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Proceso n° 32770
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
Magistrado Ponente:
Dr. SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ
Aprobado Acta N° 31.
Bogotá, D.C., tres de febrero de dos mil diez.
VISTOS
Dentro del presente trámite de extradición que se adelanta respecto del ciudadano colombiano IGNACIO LEAL GARCÍA, requerido por el gobierno de los Estados Unidos de América, le corresponde a la Corte emitir concepto, de conformidad con lo establecido en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, toda vez que venció el término de traslado a los intervinientes para alegar, en desarrollo del cual se pronunciaron la Delegada del Ministerio Público y el apoderado del solicitado.
ANTECEDENTES
1. La Embajada de Estados Unidos en Colombia, mediante nota verbal No. 1176 del 22 de mayo de 2009, solicitó la detención provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano IGNACIO LEAL GARCÍA, por cuanto en ese país es requerido para comparecer a juicio conforme la acusación sustitutiva No. 04-446 (TFH), dictada el 1º de marzo de 2006 en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, por el siguiente cargo:
“Cargo Uno: Concierto para (a) importar cinco kilogramos o más de cocaína a los Estados Unidos, y (b) producir y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína con la intención de que dicha cocaína fuera importada a los Estados Unidos, en violación del Título 21, Secciones 812, 952, 959 y 960 del Código de los Estados Unidos, todo en violación del Título 21, Sección 963 del Código de los Estados Unidos”.
2. Con resolución del 27 de julio de 2009, el Fiscal General de la Nación ordenó la captura con fines de extradición de IGNACIO LEAL GARCÍA, la cual le fue notificada personalmente el 29 de julio siguiente en la Penitenciaria Nacional La Picota de Bogotá, donde se hallaba recluido purgando pena por el delito de falsedad en documento público.
3. Mediante la nota verbal No. 2418 del 25 de septiembre de 2009, la Embajada de Estados Unidos en Colombia formalizó la solicitud de extradición de IGNACIO LEAL GARCÍA, allegando para el efecto la documentación traducida y legalizada.
4. El Ministerio de Relaciones Exteriores envió el dossier al del Interior y de Justicia, informando que “por no existir Convenio aplicable al caso es procedente obrar de conformidad con el ordenamiento procesal penal colombiano”. Esta última dependencia remitió el expediente a la Corte, en donde luego de procurarse porque el requerido contara con la debida defensa, se ordenó el traslado para que los intervinientes solicitaran pruebas, término dentro del cual se pronunció el apoderado del requerido.
5. En auto del 18 de noviembre de 2009, la Corte admitió la solicitud de pruebas pedida por el mencionado sujeto procesal, para lo cual dispuso oficiar a varios despachos judiciales en orden a averiguar si contra el solicitado se adelanta o adelantó proceso penal; igualmente, de oficio, se dispuso pedir a la Registraduría Nacional del Estado Civil copia de la tarjeta decadactilar correspondiente a IGNACIO LEAL GARCÍA, así como de su cédula de ciudadanía, documentos e información que en efecto fueron remitidos.
7. Surtido el traslado para alegar, lo hizo en forma oportuna la Delegada del Ministerio Público y el defensor del solicitado en extradición.
ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO
La Procuradora Tercera Delegada para la Casación Penal, después de sintetizar la actuación, entra a verificar la forma como fueron expedidos y autenticados los documentos aportados, para concluir que está acreditada la validez formal de tal documentación.
En lo que tiene que ver con la identificación plena del reclamado, manifiesta que según el testimonio vertido por el Fiscal Auxiliar Randall W. Jackson, el solicitado en extradición responde al nombre de IGNACIO LEAL GARCÍA, alias “Camilo” o “El Tuerto”, lo cual confirmó y ratificó el agente de la DEA Daniel J. Dyer, quien además informó que el requerido nació el 26 de julio de 1969 en Colombia y es titular de la cédula de ciudadanía No. 96.186.610.
Destaca que en el acta de notificación personal de la orden de captura y la constancia de buen trato, el capturado plasmó su firma y número de cédula de ciudadanía, que coincide con la mencionada por las autoridades norteamericanas. Tal dato también aparece en el poder otorgado para su representación en el trámite que se adelanta ante esta Corte.
En relación con el principio de doble incriminación, después de citar los cargos contenidos en la acusación No. 04-446 (TFH) dictada el 1º de marzo de 2006, señala que el comportamiento ejecutado por el solicitado se encuentra tipificado en el artículo 340 del Código Penal colombiano que define y sanciona el concierto para delinquir con fines de narcotráfico.
