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Proceso No 32483
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
Magistrado Ponente
JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS
Aprobado acta Nº 331
Bogotá D.C., veintiuno (21) de octubre de dos mil nueve (200).
V I S T O S
La Sala resuelve la admisibilidad del recurso de casación interpuesto por el defensor de RODRIGO JURADO RENDÓN contra la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior de Pasto, el 13 de marzo de 2009, mediante la cual confirmó la dictada por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de la misma ciudad, el 30 de enero de ese año, y lo condenó a las penas principales de 4 años de prisión, multa de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes e interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo lapso de la privativa de la libertad, como autor de la conducta punible de concusión.
H E C H O S
El juzgador de segunda instancia los sintetizó de la siguiente manera:
“Se denunció que en el curso del año 2000, el señor RODRIGO JURADO RENDÓN – al haber asumido el cargo de Alcalde Municipal de Taminango (Nariño) – se empeñó en que le fuera cancelado el contrato a la señora KATTY JHOVANNA MUÑOZ FERNÁNDEZ, quien a la sazón se desempeñaba como Coordinadora de Atención al Usuario en la E.P.S Indígena Mallamas con sede en la cabecera del citado municipio, para que en su lugar se vincule a una persona de su confianza y afinidad política.
“Para esa finalidad realizó actos indebidos de presión contra el Gerente de la citada E.P.S y contra la propia trabajadora”.
A N T E C E D E N T E S
1. Por los anteriores hechos, la Fiscalía Dieciséis Seccional de Pasto, el 31 de mayo de 2004, acusó a Rodrigo Jurado Rendón por la conducta punible de concusión, providencia que cobró ejecutoria el 15 de junio de ese año.
2. La etapa del juicio la tramitó el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pasto que, el 30 de enero de 2009, dictó sentencia de primera instancia en la que condenó a Rodrigo Jurado Rendón a las penas principales de 4 años de prisión, multa de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes e interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo lapso de la privativa de la libertad, como autor de la conducta punible de concusión.
3. Apelado el fallo por la defensa técnica, el Tribunal Superior de Pasto, el 13 de marzo de 2009, lo confirmó.
Contra la anterior decisión, el defensor de Jurado Rendón interpuso recurso de casación.
LA DEMANDA DE CASACIÓN
El defensor del acusado, con base en las causales tercera y primera de casación, según la sistemática reglada en la Ley 600 de 2000, presenta dos cargos contra la sentencia, cuyos argumentos se sintetizan, así:
Primer cargo
Acusa al Tribunal de haber dictado sentencia en un juicio viciado de nulidad, habida cuenta que la acción penal se extinguió en razón a la prescripción, “toda vez que desde la ejecutoria de la resolución de acusación a la fecha, ha transcurrido el término prescriptivo…”.
Argumenta que en este particular asunto el lapso de extinción de la acción penal no es superior a 5 años, puesto que se trata de la etapa del juicio.
Después de transcribir una decisión de la Corte, manifiesta que no comparte que en este asunto se incremente dicho plazo con el argumento que su defendido ostentaba la calidad de servidor público, pues esa circunstancia “no alcanza a tener aplicación pues constituiría una doble sanción, ya que tratándose de un tipo penal que requiere agente calificado, y por ello no puede ser cometido por particulares, el legislador ya ubicó la gravedad del hecho al tipificarlo y a imponer una determinada sanción que atiende también esa condición oficial…”.
Considera que conoce que la Corte ha desarrollado la jurisprudencia frente a dicho asunto. No obstante, estima que se debe “revisar y tomar una decisión más conforme con la natural forma de observar e interpretar las normas”. Agrega que si se advierte la redacción del artículo 83 del Código Penal, se infiere que no es posible realizar dicho aumento por razón de la condición de servidor público.
Insiste en que el término de prescripción es de 5 años, puesto que se trata de un comportamiento cometido por un funcionario público. De ahí que no resulta correcto aumentar la pena máxima en virtud de esa calificación.
