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Proceso n.º 36254
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
Magistrado Ponente:
FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO
Aprobado Acta N°209
Bogotá, D. C., veintidós (22) de junio de dos mil once (2011).
VISTOS:
Procede la Corte a resolver sobre la petición de pruebas formulada por el defensor de la ciudadana colombiana María Eugenia Muñoz Castro, quien es reclamada en extradición por el Gobierno de Italia.
ANTECEDENTES:
1. A través de oficio N° OFI11-13875-DVJ-0300 del 6 de abril de 2011, el Viceministro de Justicia y del Derecho comunicó que el Gobierno de Italia, por intermedio de su Embajada en Colombia y con la Nota Verbal N° 64 del 18 de enero del mismo año, solicitó la detención provisional con fines de extradición de la ciudadana colombiana María Eugenia Muñoz Castro, por cuanto en su contra “están pendiente la (sic) órdenes de custodia cautelar en prisión No. 17894/07 R.G.P.M., No. 3101/08 R.G.G.I.P. emitidas el 16.02.2009 por el Juez para las Investigaciones Preliminares del Tribunal de Roma, por tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, en gran cantidad”. Es preciso añadir que igualmente se adjuntó el Decreto que Dispone el Juicio del 3 de diciembre de 2009 dictado por la misma autoridad.
Igualmente, indicó que el Ministerio de Relaciones Exteriores, con oficio DIAJI.E N° 0081 del 19 de enero de 2011, conceptuó que “por no existir tratado aplicable al caso en mención es procedente obrar de conformidad con el ordenamiento procesal penal colombiano. Así mismo, debe tenerse en cuenta la «Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas», suscrita en Viena, el 20 de diciembre de 1988”.
También expresó que dicha Embajada, a través de la Nota Verbal N° 490 del 22 de febrero de 2011, remitió “copia de los documentos relacionados con la identificación de la señora María Eugenia Muñoz Castro” y, a su vez, agregó que la Fiscal General de la Nación, mediante resolución del 10 de marzo de 2011, dispuso la captura de María Eugenia Muñoz Castro, la cual no se había materializado.
Dicho lo anterior, el Viceministro de Justicia y del Derecho envió a la Corte la documentación aportada por la representación diplomática del Gobierno requirente, “teniendo en cuenta que se encuentran reunidos los requisitos formales exigidos en la Ley aplicable al caso”.
2. Recibida la actuación en la Corporación, con decisión del 26 de abril de 2011 se dispuso designarle defensor de oficio a la solicitada María Eugenia Muñoz Castro, y una vez aquel tomó posesión, con auto del 16 de mayo siguiente se ordenó correr traslado por el término de diez días a los intervinientes para que pidieran las pruebas que considerasen necesarias dentro del presente trámite.
3. En efecto, el defensor de la reclamada solicitó “se allegue certificación, sobre si la requerida ha sido juzgada por los mismos hechos en nuestro país, con el fin de que se dé aplicación al precedente judicial que ha sentado la Honorable Corte a este respecto”.
4. Con oficio OFI11-20895-DVJ-0300 del 24 de mayo de 2011, el Viceministro de Justicia y del Derecho informó que la solicitada María Eugenia Muñoz Castro fue capturada por la Policía Nacional de Colombia en el municipio de Pitalito (Huila) el día 12 de igual mes y año.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE:
1. Cuestión previa:
Con el propósito de determinar la procedencia o no de la práctica de un medio de persuasión dentro de la fase judicial del trámite de extradición, se debe tener presente que el mismo esté relacionado con alguno de los aspectos a revisar por la Corporación al momento de emitir el respectivo concepto.
En este sentido se ofrece oportuno precisar que, conforme lo señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores, se ha de proceder de conformidad con el Código de Procedimiento Penal ante la ausencia de tratado de extradición entre las Repúblicas de Italia y Colombia.
