37138(09-08-11)

2011

Asistente Jurídico Inteligente

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    Proceso nº 37138  

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  

SALA DE CASACIÓN PENAL  

MAGISTRADO PONENTE  

AUGUSTO IBAÑEZ J. GUZMAN  

Aprobado: Acta No. 281-  

Bogotá. D.C., nueve (9) de agosto de dos mil  once (2011)   

MOTIVO DE LA DECISIÓN  

La  Sala  se  pronuncia sobre la solicitud de  cambio  de radicación presentada por el apoderado de los acusados, José  David  Vivanco  Martínez,  Jaime Luis Cuesta Mendoza y Oscar  Collantes  Vásquez,  dentro  del  proceso  que se les  adelanta  por los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en  documento público.   

HECHOS  

1.  El  14  de  julio  de  2008,  el  señor  José     David    Vivanco    Martínez,   Alcalde  del  municipio  de  Chalán,  Sucre  en  compañía  de  Jaime Luis Cuesta Mendoza, en  su  condición  de  Tesorero,  extendieron  un cheque por valor de $8.950.000, a  favor  de  Oscar  Paternita  Hernández, título valor que fue cobrado ese mismo  día  por  Oscar  Collante  Vásquez, quien para aquel momento no tenía ningún  vínculo legal con el municipio.   

El  giro  obedeció a un supuesto contrato de  obra   que   tenía   por   objeto   la  ampliación  del  Acueducto  Municipal.  Posteriormente,  se  logró  establecer  que Oscar Paternina Hernández aparente  beneficiario  del  cheque,  no  celebró ningún contrato, ni endosó el título  valor, ni tampoco otorgó poder para que otro lo cobrara.   

Por  tales, hechos se vinculó a los señores  José  David  Vivanco  Martínez,  Jaime  Luis  Cuesta  Mendoza  y  Oscar  Collantes  Vásquez, como presuntos  autores  responsables  de  los  delitos  de peculado por apropiación y falsedad  ideológica  en  documento público. El juicio oral le correspondió adelantarlo  al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Sincelejo.   

LA SOLICITUD  

Una vez concluido del debate oral y anunciado  el  sentido  del  fallo,  previo  a  la  emisión  de  la  sentencia, la defensa  solicitó  al  Juez  Penal  del  Circuito de Sincelejo el cambio de radicación,  para  que  sea  otra  autoridad  quien  continúe  conociendo  de  la  etapa del  juzgamiento, tras considerar que:   

El  periódico  “El  Meridiano  de Sucre”  tiene  alta  injerencia  dentro  del Departamento y en el transcurso del juicio,  presentó  ante  la opinión pública elementos materiales de prueba sin soporte  alguno,  con  los  que  pretende desacreditar la imagen de José David Vivanco e  influir    en    la   actuación   de   los   funcionarios   que   conocen   del  proceso.   

EL Juez de conocimiento mediante decisión del  29   de  julio  de  2011  remitió  las  diligencias  a  esta  Corporación,  en  cumplimiento  de  lo reglado en el artículo 32 de la Ley 906 de 2004; considera  que  lo  reclamado  es un cambio de distrito, pues el periódico “El Meridiano  de   Sucre”   tiene   una   difusión   que   comprende   todo  el  territorio  departamental.   

CONSIDERACIONES  

1.  La  Sala  de  Casación Penal de la Corte  Suprema  de Justicia, es competente para decidir sobre la solicitud de cambio de  radicación  de  procesos  penales,  de  un  distrito judicial a otro durante la  etapa  del juzgamiento, al tenor de lo dispuesto en el artículo 32 numeral 8 de  la        Ley        906        de        20041.   

