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Proceso nº 38032
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
Magistrada Ponente:
MARIA DEL ROSARIO GONZÁLEZ MUÑOZ
Aprobado Acta No. 139.
Bogotá, D. C., abril dieciocho (18) de dos mil doce (2012).
VISTOS
Acomete la Sala el análisis sobre la admisibilidad del libelo de casación presentado por el defensor de JAVIER BAQUERO ORTEGÓN con el objeto de sustentar el recurso extraordinario de casación interpuesto contra la sentencia proferida el 14 de octubre de 2011, a través de la cual el Tribunal Superior de Cundinamarca confirmó la dictada el 19 de agosto anterior por el Juzgado Penal del Circuito de Soacha, que condenó al mencionado como coautor del delito de homicidio agravado, en concurso con acceso carnal abusivo con menor de 14 años.
HECHOS
Fueron declarados por los juzgadores, de la siguiente forma:
“El 18 de enero del año en curso (2011, se aclara) la ciudadanía fusagasugueña se estremeció con el homicidio de la menor1 K.T.R.G.2, reportada la noche del 15 de enero del mismo año por sus familiares como desaparecida y hallada en inmediaciones del barrio ‘Los Robles’, abandonada en la quebrada El Arrastradero de esa localidad con signos de estrangulamiento y de violencia sexual. Jhon Fernando Amaya capturado por haber sido la última persona con quien se vio a la menor los días anteriores a su hallazgo fue capturado y luego condenado por estos hechos al aceptar su responsabilidad en los mismos delatando a JAVIER BAQUERO ORTEGÓN como la persona que le había entregado la suma de $ 100.000 por dar muerte a la menor para ocultar con ello la relación sentimental que sostenía y de la cual K.T.R.G. se había aprovechado para extorsionarlo”.
ANTECEDENTES RELEVANTES
Con fundamento en los hechos narrados, se dispuso la captura de JAVIER BAQUERO ORTEGÓN, cuya legalización tuvo lugar durante la audiencia preliminar celebrada el 27 de enero de 2011 ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Fusagasugá, misma en la cual la Fiscalía formuló imputación en su contra por los delitos de homicidio agravado en concurso con acceso carnal abusivo con menor de 14 años, delincuencias que el mencionado no aceptó y por las cuales se le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento de reclusión.
El 17 de febrero ulterior, la Fiscalía radicó escrito de acusación en contra del procesado “como coautor penalmente responsable de los delitos contra la vida y la integridad personal consagrado en el artículo 103 del Código Penal bajo la denominación de homicidio, con circunstancias de mayor punibilidad (sic) consagrada (sic) en el artículo 104 de la misma obra, numerales 1, 2, 4 y 6 en el entendido que actuó como integrante de la unidad doméstica, para ocultar otra conducta cual era la de haber accedido a la pequeña KTGR; por precio, por motivo abyecto y con sevicia…Lo anterior en concurso heterogéneo con el punible de acceso carnal abusivo con menor de 14 años contenida (sic) en el artículo 208 del Código Penal y con circunstancia (sic) de agravación punitiva del canon 211 de la misma obra, en sus numerales 2-cuando el responsable tuviere cualquier carácter, posición o cargo que le dé particular autoridad sobre la víctima o impulse a depositar en él su confianza, 5 -contra cualquier persona que de manera permanente de hallare (sic) integrada a la unidad doméstica o aprovechando la confianza depositada en el autor. En este punible en calidad de autor”.
Y, “con circunstancias de mayor punibilidad del art. 58 del C.P., dentro de sus numerales 2- mediante precio, con respecto al punible descrito en el art. 208 y el numeral 10 por obrar en coparticipación criminal, en lo que hace referencia al punible de homicidio agravado”.
La Fiscalía, en desarrollo de la audiencia de formulación de acusación celebrada el 23 de marzo siguiente ante el Juzgado Primero Penal del Circuito de Soacha, ratificó los anteriores cargos.