Así las cosas, la pretensión probatoria debe estar vinculada, de acuerdo con lo señalado en el artículo 502 de la Ley 906 de 2004, con:
a) La validez formal de la documentación presentada por el Estado requirente;
b) La demostración plena de la identidad de la persona solicitada en extradición con la que haya sido capturada con tal fin;
c) El principio de la doble incriminación, según el cual el hecho que motiva la petición de entrega también debe estar previsto en Colombia como delito y encontrarse reprimido con pena privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a cuatro años;
d) Que la providencia proferida por la autoridad extranjera sea una sentencia o al menos se asimile, de conformidad con nuestro sistema procesal penal, a la acusación; y
e) El cumplimiento de lo dispuesto en Tratados Públicos, de ser necesario.
Ahora, acorde con la jurisprudencia de esta Colegiatura1, también se debe constatar si en Colombia se profirió decisión con fuerza de cosa juzgada, por los mismos hechos que sustentan la petición de extradición.
2. Sobre la petición en concreto:
Precisados los parámetros bajo los cuales corresponde adelantar la actividad probatoria en la fase judicial del trámite de extradición, desde ahora se anticipa que la petición formulada por el defensor de María Eugenia Muñoz Castro es improcedente.
2.1. En efecto, la pretensión de allegar certificación acerca de si la solicitada ha sido juzgada por los mismos hechos que sirven de fundamento a la presente petición de extradición no es viable, por cuanto no debe ignorarse que la misma se encuentra supeditada a la existencia de información que permita inferir tal circunstancia, situación ausente en este caso, pues examinada la documentación aportada por el Estado requirente y la actuación surtida, no aparece mención acerca de una eventual acción penal seguida en el país contra la reclamada2.
2.2. Lo anterior también encuentra apoyo en el hecho de que el delito que sustenta la petición de extradición de María Eugenia Muñoz Castro consistió en que ésta junto con otros importaron cocaína desde España a Italia conforme se aprecia en el decreto que dispuso el juicio dictado el 3 de diciembre de 2009 por el Juez de las Investigaciones Preliminares del Tribunal de Roma.
2.3. Con todo, no debe dejarse de lado que la requerida María Eugenia Muñoz Castro fue capturada en razón del presente trámite de extradición, de manera que con antelación gozaba de su libertad en el país, lo cual no permite concluir que previamente haya sido judicializada por los hechos que fundamentan la presente petición de entrega, particularmente en los términos fijados por la Corte en el radicado N° 310273, esto es, que antes de recibirse la petición de detención provisional con fines de extradición existiera en Colombia decisión en firme, con carácter de cosa juzgada, por los mismos hechos que apoyan la reclamación de envío de la nacional fuera del país, o que antes de la referida solicitud y como resultado de la aplicación de una de las formas de terminación anticipada del proceso penal (sentencia anticipada —artículo 40 de la Ley 600 de 2000—, aceptación de la imputación o preacuerdos —artículos 293 y 348 ss. de la Ley 906 de 2004—), se hubiera proferido fallo de condena por hechos idénticos a los que motivan la demanda de entrega de la compatriota.
Así las cosas, se niega la práctica de la citada prueba.
3. Cuestión Final:
Como la Corte no observa la necesidad de evacuar pruebas de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el inciso último del artículo 500 de la Ley 906 de 2004, ordena dejar el expediente en Secretaría de la Sala por el término de cinco días a disposición de los intervinientes, en orden a que presenten sus alegatos finales.
En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL,
RESUELVE
1. NEGAR la práctica de la prueba solicitada por el defensor de la requerida María Eugenia Muñoz Castro.
2. DEJAR, una vez en firme esta decisión, el expediente en Secretaría de la Sala Penal por el término de cinco (5) días para las alegaciones finales de los intervinientes, según lo prevé el inciso 3º del artículo 500 de la Ley 906 de 2004.
Notifíquese y cúmplase.