Aquí se detiene la Delegada, para señalar que como la extradición de IGNACIO LEGAL GARCÍA se sustenta en hechos relacionados con tráfico de drogas, delito por el cual está siendo procesado en nuestro país, advierte necesario verificar si los supuestos fácticos por los cuales son distintos.
En ese propósito, después de transcribir los hechos por los cuales se le acusa en uno y otro país, advierte que aunque se desarrollaron en el mismo contexto de su actividad como narcotraficante, miembro del grupo insurgente FARC, los hechos que se juzgan en el proceso que cursa en el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá), que se encuentra a despacho para proferir sentencia, son distintos a los que sustentan el pedimento de extradición, pues estos dan cuenta de sus gestiones como jefe de finanzas del Décimo frente de las FARC, en relación a los arreglos que hacía para comprar y transportar toneladas de pasta de coca para procesar y exportar a los Estados Unidos, y además persuadir forzadamente a los campesinos para cultivar hoja de coca y vendérsela a la guerrilla.
Mientras tanto, agrega, los hechos por los cuales se le acusó en Colombia, se refieren a la detención de un vehículo automotor, dentro del que se transportaban insumos químicos para la elaboración de sustancias alucinógenas, que serían entregados a IGNACIO LEAL GARCÍA.
De todas maneras, señala la Delegada, de considerarse idéntica la situación fáctica en una y otra nación, ha de tenerse en cuenta que para la fecha en que se efectuó la solicitud de detención con fines de extradición, esto es, 22 de mayo de 2009, y aún al momento de recibirse la respectiva documentación enviada a la Corte por las autoridades judiciales colombianas, no se había dictado sentencia condenatoria por delitos relacionados con tráfico de drogas, razón por la cual no se consolida causal de improcedencia fundada en la vulneración del principio del non bis in idem, conforme el criterio actual de la Corte.
En cuanto a la equivalencia de la providencia proferida en el extranjero con la resolución acusatoria nacional, advierte que se cumple satisfactoriamente esta exigencia, toda vez que la acusación proferida por la Corte de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia contra IGNACIO LEAL GARCÍA, equivale a la pretensión de la fiscalía en el sistema acusatorio colombiano.
Por esas razones, la delegada del Ministerio Público sugiere a la Corte que emita concepto favorable a la extradición del ciudadano colombiano LEAL GARCÍA, exhortando al Gobierno Nacional para que advierta expresamente que el requerido no sea procesado por hechos distintos a los que generan su extradición, ni sometido a pena de muerte, desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni condenado a las penas de destierro, prisión perpetua o confiscación. Igualmente, que al solicitado se le respeten las garantías debidas a su condición de justiciable, y que conforme a las políticas internas sobre la materia, se le brinde posibilidades reales y racionales de tener contacto con sus familiares más cercanos.
ALEGATOS DEL DEFENSOR
El apoderado de IGNACIO LEAL GARCÍA solicita que la Corte emita concepto desfavorable a la solicitud de que se trata.
Después de referirse a la documentación anexa al pedido de extradición, sostiene que su cliente está solicitado por conductas que en el Código Penal colombiano encuentran su adecuación típica en los artículos 340, 376 y 382 del Código Penal, delitos por los cuales fue llamado a juicio y condenado en este país, razón por la cual se consolida la “excepción de cosa juzgada” y la prohibición de doble incriminación.
En orden a fundamentar su tesis, trae a colación los hechos objeto de la acusación formal dictada el 1º de marzo de 2006 por el Gran Jurado ante la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, por cargos de conspiración para desarrollar conductas relacionadas con la importación y distribución de sustancias controladas al país requirente, así como las declaraciones que la sostienen, para afirmar luego que en el proceso que cursa contra IGNACIO LEAL GARCIA en el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Santa Rosa de Viterbo, radicado bajo el No. 20008-00022, se le acusó por los delitos de tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos en concurso con concierto para delinquir con fines de narcotráfico, conforme las descripciones típicas contenidas en los artículos 382 y 340 del Código Penal, según resolución del 31 de octubre de 2007 dictada por la Unidad Nacional de Narcóticos e Interdicción Marítima, decisión que fue confirmada por la Unidad Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá el 31 de marzo de 2008, proceso en el cual se agotó la audiencia pública de juzgamiento y se dictó sentencia el 22 de diciembre de 2009.
Cita in extenso el desarrollo jurisprudencial contenido en la decisión del 16 de septiembre de 2009, radicado No. 31.031 y manifiesta que en el caso que motiva el pedido de extradición, su representado no ha sido aún sometido a juicio y menos condenado.
