33541(05-05-10)

2010

Asistente Jurídico Inteligente

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Proceso n.° 33541  

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  

SALA DE CASACIÓN PENAL  

                     

Magistrado Ponente:  

JAVIER ZAPATA ORTIZ  

Aprobado Acta No. 137  

          Bogotá D. C., cinco (5) de mayo de dos mil diez (2010)   

VISTOS:  

Surtido   el  traslado  que  establece  el  artículo  500  del Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, corresponde  a  la  Corte  decidir  sobre la solicitud de práctica de pruebas elevada por el  defensor  de EVELIO DE JESÚS GIRALDO GIRALDO, ciudadano colombiano requerido en  extradición  por  el  gobierno  de  los  Estados  Unidos para que comparezca en  juicio por delitos federales de narcóticos.   

ANTECEDENTES:  

1.  Mediante  Nota  Verbal No. 2905 de 19 de  Noviembre  de  2009, el gobierno de los Estados Unidos de América, solicitó la  detención  provisional  con  fines  de  extradición  del  ciudadano colombiano  EVELIO   DE   JESÚS   GIRALDO  GIRALDO,  por  delitos  federales de narcóticos.   

2.  Con base en esa petición, el Ministerio  de  Relaciones  Exteriores remitió copia al Fiscal General de la Nación, quien  a  través  de  resolución  de  26 de noviembre de 2009 decretó la captura con  fines  de  extradición,  la  cual  se hizo efectiva por miembros de la Policía  Nacional el 3 de diciembre de 2009.   

3.  Posteriormente, por medio de Nota Verbal  No.  0161  de  27  de  enero  de  2010,  la  Embajada  de  los Estados Unidos de  América,   formalizó  la  solicitud de extradición, en la cual sintetiza  los  hechos y las pruebas que fundamentan las imputaciones delictivas contenidas  en  la  Acusación  No.  S2 09 Cr 542, dictada el 24 de septiembre de 2009 en el  Tribunal  Federal  de  Distrito  de los Estados Unidos, Distrito Judicial Sur de  Nueva  York,  indicando,  que  el  requerido  es miembro de una organización de  tráfico  de  narcóticos  que  importaba  a  los Estados Unidos desde Colombia,  cocaína  y heroína, sustancias controladas (Folio 136  -139 cdno. anexo).   

4.   Los cargos por los que se acusa al  requerido son:   

“Cargo  Uno:  Concierto  para  distribuir  y poseer con la intención de distribuir sustancias  controladas,  a  saber  (a) cinco kilogramos y más de mezclas y sustancias  que  contenían  una cantidad perceptible de cocaína, y (b) un kilogramo y más  de  mezclas y sustancias que contenían una cantidad perceptible de heroína, lo  cual  es  en  contra  del  Título  21,  Secciones 841 (a) (1) y (b) (1) (A) del  Código  de los Estados unidos, en violación del título 21, Sección  846  del código de los Estados Unidos.   

Cargo  Dos:  Concierto  para importar a los  Estados   Unidos,  desde  un  lugar  fuera  de  los  Estados  Unidos  sustancias  controladas,  a  saber,  (a) cinco kilogramos y más de mezclas y sustancias que  contenían  una  cantidad  perceptible de cocaína, y (b) un kilogramo y más de  mezclas  y  sustancias  que  contenían una cantidad perceptible de heroína, lo  cual  es en contra del Título 21, Sección 952 y 960 (a) (1), 960 (b) (1) (A) y  (B) y Sección 963 del Código de los Estados Unidos.   

La  acusación  también incluye la pena de  decomiso  de  conformidad  con  el  Título 21, Sección 846, 853, 963 y 970 del  código  de  los  Estados  Unidos, la cual busca el decomiso de todos los bienes  que  se  hayan  derivado de ingresos obtenidos como resultado de la comisión de  los  anteriores  delitos. Si dichos bienes no estuvieren disponibles, las normas  anteriores  permiten  que  otros bienes del acusado sean decomisados”.   

