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Proceso n° 31818
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
Magistrado Ponente
JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS
Aprobado acta Nº 360
Bogotá, D. C., dieciocho (18) de noviembre de dos mil nueve (2009).
V I S T O S
Procede la Corte a conceptuar sobre la solicitud de extradición del ciudadano colombiano William Ardila, elevada por el Gobierno de los Estados Unidos de América.
L A S O L I C I T U D
1. Mediante oficio número OFI09-13406-DVJ-0300 del 4 de mayo de 2009, el Ministerio del Interior y de Justicia comunicó a esta Sala de la Corte que el Gobierno de los Estados Unidos de América, por conducto de su Embajada en Colombia y mediante Nota Verbal número 0919 del 27 de abril del citado año, solicitó en extradición al ciudadano colombiano William Ardila, capturado el 27 de febrero de 2009, en cumplimiento de la resolución del 16 de febrero del mismo año, expedida por el Fiscal General de la Nación.
2. La normatividad que rige al presente trámite es la contemplada en el Libro V, Capítulo II del Código de Procedimiento Penal, en la medida en que no existe en el momento convenio aplicable que regule el asunto, como así lo conceptuó el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores, según oficio número OAJ.E. 874 del 28 de abril de 2009, quien además certificó que la documentación del expediente procedente de la Embajada de los Estados Unidos de América, fue presentada “debidamente autenticada”.
3. Los acontecimientos fácticos objeto de la investigación e imputación de los cargos formulados en su contra, motivo de la solicitud de extradición, fueron sintetizados en la Nota Verbal número 0301 del 5 de febrero de 2009 de la siguiente manera:
“La investigación ha revelado que en el 2005, o aproximadamente en ese año, hasta el 2008, o aproximadamente hasta ese año, Miguel Antonio Pereira Celemín, William Ardila, Freddy Rafael Orozco García, Alcibíades Enrique Cervantes Cujía, Adrián Leny Herrera Delgans, y Haider Farith González Larrada hicieron parte de una organización de tráfico de narcóticos (DTO) que importaba cocaína desde Colombia a los Estados Unidos. Desde aproximadamente el 2005 hasta aproximadamente el 2008, Miguel Antonio Pereira Celemín, se concertó con otros miembros de la DTO para importar a los Estados Unidos grandes cargamentos de cocaína producida en Colombia. Como parte de dicho concierto, la DTO lavó cientos de miles de dólares de los Estados Unidos, por y a través de los Estados Unidos, que eran las utilidades provenientes de las actividades de tráfico de narcóticos de la DTO.
“Como parte de la investigación, oficiales colombianos de las fuerzas del orden obtuvieron autorización judicial para interceptar teléfonos utilizados por la DTO para conducir sus operaciones de tráfico de narcóticos y lavado de dinero. Las autoridades colombianas interceptaron numerosas llamadas telefónicas en las cuales Pereira Celemín se concertó con otros miembros de la DTO para exportar cocaína a los Estados Unidos y a otros lugares, y para lavar las utilidades provenientes de la venta de narcóticos por y a través de los Estados Unidos. La participación de Pereira Celemín con los otros miembros de la DTO que son sujetos de esta solicitud de detención provisional puede resumirse así:
William Ardila:
“En agosto de 2007, en Maicao, Colombia, Ardila, junto con el co-acusado Haider Farith González Larrada, supervisó y participó en la entrega de 220 kilogramos de cocaína a otros miembros de la DTO con el propósito de distribuir dicha cocaína en los Estados Unidos y en otros lugares. Los 220 kilos fueron posteriormente incautados por las autoridades colombianas en Maicao. Durante este período, Ardila se concertó con Pereira Celemín y con otros dentro de la DTO para transferir por cable a Nueva York las utilidades provenientes de la venta de los narcóticos ganadas por la DTO. Dichas transferencias cablegráficas fueron hechas a nombre de William Ardila, pero eran para el beneficio de Pereira Celemín”.
(…)
“Todas las acciones adelantadas por el acusado en este caso fueron realizadas con posterioridad al 17 de diciembre de 1997”.