JAVIER ZAPATA ORTIZ
JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ
FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ
Comisión de servicio
ALFREDO GÓMEZ QUINTERO MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS
Permiso Aclaración de voto
AUGUSTO IBÁÑEZ GUZMÁN JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria
ACLARACIÓN DE VOTO
Al resolver la solicitud probatoria de la defensa, incoada dentro del trámite de extradición de la ciudadana colombiana MARÍA EUGENIA MUÑOZ CASTRO, requerido por el Gobierno de Italia, la Sala negó los elementos de convicción solicitados; sin embargo, señaló como uno de los aspectos a corroborar por la Corporación el relativo al ejercicio de la jurisdicción nacional sobre el hecho que sustenta la petición de extradición.
Comparto la decisión de la Sala en punto de no acceder a la práctica de las pruebas impetradas; no obstante, considero necesario enfatizar, como lo he hecho en ocasiones anteriores, que no corresponde a la Corte pronunciarse sobre la configuración del instituto de la cosa juzgada por cuanto con ello excede la competencia que le ha sido atribuida legalmente.
En efecto, el adelantamiento en Colombia de un proceso o la existencia de sentencia ejecutoriada por los mismos hechos en contra del exigido en extradición, son asuntos por completo ajenos a la órbita de competencia funcional de la Corte al conceptuar sobre el tema, como de tiempo atrás lo venía sosteniendo esta Colegiatura4.
Tratándose de un concepto sobre la viabilidad de una extradición, la Corte debe concentrarse en corroborar los siguientes aspectos: a) demostración de la plena identidad del solicitado; b) validez formal de la documentación presentada como soporte de la solicitud; c) principio de doble incriminación; d) equivalencia de la providencia extranjera con la resolución de acusación colombiana; y e) cumplimiento de los tratados, si fuere el caso.
Dentro tales presupuestos, consagrados en los artículos 500 de la ley 600 de 2000 y 502 de la ley 906 de 2004, no se incluye el examen del instituto de la cosa juzgada y, por ello, la Sala no debió plasmar en el auto ninguna manifestación al respecto.
En ese contexto, advierto cómo la Sala excede su competencia reglada cuando rinde concepto desfavorable a las solicitudes de extradición argumentando para ello que el requerido ya ha sido procesado de conformidad con las leyes internas de Colombia y se le ha condenado, pues no le corresponde analizar tal aspecto, porque de haber sido ese el querer del legislador, así lo habría establecido en el ordenamiento procesal.
La existencia de sentencia ejecutoriada emitida en Colombia en contra del requerido por los mismos hechos origen de la petición, constituye asunto ajeno a la órbita de competencia funcional de la Corte; si tal situación concurre en un caso concreto, le corresponde a la Sala precisar que dicha temática deber ser dilucidada por el Presidente de la República, en su condición de máximo director de las relaciones internacionales, de acuerdo con las funciones políticas deferidas por el artículo 189 del Ordenamiento Superior.
Este criterio tiene fundamento en el principio de legalidad, aplicable también al trámite de extradición, como integrante del debido proceso reconocido expresamente en el artículo 29 de la Carta Política.
En este contexto, las pruebas que se soliciten y decreten dentro del trámite de extradición deben orientarse, exclusivamente, a demostrar o desvirtuar la configuración de tales exigencias formales; por ello, no es viable ordenar el recaudo de medios de convicción encaminados a establecer si en Colombia se ha juzgado al solicitado por los mismos hechos objeto de la entrega, porque tal aspecto escapa a las atribuciones de la Corte, de manera que las solicitudes probatorias en ese sentido carecen de conducencia y pertinencia.
En los anteriores términos dejo sentada mi aclaración de voto.
Con toda atención,
MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS
Magistrada
Fecha ut supra.
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Conceptos del 19 de febrero y del 16 de septiembre de 2009, radicaciones números 30374 y 31036, respectivamente.
2 En igual sentido, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto del 26 de agosto de 2009, radicación N° 31951.
3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Concepto del 9 de diciembre de 2009.
4 Cfr. Providencias del 28 de febrero de 2007. Radicado No. 24646, 18 de abril de 2007. Radicado No. 26551, 30 de mayo de 2007. Radicado No. 26545, 27 de junio de 2007. Radicado No. 27376.