Explica  que  para  la  consecución  de  la  asociación  ilícita  y  los  objetivos  de  la  misma  EVELIO DE JESUS GIRALDO  GIRALDO,   pactó   con   otras   personas   de  la  organización  el  arreglo,  financiación  y  envió  de  heroína  y cocaína proveniente de Colombia a los  Estados  Unidos,  escondida en ropa interior, tubos de apoyo de una maleta, y en  un  transformador,  desde  el  mes  de abril hasta el mes de septiembre de 2009.   

5.   El  requerido,  EVELIO  DE  JESÚS  GIRALDO  GIRALDO,  designó  defensor  de  confianza,  a  quien se le reconoció  personería  mediante  auto  de  23  de  febrero  de 2010 y se dispuso correr el  traslado para solicitar pruebas.   

Únicamente la defensa solicitó la práctica  de pruebas; el Ministerio Público guardó silencio.   

Pruebas solicitadas  

1.  “Obtener    de    la   División   de  Extranjería  del  DAS  la  información relacionada con las entradas, salidas y  destinos  del  requerido”.   

2. “Solicitar   a  la  Embajada  de  los  Estados  Unidos  en  Colombia,  certifique  si  GIRALDO  GIRALDO  tiene  visa  norteamericana  y  si figura como  visitante    de    los    Estados    Unidos    en    alguna   época”.   

3. “Solicitar  a las diferentes autoridades judiciales y de policía del  país   información  sobre  los  antecedentes  penales  del  requerido  GIRALDO  GIRALDO”.   

4. “Solicitar   a  la  Fiscalía  General  de  la  Nación  –Centro de Servicios de las Ciudades de  Medellín  y  Bogotá-  si se solicitó ante un juez de Control de Garantías la  interceptación  de  la línea telefónica que tenía  GIRALDO GIRALDO para  el  año  2009  y  si  se  surtió el control de legalidad posterior”.   

La  defensa  soporta su pedimento probatorio  bajo  el  argumento  según  el cual pretende demostrar la validez formal de los  medios   de   obtención   de  los  elementos  materia  de  prueba  y  evidencia  física,   dice  además,  guardan  relación  directa  e indirecta con los  hechos  y circunstancias relativos a la comisión de las conductas investigadas,  identidad    y    presunta    responsabilidad    del   requerido   (folio 25 – 26 cdno original).   

CONSIDERACIONES DE LA SALA  

Conviene   precisar  desde  ahora  que  en  atención  a  lo señalado por el Ministerio de Relaciones Exteriores con oficio  No.     DAJI.E.0164     de     28     de    enero    de    2010,    “por  no  existir Convenio aplicable al  caso  es  procedente  obrar  de  conformidad  con el ordenamiento procesal penal  colombiano”, en concreto,  de  acuerdo  con  lo preceptuado en la Ley 906 de 2004, por cuanto los hechos en  los  cuales se fundamenta la petición de extradición ocurrieron después de la  entrada     en     vigor     de     la     misma1,  es  decir, con posterioridad  al 1º de enero de 2005.   

En  relación  con  la  viabilidad  de  la  práctica  de  pruebas,  ha  señalado  de  manera  reiterada  la  Corte, que su  procedencia  está  determinada  por  el  concepto que le corresponde emitir, el  cual,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo 502 del estatuto  procesal  penal,  se  fundamenta  en  “la   validez   formal   de   la  documentación  presentada,  en  la  demostración  plena de la identidad del solicitado, en el principio de la doble  incriminación,  en la equivalencia de la providencia proferida en el extranjero  y,  cuando  fuere  el  caso,  en  el cumplimiento de lo previsto en los tratados  públicos”.   

