimiento Penal.
A través de la Ley 599 de 2000 la pretensión del legislador fue la de integrar de manera sistemática y completa, en un solo ordenamiento jurídico toda la legislación dispersa en materia de prohibiciones y mandatos penales, y así quedó expresado en su artículo 474 al señalar «Deróganse el Decreto 100 de 1980 y demás normas que lo modifican y complementan, en lo que tiene que ver con la consagración de prohibiciones y mandatos penales», por manera que, entre otras disposiciones que modificaban y complementaban el anterior código penal, fue abrogada la Ley 589 de 2000, pues los delitos previstos en ésta fueron contemplados en el nuevo ordenamiento sustantivo, en particular, el de desplazamiento forzado en su artículo 180.
Con la Ley 600 de 2000 entró en vigencia un nuevo Código de Procedimiento Penal, encargado de reglamentar, entre otras materias, la jurisdicción y competencia; sin embargo, en su Libro I, Título II, no señaló la competencia para el juzgamiento de los Jueces Penales del Circuito Especializados, sino en su Libro V, Capítulo IV Transitorio, artículo 5°, y entre las hipótesis delictivas allí previstas no incluyó la de desplazamiento forzado consagrada en el artículo 180 de la Ley 599 de 2000, que hasta antes de su vigencia, de acuerdo con al Ley 589 de 2000, era de conocimiento de esos funcionarios.
La cronología legislativa hecha con anterioridad permite otorgar la razón al Juez Primero Penal del Circuito Especializado de Ibagué, en cuanto que a partir de la vigencia de la Ley 600 de 2000 el juzgamiento de comportamientos constitutivos del delito de desplazamiento forzado fue extraído de la orbita de esos juzgados penales y, conforme a la cláusula de competencia residual prevista en el artículo 77, numeral 1, literal b, de aquella, su conocimiento fue asignado a los jueces penales del circuito.
(…)
Finalmente, si bien es cierto en la Ley 906 de 2004, en el artículo 35, numeral 9°, se atribuye a los Jueces Penales del Circuito Especializado el conocimiento, entre otros delitos, del de desplazamiento forzado, igualmente es verdad que mediante aquella se puso en marcha el modelo oral de enjuiciamiento acusatorio que, por voluntad del constituyente expresada en el Acto Legislativo 03 de 2002, modificatorio del artículo 250 de la Constitución Política, entró a regir de manera gradual y sucesiva, y conforme a lo dispuesto en el artículo 530 de la citada Ley, en el Distrito Judicial de Ibagué, empezó a operar desde el 1 de de enero de 2007, únicamente para los delitos cometidos a partir de esa fecha, con sujeción al procedimiento oral en ella reglamentado, sin que pueda interpretarse que en virtud de tal disposición deban aquellos funcionarios conocer o fallar de delitos que antes no eran de su competencia, y que ahora lo son, pero cometidos con anterioridad y rituados de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley 600 de 2000” (subrayas fuera de texto).
Así las cosas, se observa que en el caso de la especie la Juez Cincuenta y Seis Penal del Circuito de Bogotá, Programa OIT, partió del equívoco de considerar que el artículo 15 de la Ley 589 de 2000 continuaba vigente cuando en verdad ello no es así, conforme se precisa en la decisión que viene de reseñarse, pero además por igual comete un yerro al tratar de aplicar por analogía el artículo 35-9 de la Ley 906 2004, que asigna el conocimiento del delito de desplazamiento forzado a los jueces especializados, olvidando, de un lado, que las reglas de competencia son de orden público y, de otra parte, que el presente asunto se adelanta con fundamento en la Ley 600 de 2000, como con acierto lo pone de presente el Juez Once Penal del Circuito Especializado de Bogotá, Proyecto OIT.
En conclusión, es claro que el funcionario judicial recién citado acertó al rechazar la competencia para conocer del asunto que concita la atención, pues ella está radicada en la Juez Cincuenta y Seis Penal del Circuito de la misma ciudad, Programa OIT, en razón de la cláusula residual consagrada en el literal b) del numeral 1º del artículo 77 de la Ley 600 de 2000, en concordancia con dispuesto en los acuerdos PSAA08-4959 de 20085, PSAA10-7011 de 20106 y PSAA12-9478 de 20127 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, motivo por lo cual se dispone remitir el expediente a ésta última, informándose lo aquí decidido al funcionario judicial citado en primer término.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
RESUELVE:
1. DIRIMIR el conflicto de competencias planteado, asignando el conocimiento del proceso adelantado contra José Vicente Castaño Gil por el delito de desplazamiento forzado agravado al Juzgado Cincuenta y Seis Penal del Circuito de Bogotá, Programa OIT, a donde se remitirá la actuación para lo de su cargo.
2. COMUNICAR lo aquí decidido al Juzgado Once Penal del Circuito Especializado de Bogotá, Proyecto OIT.
3. PRECISAR que contra esta decisión no procede ningún recurso.
Cópiese, notifíquese y cúmplase
JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ
JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO
MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ MUÑOZ GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ
LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO JAVIER ZAPATA ORTIZ
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria
1 Con fundamento en los Acuerdos PSAA08-4959 de 2008, PSAA10-7011 de 2010 y PSAA12-9478 de 2012 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto del 21 de marzo de 2007, radicación No. 27009. En el mismo sentido, proveído del 8 de agosto de 2009, radicación 27829.
3 “Publicada en el Diario Oficial No. 44.073 de 7 de Julio de 2000”.
4 “Ambas leyes publicadas en el Diario Oficial No. 44.097 de 24 de julio de 2000.”
5 “Artículo primero. Asignar por descongestión, hasta el 14 de julio de 2009, a los Juzgados Décimo y Once Penales de Circuito Especializado de Bogotá y Cincuenta y Seis Penal del Circuito de Bogotá, creados mediante Acuerdo PSAA08-4924 de 2008, el conocimiento exclusivo del trámite y fallo de los procesos penales relacionados con los homicidios y otros actos de violencia contra dirigentes sindicales y sindicalistas, que se encuentren en curso en los diferentes despachos judiciales del territorio nacional, y los que se encuentran en los juzgados de descongestión creados con el Acuerdo PSAA08-4443 de 2008.
6 Que prorrogó hasta el 30 de junio de 2012 la medida de descongestión adoptada por el Acuerdo No. PSAA08-4959 de 2008.
7 Que prorrogó la medida de descongestión adoptada por el Acuerdo No. PSAA08-4959 de de 2008 hasta el 30 de junio de 2014.