Así las cosas, como quedó plasmado en la relación procesal, se acusó a su procurado por el presunto delito de concusión, el 31 de mayo de 2004, y toda vez que la providencia cobró ejecutoria el 14 de junio siguiente, de acuerdo con lo reglado en el artículo 86 del Código Penal, el plazo de los 5 años ya transcurrió.
Acota que dicho yerro es trascendente, en tanto el Estado ya perdió la facultad para juzgar el comportamiento punible atribuido a Jurado Rendón.
Como normas vulneradas cita los artículos 29 y 250 de la Constitución Política, 82, 83 y 86 del Código Penal y 9°, 16 y 38 del Código de Procedimiento Penal, “en concordancia a los parámetros punitivos del artículo 140 de la misma obra, pero aplicada por favorabilidad en lo atinente de la Ley 190 de 1995, de manera que prevaleciendo ésta sobre cualquier consideración agravante, al no hacerlo, al no prescribir la acción, se le estaría pretermitiendo”.
En consecuencia, solicita a la Corte casar la sentencia impugnada y, por lo mismo, “decretar la nulidad de todo lo actuado a partir de actuación posterior al 14 de junio de 2009”.
Segundo cargo
Acusa al Tribunal de haber violado, de manera indirecta, la ley sustancial por error de hecho por falso juicio de identidad, situación que se vio reflejada en el examen de la tipicidad, puesto que la infracción de concusión requiere que a la víctima “se le imprima temor o una condición vinculante al pedido irregular, dado que en el caso que nos ocupa, por el contrario, existe en la prueba de cargo, suficiente información como para concluir que en ningún momento las personas frente a las que se planteó la solicitud de disposición de la Sra. Katty Jhoana Muñoz, hicieron caso de ello, no gestionaron absolutamente ningún trámite interno para despedirla o lograr de ella una renuncia, antes por el contrario se sostuvieron en el respaldo de la funcionaria…”.
Por tanto, reitera que en el trámite no se demuestra dicho elemento de la conducta punible de concusión. Destaca que en el evento que hubiese ocurrido la inducción “no se tuvo ni siquiera una respuesta de promesa”.
Luego de referirse al error de hecho por falso juicio de identidad, apoyado en jurisprudencia de la Sala, aduce que los juzgadores incurrieron en dicho yerro, puesto que los funcionarios reaccionaron de manera contraria a la petición hecha por Jurado Rendón. Así, indica que Enríquez Miranda, Gerente de la E.P.S, elevó queja ante la Procuraduría.
En cuanto a la versión de Olga Lucia Núñez del Hierro, resalta que en virtud a los roces que había con el Alcalde, inicialmente pidió licencia no remunerada y posteriormente presentó renuncia. Del mismo modo, anota que la declarante no le dio la trascendencia necesaria a la petición del acusado.
Insiste en que de los elementos de juicio allegados al proceso no se puede inferir que hubo inducción para declarar insubsistente a la víctima y, por lo mismo, tampoco se estructuran los elementos integrantes de la conducta punible de concusión.
Después de señalar los principios de pertinencia, conducencia y utilidad de la prueba y de informar el concepto de constreñir e inducir, acota que la renuncia de la supuesta víctima no fue el resultado de una disposición “del verdaderamente afectado ENRÍQUEZ MIRANDA, única persona llamada a congraciar el pedido de Jurado Rendón sino de sus propias circunstancias, que ni siquiera han sido explicadas por ella, y éste –el Gerente de MALLAMAS EPS- lo que tuvo fue una reacción contraria…”.
Advierte que la casación resulta procedente en aras de la efectividad del derecho material. Como normas vulneradas cita los artículos 7°, 20, 232 y 277 del Código de Procedimiento Penal.
En consecuencia, el libelista hace las siguientes peticiones a la Sala:
1. De acuerdo con el cargo primero, declarar la nulidad de todo lo actuado a partir del momento en que ocurrió la extinción de la acción penal por razón de la prescripción y se proceda de conformidad.