4. La documentación remitida por el Gobierno de los Estados Unidos de América que sustenta la solicitud de extradición del ciudadano colombiano William Ardila, es la siguiente:
4.1. Copia de la acusación sustitutiva número S1-08 CR. 165 del 15 de julio de 2008, por medio de la cual la Corte Distrital de los Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York, acusó, entre otros, a William Ardila del siguiente cargo:
“Cargo Uno: Concierto para importar a los Estados Unidos desde Colombia mezclas y sustancias que contenían una cantidad perceptible de cocaína, lo cual es en contra del Título 21, Secciones 952, 960(a) (1) y 960(b) (1) (B) (ii) del Código de los Estados Unidos, todo en violación del Título 21, Sección 963 del Código de los Estados Unidos; y
“Cargo Dos: Concierto para lavar instrumentos monetarios, en violación del Título 18, Sección 1956 (a) (1) (B) (i) y (h) del Código de los Estados Unidos.
“La acusación también incluye la pena de decomiso de conformidad con el Título 21, Sección 853 del Código de los Estados Unidos, y el Título 18, Secciones 981 y 982 del Código de los Estados Unidos, la cual busca el decomiso de todos los bienes que se hayan derivado de ingresos obtenidos como resultado de la comisión de los anteriores delitos. Si dichos bienes no estuvieren disponibles, las normas anteriores permiten que otros bienes del acusado sean decomisados”.
4.2. También se allegó copia de las declaraciones juradas de Jeffrey A. Brown, Fiscal Federal Auxiliar para el Distrito Sur de Nueva York, y de Phil Cousin, Agente Especial de la División de Investigaciones Penales del Servicio de Impuestos Internos (IRS) de los Estados Unidos en Nueva York, las que respaldan la acusación contra William Ardila.
El primer funcionario, esto es, Jeffrey A. Brown, incorpora en su declaración la descripción y vigencia de los tipos penales imputados en el pliego acusatorio, explica el alcance de la acusación y realiza una síntesis de los hechos, de la actuación procesal y de los cargos atribuidos al solicitado en extradición.
Por su parte, el Detective Phil Cousin relata, de manera pormenorizada, los hechos objeto de juzgamiento ante el citado Tribunal y la participación en los mismos por parte del requerido en extradición, respecto de quien suministra la información necesaria sobre su identidad.
4.3. Así mismo, se informó que el solicitado, William Ardila, “también conocido como ‘Titi’, es ciudadano de Colombia, nacido el 1 de enero de 1978, en Colombia. Es portador de la cédula colombiana No. 72.003.005”.
4.4. Se adjuntó copia del texto de las disposiciones del Código de los Estados Unidos de América que se afirman fueron infringidas por el solicitado en extradición y que se encontraban vigentes para la época de ocurrencia de los hechos.
4.5. Por último, se incorporó copia de la orden de captura proferida en contra del requerido en extradición y dictada por la Corte Distrital de los Estados Unidos de América, Distrito Sur de Nueva York.
PERÍODO PROBATORIO
La Sala, mediante providencia del 8 de septiembre de 2009, ordenó la prueba solicitada por el Ministerio Público consistente en que se oficiara a la Fiscalía General de la Nación y al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), a fin de que informaran si contra William Ardila se adelanta o se adelantó proceso por la incautación de 220 kilogramos de cocaína ocurrido en la Guajira, autoridades que certificaron que contra el solicitado en extradición no pesaba sentencia de condena por dicho acontecer.
ALEGATO DE LA PROCURADORÍA PRIMERA
DELEGADA PARA LA CASACIÓN PENAL
El representante del Ministerio Público, después de relacionar de manera detallada los hechos, los antecedentes, el trámite adelantado y los instrumentos allegados a este diligenciamiento, dice que en lo que respecta a la validez formal de los documentos, el Estado solicitante aportó, debidamente traducidas y autenticadas, las piezas acusatorias, en las que se reseñaron el lugar y las fechas donde ocurrieron los hechos y los delitos imputados, las normas penales y las declaraciones de apoyo a la solicitud de extradición, motivo por el cual se cumple con esta exigencia legal.
En torno a la demostración plena de la identidad del requerido, asevera que los datos suministrados por las autoridades del país requirente coinciden con los de la persona que fue notificada de la resolución expedida por la Fiscalía General de la Nación, por medio de la cual se ordenó su captura y que en este momento se encuentra detenida con fines de extradición.
Agrega que en la Nota Verbal allegada al presente trámite se consignaron sus datos personales, es decir, se trata de un ciudadano colombiano, nacido el 1 de enero de 1978 y que es portador de la cédula de ciudadanía número 72.003.005, datos que confirman dicha identidad, los cuales coinciden con los que suministró William Ardila al momento de su captura, sin que al respecto se haya mostrado ninguna objeción.
