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Proceso n.º 33833
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
Magistrado ponente:
YESID RAMÍREZ BASTIDAS
Aprobado Acta N° 267
Bogotá, D. C., agosto veinticinco (25) de dos mil diez (2010).
VISTOS:
Se procede a resolver el recurso de casación interpuesto por Rita Stella Bohórquez Páez en su calidad de víctima a través de apoderado, contra la sentencia del Tribunal de Bogotá que confirmó la dictada por el Juzgado Tercero Penal Municipal con funciones de conocimiento de esa ciudad, mediante la cual se condenó a Luis Fernando Gómez Ramírez como autor responsable del delito de lesiones personales, y se modificó de manera parcial lo decidido por concepto de perjuicios morales y materiales.
HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL:
1.- Los primeros fueron tratados en el fallo impugnado de la siguiente manera:
Se estableció que el 24 de abril de 2006, siendo aproximadamente las 5:a.m., en el sector de la Avenida Boyacá con carrera 24 cuando en sentido este-oeste se desplazaba la motocicleta de placas AUI-14 conducida por la señora Rita Stella Bohórquez Páez, quien fue arrollada por el vehículo Mercedes Benz de placas TEV-853 que se desplazaba por la Avenida Boyacá en sentido norte-sur, conducido por el señor Luis Fernando Gómez Ramírez. Como consecuencia del choque la señora Bohórquez Páez resultó lesionada dictaminándosele una incapacidad médica legal por 120 días, con secuelas de deformidad física que afecta el cuerpo de carácter permanente, perturbación funcional del miembro inferior derecho de carácter permanente, perturbación funcional del órgano de la locomoción de carácter permanente, perturbación funcional del órgano de la excreción urinaria de carácter permanente y perturbación funcional del sistema nervioso periférico de carácter permanente.
2.- Por los anteriores acontecimientos, el 23 de diciembre de 2008 la Fiscalía 32 Local formuló imputación ante el Juzgado 77 Penal Municipal con funciones de control de garantías contra Luis Fernando Gómez Ramírez como autor del delito de lesiones personales.
3.- Se vinculó a Jorge Humberto Molano Díaz y a la empresa “Auto Llanos S.A.” como terceros civilmente responsables, y a la sociedad “Seguros La Equidad” como tercero llamado en garantía.
4.- El 10 de febrero de 2009 ante el Juzgado Tercero Penal Municipal con funciones de conocimiento, se le formuló acusación por el delito referido.
5.- El 10 de agosto de ese año el despacho en cita profirió sentencia condenatoria contra Luis Fernando Gómez Ramírez por la conducta punible referida y le impuso las penas de nueve (9) meses dos (2) días de prisión, multa equivalente a siete (7) salarios mínimos legales mensuales vigentes, privación del derecho de conducir vehículos automotores por tiempo de un (1) año, inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por tiempo igual. Condenó al acusado y de manera solidaria a las empresas “Autollanos S.A” y “Seguros La Equidad”, al pago de indemnización de perjuicios por concepto de daños materiales y morales a favor de la víctima, en el equivalente en moneda nacional de ciento ochenta y seis, punto cincuenta y cinco (186.55) salarios mínimos mensuales vigentes.
6.- La anterior decisión fue apelada por el apoderado de la víctima, de los terceros civilmente responsables, de la compañía aseguradora llamada en garantía y el defensor del procesado, y el 3 de diciembre siguiente el Tribunal la confirmó, pero modificó la condena al pago de indemnización de perjuicios morales y materiales, los cuales fijó en ciento sesenta y uno punto veintinueve (161.29) s.m.m.l.v.
7.- Contra la sentencia de segunda instancia el apoderado de la víctima interpuso el recurso de casación y por auto del 26 de marzo de 2010 se admitió la demanda al reunir las exigencias legales previstas en el artículo 182 y siguientes de la ley 906 de 2004.
LA DEMANDA:
El apoderado de la víctima formuló tres censuras, así:
1.- En el cargo primero acusó al Tribunal de incurrir en violación indirecta de los artículos 2341 y 2347 del Código Civil, por error de hecho derivado de falso raciocinio en la valoración del dictamen pericial rendido por el perito del Instituto de Medicina Legal Gladys Cecilia Zambrano Caro, los testimonios de Fabio López Guerrero, Sonia Lucía López Bohórquez y de Ricardo Alberto Suárez Castro, Psicólogo de la Universidad Konrad Lorenz Adenaduer.
Según el demandante, con los medios de convicción referidos, se acreditó que como consecuencia de las heridas y secuelas sufridas por Rita Stella Bohórquez Páez, se han derivado alteraciones en su salud que tienden a empeorar día tras día, al punto que deberá someterse a futuras intervenciones quirúrgicas, como tratamiento psicoterapéutico de por vida.
Manifestó que a pesar de lo así demostrado, el ad quem arribó a una conclusión contraria a la lógica y a las máximas de experiencia, al afirmar que la recuperación de la víctima ha sido exitosa, se observa una mejoría que normalizó su relación con la familia, el entorno social y laboral, cuando los medios de prueba citados indican todo lo contrario.
Cuestionó que como consecuencia de ese desacierto en la valoración probatoria, la Corporación de segundo grado confirmó la condena al pago de indemnización por concepto de perjuicios morales en cuantía de cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes, desestimando de esta manera la magnitud de los daños causados a Bohórquez Páez, los cuales han avanzado al extremo que con el transcurrir de los días su cotidianidad, valga decir, su vida de relación se ha tornado invivible, tortuosa y, por sobretodo, irrecuperable.
Por lo anterior, solicitó a la Sala casar el fallo y proferir uno de reemplazo que fije la condena al pago de perjuicios por ese concepto en mil (1000) s.m.m.l.v. que fueron pedidos como pretensión en la apertura del incidente de reparación.