Como fundamento jurídico de su pretensión cita las diez primeras enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos de América.
CONCEPTO DE LA CORTE
Aspectos generales.
La competencia de la Corte dentro del trámite de extradición está enfocada a expresar un concepto sobre la procedencia de entregar o no a la persona solicitada por un país extranjero, después de examinar los puntos a que se refiere el artículo 502 de la Ley 906 de 2004, sin dejar de considerar que el artículo 35 de la Constitución Política en su inciso 2º, reformado por el Acto Legislativo No. 1 de 1997, autoriza la extradición de colombianos por nacimiento cuando son reclamados por delitos cometidos en el exterior y las conductas que los originan así también se consideren en la legislación penal colombiana.
Con base en ese marco normativo, entrará la Sala a estudiar la solicitud de extradición del ciudadano colombiano IGNACIO LEAL GARCÍA.
Lugar y fecha de las conductas imputadas
Sobre éste aspecto, debe observarse que de acuerdo con la resolución de acusación No. 04-446 (TFH) dictada el 1º de marzo de 2006 en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, las imputaciones que recaen sobre IGNACIO LEAL GARCÍA corresponde al concierto para ejecutar delitos de tráfico de narcóticos, específicamente para importar a los Estados Unidos de Norteamérica cinco kilogramos o más de cocaína, conductas que fueron llevadas a cabo “desde por lo menos alrededor de 2001 hasta alrededor de 2008”, de lo cual surge que se satisface la condicionante constitucional de que el hecho haya sido cometido en el exterior, con posterioridad al 17 de diciembre de 1997.
Significa lo anterior que no aparece motivo constitucional impediente de la extradición.
1. Validez formal de la documentación presentada.
El Cónsul de Colombia en Washington autenticó los documentos aportados en apoyo de la solicitud de extradición del ciudadano colombiano IGNACIO LEAL GARCÍA, de conformidad con el artículo 259 del Código de Procedimiento Civil, (folio 34, carpeta).
En tal forma, el mencionado funcionario certifica la firma de la Auxiliar de Autenticaciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, quien a su vez avala la de la Secretaria de Estado, Hillary Rodham Clinton, y está la rúbrica de Eric H. Holder, Jr., Procurador de los Estados Unidos, quien certifica la de Thomas Black, Director Asociado de la Oficina de Asuntos Internacionales, División de lo Penal, del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, encargado de dar cuenta de la autenticidad de las declaraciones juradas de Randall W. Jackson, Fiscal Auxiliar Especial, y Daniel J. Dyer, Agente Especial de la Administración de Control de Drogas de Nueva York (folios 34 a 38 carpeta).
Adicionalmente, el Jefe de Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores abonó la firma del agente consular, el 28 de septiembre de 2009, como consta en el reverso del documento suscrito por éste (folio 34 vto., carpeta).
Como documento anexo y debidamente traducido, aparece la acusación No. 04-446 (TFH), dictada el 1º de marzo de 2006 en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, contra IGNACIO LEAL GARCÍA alias “Camilo” o “Tuerto” y otros miembros de la organización subversiva FARC de Colombia, así como la orden de captura librada por esa Corte (folios 114 y ss. carpeta).
Del mismo modo, figuran las copias, traducidas en debida forma, de las disposiciones penales del Código de los Estados Unidos aplicables al caso (folios 151 a 158, carpeta).
De acuerdo con lo anterior, la documentación presentada en respaldo del pedido de extradición de IGNACIO LEAL GARCÍA es formalmente válida.
3. Identidad plena del solicitado en extradición IGNACIO LEAL GARCÍA.
De acuerdo con las notas diplomáticas Nos. 1176 y 2418, IGNACIO LEAL GARCÍA, también conocido con los alias de “Camilo” y “Tuerto”, es ciudadano colombiano, nacido el 26 de julio de 1969, y se identifica con la cédula de ciudadanía N° 96.186.610.
Al momento de ser aprehendido, LEAL GARCÍA se identificó con ese documento, cuyo número aparece en el acta de derechos del capturado, en la constancia de buen trato, en la diligencia de notificación de la resolución que ordenó su captura y en el poder que confirió al abogado de confianza que lo ha representado en el presente trámite; además, la Registraduría Nacional del Estado Civil allegó copia de su tarjeta decadactilar, y en este asunto no se puso en cuestión la identidad del requerido.
Por lo anterior, el requisito de su plena identidad se encuentra satisfecho.