2. Casar “la sentencia en forma plena”. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
Acotación previa
Resulta procedente precisar que al procesado se le condenó según lo previsto en el artículo 140 del Decreto 100 de 1980, modificado por el artículo 21 de la Ley 190 de 1995, que establece como pena máxima del delito de concusión 8 años. Pero en virtud al principio de favorabilidad para efectos de la procedencia de la casación se tendrá en cuenta lo reglado en el artículo 218 del Decreto 2700 de 1991, que estatuye la común para delitos “que tengan señalada pena privativa de la libertad cuyo máximo sea o exceda de seis (6) años, aun cuando la sanción impuesta haya sido una medida de seguridad”, pues los hechos acaecieron en vigencia de esta última normativa.
Calificación formal de la demanda
1. Recuérdese que el libelo con el cual se pretende la casación de la sentencia debe ser un escrito lógico tendiente a demostrar el yerro denunciado, razón por la cual el mismo debe contener la causal, sus fundamentos jurídicos y, por supuesto, la trascendencia frente a las plurales acusaciones adoptadas en el fallo.
La casación es un recurso de naturaleza rogada por lo que compete al demandante que indique en qué consistió el yerro y cómo el mismo incidió en el resultado final del proceso. Si no se cumple con los anteriores presupuestos la demanda deberá ser inadmitida, puesto que la Sala, según el principio de limitación, no puede entrar a complementar al libelista.
2. En el supuesto que ocupa la atención de la Corporación, se advierte que el actor no cumplió con los anteriores parámetros en la postulación de los cargos que presenta contra la sentencia de segunda instancia, motivo por el cual se inadmitirá la demanda.
En lo atinente al primer cargo que el demandante invoca a través de la causal tercera de casación, vale destacar que acertó en su escogencia, en la medida en que como lo tiene decantado la jurisprudencia la extinción de la acción penal por razón de la prescripción, en sede de casación, se debe plantear por la nulidad pero su fundamentación se realiza por la vía de la infracción de la ley sustancial (causal primera), habida cuenta que “haber pasado por alto un hecho objetivo como lo constituye el paso del tiempo y su consecuencia, la imposibilidad de proseguir la actuación penal, vulnera el debido proceso, es lo cierto que el desarrollo del cargo, o mejor, su sustento, opera dentro de los presupuestos de la causal primera, ya que la inadvertencia o decisión de las instancias de abstenerse de reconocer el fenómeno prescriptivo, sólo puede provenir de la inadecuada interpretación o aplicación de normas concretas, o por el camino del yerro probatorio”1.
Ahora bien, respecto a la demostración del vicio el libelista se quedó a mitad de camino, toda vez que su discurso lo centra en plantear que la calidad de servidor público del acusado no puede ser tenida, de manera simultanea, para estudiar el aspecto de la tipicidad y verificar el término de la extinción de la acción penal por razón de la prescripción, pues ello implicaría “una doble sanción”.
Empero, de sus argumentos no se infiere el sustento de su afirmación, esto es, cómo la calidad de servidor público para los dos momentos señalados en precedencia constituye una sanción penal y no un elemento integrante del tipo relacionado con la conducta como sucede en el primer evento.
Es más, reconoce que la jurisprudencia de la Corte ha considerado el punto, pero, en su criterio, resulta desacertada, máxime cuando estima que la redacción del artículo 83 del Código Penal es concluyente respecto a que no es posible realizar dicho aumento por razón de la condición de servidor público.
Además, las anteriores afirmaciones del casacionista no cuentan con el correspondiente respaldo legal para concluir en su petición, dado que la circunstancia planteada en la censura no implica una doble sanción, en tanto la calidad de servidor público en el delito de concusión conduce a predicar que se trata de un sujeto activo cualificado, mientras que para verificar el término de prescripción de la acción penal, de acuerdo con el artículo 83 del Código Penal, se erige en una expresión que incide en el plazo que el legislador estatuyó para aumentarlo, teniendo como soporte criterios de política criminal, en virtud a la desazón que causaría en la sociedad el reconocimiento de un menor lapso cuando se trata de estos funcionarios, determinados comportamientos punibles que infringen bienes jurídicos especiales, como, por ejemplo, los relacionados con la administración pública y la complejidad de la investigación y del juzgamiento que a veces conlleva.