2.- En el cargo segundo acusó al Tribunal de incurrir en violación directa por interpretación errónea de una norma de derecho sustancial.
Planteó que el ad quem dispuso en la sentencia impugnada que la condena al pago de perjuicios materiales y morales sería igual a 151.29 (sic) s.m.m.l.v., para el año 2009, suma de dinero que se debe actualizar desde la fecha del fallo de primer grado hasta el día en que se pague la indemnización teniendo en cuenta el índice de precios al consumidor.
Precisó que los daños materiales probados en el proceso suman $26.350.000.oo (sic), los cuales solicitó se actualizaran conforme las matemáticas financieras como variante del i.p.c al momento de liquidarse, sumando los intereses corrientes, a partir de la sentencia de primera instancia y hasta la cancelación total de la obligación, de conformidad con lo establecido por los artículos 1615 del Código Civil y 884 del Código de Comercio.
Adujo que el Tribunal en forma contraria a esa pretensión, asemejó la actualización del dinero a la conversión en salarios mínimos, fenómeno extraño a la norma invocada. Así mismo, habló de intereses moratorios, “por cuanto estos como perjuicio anticipado al rédito que ha de producir el capital, se causan con la falta de pago de un capital”.
Por lo anterior, solicitó a la Sala casar el fallo y sustituir la condena al pago de perjuicios materiales con la correspondiente actualización en la forma indicada y se cobren intereses comerciales.
3.- En el cargo tercero acusó al Tribunal de incurrir en violación directa por falta de aplicación de una norma sustancial.
Manifestó que de acuerdo con el artículo 107 del cpp, el tercero civilmente responsable es la persona que debe responder por el daño causado por la conducta del condenado. Se trata de un sujeto procesal que podría ser citado o acudir al incidente de reparación a solicitud de la víctima, del autor de los hechos o su defensor.
Expresó que en el caso, se vinculó legalmente a Jorge Humberto Molano Díaz en su calidad de propietario del vehículo automotor, quien estuvo representado por apoderada en todas las actuaciones.
Adujo que en los fallos de instancia se omitió pronunciamiento respecto de la responsabilidad civil en los perjuicios de este tercero, pese a la solicitud que el representante judicial de la víctima hizo al sustentar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primer grado.
Por lo anterior, solicitó a la Corte corregir el yerro, y en su lugar condenar de manera solidaria a Molano Díaz al pago de $26.350.000.oo por concepto de perjuicios materiales probados, más la actualización de ese dinero conforme a las matemáticas financieras a partir del mes de abril de 2007 y los intereses moratorios a partir del fallo de primera instancia, como también a la suma de mil (1000) s.m.m.l.v., por concepto de perjuicios morales probados.
INTERVENCIONES EN LA AUDIENCIA PÚBLICA:
1.- Apoderado de la víctima:
Cargo primero:
Se refirió a las consecuencias que las lesiones infringidas por la conducta del procesado se produjeron en la víctima en su ámbito personal, laboral, social y familiar, razones por las cuales la parte que él representa reclamó una indemnización equivalente a 1000 salarios de los cuales el juez de primera instancia solamente reconoció 100.
Manifestó que el Tribunal incurrió en error de hecho derivado de falso raciocionio en la valoración de las pruebas que se acopiaron en el incidente de reparación integral mediante las cuales se demostró la magnitud de los perjuicios, y como consecuencia de ese dislate solamente reconoció el 10 por ciento de lo pedido, valor que no corresponde al daño probado.
Cargo segundo:
Hizo referencia al artículo 97 de la ley 599 de 2000 en el cual se establece que en relación con el daño derivado de la conducta punible, el juez podrá señalar como indemnización una suma equivalente en moneda nacional hasta mil (1000) salarios mínimos legales mensuales. Planteó que el Tribunal fijó por el daño material la suma de $26.350.000.oo, valor que convirtió a salarios mínimos legales mensuales más el interés corriente que le corresponde de conformidad con los artículos 165 del Código Civil y 864 del Código de Comercio, cuando en su opinión la condena al pago de indemnización de perjuicios no la podía elevar a salarios mínimos y aplicarle el interés corriente.
Cargo tercero:
Adujo que de conformidad con el artículo 107 de la ley 906 de 2004, se vinculó como tercero civilmente responsable al propietario del vehículo automotor con el cual se causó el accidente, sujeto procesal que fue representado por su apoderado. Sin embargo, en los fallos de instancia se omitió emitir pronunciamiento sobre la responsabilidad de este tercero.
Por lo anterior, solicitó que para llenar tal vacío se le condene en forma solidaria al pago de indemnización de perjuicios.
2.- Fiscalía General de la Nación (No recurrente)
Cargo primero:
Luego de tratar el concepto de daño moral con cita jurisprudencial (radicado 32007), lo señalado en el numeral 4° del artículo 181 del cpp y la reparación integral, precisó que el Tribunal dejó por fuera el daño moral o extrapatrimonial sobre el cual el demandado pidió una condena equivalente a 1000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
De otra parte, aludió a los conceptos de daño en la vida de relación y el perjuicio fisiológico para indicar que este debe distinguirse del daño emergente y del lucro cesante, al igual que del daño moral.
Argumentó que en el asunto tratado y de acuerdo con las pruebas allegadas en el incidente de reparación, se demostró las afectaciones a la vida de relación de la víctima y, sin embargo, el Tribunal no realizó la ponderación requerida frente a la evidencia.
Por lo anterior, solicitó que la manera de corregir el desacierto es fijar la indemnización de esa clase de perjuicios en lo máximo pedido por el demandante, esto es, en 1000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Cargo segundo:
Ante la violación a lo previsto en el artículo 97 del cp este reparo se integra al cargo anterior.