4. Equivalencia de la providencia proferida en el extranjero.
La Corte sobre este punto se ha pronunciado de manera reiterada y uniforme. Cabe recordar en torno a esta temática, que a pesar de la diferencia de los sistemas procesales de los países involucrados en el presente trámite de extradición, las acusaciones proferidas por las autoridades judiciales de los Estados Unidos resultan equivalentes a la resolución de acusación prevista en nuestras normas procesales, pues contiene una narración sucinta de la(s) conducta(s) investigada(s), con especificación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar; tiene como fundamento las pruebas practicadas en la investigación; califica jurídicamente la(s) misma(s), con la invocación de las disposiciones penales aplicables, y, tal cual sucede con el proferimiento de la resolución de acusación en nuestro ordenamiento interno, marca el comienzo del juicio, en el cual el acusado tiene la oportunidad de controvertir las pruebas y los cargos dictados en su contra.
De ahí que esta exigencia, del mismo modo, se encuentre debidamente colmada.
5. El principio de la doble incriminación.
De acuerdo con el numeral 1º del artículo 493 del Código de Procedimiento Penal, la doble incriminación se presenta cuando el hecho que es motivo de la extradición está “previsto como delito en Colombia y reprimido con una sanción privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a cuatro (4) años”.
La Corte tiene dicho que para establecer si la conducta que se le imputa al requerido en el país solicitante es considerada como delito en Colombia, debe hacerse una comparación entre las normas que allí sustentan la sindicación, con las de orden interno para establecer si éstas también recogen los comportamientos contenidos en cada uno de los cargos.
Tal confrontación se hace con la normatividad que está en vigor al momento de rendir el concepto, puesto que lo emite dentro del trámite de un mecanismo de cooperación internacional, razón por la cual la aplicación del principio de favorabilidad que podría argüirse como producto natural de la sucesión de leyes no entraría en juego, por cuanto las domésticas no son las que operarán en el extranjero. Lo que a este propósito determina el concepto es que, sin importar la denominación jurídica, el acto desarrollado por el ciudadano cuya extradición se demanda sea igualmente considerado como delictuoso en el territorio patrio.
Pues bien, de acuerdo con el resumen contenido en la nota verbal No. 2418, en la acusación No. 04-446 (TFH), dictada el 1º de marzo de 2006 por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia contra IGNACIO LEAL GARCÍA, se formula un único cargo, en los siguientes términos:
“Cargo Uno: Concierto para (a) importar cinco kilogramos o más de cocaína a los Estados Unidos, y (b) producir y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína con la intención de que dicha cocaína fuera importada a los Estados Unidos, en violación del Título 21, Secciones 812, 952, 959 y 960 del Código de los Estados Unidos, todo en violación del Título 21, Sección 963 del Código de los Estados Unidos”.
También se advierte en el mismo documento que IGNACIO LEAL GARCÍA prestaba sus servicios como oficial de finanzas para el Décimo Frente a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y que en tal capacidad, estaba involucrado en todos los aspectos de las operaciones de ese frente.
“Específicamente, desde por lo menos alrededor de 2001 hasta alrededor de 2008, Leal García compraba y hacia los arreglos para el transporte de cientos de toneladas de pasta de cocaína, las cuales se tenía la intención de ser procesadas e importadas a los Estados Unidos y a otros lugares, como en efecto sucedió posteriormente.
“Leal García le ordenaba a los miembros del Décimo Frente a que alentaran a todos los cultivadores de coca en las áreas de Colombia controladas por el Décimo Frente, a abandonar otros cultivos y, en su lugar, cultivaron coca para la producción de cocaína; y a que forzaran a dichos cultivadores a vender la base de coca exclusivamente a las FARC. Leal García también supervisaba la recolección de grandes cantidades de base de coca, bajo la dirección del entonces comandante del Décimo Frente, y orquestaba la entrega de dicha base de coca a laboratorios controlados por las FARC para su procesamiento y posterior entrega en Venezuela y en otras áreas”
Ahora bien, de acuerdo a la normatividad allegada, la sección 812 del Título 21 del Código de los Estados Unidos, contiene la lista de sustancias controladas, entre ellas, la “…cocaína, sus sales, isómeros ópticos y geométricos y sales de isómeros…”, relacionada en la lista o tabla II.