2.  La  figura  jurídica  opera en los casos  taxativamente  contemplados  en  el  artículo 46 ibídem, esto es, cuando en el  territorio   donde   se   esté   adelantando  la  actuación  procesal  existan  circunstancias  que  puedan  afectar  el  orden  público, la imparcialidad o la  independencia  de  la administración de justicia, las garantías procesales, la  publicidad   del   juzgamiento,  la  seguridad  o  integridad  personal  de  los  intervinientes,   en   especial   de   las   víctimas   o   de  los  servidores  públicos.   

3.  Es  una medida de carácter excepcional y  residual  a  la  que  se  acude  cuando  se demuestra que existen circunstancias  externas  con  capacidad  suficiente  para  alterar  el  normal  desarrollo  del  proceso.   Su   finalidad,   es   asegurar   una  recta,  cumplida  y  eficiente  administración   de   justicia,  al  no  existir  otros  mecanismos  jurídicos  distintos  que  permitan  neutralizar  las  causas  extrañas  que  se  invocan.   

4.  La  solicitud  ha  de  ser  debidamente  sustentada  y  a  ella  se acompañarán los elementos cognoscitivos pertinentes  por  cualquiera  de  las  partes, el Ministerio Público o el Gobierno Nacional,  ante  el  juez  que  esté  conociendo del proceso, quien informará al superior  competente para que decida.   

5.  Si  el  Tribunal  Superior  del  Distrito  Judicial,  al conocer del cambio de radicación, luego de mediar su valoración,  estima  conveniente  que  éste se haga en otro distrito, la solicitud pasará a  la  Corte  Suprema  de  Justicia  para que resuelva. En este caso, si la Sala la  encuentra  procedente,  podrá  señalar  otro  distrito,  o  escoger dentro del  mismo, el sitio en donde debe continuar el trámite.   

6.   La  Corte  destaca,  que  el  juez  de  conocimiento,  pretermitió  el  procedimiento  establecido por la ley, pues con  independencia  de  las  inferencias que realice sobre la solicitud del defensor,  una  vez  invocado  el  cambio  de  radicación,  debió  remitirlo  al superior  competente,  esto  es,  a  la  Sala  Penal  del  Tribunal  Superior del Distrito  Judicial  de Sincelejo, autoridad a quien le corresponde examinar la oportunidad  en  su  presentación  y  los motivos en que se funda, a fin de establecer si el  trámite  debe continuar en el mismo juzgado, o incluso ante otro funcionario de  la  misma  categoría pero dentro del mismo Distrito Judicial, sin perjuicio del  lugar  que  reclame  el  peticionario,  conforme  el  mandato  contenido  en  el  artículo 49 de la Ley 906 de 2004:   

“Artículo  49.  Fijación del sitio para  continuar  el  proceso.  El  superior competente para  resolver  el  cambio  de radicación señalará el lugar donde deba continuar el  proceso,  previo  informe del Gobierno Nacional o departamental sobre los sitios  donde no sea conveniente fijar la nueva radicación.   

Si  el  tribunal  superior  de distrito, al  conocer  del  cambio de radicación, estima conveniente que esta se haga en otro  distrito,  la  solicitud pasará a la Corte Suprema de Justicia para que decida.  En  este caso la Corte podrá, si encuentra procedente el cambio de radicación,  señalar  otro  distrito,  o escoger el sitio en donde debe continuar el proceso  en  el  mismo  distrito, previo informe del Gobierno Nacional o departamental en  el sentido anotado”.   

Sobre este puntual aspecto la Sala en reciente  pronunciamiento señaló:   

“Si  lo que se  pretende  es que el proceso penal cambie de lugar pero dentro del mismo distrito  judicial,  la  competencia  para  resolver  el  asunto  radica en los Tribunales  Superiores           de           Distrito2.  Por  el  contrario,  si  la  solicitud  va  encaminada  a  que  del  trámite  conozca  un  juez de diferente  distrito  judicial,  corresponde  resolver  a   esta  Sala de Casación, al  tenor  de  lo  dispuesto  en el numeral 8º  de los artículos 75 de la Ley  600 de 2000 y  32 de la Ley 906 de 2004.   