Cargo tercero:
Puso de presente que el juez de primera instancia sí hizo alusión al tercero civilmente responsable.
3.- Ministerio Público
Cargo primero:
Solicitó que el testimonio de la médico ortopedista Gladys Cecilia Zambrano Caro quien intervino en el juicio oral, pero no fue solicitado en el incidente de reparación, se debe excluir de análisis.
El juez de primera instancia hizo alusión a los daños, pero interpretó de manera indebida que se trataba de daño moral y no de daño de relación y los fijó en 100 salarios, es decir, en un diez (10) por ciento de lo solicitado por el apoderado de la víctima que lo fue por 1000 s.m.l.v.
Planteó que el Tribunal hizo alusión a los daños de relación, pero no corrigió el yerro del funcionario de primer grado en la medida que las pruebas acopiadas, esto es, las declaraciones del esposo de la víctima, su hijo, el psicólogo forense y la misma ofendida aluden a las afectaciones personal, laboral y familiar, de manera que ha debido actualizar el monto de la indemnización de perjuicios por ese concepto.
Consideró que le asiste razón al casacionista, razón por la cual solicitó a la Sala casar la sentencia y efectuar una nueva tasación en un monto no inferior al equivalente en moneda nacional de 250 s.m.l.m.v. ($124.225.000).
Cargo segundo:
Planteó que al demandante le asiste razón por cuanto los jueces de instancia sin argumentación alguna fijaron el quantum de la indemnización de perjuicios en s.m.l.m.v., y el Tribunal, además, la adicionó al indicar que dicho monto se incrementaría hasta el día en que se cancele, en el porcentaje del índice de precios al consumidor (IPC).
Si bien el artículo 97 de la ley 599 de 2000 establece que el monto de la indemnización por los daños derivados de la conducta punible, tiene como límite tratándose de los morales la suma equivalente a 1000 s.m.l.m.v., y por expresa disposición el monto de la pena de multa en la misma norma se halla fijado en dicho equivalente (s.m.l.m.v), para efectos de su actualización, no se cuenta con ningún fundamento legal para que esta se verifique en s.m.l.m.v.
Además de las disposiciones citadas por el libelista y lo señalado en el artículo 1617 del Código Civil, emerge el error de las instancias para fijar el monto de los perjuicios patrimoniales y extramatrimoniales, así como su actualización.
No obstante, en su criterio, no procede la aplicación del interés bancario corriente (I.B.C.) como lo solicita el censor, por no tratarse de un perjuicio derivado de una transacción comercial, sino el índice de precios al consumidor (IPC) y el interés legal (6% anual) contemplado en el artículo antes citado, como formas de actualización del monto, al momento de fijar el valor de los daños en pesos y ajustarlo al tiempo del pago, tal como así lo tiene precisado la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia de noviembre 19 de 2001, citada en el fallo de 25 de abril de 2003, y de 21 de septiembre de 2005, radicado 1999-28053-01.
Por lo anterior, solicitó casar el fallo y proferir uno de reemplazo para (i) diferenciar el monto de los daños materiales y los extra patrimoniales, (ii) fijarlos en pesos por separado, y (iii) determinar que se actualizarán desde la fecha de la sentencia de primera instancia con base en el IPC, más los intereses civiles del 6% anual, éstos desde la fecha máxima fijada para su cancelación.
Cargo tercero:
Refirió que en la actuación procesal se advierte que desde el inicio del incidente de reparación se hizo presente Jorge Humberto Molano Díaz, propietario del vehículo de servicio público, y desde allí también actuó su apoderada, sin embargo los jueces de instancia omitieron incluirlo como tercero civilmente responsable por el daño derivado de la conducta del procesado, lo cual representa una clara afectación del derecho material y la reparación de los agravios inferidos a la víctima.
Por lo anterior, solicitó casar el fallo para que en el de reemplazo se incluya al propietario del automotor como tercero civilmente responsable.
4.- El procesado:
Concedió la palabra a su apoderado.
Defensor:
Cargo primero:
El Tribunal reconoció la recuperación de la víctima no solo en el empleo que desempeñaba sino también en su trabajo como así lo reconoció una Junta Laboral.
Cargo segundo: La pretensión de la víctima fue satisfecha en este punto.
Cargo tercero: Admitió que se debió vincular al fallo al tercero civilmente responsable propietario del automotor quien se hizo presente en la actuación.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE:
1.- Cargo primero.-
Desde la perspectiva del derecho sustancial, sin mayores esfuerzos se advierte que el cargo mediante el cual se acusó al Tribunal de incurrir en error de hecho derivado de falso raciocinio, referido a la conclusión dada por aquél en sentido de que en Rita Stella Bohórquez Páez se ha observado un “estado exitoso de recuperación y un estado de mejoría en los ámbitos personal, familiar y social”, conclusión a la que se arribó sin motivaciones y sirvió para confirmar la tasación en perjuicios morales en un equivalente de cien (100) s.m.m.l.v., está llamado a la prosperidad.
En efecto, el error in iudicando en cita se consolida cuando en el curso y arribo a las inferencias se desconocen máximas de experiencia, leyes de la lógica, de la ciencia, criterios técnico-científicos de valoración de algún medio de convicción en especial, o cuando en las conclusiones se tergiversa el curso normal y lógico de las mismas, valga decir, cuando las afirmaciones deducidas no se derivan ni desprenden de los hechos-fenómenos indicadores, como para el caso aquí ha ocurrido.