En el mismo despacho judicial, se evacuaron las audiencias preparatoria y de juicio oral. Al término de esta última, el 19 de agosto ulterior profirió fallo de primer grado por medio del cual condenó a JAVIER BAQUERO ORTEGÓN a la pena principal de quinientos cincuenta (550) meses de prisión y a la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un lapso de veinte (20) años, tras encontrarlo responsable de los delitos por los cuales se lo acusó.
En la misma decisión, el juzgado le negó el subrogado penal de la condena de ejecución condicional y el sustitutivo de la prisión domiciliaria.
Contra esta decisión, interpusieron recurso de apelación el procesado y su defensor, de manera independiente, y el representante del Ministerio Público, sobre los cuales se pronunció el Tribunal Superior de Cundinamarca el 14 de octubre subsiguiente, impartiéndole confirmación.
En desacuerdo con la providencia anterior, el defensor del procesado promovió recurso extraordinario de casación, por cuyo motivo la demanda presentada oportunamente con el fin de sustentarlo se remitió a esta Sala, aprestándose al estudio sobre su admisibilidad.
LA DEMANDA
Propone un único cargo fundamentado en la causal tercera de casación prevista en el artículo 181 de la Ley 906 de 2004, por violación indirecta de la ley sustancial derivada de errores de hecho por falsos juicios de identidad y raciocinio, “los cuales lo llevaron a tener por demostrada más allá de toda duda, la autoría y responsabilidad penal del acusado en los delitos que se les imputa (sic) y, en consecuencia, a desconocer la existencia de la duda razonable que conlleva a la aplicación del principio universal del in dubio pro reo”.
A continuación y bajo el rótulo de “errores de hecho, en la apreciación de los diversos medios de prueba, en la modalidad de falso raciocinio por fijación de premisas ilógicas o irrazonables por desconocimiento de las pautas de la sana crítica”, señala que disiente de la apreciación del Tribunal, pues no se puede deducir la participación de su defendido en los hechos a partir de los “únicos indicios contingente leves señalados …puesto que de la aptitud y afecto que el imputado ofrecía a la menor KTRG (sic) y las aparentes contradicciones antes analizadas, no se advierte la constancia de un enlace lógico, preciso y directo del que resulte la certeza de que JAVIER BAQUERO ORTEGÓN haya accedido carnalmente a la menor KTGR, y menos que haya sido coautor del punible de homicidio agravado”.
Así, tras evocar algunos pasajes de la valoración del Tribunal, afirma que el yerro en la construcción del indicio se configuró en la apreciación del testimonio de Edna Morales, en cuanto a su manifestación en el sentido de que conoció a la menor víctima el sábado anterior a los hechos para, acto seguido, señalar que “lo subrayado en la transcripción del testimonio de Edna Carolina Morales Vega, es lo que el Tribunal aprecio (sic) indebidamente o no aprecio (sic) y por ello incurrió en el error al momento de construir el indicio probatorio”.
Después de transcribir fragmentos del referido testimonio advierte cómo, de su texto, “nunca se puede deducir que la niña no era virgen o que le gustaba o había estado con hombres, luego la inferencia que hacen los juzgadores de la expresión Virgen (sic), y de ninguna de las expresiones señaladas en este testimonio dan cuenta de que a BNAQUERO (sic) le era posible pretender aprovecharse sexualmente”.
En cuanto al vínculo de este testimonio con la prueba directa constituida por el testimonio de Jhon Amaya, dice que tampoco de sus expresiones se puede llegar a esa inferencia.
Acerca de esta última probanza, inmediatamente acota “en gracia de discusión sobre la credibilidad sobre la versión de Amaya (sic), solamente sus palabras y sus enunciados dan cuenta de la posibilidad de haber hecho parte del delito de homicidio, pero en el proceso penal los hechos se prueban no se suponen y los enunciados de Amaya por ningún otro medio se probaron, pero como el tema es de si sirvió (sic) de la otra prueba directa para la construcción del indicio nótese que no es este (sic) le (sic) medio de prueba que le sirvió a los falladores para ello”.