De  conformidad  con los artículos 35 de la  Carta  y  490  de la Ley 906 de 2004, ha indicado la Sala, el concomitante deber  de  precisar  aspectos  tales  como:  si  los hechos imputados al colombiano por  nacimiento  fueron  cometidos  en  el  exterior  y en fecha no anterior al 17 de  diciembre  de  1997;  que  el  solicitado  se encuentre en el país o se presuma  estarlo;  que  la  demanda de extradición se haga por la vía diplomática y en  casos  excepcionales  por  la  consular o de Gobierno a Gobierno; que se adjunte  copia  auténtica  de  las  disposiciones  foráneas  penales aplicables al caso  (artículo  495  ídem)  y  finalmente, de conformidad con el artículo 29 de la  Constitución,   debe   constatar  como  órgano  límite  de  la  jurisdicción  ordinaria  que  en  nuestro país no se haya ejercido jurisdicción (non  bis  in  ídem)  sobre  el hecho que  sustenta     el     pedido     de    extradición2.    

Lo   anterior   significa   que  para  ser  pertinentes  las  pruebas solicitadas, el peticionario está compelido a indicar  con  toda  claridad  los  hechos y circunstancias que pretende demostrar con los  elementos  probatorios  cuya  incorporación  o práctica demanda, y el nexo que  guardan  con  los  elementos del concepto, naturalmente,         siempre  que  se  encuentren  permitidos  por  la  ley  como  medios  demostrativos   (conducentes)  y  que  evidencien  algo  que  aún  no  ha  sido  comprobado  en la actuación (útiles); cualquier otro aspecto que el interesado  se  proponga  acreditar  en  el  trámite de extradición, excede la naturaleza,  alcances  y  limitaciones del concepto que debe emitir la Corte y, por ende, las  pruebas  destinadas a verificar cuestiones extrañas, son impertinentes, ello de  conformidad   con   los   artículos   139,   359   y  375  de  la  Ley  906  de  2004.   

         

Teniendo   en   cuenta   los   anteriores  parámetros,  considera la Sala que las pruebas obrantes en los numerales 1 y 2,  son  manifiestamente  impertinentes, pues si con ellas se pretende demostrar que  EVELIO  DE  JESÚS  GIRALDO GIRALDO no ha ingresado al territorio de los Estados  Unidos  y  por lo tanto no ha delinquido; este es un aspecto totalmente ajeno al  thema     probandum  propio  de este trámite, en el  cual   no   puede  discutirse  el  acervo  probatorio  recaudado  por  el  país  solicitante,   ni  la  forma  en  que  ha  sido  valorado,  pues  dicho  aspecto  corresponde  a  la  órbita de competencia de los jueces extranjeros, en la cual  no  puede inmiscuirse la Corte, y que debe ser alegado únicamente ante aquellos  funcionarios.  Además,  la  Sala  no advierte, ni el defensor explica, por qué  razón  si  su  representado  no  ha  viajado  a Estados Unidos ello descarta de  manera  absoluta  que  haya cometido el delito por el que se le acusa, razón de  más para vislumbrar su impertinencia.   

Con  respecto  a  la  solicitud  probatoria  registrada  en  el numeral 3º, es igualmente impertinente, pues no se advierte,  ni  el  apoderado  señala,  cuál es la relación entre establecer si EVELIO DE  JESÚS  GIRALDO  GIRALDO   tiene  antecedentes  y  los  temas que deben ser  abordados  por  la  Corte  al emitir su concepto, es decir, nada acreditaría en  punto  de  la validez formal de la documentación presentada, la plena identidad  del  reclamado  en extradición, la concurrencia de la doble incriminación y la  equivalencia  de la providencia proferida en el extranjero con la resolución de  acusación del sistema colombiano.   