A su vez, la sección 952 del Título 21 del Código de los Estados Unidos, señala:
“Importación de sustancias controladas
(a) Sustancias controladas de la Tabla I o II y los estupefacientes de la Tabla III, IV o V;…
(b) Será ilegal la importación hacia el territorio aduanero de los Estados Unidos desde cualquier lugar fuera de éste (pero dentro de los Estados Unidos), y la importación hacia los Estados Unidos, desde cualquier otro lugar fuera del país, de una sustancia controlada de la Tabla I o II del subcapítulo I de este capítulo, o cualquier estupefacientes de la Tabla III, IV o V del subcapítulo I de este capítulo…”
A su vez, la Sección 960 del mismo título establece que:
“Actos prohibidos. A
“(a) Actos ilícitos
El que…
1. en violación de las secciones 952, 953 ó 957 de este título, con conocimiento de causa o intencionalmente importe o exporte una sustancia controlada,
…
(3) en violación de la Sección 959 de este título, fabrique, posea con intenciones de distribuir o distribuya una sustancia controlada,
“será castigado según se establece en la subsección (b) de esta sección.
“(b) Las penas
“(1) En caso de una violación de la subsección (a) de esta sección que trata de…
…
“(B) 5 kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contenga una cantidad perceptible de
…
“(i) hojas de coca, salvo las hojas de coca y extractos de hojas de coca de los cuales se han quitado la cocaína, la ecgonina y los derivados de ecgonina, o sus sales;
“(ii) cocaína, sus sales, isómeros ópticos y geométricos, y las sales de los isómeros;
(iii) ecgonina, sus derivados y las sales, isómeros y sales de isómeros de los derivados;
…
“(iv) cualquier compuesto, mezcla o preparado que contenga alguna cantidad de cualquiera de las sustancias referidas en los incisos (i) a (iii);
…
“El que cometa tal violación de la ley será castigado con la pena de prisión por un término de cuando menos 10 años y no mayor que la cadena perpetua,…con una multa que no deberá exceder de lo autorizado en el Título 18, o US $4.000.000 si el reo es individuo…, o con ambas penas… cualquier sentencia impuesta bajo este párrafo…incluirá un término de libertad supervisada de por los menos 5 años además del término de prisión…”
Por su parte, la Sección 963 del Título 21 del mismo Código, establece:
“Tentativa y concierto
“El que intente o concierte para perpetrar cualquier delito definido en este subcapítulo será castigado con las mismas penas que se prevén para el delito cuya comisión era el objetivo de la tentativa o el concierto”
Ahora bien, tal como lo señala la Procuradora Delegada en su concepto, los cargos imputados contra el señor IGNACIO LEAL GARCÍA, concretados en la conspiración entre varias personas para el tráfico de narcóticos, tiene su correspondencia en el Código Penal colombiano, específicamente en el artículo 340, inciso 2º, modificado por los artículos 8º de la Ley 733 de 2002, 14 de la Ley 890 de 2004 y 19 de la Ley 1121 de 2006, preceptivas que establecen una pena que hoy va de 8 a 18 años de prisión y multa de 2.700 a 30.000 smlmv., para quien se concierte para cometer, entre otros, delitos de tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.
Además, la importación de la sustancia vedada al territorio de los Estados Unidos y su distribución, tienen correspondencia en la legislación punitiva patria, toda vez que el artículo 376 tipifica el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, de la siguiente manera: “El que sin permiso de autoridad competente, salvo lo dispuesto sobre dosis para uso personal, introduzca al país, así sea en tránsito o saque de él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, financie o suministre a cualquier título droga que produzca dependencia, incurrirá en prisión de ocho (8) a veinte (20) años y multa de mil (1.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
6. Respuesta a las alegaciones del defensor
Es cierto que a partir de la decisión del 19 de febrero de 2009, proferida en el trámite de extradición radicado bajo el No. 30.374, la Sala determinó que tratándose de la extradición de colombianos por nacimiento la función de la Corte no se limita a la verificación del cumplimiento de los requisitos formales establecidos en la ley aplicable, sino también, de acuerdo con los fines del Estado, a propender por la efectividad de los derechos y garantías fundamentales contempladas en la Constitución Política, evitando que una persona sea juzgada dos veces por un mismo hecho punible, por lo que su deber se extiende, en el trámite de extradición, acorde con lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política, a los aspectos que a pesar de no hacer parte de los que expresamente se señalan en el artículo 502 de la Ley 906 de 2004, constituyen presupuesto para su procedencia.
Por esto, en relación con los principios de cosa juzgada y non bis in ídem en tratándose de la extradición de nacionales, la Sala de manera unánime precisó:
“La cosa juzgada es un atributo reconocido por la ley a las sentencias declaradas en firme, que las torna inmutables e irrefragables, en aras de la garantía de la seguridad jurídica. Por virtud de ella, se declara cerrado el caso y se generan ciertos efectos jurídicos, de obligatorio cumplimiento, siendo uno de ellos el llamado por la doctrina y la jurisprudencia efecto negativo o excluyente de la cosa juzgada, que impide que respecto de la misma persona pueda dictarse una segunda sentencia por los mismos hechos por los cuales ya fue juzgada.