De manera ostensible no era dable que el Tribunal arribara al siguiente predicado:
Así las cosas, de conformidad con lo probado en desarrollo del incidente de reparación, se tiene que a pesar de la gravedad de las lesiones padecidas por la señora Rita Stella Bohórquez Páez, que implican serias perturbaciones funcionales, la misma ha realizado un proceso de recuperación exitoso, que le ha permitido incluso regresar a sus actividades laborales y sobrellevar cuando menos en ese campo una vida normal, condición que sin duda contribuye a crear un estado de mejoría en los ámbitos personal, familiar y social.
La circunstancia de que la perito del Instituto de Medicina Legal Gladys Cecilia Zambrano Caro declarara en el juicio oral y no lo hiciera en el incidente de reparación integral, no es motivo constitucional ni legal para que su dictamen sea excluido de la valoración como lo planteó el Ministerio Público, pues para el evento no constituye prueba ilícita ni ilegal, y sus contenidos fácticos son conducentes y pertinentes a efectos de evidenciar las secuelas y perturbaciones que dejaron las lesiones recibidas en la humanidad de Rita Stella Bohórquez Páez.
En esa medida, los medios de convicción allegados al incidente de reparación como fenómenos o hechos indicadores expresan todo lo contrario de lo afirmado por el Tribunal, de lo cual se comprende sin dificultades que la conclusión referida no se deriva ni deduce de lo puesto de presente en el juicio oral por la perito del Instituto de Medicina Legal Gladys Cecilia Zambrano Caro y los testimonios de Fabio López Guerrero, Sonia Lucía López Bohórquez y de Ricardo Alberto Suárez Castro, Psicólogo de la Universidad Konrad Lorenz Adenauer.
Gladys Cecilia Zambrano Caro, perito, en su calidad de funcionaria del Instituto de Medicina Legal, declaró en el juicio oral, lo siguiente:
La víctima presenta dificultad física que afecta el cuerpo de carácter permanente por serias protuberancias y cicatrices que se encuentran en su cuerpo, perturbación funcional del miembro inferior derecho de carácter permanente, perturbación funcional del órgano de la locomoción de carácter permanente, ya que hay alteración a nivel de la cadera con ascenso de la pelvis que produce escoliosis a nivel de la columna para alterar la compensación, perturbación funcional del órgano de la excreción urinaria de carácter permanente, lo cual significa que tiene una vejiga neurogénica que no controla la excreción urinaria, perturbación funcional del sistema nervioso periférico, lo cual significa alteración de la sensibilidad del muslo por lesión del nervio ciático.
Ésta perito concluyó que las secuelas no son superables y que es muy probable que en cinco años la paciente vaya para un reemplazo de cadera con la necesidad de un tratamiento quirúrgico posterior.
Fabio López Guerrero, esposo de Rita Stella Bohórquez Páez, manifestó que ella:
Presenta dolor al tacto en la pierna derecha, para lo cual se le suministra un medicamento denominado tramadol, presenta dificultad en la locomoción porque se acortó la extremidad que le imposibilita transportarse por sí misma y para practicar actividades deportivas o de recreación. Igualmente quedó imposibilitada para tener relaciones sexuales porque le genera dolor, y se le derivaron constantes estados de ánimo irascibles.
Ricardo Alberto Suárez Castro, Psicólogo, manifestó que valoró a la víctima y estableció que:
Rita Stella Bohórquez Páez presenta alteración psicológica derivada del estrés postraumático, por trauma físico en miembro inferior derecho, con dificultades para desplazarse pues permaneció 6 meses en silla de ruedas y un año en muletas, lo cual le generó pérdida de independencia, de su vida social, imposibilidad para practicar deporte, dificultades para dormir por el dolor, temor a salir a la calle, depresiones continuas, daños en las habilidades emocionales, deterioro en la autoestima por las cicatrices que le quedaron en el cuerpo, trastornos en su deseo y prácticas sexuales.
Éste profesional concluyó que las posibilidades de recuperación del trauma son imposibles, generando la necesidad de que por vida reciba asistencia neuro-psicológica con discapacidad permanente.
De acuerdo con esos medios de convicción no era dable arribar a la conclusión en sentido de que con el regreso a la actividad laboral de Rita Stella Bohórquez Páez, “se le ha creado un estado de mejoría en los ámbitos personal familiar y social”, y menos considerar como lo hizo la Sala al afirmar que:
La justipreciación hecha por el juez de instancia, tuvo presentes tales aspectos y lo que representan para la víctima, por lo que se confirmará la valoración hecha en la sentencia que se revisa respecto de los perjuicios inmateriales causados a la mencionada ciudadana, manteniéndose, entonces, la condena en el equivalente a cien (100) s.m.m.l.v., por concepto de daños morales.
Para el evento en concreto, es un hecho cierto e incontrastable que las lesiones, cicatrices, disfunciones orgánicas, discapacidades y secuelas dejadas en el cuerpo de Rita Stella Bohórquez Páez, produjeron unos daños irreparables a su vida de relación que constituyen afectaciones a la esfera exterior de su persona, perjuicios que ameritan valorarse e indemnizarse dentro del concepto de reparación integral.
La Sala de Casación Civil con referencia a ellos, ha dicho:
Como se observa, a diferencia del daño moral, que corresponde a la órbita subjetiva, íntima o interna del individuo, el daño a la vida de relación constituye una afectación a la esfera exterior de la persona, que puede verse alterada en mayor o menor grado a causa de una lesión inflingida a los bienes de la personalidad o a otro tipo de intereses jurídicos, en desmedro de lo que la Corte en su momento denominó “actividad social no patrimonial”.