Acto seguido diserta, con apoyo en doctrina, en cuanto al imperativo de que la inferencia en la construcción del indicio sea razonable, y no arbitraria, y que esté debidamente demostrada, para que pueda derruir la presunción de inocencia, tras lo cual transcribe el contenido parcial de los testimonios de Jhon Fernando Amaya, María Emperatriz Rivera Nieto, Blanca Judith Cubillos, Carlos Sarmiento Zabala, Aspah Arturo Tomare, José Israel Gil Riveros, Edna Carolina Morales Vega, Andrés Camila López Herrera, Pablo Enrique Chavarro Pulido, Martha Alicia Largo Niño, Erika Patricia Penagos Beltrán y Zulma Janeth Gil Riveros, recaudados durante el juicio oral y, después, nuevamente hace lo propio con su valoración en el fallo.
Enseguida, en el acápite de la “norma de derecho sustancial que indirectamente resultó excluida o indebidamente aplicada”, insiste en que con la apreciación de los medios de prueba se incurrió en error de hecho derivado de falso raciocinio, el cual condujo “a la aplicación indebida del artículo 381 del C.P.P. y como consecuencia de ello al inaplicación (sic) del artículo 7 inciso segundo del C.P.P.”.
Posteriormente, y en capítulo aparte, expone que el fallo es necesario para unificar la jurisprudencia en torno a la prueba indiciaria y su incidencia frente a la presunción de inocencia.
Con fundamento en lo expuesto, depreca casar el fallo impugnado y, en su lugar, absolver a su defendido “por no existir plena prueba ni haberse llegado a la certza (sic) más allá de toda duda razonable”.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
Según criterio reiterado de esta Sala, para que la demanda de casación sea admitida, acorde con las preceptivas previstas en la Ley 906 de 2004, resulta imperativo el cumplimiento de una serie de presupuestos orientados a que contenga una exposición lógica y debidamente argumentada, como así se desprende, en primer lugar, de lo normado en el inciso segundo del artículo 184, según el cual:
“(N)o será seleccionada, por auto debidamente motivado que admite recurso de insistencia presentado por alguno de los magistrados de la Sala o por el Ministerio Público, la demanda que se encuentre en alguno de los siguientes supuestos: Si el demandante carece de interés, prescinde de señalar la causal, no desarrolla los cargos de sustentación…” (subraya fuera de texto).
Igualmente y en segundo orden, de lo advertido en el artículo 183 del mismo estatuto, modificado por el 98 de la Ley 1395 de 2010, conforme al cual el recurso extraordinario de casación se interpondrá mediante demanda “que de manera precisa y concisa señale las causales invocadas y sus fundamentos” (subraya fuera de texto).
A los criterios contenidos en estas disposiciones, se aúna la necesidad de proferir el fallo con el objeto de cumplir alguno de los fines del recurso, a los cuales refiere la última parte del segundo inciso del mencionado artículo 184 de la misma codificación, al señalar que también se inadmitirá la demanda “cuando de su contexto se advierta fundadamente que no se precisa del fallo para cumplir alguna de las finalidades del recurso”.
Es decir que con la Ley 906 adquieren significativa importancia los fines del recurso, hasta el punto de que en el inciso siguiente de la misma preceptiva, se establece que la Corte “atendiendo a los fines de la casación, fundamentación de los mismos, posición del impugnante dentro del proceso e índole de la controversia planteada, deberá superar los defectos de la demanda para decidir de fondo”.