“Esta prohibición, condensada en el principio non bis in ídem, se encuentra garantizada en la legislación colombiana por la propia Constitución Nacional, en su artículo 29, como integrante del derecho fundamental del debido proceso, y complementariamente por el artículo 21 de la Ley 906 de 2004…”
“(…)
“Entre los Estados Unidos de América y Colombia no existe en la actualidad tratado de extradición vigente, que consagre excepciones o condiciones distintas de las establecidas en la normatividad nacional y en los convenios multilaterales suscritos por Colombia, siendo por tanto, conforme a estas disposiciones que debe procederse, según lo previsto en el artículo 490 de la Ley 906 de 2004 y lo indicado por la Oficina Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores…”
“(…)
“Esto significa que si la persona que es solicitada en extradición ya ha sido juzgada por los mismos hechos que motivan la petición, se impone dar aplicación al principio de cosa juzgada penal, en su sentido negativo o excluyente, conforme a las previsiones normativas contenidas en las disposiciones citadas, que prohíben que una misma persona pueda ser enjuiciada dos veces por el mismo hecho.
“Tal prohibición sólo opera, desde luego, cuando se cumplen todos los presupuestos para declarar la existencia de la cosa juzgada penal, es decir, (i) cuando exista sentencia en firme o providencia que tenga su misma fuerza vinculante, también en firme, (ii) cuando la persona contra la cual se adelantó el proceso sea la misma que es solicitada en extradición, y (iii) cuando el hecho objeto de juzgamiento sea el mismo que motiva la solicitud de extradición.
“En los demás casos, verbigracia, cuando no se ha iniciado proceso, o cuando habiéndose iniciado no ha concluido, o cuando la persona solicitada no es la misma, o cuando no existe correspondencia entre los hechos de la extradición y los de la decisión en firme, el Gobierno Nacional goza de total libertad para tomar la decisión que considere más acertada, en aplicación de los criterios de conveniencia nacional y cooperación internacional.”1
Igualmente, en reciente oportunidad2, la Sala precisó las hipótesis en donde los principios de cosa juzgada y non bis in ídem deben llevar a conceptuar desfavorablemente a una petición de extradición, así:
“8.9.1 Si antes de recibirse la petición de captura con fines de extradición existe en Colombia decisión en firme, con carácter de cosa juzgada, por los mismos hechos que fundamentan la solicitud de envío fuera del país, el concepto será desfavorable con el fin de respetar los principios de cosa juzgada y de non bis in ídem (artículos 29 Constitucional, 19 de la Ley 600 de 2000 y 21 de la Ley 906 de 2004).
“8.9.2 Si hasta antes de emitirse la opinión por esta Corporación existe en Colombia investigación por los mismos hechos que sustentan la solicitud de extradición, el concepto podrá ser favorable y se advertirá al Presidente de la República que tiene la opción de diferir la entrega hasta cuando se juzgue o cumpla la pena, en caso de condena, o hasta que por preclusión de la instrucción o sentencia absolutoria haya terminado el respectivo proceso (artículos 522 de la Ley 600 de 2000 y 504 de la Ley 906 de 2004).
“8.9.3 Si la providencia de fondo adquiere el carácter de cosa juzgada en Colombia después del pedido de extradición y antes de emitirse el concepto, este último será desfavorable en los casos de cesación de procedimiento, preclusión de la investigación y sentencia absolutoria, debido a que en estos eventos se ha ejercido la jurisdicción por nuestro país y, de llegarse a someter los hechos a un nuevo juzgamiento, se desconoce el principio de la prohibición de doble incriminación o de non bis in ídem .
“8.9.3.1 En los eventos de sentencia condenatoria se pueden distinguir varias hipótesis:
“Cuando el fallo se dictó dentro de un proceso penal que agotó regularmente todas las etapas y quedó ejecutoriado antes de pronunciarse el respectivo concepto, éste será desfavorable en virtud a los principio de buena fe, eficacia en la administración de justicia y lealtad procesal (artículos 83 de la Carta Política, 10 y 12 de la Ley 906 de 2004) teniendo en cuenta que el procesado se ha sometido a la justicia nacional.