En lo que tiene que ver con el principio de la doble incriminación, sostiene que los cargos imputados a William Ardila encuentran adecuación típica en el artículo 340, modificado por las Leyes 733 de 2002 y 1121 de 2006, y el artículo 323, modificado por la Ley 1121 de 2006, del Código Penal, los cuales consagran los delitos de concierto para delinquir para cometer delitos de narcotráfico y lavado de activos, cuya pena privativa de la libertad no es inferior a 4 años, lo que le permite concluir que este postulado también se cumple.
En cuanto a la equivalencia de la providencia dictada en el extranjero, dice que “el indictment… equivale a la pretensión de la fiscalía en el sistema penal acusatorio colombiano…”, con lo cual en este asunto se encuentra satisfecho este presupuesto, por lo que estima que las formalidades legales se cumplen cabalmente para que la Corte proceda a emitir concepto favorable de la solicitud de extradición que el Gobierno de los Estados Unidos de América elevó respecto del ciudadano William Ardila.
Por último, en orden a garantizar los derechos fundamentales del ciudadano colombiano requerido en extradición, el Procurador Delegado sugiere a la Corte exhorte al Gobierno Nacional para que, en caso de que se conceda la extradición, se condicione la misma en el sentido de que el solicitado no sea juzgado por hechos anteriores al 17 de diciembre de 1997 ni condenado a cadena perpetua, ni sometido a desaparición forzada, torturas, ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a la pena de muerte etc.
En consecuencia, reitera la Delegada que las formalidades legales se cumplen cabalmente y sugiere que la Corte proceda a emitir concepto favorable a la solicitud de extradición del ciudadano colombiano William Ardila.
CONCEPTO DE LA CORTE
El artículo 502 de la Ley 906 de 2004 estatuye que el concepto que emite la Sala debe estar centrado en establecer, entre otros, la validez formal de la documentación presentada, en la demostración plena de la identidad del solicitado, en el principio de la doble incriminación, en la equivalencia de la providencia proferida en el extranjero y, cuando fuere el caso, en el cumplimiento de lo previsto en los tratados públicos.
En esas condiciones, se procederá a emitir concepto, así:
1. La validez formal de los documentos aportados
Advierte la Sala que la documentación presentada como soporte de la petición de extradición de William Ardila, cumple con las exigencias legales contempladas en los Códigos de Procedimiento Penal y Civil para tenerla como apta para fundar el respectivo concepto.
En efecto, no hay duda que los documentos se allegaron por vía diplomática, habiendo sido debidamente traducidos y autenticados, dentro de los cuales obra la copia de la acusación sustitutiva número S1-08 CR. 165 del 15 de julio de 2008, dictada por la Corte Distrital de los Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York, la cual fue firmada por el Presidente del Gran Jurado y por el Fiscal de los Estados Unidos, documentos cuya autenticidad de su contenido fue certificada con las firmas y el sello pertenecientes al Secretario de dicho Tribunal.
A su vez, obran las declaraciones juradas de Jeffrey A. Brown, Fiscal Federal Auxiliar para el Distrito Sur de Nueva York, y de Phil Cousin, Agente Especial de la División de Investigaciones Penales del Servicio de Impuestos Internos (IRS) de los Estados Unidos en Nueva York, cuyos contenidos y traducción al español, junto con el resto de la documentación que las acompaña, fueron certificados, el 16 de abril de 2009, por Thomas C. Black, Director Asociado de la Oficina de Asuntos Internacionales, División de lo Penal, del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América.
Así mismo, aparece que la documentación anexa hace referencia a la orden de captura, a la resolución de acusación y a las normas aplicables al caso, esto es, el Título 18, Secciones 982 (extinción de dominio en caso penal), 1956 (lavado de instrumentos monetarios) y 3282 (delitos no conminados con la pena de muerte) y el Título 21, Secciones 812 (tablas de sustancias controladas), 853 (penas), 952 (importación de sustancias controladas), 960 (hechos prohibidos) y 963 (intento y asociación delictuosa) del Código de los Estados Unidos de América.
Por su parte, la rúbrica y el cargo del señor Thomas C. Black fueron certificados por el señor Eric H. Holder, Jr. Procurador de los Estados Unidos, quien según su propia afirmación escrita, ordenó que se estampara el sello del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, siendo atestada la firma de aquél por el Director Adjunto de la Oficina de Asuntos Internacionales, División de lo Penal, y el sello del Departamento de Estado fue ordenado por la Secretaria de Estado, señora Hillary Rodham Clinton, de cuyo nombre dio fe el funcionario de Autenticaciones de la misma oficina.