En  uno  y  otro  evento se requiere que se  cumpla  con  los  requisitos  de  procedimiento allí consagrados, como son: (i)  el   dirigirse  al  juez  que  esté conociendo del proceso, (ii) sustentar  debidamente   la   solicitud   y   (iii)   acompañar  las  pruebas  en  que  se  funda3,  el  cual  remitirá la actuación al superior funcional para que  decida4”.   

Solamente  cuando el juez plural concluya que  la  solicitud  es  oportuna  y  que existen motivos que puedan afectar el normal  desarrollo  del  juicio,  que  no  puedan  ser  conjurados al interior del mismo  distrito   judicial,   la   Corte   adquiere   la   facultad  para  resolver  el  asunto.   

Frente a tan puntual observación, la Sala ya  tuvo la oportunidad de emitir su postura:   

“En  efecto,  ha sido criterio de la Sala  que  independientemente  del lugar al cual aspire el petente se envíe el juicio  para  continuarlo,  el  Tribunal  respectivo  está  obligado  a  verificar  las  circunstancias  particulares  objetivas  a  fin de determinar -de un lado- si es  factible  proceder al cambio de radicación y -del otro- si éste puede operar o  no  dentro del mismo Distrito judicial, de modo que solo en tanto la evaluación  sea  negativa el asunto concernirá a la Corte en el propósito de determinar en  cuál   Distrito   judicial   se   radicará   el  juzgamiento…”5   

Adicional  a  lo dicho, el periodo probatorio  del  juicio  ya  concluyó,  lo que en principio deslegitimaría la pretensión,  situación  que  sin embargo debe analizar y definir el superior funcional de la  autoridad que conoce del asunto.   

7. Son estas las razones que llevan a la Corte  a  abstenerse  de  examinar  la  solicitud,  pues  se  insiste,  es el Tribunal quien previamente debe realizar  tal valoración.   

Con  fundamento en lo anterior se, dispondrá  devolver  las  diligencias al Juzgado 2 Penal del Circuito de Sincelejo para que  de   estricto   cumplimiento   al   trámite   señalado  por  la  ley  procesal  penal.   

En  mérito  de  lo  expuesto,  la  Sala  de  Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,   

RESUELVE  

PRIMERO.         ABSTENERSE    de   decidir  el  cambio de radicación invocado  por  la  defensa  dentro  del  proceso  adelantado contra  José  David  Vivanco  Martínez,  Jaime  Luis  Cuesta  Mendoza   y   Oscar  Collantes  Vásquez.   

SEGUNDO.  Remitir  las  diligencias al Juzgado  2  Penal  del  Circuito de  Sincelejo,  para     que     se     cumpla    con    lo    señalado.   

TERCERO.  Contra  esta decisión no procede recurso alguno.   

Cópiese, comuníquese y cúmplase  

JAVIER ZAPATA ORTIZ  

JOSÉ LUIS BARCELÓ  CAMACHO   

            

               JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ  

FERNANDO  ALBERTO  CASTRO CABALLERO             

               SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ  

ALFREDO GÓMEZ QUINTERO  

            

MARÍA DEL ROSARIO  GONZÁLEZ DE LEMOS  

AUGUSTO J. IBÁÑEZ  GUZMÁN   

            

             JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA  

NUBIA  YOLANDA NOVA GARCIA   

Secretaria  

    

1  Normatividad que gobierna el presente trámite.   

2 Ver  art.76 Ley 600 de 2000.   

3  Artículo  87  de  la  Ley 600 de 2000 y en términos  similares el artículo 48 de la Ley 906 de 2004.   

4   Corte Suprema de Justicia, radicado 36145 del 8 de abril de 2011.   

5 Corte  Suprema  de  Justicia,  radicado 32404 del 20 de agosto de 2009 y radicado 32440  de septiembre 1 de 2009.     

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