“Si la sentencia se profiere como resultado de la aplicación de una de las formas de terminación anticipada del proceso penal (Vr.gr. sentencia anticipada -artículo 40 de la Ley 600 de 2000-, aceptación de la imputación, pre-acuerdos -artículos 293 y 348 ss. de la Ley 906 de 2004- etc.), el concepto será desfavorable, siempre y cuando se demuestre inequívocamente que con anterioridad al pedido de extradición se llevó a cabo la manifestación libre, consciente y voluntaria por parte del procesado de acogerse a uno cualquiera de esos institutos; la misma se plasmó en una acta con el total cumplimiento de los requisitos formales y sustanciales para tal efecto; y esa actuación condujo indefectiblemente al fallo de condena en los mismos y exactos términos en los cuales se aceptó o convino la responsabilidad del solicitado en extradición, siempre y cuando, -se reitera-, que la sentencia quede en firme antes de que la Corte emita su opinión.
“Lo anterior, porque de lo contrario se facilita que esas figuras sean utilizadas indebidamente para evadir la extradición en violación de los principios de buena fe, eficacia en la administración de justicia, lealtad procesal (artículos 83 de la Carta Política, y 10 y 12 de la Ley 906 de 2004), así como de cooperación internacional en la lucha contra la criminalidad (artículo 189 ibídem).
“Con dicha exigencia no se aplica un trato desigual a quienes se acogen a esos mecanismos con posterioridad al pedido de extradición teniendo en cuenta que se trata de situaciones de hecho diferentes que ameritan soluciones diversas debido a que en los citados eventos los procesados han participado eficazmente en la definición de su caso y contribuido a una pronta y cumplida justicia desde antes de la intervención extranjera confiando en la recta y cumplida justicia colombiana (artículos 348 de la Ley 906 de 2004 y 4 de la Ley 270 de 1996 o Estatutaria de la Administración de Justicia).”
En el presente evento, la documentación allegada al trámite permite señalar que contra el ciudadano colombiano IGNACIO LEAL GARCÍA obran las siguientes sentencias y actuaciones pendientes con la justicia colombiana:
i. Sentencia condenatoria dictada por el Juzgado Único Penal del Circuito de Saravena – Arauca, por el delito de uso de documento público falso.
ii. Sentencia condenatoria anticipada dictada por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Arauca el 15 de diciembre de 2009, por el delito de rebelión.
iii. Proceso en curso por el delito de tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos y concierto para delinquir con fines de narcotráfico, en el cual se dictó sentencia absolutoria el pasado 22 de diciembre de 2009, que se encuentra en trámite de notificación y ya fue recurrida en apelación por la Fiscalía Delegada3.
Lo anterior permite establecer que no existe motivo impidente para conceptuar favorablemente al pedido de extradición del señor IGNACIO LEAL GARCÍA, pues los delitos en relación con los cuales ya se le condenó en Colombia –uso de documento público falso y rebelión- son distintos a los que motivan la solicitud, y en relación con las conductas relacionadas con el tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos y concierto para delinquir con fines de narcotráfico, la sentencia absolutoria dictada por el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Santa Rosa de Viterbo a favor de LEAL GARCÍA no se encuentra ejecutoriada, según la reciente información obtenida por el Despacho del Magistrado Sustanciador y de acuerdo con la cual, el fallo fue recurrido en apelación por la Fiscalía Delegada.
Lo anterior, atendiendo estrictamente los parámetros señalados en el antecedente arriba citado4, en el que se advierte que el concepto será desfavorable sólo si la sentencia absolutoria proferida por los mismos hechos adquiere la condición de cosa juzgada antes de la emisión del respectivo concepto, situación que no se consolida en el presente evento.
7. Por lo tanto, verificado el cumplimiento de los requisitos señalados en el Código de Procedimiento Penal para conceptuar favorablemente a la extradición del ciudadano colombiano IGNACIO LEAL GARCÍA, conforme con la nota verbal No. 2418 del 25 de septiembre de 2009, suscrita por la Embajada de los Estados Unidos de América, por el cargo uno imputado en la acusación No. 04-446 (TFH), dictada el 1º de marzo de 2006 por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, la Corte procederá de conformidad.
En todo caso, habida cuenta que de acuerdo con las normas punitivas de los Estados Unidos aplicables a los delitos por los que solicitó la extradición prevén como sanción hasta cadena perpetua, la cual está prohibida en Colombia (artículo 34 de la Constitución Política), le corresponde al Gobierno Nacional, en caso de que conceda la entrega requerida, condicionar la extradición a la conmutación de la misma, así como imponer las exigencias que considere oportunas para que se observe ese precepto constitucional, y a fin de que LEAL GARCÍA no vaya a ser juzgado por un hecho anterior al que motiva la extradición (artículo 494 del Código de Procedimiento Penal), ni sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Del mismo modo, para que a IGNACIO LEAL GARCÍA se le reconozca como parte cumplida de la pena que se le llegare a imponer en el país requirente, el tiempo que ha permanecido privado de la libertad por razón de este trámite.