Por último, dichos documentos fueron presentados para su autenticación ante el Vicecónsul de Colombia en Washington D. C., señor René Correa Rodríguez, como así lo constató y lo avaló la Oficina de Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, cumpliéndose con lo establecido por el artículo 259 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el 1°, numeral 118 del D. E. 2282 de 1989 que dice: “Los documentos públicos otorgados en país extranjero por funcionario de éste o con su intervención, deberán presentarse debidamente autenticados por el cónsul o agente diplomático de la República, y en su defecto por el de una nación amiga, lo cual hace presumir que se otorgaron conforme a la ley del respectivo país. La firma del cónsul o agente diplomático se abonará por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y si se trata de agentes consulares de un país amigo, se autenticará previamente por el funcionario competente del mismo y los de éste por el cónsul colombiano”, disposición aplicable al caso en virtud del principio de integración previsto en los artículos 25 y 495, último inciso, del Código de Procedimiento Penal de 2004.
Además, el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante oficio OAJ.E. 874 del 28 de abril de 2009, certificó que la documentación del expediente procedente de la Embajada de los Estados Unidos de América fue presentada “debidamente autenticada”.
Por lo tanto, teniendo en cuenta que la solicitud de extradición de William Ardila se hizo por la vía diplomática y que en la expedición y trámite de los mencionados documentos, así como en su traducción, se cumplieron todos los ritos formales de legalización prescritos por las normas de los Estados Unidos de América, la Corte los tendrá como aptos para servir de prueba en este asunto, cumpliéndose así con la primera exigencia legal.
2. La identificación plena del solicitado en extradición
No hay duda que el colombiano William Ardila, a quien se refiere este trámite, es la persona solicitada en extradición por el Gobierno de los Estados Unidos de América.
En efecto, de la documentación remitida por vía diplomática se colige claramente, como lo destaca la Procuraduría Delegada, que se trata de William Ardila, pues basta observar que el número de cédula de ciudadanía que suministró la Embajada de los Estados Unidos de América, a través de la Nota Verbal número 0301 del 5 de febrero de 2009, concuerda con el que aparece en el acta de notificación personal de la providencia por medio de la cual se dispuso su captura, en la diligencia mediante la cual se le comunicó sus derechos de capturado por razón de este trámite y en la tarjeta decadactilar expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil (72.003.005), además de que ninguno de los sujetos procesales han cuestionado dicha identidad.
De igual manera, todos los datos suministrados coinciden con los que obran en la documentación, es decir, que nació el 1 de enero de 1978 en Colombia y que se identifica con la cédula de ciudadanía No. 72.003.005, información que concuerda integralmente con aquella que aparece registrada en el expediente, sin dejar pasar por alto que se aportó fotocopia de una fotografía de su rostro.
En esas condiciones, resulta evidente que la persona detenida es William Ardila, de nacionalidad colombiana y es el ciudadano requerido en extradición por el Gobierno de los Estados Unidos de América.
3. El principio de la doble incriminación
De conformidad con el numeral 1° del artículo 493 de la Ley 906 de 2004, para que la extradición se pueda conceder se requiere que el hecho que la motiva esté previsto como delito en Colombia y reprimido con una sanción privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a cuatro (4) años.
Teniendo en cuenta la acusación sustitutiva número S1-08 CR. 165 del 15 de julio de 2008, por medio de la cual la Corte Distrital de los Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York, se sabe que a William Ardila se le acusó de “Concierto para importar a los Estados Unidos desde Colombia mezclas y sustancias que contenían una cantidad perceptible de cocaína…”, (cargo uno) y “Concierto para lavar instrumentos monetarios, en violación del Título 18” (cargo dos), de acuerdo con las normas penales del país requirente en precedencia citadas.
En esas condiciones, advierte la Sala que el cargo uno y dos, según los hechos que se imputan y las normas allegadas, encuentran adecuación típica en nuestro sistema penal en lo reglado por el artículo 340 del Código Penal, modificado por la Ley 733 del 29 de enero de 2002 y por el artículo 19 de la Ley 1121 de 2006, que prevén el concierto para delinquir relacionado con narcotráfico, habida cuenta que, como quedó visto, William Ardila, con conocimiento de causa e intencionalmente, se concertó para importar cocaína a los Estados Unidos de América y lavar instrumentos monetarios.