Dicho con otras palabras, esta especie de perjuicio puede evidenciarse en la disminución o deterioro de la calidad de vida de la víctima, en la pérdida o dificultad de establecer contacto o relacionarse con las personas y cosas, en orden a disfrutar de una existencia corriente, como también en la privación que padece el afectado para desplegar las más elementales conductas que en forma cotidiana o habitual marcan su realidad. Podría decirse que quien sufre un daño a la vida de relación se ve forzado a llevar una existencia en condiciones más complicadas o exigentes que los demás, como quiera que debe enfrentar circunstancias y barreras anormales, a causa de las cuales hasta lo más simple se puede tornar difícil. Por lo mismo, recalca la Corte, la calidad de vida se ve reducida, a paso que las posibilidades, opciones, proyectos y aspiraciones desaparecen definitivamente o su nivel de dificultad aumenta considerablemente. Es así como de un momento a otro la víctima encontrará injustificadamente en su camino obstáculos, preocupaciones y vicisitudes que antes no tenía, lo que cierra o entorpece su acceso a la cultura, al placer, a la comunicación, al entretenimiento, a la ciencia, al desarrollo y, en fin, a todo lo que supone una existencia normal, con las correlativas insatisfacciones, frustraciones y profundo malestar (…).
En este orden de ideas, la Corte, a manera de compendio, puntualiza que el daño a la vida de relación se distingue por las siguientes características o particularidades: a.- tiene naturaleza extramatrimonial o inmaterial, en tanto que incide o se proyecta sobre intereses, derechos o bienes cuya apreciación es económicamente inasible, por lo que no es dable efectuar una mensura que alcance a reparar en términos absolutos la intensidad del daño causado, b.- adquiere trascendencia o se refleja sobre la esfera externa del individuo, situación que también lo diferencia del perjuicio moral propiamente dicho, c.- en las situaciones de la vida práctica o en el desenvolvimiento que el afectado tiene en el entorno personal, familiar o social se manifiesta en impedimentos, exigencias, dificultades, privaciones, vicisitudes, limitaciones o alteraciones temporales o definitivas, de mayor o menor grado, que él debe soportar o padecer, las cuales, en todo caso, no poseen un significado o contenido monetario, productivo o económico, d.- no sólo puede tener origen en lesiones o trastornos de tipo físico, corporal o psíquico, sino también en la afectación de otros bienes intangibles de la personalidad o derechos fundamentales, e incluso en la de otro tipo de intereses legítimos, e.- según las circunstancias de cada caso, puede ser sufrido por la víctima directa de la lesión o por terceros que igualmente resulten afectados, como verbigracia, el cónyuge, el compañero o compañera permanente, los parientes cercanos o los amigos o por aquella y éstos, f.- su reconocimiento persigue una finalidad marcadamente satisfactoria, enderezada a atemperar, lenificar o aminorar, en cuanto sea factible, los efectos negativos que de él se derivan, y g.- es una noción que debe ser entendida dentro de los precisos límites y perfiles enunciados, como un daño autónomo que se refleja en la afectación de la actividad social no patrimonial de la persona, vista en sentido amplio, sin que pueda pensarse que se trata de una categoría que absorbe, excluye o descarta el reconocimiento de otras clases de daño -patrimonial o extrapatrimonial- que posean alcance y contenido disímil, ni confundirlo con éstos, como se tratara de una inaceptable amalgama de conceptos, puesto que una indebida interpretación conduciría a que no pudiera cumplirse con la reparación integral ordenada por la ley y la equidad, como infortunadamente ha ocurrido en algunos caso, en franco desmedro de los derechos que en todo momento han de asistir a las víctimas.
Una vez sentadas estas bases para la Sala es claro que, como otrora lo insinuó la jurisprudencia de esta Corporación, a la luz de las normas constitucionales y legales que directa o indirectamente gobiernan la responsabilidad civil, el daño a la vida de relación es de completo recibo por parte del ordenamiento jurídico nacional y, por lo mismo, se torna merecedor de la protección que han de dispensar los jueces de la República, en aquellos casos en que, encontrándose debida y cabalmente acreditado, sea menester adoptar las medidas idóneas para su reconocimiento.
Precisamente, los preceptos constitucionales que consagran la garantía del acceso a la administración de justicia y los que trazan las directrices conforme a las cuales debe ser ejercida ésta función pública, en particular, los que disponen la primacía del derecho sustancial, el sometimiento al imperio de la ley, y la tarea primordial que cumplen la equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina como criterios auxiliares de la actividad judicial (artículos 228, 229 y 230), en armonía con algunas de las disposiciones reguladoras de la responsabilidad civil (cfr. artículos 1613 y 2341 del Código Civil y 4 del decreto 1260 de 1970, entre otros) determinan que sea necesario ahora retomar el estudio del concepto de daño a la vida de relación, no sólo con el propósito de asegurar el acatamiento del mandato impuesto por el artículo 16 de la ley 446 de 1998, en el sentido de que en cualquier proceso judicial la valoración de los daños irrogados a las personas o las cosas deberá estar guiada por los principios de reparación integral y equidad, sino también con la convicción de que esta es una de las vías a través de las cuales puede ser preservado el absoluto respeto y la integridad de los derechos superiores contemplados en la Constitución Política (…)
Como puede verse, los aspectos concretos del dictamen pericial que son resaltados por la censura denotan de manera diáfana la dimensión y gravedad de las lesiones corporales que afectaron la integridad personal de Jorge Edic Carvajal Gómez., a la vez que reflejan las trascendentales e irreversibles secuelas que, en términos funcionales se derivaron para la víctima, particularmente en cuanto a la pérdida de su capacidad de locomoción y las dificultades, molestias y dolores que ha debido y deberá soportar, todo ello sin contar con que la historia clínica elaborada en el Hospital de Kennedy, que reposa en el expediente y actuó como soporte del fallo impugnado, también da cuenta del menoscabo físico presentado en la salud de Carvajal Gómez.