También es preciso advertir que como el trámite de la extradición entre Estados Unidos de América y Colombia se rige, en ausencia de un instrumento internacional que regule los motivos de procedencia, requisitos, trámite y condiciones, por las normas contenidas en la Constitución Política (artículo 35) y en el Código de Procedimiento Penal (artículos 490 a 514 de la Ley 906 de 2004), cuando recae sobre ciudadanos colombianos por nacimiento –si es pasiva-, es imperioso que el Gobierno Nacional haga las exigencias que estime convenientes en aras a que en el país reclamante se le reconozcan todos los derechos y garantías inherentes a su calidad de colombiano y de procesado, en especial las contenidas en la Carta Fundamental y en el denominado bloque de constitucionalidad, es decir, en aquellos convenios internacionales ratificados por Colombia que consagran y desarrollan derechos humanos (artículo 93 de la Constitución, Declaración Universal de Derechos Humanos, Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), en virtud del deber de protección a esos derechos que para todas las autoridades públicas emana del artículo 2º ibídem.
Tales condicionamientos tienen carácter imperioso, porque la extradición de un ciudadano colombiano por nacimiento, cualquiera sea el delito que dio lugar a su entrega a un país extranjero, no implica que pierda su nacionalidad ni los derechos que le son anejos a tal calidad. Por tanto, el deber de protección de las autoridades colombianas se extiende a tal punto, que han de vigilar que en el país reclamante se le respete los derechos y garantías tal como si fuese juzgado en Colombia. A lo que renuncia el Estado que accede a la entrega de un connacional es a ejercer su soberanía jurisdiccional, de modo que en tanto aquél siga siendo súbdito de Colombia, conserva a su favor todas las prerrogativas, garantías y derechos que emanan de la Constitución y la ley, en particular, aquellos que se relacionan con su calidad de procesado y que tienen que ver con la dignidad humana.
Por esa razón, de conformidad con lo establecido por el artículo 189-2 de la Constitución Política, al Gobierno Nacional, en cabeza del señor Presidente de la República como supremo director de la política exterior y de las relaciones internacionales, le corresponde hacer estricto seguimiento del cumplimiento por parte del país requirente de los condicionamientos atrás referenciados y establecer, así mismo, las consecuencias de su inobservancia (Cfr. concepto del 23 de febrero de 2005, radicación N° 22.375).
A mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL,
CONCEPTÚA FAVORABLEMENTE a la extradición del ciudadano colombiano IGNACIO LEAL GARCÍA, formulada por vía diplomática por el Gobierno de los Estados Unidos, en relación con el cargo uno, imputado en la acusación No. 04-446 (TFH), dictada el 1º de marzo de 2006 por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia.
Corresponde al Gobierno Nacional, condicionar la entrega a los puntos especificados en la parte pertinente de este concepto. También le corresponde exigir al país reclamante que en caso de un fallo de condena, tenga en cuenta el tiempo que IGNACIO LEAL GARCÍA ha permanecido privado de su libertad con ocasión de este trámite.
Igualmente que en virtud de lo dispuesto por el numeral 2º del artículo 189 de la Constitución Política, le compete al Gobierno, encabezado por el señor Presidente como supremo director de la política exterior y de las relaciones internacionales, realizar el respectivo seguimiento a los condicionamientos que se impongan a la concesión de la extradición y determinar las consecuencias que se derivarían de su eventual incumplimiento.
La Secretaría de la Sala comunicará este concepto al solicitado IGNACIO LEAL GARCÍA y demás intervinientes en el trámite de extradición.
Devuélvase el expediente al Ministerio de Justicia y del Derecho para lo de su competencia.
Comuníquese y cúmplase.
MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS
Aclaración de voto
JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ
Permiso
ALFREDO GÓMEZ QUINTERO AUGUSTO J. IBAÑEZ GUZMÁN
JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS YESID RAMÍREZ BASTIDAS
JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA JAVIER DE JESÚS ZAPATA ORTIZ
TERESA RUIZ NÚÑEZ
Secretaria
1 Conceptos de extradición de 19 de febrero de 2009, radicado No. 30.377 y de 6 de mayo de 2009, radicado No. 30.373.
2 Concepto de 16 de septiembre de 2009, radicado 31.036
3 Folio 76, segundo cuaderno de la Corte.
4 Concepto del 16 de septiembre de 2009, radicado No. 31.036