Lo anterior conduce a la consideración de que aún si la demanda de casación no reúne los presupuestos de orden lógico o argumentativo para su admisibilidad pero la Sala advierte la necesidad de proferir fallo de fondo con el objeto de garantizar sus fines, se superará el escollo para entrar a su estudio de fondo. Del mismo modo es viable la hipótesis contraria, esto es, en tanto se privilegian esos factores sobre las exigencias formales, también en los casos en que la demanda satisfaga a cabalidad dichos presupuestos pero no se hace necesario proferir fallo de fondo, se procederá a su inadmisión.
Esta concepción teleológica del recurso también ha llevado a exigir que, para su admisión, de la demanda debe aflorar la necesidad del pronunciamiento de fondo para satisfacer alguno de sus fines, no otros que los previstos en el artículo 180 del estatuto procesal.
Pues bien, con respecto al único cargo contenido en el libelo presentado por el defensor de JAVIER BAQUERO ORTEGÓN, dígase que no satisface los presupuestos de admisibilidad señalados en precedencia, por las siguientes razones:
1. Aun cuando en el enunciado del cargo el censor alude que se incurrió en la causal de violación indirecta de la ley sustancial por virtud de errores de hecho por falsos juicio de identidad y de raciocinio, ningún argumento expone en orden a demostrar el primero, tanto así que no vuelve siquiera a mencionarlo en la censura.
2. Concretándose entonces la disertación al segundo, es evidente que los planteamientos expuestos distan de su formulación adecuada, para lo cual resulta indispensable evocar su concepto así como la correcta forma de proponerlo, acorde con los parámetros reiteradamente establecidos por esta Sala.
Ciertamente, se presenta el yerro de valoración probatoria formulado por el libelista cuando el juzgador aprecia la prueba desconociendo las pautas de la sana crítica, esto es, postulados lógicos, leyes científicas o máximas de la experiencia.
Por razón de esa especial naturaleza, para que la propuesta basada en esa modalidad goce de la imprescindible claridad y suficiencia, el demandante está compelido, como primera medida, a identificar la prueba sobre la cual recae el yerro; luego, a establecer el mérito otorgado al medio de convicción en la sentencia y, a la vez, a señalar cuál es el postulado de la sana crítica en su criterio vulnerado, esto es, el principio lógico, la máxima de la experiencia o la regla científica quebrantada.
Después, debe proceder a vincular esa apreciación con la regla aludida demostrando en dónde radica el desvío y, por último, está obligado a precisar la trascendencia del error frente a la ley sustancial, lo cual le exige exponer los argumentos conducentes a demostrar que la sentencia impugnada se debe modificar en favor del interés representado como consecuencia necesaria del error, tarea que, ineludiblemente, entraña abordar la totalidad de los medios de persuasión en los cuales se sustenta.
El demandante se aparta de los lineamientos anteriores para plantear el yerro valorativo invocado, porque a más de señalar de forma genérica que con la apreciación de la prueba se vulneró la sana crítica, no cumple con el deber inherente a su formulación de indicar, en concreto, cuáles reglas de la sana crítica, esto es, leyes científicas, principios lógicos o máximas de la experiencia, se desconocieron con la cuestionada valoración, según ya se dijo.
A cambio de ello y en relación exclusiva con el testimonio de Edna Carolina Morales Vega y Jhon Fernando Amaya simplemente expone que no servían para inferir de manera razonada la responsabilidad de su prohijado, dicho sea de paso, sin satisfacer el condicionamiento de una debida redacción que permita la comprensión cabal de la temática, tónica generalizada de la censura.
Sea el momento para señalar que no basta, para demostrar este error valorativo, con simplemente aducir, de manera enunciativa, que la apreciación de la sentencia impugnada es contraria a tales reglas, sino que ha menester su individualización, luego de lo cual debe ahondarse en su trascendencia tanto probatoria como sustancial, hasta el punto de evidenciar que el fallo debe mutarse en sentido favorable para el interés representado por el casacionista.
Peor aún sucede frente a la prueba restante sobre la cual se sustentó la condena, al limitarse simplemente a referirla y a repetir, una y otra vez, su apreciación en el fallo, pero sin evidenciar error alguno.