Al haberse acreditado en el proceso la existencia de semejantes lesiones físicas y de la perturbación funcional que ellas aparejaron, no se explica la Corte cómo el sentenciador permaneció ajeno a dicha situación, ni vislumbra los argumentos o las razones que lo llevaron a pasar por alto el revelador y dramático panorama que para su vida de relación, especialmente en las facetas personal, familiar y social, se deducía palmariamente no sólo de las características propias de tales afectaciones, sino de los demás elementos que obraban en los autos (…)
En lo que toca con la cuantía del perjuicio a la vida de relación, cuya existencia ha sido acreditada, debe reiterarse que el hecho de que los bienes, intereses o derechos afectados tengan naturaleza intangible e inconmensurable, características éstas que, por esta misma razón, en ciertas ocasiones tornan extremadamente difícil un justiprecio exacto, no es óbice para que el juzgador haciendo uso del llamado arbitrium judicis, establezca en la forma más aproximada posible el quantum de tal afectación, en orden a lo cual debe consultar las condiciones de la lesión y los efectos que ella haya producido en los ámbitos personal, familiar y social de la víctima, entre otros, desde luego, no como si se tratara estrictamente de una reparación económica absoluta, sino, mas bien, como un mecanismo de satisfacción, por virtud del cual se procure al perjudicado, hasta donde sea factible, cierto grado de alivio, sosiego y bienestar que le permita hacer mas llevadera su existencia1.
En consonancia con lo así motivado, al tener en cuenta las condiciones a las que se ha sometido Rita Stella Bohórquez Páez con ocasión del lamentable suceso en el que resultó arrollada, las cuales de manera evidente la afectaron y a buen seguro seguirán proyectando efectos negativos y limitativos en su vida de relación, toda vez que en los ámbitos referidos no podrá comportarse en la forma como lo hacía antes del accidente de tránsito, como quiera que lo que ahora es una realidad en su cotidianidad son privaciones, tropiezos, incapacidades funcionales y orgánicas permanentes, obstáculos en su movilización, en el manejo del tiempo para realizar sus actividades, así como en la forma de relacionarse con su esposo, amigos y con su entorno en general, por citar apenas algunos aspectos, en orden a imponer la condena correspondiente la Corte fijará la cantidad de setecientos (700) salarios mínimos mensuales legales vigentes como indemnización por concepto de daños morales, bajo el entendido que los producidos a la vida de relación se incorporan a aquellos.
Puede afirmarse de manera razonable que las consecuencias desencadenadas sobre la forma de relacionarse la víctima con su mundo exterior, entendido este en toda su dimensión, ameritan el reconocimiento de una cifra superior toda vez que la realidad de padecer incapacidades, disfunciones orgánicas de carácter permanentes e irreparables y con tendencia a agravarse, así lo indican y soportan, pero los criterios de ponderación y razonabilidad permiten que la Sala en ejercicio del arbitrium judicis determine ese valor.
En materia como la que ahora es objeto de decisión, la Sala exhorta a los jueces de instancia para que en el objetivo de obtener una auténtica reparación integral de perjuicios, mas no un simple remedo de ella, hagan uso con firmeza y sin vacilación de todos los instrumentos legales de que disponen para establecer, cuando así ocurra, la existencia del daño a la vida de relación y su correlativa cuantificación, a efectos de avanzar en la prevalencia del derecho sustancial y la real aplicación del derecho material a favor de quienes acuden ante las autoridades jurisdiccionales después de haber sido lesionados en la forma como en este proceso ha ocurrido. Desde luego al asumir la compleja pero no difícil tarea de identificar e indemnizar esta especie de daño resarcible, los jueces deberán tener en cuenta los medios de convicción en los que se evidencien esos efectos, prudencia, objetividad y sensatez para evitar que ese perjuicio sea confundido con otro o que un determinado agravio pueda de manera errónea ser indemnizado dos o varias veces, resultado con el cual se contrariaría el postulado del non bis in idem.
Para esa proyección, con sujeción a las pretensiones y resultados que arrojen las pruebas periciales médico-científicas y de otro orden, los jueces de instancia no pueden abstenerse de desentrañar y reconocer el alcance de los obstáculos, privaciones, limitaciones, incapacidades permanentes o relativas, disfunciones orgánicas reparables o irreparables producidas como secuela de lesiones que deba asumir la víctima con referencia a las actividades ordinarias, usuales o cotidianas, no patrimoniales, que en concreto constituyen la vida de relación de las personas, y proceder a fijar un monto de indemnización en salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Esos montos deberán fijarse de manera mesurada, bajo la comprensión que los valores representados en la forma indicada no pueden responder a caprichos, veleidades, subjetivismos ni antojos, sino que por el contrario, deben guardar proporción y equilibrio con los efectivos daños a la vida de relación demostrados en la actuación.
Es claro que todo lo así afirmado se deriva al entender la casación penal como el máximo espacio jurisdiccional de amparo del derecho sustancial.
Por lo anterior, el cargo prospera en los términos así establecidos.
2.- El cargo segundo mediante el cual se acusó al Tribunal de incurrir en violación directa por interpretación errónea de norma sustancial está llamado a la no prosperidad. En efecto:
Haber convertido el monto de los perjuicios materiales en salarios mínimos mensuales legales vigentes y no realizarlo en pesos en el objetivo de que se actualicen al momento del pago conforme a las matemáticas financieras como variante del i.p.c., para que además se cobren intereses comerciales, no constituye error in iudicando alguno.
Al respecto el Tribunal dijo:
(…) tenemos que la conversión hecha a salarios mínimos de los perjuicios materiales, no entraña ningún error aritmético sustancial, pues al dividirse el mondo (sic) de los perjuicios considerados por el a-quo, esto es: $36.459.800 por el salario mínimo vigente para el año que corre ($496.900.oo) Decreto 4868 de 2008, ello arroja como resultado 73.37 s.m.m.l.v..