En otras palabras, los argumentos expuestos por el casacionista no logran evidenciar el desacierto hermenéutico que denuncia, máxime cuando, contrario a lo afirmado por el censor, la redaccion del artículo 83 es clara que no permite otras interpretaciones. Es decir, para computar los términos a fin de determinar si la acción penal se extinguió por razón de la prescripción, cuando se trate de funcionarios públicos que en ejercicio de sus funciones, de su cargo o con ocasión de ellos realice una conducta punible o participe en ella, siempre se deberá aumentar en una tercera parte.
De otro lado, en este evento no ha transcurrido dicho plazo para declarar la prescripción de la acción penal, esto es, el de los 6 años y 8 meses, pues la resolución de acusación adquirió firmeza el 15 de junio de 2004.
En consecuencia, como quiera que el reproche carece de la debida demostración en cuanto a la existencia del vicio, la Sala lo inadmitirá.
En lo que atañe al segundo cargo tampoco el libelista evidenció la existencia del error en la apreciación probatoria que imponga la intervención de la Corte como tribunal de casación.
En efecto, el actor en vez de demostrar en qué consistió la distorsión del contenido objetivo de la prueba allegada al proceso, como si esta impugnación fuera una tercera instancia, arremete contra el grado de credibilidad que el juzgador le otorgó a la unidad probatoria, al considerar que en este supuesto no se puede predicar la existencia de la tipicidad en el comportamiento desplegado por el acusado en el delito de concusión.
En esa disparidad de criterios el casacionista refuta que en el proceso no hay prueba suficiente “como para concluir…que las personas a las que se les planteó la solicitud de la Sra. Katty Jhoana Muñoz hicieron caso -omiso- de ello…”. Así como también presentar una personal opinión frente a las reacciones que tuvieron los funcionarios públicos respecto de la indebida petición realizada por el procesado consistente en declarar insubsistente a la víctima, sin que de ese discurso se advierta la existencia del invocado error de hecho por falso juicio de identidad.
De manera que resulta valido reiterar que la confrontación de criterios en torno al mérito dado a las pruebas no constituye yerro para ser postulado en casación, habida cuenta que el juzgador goza de libertad para justipreciar los medios de convicción allegados validamente a la actuación, sólo limitado por los postulados que informan al método de apreciación de la sana crítica, evento que aquí no ocurrió.
Y, por último, recuérdese que la sentencia llega esta sede amparada por la doble presunción de acierto y legalidad, esto es, los hechos y las pruebas fueron correctamente apreciadas y el derecho estrictamente aplicado, presunción que sólo se derrumba a través de las causales de casación, demostrando la existencia del vicio y su trascendencia frente a las plurales decisiones adoptadas en el fallo.
En tales condiciones, se impone la inadmisión de la demanda.
De otra parte, se advierte que del estudio del proceso no se vislumbra violación de derechos fundamentales o garantías de los intervinientes que determine el ejercicio de la facultad oficiosa de índole legal que al respecto le asiste a la Sala en punto de asegurar su salvaguarda.
En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL,
R E S U E L V E
INADMITIR la demanda de casación presentada a nombre de RODRIGO JURADO RENDÓN, por lo anotado en la motivación de este proveído. En consecuencia, se DECLARA DESIERTO el recurso.
Contra esta decisión no procede ningún recurso.
Comuníquese, notifíquese y cúmplase.
JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA
JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ
ALFREDO GÓMEZ QUINTERO MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS
AUGUSTO J. IBAÑEZ GUZMÁN JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS
YESID RAMÍREZ BASTIDAS JAVIER ZAPATA ORTIZ
TERESA RUÍZ NUÑEZ
Secretaria
1 Auto del 2 de julio de 2008. Radicación 29598.