De lo anterior emerge, en definitiva, que la censura, a pesar de su extensión, en su mayor parte carece de desarrollo, en tanto se limita a transcribir o el contenido de la prueba testimonial o apartes de la sentencia impugnada.
Es más, en relación con la norma sustancial en su criterio violada con la apreciación probatoria del sentenciador (principio in dubio pro reo), no establece el indispensable nexo entre las pruebas a partir de las cuales se establece su responsabilidad con las que obran en contrario, de modo tal que aflora un estado de duda insalvable entre ellas que impone la absolución.
Todo se resume, entonces, en que para el actor la valoración del juzgador no consulta con las pautas de la sana crítica simple y llanamente porque no coincide con su inexplicado parecer personal sobre cómo han debido apreciarse los medios de prueba, el cual contrasta con el juicioso estudio elaborado por los juzgadores a partir del testimonio rendido por Jhon Fernando Amaya quien, tras haber aceptado su responsabilidad como autor material de las conductas de homicidio agravado y acceso carnal violento en la menor víctima, señaló al aquí procesado de haberle entregado dinero para llevar a cabo el execrable crimen a fin de ocultar las relaciones sexuales que mantenía con ella, testimonio que se confirmó con la abundante prueba indiciaria construida por los juzgadores y que, además, infirmó la de descargo con la cual se pretendió demostrar su inocencia3.
3. Antes de culminar, se ha de referir la Sala al argumento expuesto por el demandante para sustentar la necesidad del fallo con el objeto de unificar la jurisprudencia en relación con la incidencia de la prueba indiciaria frente a la presunción de inocencia, punto sobre el cual no demuestra, ni tampoco la Sala lo evidencia, la existencia de posturas contradictorias o vacíos que ameriten pronunciamiento.
4. Los precedentes defectos argumentativos permiten a la Sala razonablemente concluir que la demanda no cumple con las exigencias de argumentación y lógica contenidas en las normas transcritas al inicio de la parte considerativa de esta decisión, motivo por el cual se impone su inadmisión.
Se arriba a idéntica conclusión, además, porque del contenido de la demanda y de la revisión de la actuación no encuentra procedente la Sala la necesidad en este caso de superar los defectos reseñados en procura de cumplir alguno de los fines del recurso extraordinario previstos en el artículo 180 de la Ley 906 de 2004 y en tanto no se advierte la posibilidad de corregirlo oficiosamente por concurrir la causal de nulidad o por advertir vulneración de garantías fundamentales de las diversas partes.
Ahora bien, habida cuenta que contra la decisión de inadmitir las demandas de casación procede el mecanismo de insistencia de conformidad con lo establecido en el artículo 184 de la Ley 906 de 2004, impera precisar que como dicha legislación no regula el trámite a seguir para que se aplique el referido instituto procesal, habrán de seguirse las reglas fijadas por la Sala para su aplicación4.
En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL,
RESUELVE
INADMITIR la demanda presentada por el defensor del procesado JAVIER BAQUERO ORTEGÓN, por las razones consignadas en la anterior motivación.
Contra esta decisión procede el mecanismo de insistencia, en los términos señalados.
Notifíquese y cúmplase.
JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ
JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO
SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ MUÑOZ
AUGUSTO J. IBÁÑEZ GUZMÁN LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO
JULIO E. SOCHA SALAMANCA JAVIER ZAPATA ORTÍZ
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria
1 De 10 años de edad para la fecha de los hechos.
2 Como esta providencia puede ser publicada, se omite el nombre de la menor, de conformidad con lo normado en el numeral 8° del artículo 47 de la Ley 1098 de 2006 “por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia”.
3 Así, a partir de la página 11 de la sentencia de primer grado y de la 25 de la de segunda instancia.
4 Providencia del 12 de diciembre de 2005. Rad. 24322.