En lo que si discrepa la Corporación es en el aumento hecho por la instancia, quien multiplicó la cifra inicialmente indicada deducida por el “(…) interés corriente de diez (10) meses a una tasa de 1.8% mensual (…) sin que exista ninguna motivación para proceder de tal modo, máxime cuando las sumas de dineros se están actualizando en términos de salarios mínimos mensuales vigentes para el año en curso.
En consecuencia, los perjuicios materiales se limitarán únicamente a las sumas discernidas por el a quo en la sentencia, sin el aumento del 1.8% cuestionado, pero con la deducción a la que se hizo alusión en el literal precedente (…).
Entre tanto, respecto de los perjuicios materiales, se deducirán $6.000.000.oo por concepto de gastos de enfermera tasados por encima de lo solicitado, de la cifra inicialmente discernida, esto es $36.459.800.oo, lo que da como resultado $30.459.800.oo que divididos en salarios mínimos del año en curso ($496.900.oo) es equivalente a sesenta y uno punto veintinueve (61.29) s.m.m.l.v.
La indemnización en perjuicios así estimada en salarios mínimos mensuales legales vigentes, excluye actualizaciones conforme a las matemáticas financieras como variante del ipc al momento de liquidarse, y no es posible predicar se cobren intereses comerciales, como quiera que ese costo o agregado opera para transacciones de esa naturaleza, mas para liquidaciones derivadas por daños ocasionados por una conducta punible, además, cuando la liquidación se efectúa de esa manera, permite entenderse que se actualizan al momento del pago en los salarios mínimos mensuales, legales vigentes.
Por lo anterior, el cargo no prospera.
3.- El cargo tercero prospera. En efecto, es un hecho cierto e incontrastable que Jorge Humberto Molano Díaz en calidad de propietario del vehículo automotor, fue vinculado al proceso como tercero civilmente responsable y como sujeto procesal estuvo debidamente representado en todas las actuaciones a través de apoderado, pero a pesar de ello en los fallos de instancia se omitió pronunciamiento respecto de la responsabilidad civil que le corresponde asumir de manera solidaria con los otros condenados por esos conceptos.
Acerca de las facultades funcionales del superior en orden a proferir una decisión de condena que se ha omitido por los funcionarios de menor jerarquía, la Corte ha dicho:
La Sala se aparta de la solicitud del Ministerio Público en el sentido de casar la sentencia impugnada y decretar la nulidad parcial del proceso por pretermisión de la segunda instancia desde el fallo de primer grado para que el juez se pronuncie sobre la condena en perjuicios. Las razones son las siguientes:
El principio de la doble instancia presupone la existencia de un juez superior que revise los actos del inferior cuando las partes con interés jurídico para hacerlo lo reclamen, y la consagración de un mecanismo procesal que permita el ejercicio de este doble examen.
Específicamente consiste en la posibilidad de que las decisiones adoptadas por los jueces sean evaluadas y revisadas por un superior funcional, de manera que éste resuelva el punto objeto de controversia en forma definitiva, bien sea confirmando, aclarando, modificando o revocando el pronunciamiento adoptado en primera instancia.
En la Constitución Política el derecho a la doble instancia se erige en una garantía fundamental que integra el debido proceso, conforme se establece de las previsiones contenidas en sus artículos 31, a cuyo tenor “toda sentencia podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley”, y 29, que consagra que toda persona tiene derecho a “… impugnar la sentencia condenatoria…”.
Sobre su alcance, la Corte Constitucional tiene dicho que este principio constituye [“una piedra angular dentro del Estado de Derecho”, como quiera que garantiza, en forma plena y eficaz, el derecho fundamental de defensa, al permitir que “el superior jerárquico del funcionario encargado de tomar una decisión en primera instancia, pueda libremente estudiar y evaluar las argumentaciones expuestas y llegar, por tanto, al convencimiento de que la determinación adoptada se fundamentó en suficientes bases fácticas y legales o que, por el contrario, desconoció pruebas, hechos o consideraciones jurídicas que ameritaban un razonamiento y un juicio diferente”.2
Ha precisado también que la doble instancia surgió ante la necesidad de preservar el principio de legalidad y la integridad en la aplicación del derecho, ya que asegura la posibilidad de corregir los errores en que pueda incurrir el juez o fallador en la adopción de una decisión judicial o administrativa, y permite enmendar la aplicación indebida que se haga de la Constitución o de la ley por parte de una autoridad, constituyéndose en una garantía contra la arbitrariedad, y en mecanismo idóneo y eficaz para la corrección de los yerros en que pueda incurrir una autoridad pública.
Esto ha llevado a sostener que en el origen de la institución de la doble instancia subyacen los derechos de impugnación y de contradicción, en cuanto estas garantías exigen la presencia de una estructura jerárquica que permita la participación de una autoridad independiente, imparcial y de distinta categoría que revise la decisión cuestionada.
El mecanismo por excelencia para activar la doble instancia, en los procesos ordinarios en general, es el recurso de apelación en su doble connotación; de un lado, para garantizar el ejercicio de la impugnación a quienes han intervenido en el proceso cuando estén legitimados para hacerlo, y de otro, para remediar los errores judiciales.
En los orígenes del instituto, el superior sólo cumplía funciones confirmatorias o anulatorias. Si la decisión era correcta le impartía el aval, pero si era incorrecta la anulaba y hacía uso del mecanismo del reenvío para que el inferior la dictara de nuevo acatando las directrices del pronunciamiento de segundo grado.