         

Ahora, si con la solicitud probatoria obrante  en  el  numeral 4º de lo que se trata es de cuestionar la validez de los medios  de  prueba  con  fundamento  en los cuales las autoridades judiciales de Estados  Unidos  han  edificado  la  acusación  proferida  en contra de EVELIO DE JESÚS  GIRALDO  GIRALDO,  también  es impertinente, pues baste señalar que no es este  trámite  el  propicio  para  librar  un  tal  debate,  como  que  ello debe ser  cuestionado  ante  las  autoridades  de  dicho  país  y  de conformidad con los  cánones procedimentales allí establecidos.   

En  virtud  de los argumentos esbozados, las  pruebas  solicitadas  en  los  numerales  1,  2,  3,  y  4  se  rechazarán  por  impertinentes,  señalando  que  esta  fase  del trámite de extradición no fue  dispuesta  para  practicar  toda clase de pruebas, sino únicamente aquellas que  guarden  relación  con  los  temas  sobre los que debe ocuparse el concepto que  corresponde emitir a la Sala.   

En  invariable  jurisprudencia  la  Corte ha  reiterado  que  la  extradición  es  un  mecanismo de asistencia y cooperación  judicial  entre  los  Estados,  en  donde  no  se  asume  una labor de carácter  jurisdiccional.  Por  tanto,  su  función  se  restringe  a  la  confrontación  objetivo  formal  de  la  documentación  presentada  frente a los elementos del  concepto.   

No  corresponde a la Corte, en consecuencia,  realizar  juicios  sobre  la  validez  y  el  mérito  de  las  pruebas; tampoco  verificar  las  circunstancias  de  modo, y tiempo de ocurrencia y ejecución de  los  hechos  investigados;  no debe decidir sobre la tipicidad o antijuridicidad  de  la  conducta  del  requerido;  ni  debe  opinar acerca de la responsabilidad  penal,   a   riesgo  de  desbordar  el  objeto  del  concepto  y  arrogarse  una  jurisdicción  que  no  le  compete,  en  contravía  de la soberanía del país  requirente.   

          Ahora  bien,  dado  que  no  se  advierte la necesidad de ordenar de  oficio  la  práctica  de  medios  probatorios acerca de los temas que deben ser  abordados  en  el concepto que corresponde emitir a la Sala, se impone continuar  con el trámite de extradición.   

En  mérito  de  lo  expuesto,  la  Sala  de  Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,   

RESUELVE  

1.  Negar por improcedente la práctica de las  pruebas  solicitadas  por  el  defensor  del  ciudadano EVELIO DE JESÚS GIRALDO  GIRALDO, requerido en extradición.   

2.  Correr   traslado  del  expediente  a  los  intervinientes  para  que presenten alegatos de conformidad con el artículo 500  del  Código  de  Procedimiento  Penal,  Ley  906  de 2004, una vez haya cobrado  ejecutoria esta decisión.   

Contra esta providencia procede el recurso de  reposición.   

Notifíquese y cúmplase  

MARÍA   DEL   ROSARIO   GONZÁLEZ   DE  LEMOS   

Aclaración de voto  

JOSÉ       LEONIDAS       BUSTOS  MARTÍNEZ                                       SIGIFREDO  ESPINOSA PÉREZ   

ALFREDO  GÓMEZ QUINTERO                                            AUGUSTO J. IBÁÑEZ GUZMÁN   

JORGE  LUIS  QUINTERO  MILANÉS                                          YESID    RAMÍREZ    BASTIDAS               

JULIO  ENRIQUE  SOCHA SALAMANCA                                        JAVIER ZAPATA ORTIZ   

TERESA RUIZ NÚÑEZ  

Secretaria    

1  En  este  sentido,  Autos  del  4  de  abril  y  del 3 de octubre de 2006, radicados  números 24187 y 25080, respectivamente, entre otros.   

2 CORTE  SUPREMA    DE    JUSTICIA,   SALA   DE   CASACIÓN   PENAL,    Concepto  del  19  de  febrero  de 2009,  radicación   30.374,   y   auto   del   22   de   julio  de  2009,  radicación  31.824.     

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