En la actualidad, constituye la dinámica propia del recurso de apelación que el superior ejerza además funciones de corrección automática cuando la decisión impugnada es incorrecta reservándose la facultad anulatoria y el mecanismo de reenvío, siempre y cuando no afecte el principio de la prohibición de la reformatio in pejus consagrado en el artículo 31 de la Constitución Política.
Se busca asegurar, de esta manera, la realización de los principios de economía, celeridad y eficacia de la administración de justicia, y de hacer materialmente funcional el mecanismo de la segunda instancia, otorgando facultades al superior para que también asuma las funciones de corrección, y resuelva, en forma definitiva, el punto objeto de controversia.
Sostener que el ejercicio de corrección por el superior viola el derecho de contracción de la parte que resulta afectada con el nuevo pronunciamiento, carece de sentido, porque la decisión que el superior adopta es el resultado (síntesis) del estudio de una propuesta realizada por el impugnante (tesis) y de una contrapropuesta esbozada por el no recurrente (antítesis), es decir, de una operación dialéctica en la que las partes ya han tenido la oportunidad de fijar sus criterios y posturas jurídicas en torno al punto que se decide.
Recapitulando puede decirse entonces que el superior funcional, en ejercicio de la facultad de revisar que le otorga la segunda instancia, está habilitado para (i) confirmar lo decidido en primera instancia, (ii) corregir los yerros que afectan la decisión y (iii) anular la actuación por vicios que afectan su validez.
Descendiendo al caso, observa la Sala que la revocatoria del Tribunal estuvo acorde con las facultades de corrección que la Constitución y la Ley le otorgan como superior funcional, primero, porque se pronunció exclusivamente sobre el tema de inconformidad, esto es, la ausencia de condena en perjuicios, y segundo, porque estaba habilitado para adoptar la decisión correspondiente, conforme a la petición de los impugnantes y, a las atribuciones que le discernían la facultad de corrección.
Esta doble decisión, de revocar el pronunciamiento impugnado y reemplazarlo por la que proponía la parte civil, no desborda las facultades otorgadas por la normatividad legal al juez de segunda instancia, porque, como ya se dejó consignado en renglones anteriores, el poder de corrección hace también parte de las facultades a él otorgadas, y la consecuencia, cuando la impugnación prospera por errores que no son de actividad, no puede ser otra que dictar la decisión de reemplazo.
Luego, el argumento expuesto por los apoderados de los terceros civilmente responsables, en el sentido de que se violó la segunda instancia, carece de fundamento, entre otras razones, porque el tema de impugnación era ese, porque lo pretendido por la parte civil era que se entrara a condenar a su pago, porque el superior estaba en la obligación de hacerlo si los elementos de juicio allegados al proceso lo permitían, y porque, los ahora demandantes contaron con la oportunidad que les ofrecía el traslado a los no recurrentes para oponerse, y no lo hicieron, privando al Tribunal de conocer sus reparos frente al recurso de apelación3.
En lo que corresponde al caso, se advierte que la Sala como superior funcional con facultades de control legal y constitucional de las sentencias de primera y segunda instancia, puede efectuar los correctivos sustanciales referidos a las falencias incurridas en aquellas. En efecto:
No se entiende cómo se omitieron decisiones respecto de la condena en perjuicios a pagar por el tercero civilmente responsable, decisión que la Constitución y la Ley autorizan, máxime cuando fue solicitada por el apoderado de la víctima al apelar el fallo de primer grado.
Por tanto, se considera que esta decisión correctiva no desborda las facultades otorgadas a la Sala de Casación Penal por la normatividad legal, y la consecuencia, no puede ser otra que dictar la decisión de reemplazo.
En esa medida, si lo pretendido por el apoderado de la víctima era que acorde con el derecho sustancial se condenara al pago de perjuicios al sujeto procesal de la referencia, y en las sentencias de primero y segundo grado se omitió de manera inexplicable, se entiende que esta Corporación está en el deber legal y constitucional de efectuar el correctivo de derecho material que corresponde aplicar, máxime cuando los elementos de juicio allegados al proceso lo permiten, y porque, el ahora tercero civil contó con la oportunidad de oponerse a lo solicitado por el apoderado de la víctima.
Por lo anterior, el cargo prospera y la parte en mención está obligada a pagar de manera solidaria a favor de la víctima los valores que por concepto de perjuicios morales, materiales y de daño a la vida de relación aquí se han deducido.
A mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
RESUELVE:
1.- Casar de manera parcial la sentencia de segunda instancia del 3 de diciembre de 2009 proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, en el sentido de fijar en setecientos (700) salarios mínimos mensuales legales vigentes los perjuicios por daños a la vida de relación que se incorporan a los de carácter moral a pagarse a favor de Rita Stella Bohórquez Páez en forma solidaria por Luis Fernando Ramírez Gómez y las empresas Autollanos S.A., y Seguros La Equidad.
2.- Casar de manera parcial la sentencia en cita, y condenar a Jorge Humberto Molano Díaz en su calidad de tercero civilmente responsable al pago de los perjuicios por los daños antes referidos y los materiales deducidos en los fallos de instancia.
Contra esta decisión no procede recurso alguno. Devuélvase el expediente al despacho de origen.
MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS
JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ
ALFREDO GÓMEZ QUINTERO AUGUSTO J. IBÁÑEZ GUZMÁN
JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS YESID RAMÍREZ BASTIDAS
JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA JAVIER ZAPATA ORTIZ
TERESA RUIZ NÚÑEZ
Secretaria
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 13 de mayo de 2008, Radicado 11001-3103-006-1997-09327-01.
2 Corte Constitucional, sentencia de tutela T- 083 de 1998.
3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 10 de mayo de 2010, Radicado 28.498.