De todos modos, cabe agregar que el delito de concierto para delinquir (relacionados con el tráfico de estupefacientes y el lavado de activos), de acuerdo con la legislación nacional anteriormente citada, contempla una pena privativa de la libertad que supera los cuatro (4) años, según lo previsto en el artículo 493, numeral 1°, de la Ley 906 de 2004.
Así las cosas, surge evidente que se cumple con el principio de la doble incriminación.
4. Equivalencia de la providencia proferida en el extranjero
Por último, advierte la Corte que no existe dificultad alguna para concluir que se cumple con el requisito de la equivalencia contemplado en el numeral 2° del artículo 493 de la Ley 906 de 2004, el cual exige “que por lo menos se haya dictado en el exterior resolución de acusación o su equivalente”.
En efecto, la Corte Distrital de los Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York, acusó a William Ardila por la conducta punible señalada anteriormente, mediante acto procesal que en nuestra legislación equivale a la acusación, como emerge de las siguientes similitudes, que las tornan equivalentes:
a. Es un pliego concreto de cargos en contra del acusado para que se defienda de ellos en el juicio.
a. Formulada la acusación se inicia el juicio oral que finaliza con el respectivo fallo de mérito.
a. Se señalan los hechos, con especificación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron y la calificación jurídica de las conductas, con indicación de las disposiciones sustanciales aplicables.
Ahora bien, para entender la naturaleza y contenido de esa pieza acusatoria o indictment resulta pertinente señalar que ésta es una forma de formular la acusación dentro del sistema procesal estadounidense en el nivel federal. El Gran Jurado, en ese escenario, se reúne por convocatoria que le hace el tribunal respectivo –de Distrito- y su función es determinar si en un caso criminal existe o no causa probable para acusar (probable cause). La causa probable es el soporte razonable que permite conjeturar que una persona ha cometido un crimen.
Como puede observarse, es bien disímil la forma de introducir la acusación en el sistema federal acusatorio de Estados Unidos a como se hace en Colombia, ya sea según el esquema procesal de la Ley 600 de 2000 o en lo consagrado por la Ley 906 de 2004 y, por tanto, difiere el contenido del indictment con el de la acusación patria en cualquiera de las modalidades procesales actualmente en vigencia.
Sin embargo, como se anotó, eso no obsta para sostener que el mencionado indictment equivale a nuestra resolución de acusación, pues, básicamente, marca el comienzo del juicio en donde el acusado puede ejercer a plenitud la defensa, sin dejar de mencionar que en todo caso allí, en esa acusación, se plasma la conducta por la cual es llamado a responder, la época de su ejecución y las normas infringidas.
Por lo tanto, se observa que la acusación emitida por el tribunal extranjero es equivalente y tiene la misma fuerza vinculante de la acusación propia de nuestro sistema judicial.
ACOTACIÓN FINAL
Como lo resaltó el Ministerio Público, se pone de presente al Gobierno Nacional que en caso de concederse la extradición, debe condicionar la entrega en el sentido de que William Ardila no será juzgado por hechos distintos a los que originaron la reclamación, ni sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni se le impondrá la pena capital o perpetua, al tenor del artículo 494 del Código de Procedimiento Penal de 2004.
Así mismo, al Gobierno Nacional le corresponde condicionar la entrega a que el país reclamante, de acuerdo a sus políticas internas sobre la materia, le ofrezca posibilidades racionales y reales para que el requerido pueda tener contacto regular con sus familiares más cercanos, considerando que el artículo 42 de la Constitución Política de 1991 reconoce a la familia como núcleo esencial de la sociedad, garantiza su protección y reconoce su honra, dignidad e intimidad, lo cual se refuerza con la protección que a ese núcleo también prodigan la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 17 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el 23.
Además, conforme precisó la Corte en el Concepto del 15 de mayo de 2008 (Rad. 29024), como el mecanismo de la extradición entre Estados Unidos de América y Colombia se rige, en ausencia de un instrumento internacional que la regule, por las normas contenidas en la Constitución Política (artículo 35) y en el Código de Procedimiento Penal (artículos 490 a 514 de la Ley 906 de 2004), el Gobierno Nacional debe hacer las exigencias que estime convenientes en orden a que en el Estado reclamante se le reconozcan todos los derechos y garantías inherentes a la persona del solicitado, en especial las contenidas en la Carta Fundamental y en el denominado bloque de constitucionalidad, es decir, en aquellos convenios internacionales ratificados por Colombia que consagran y desarrollan derechos humanos (artículo 93 de la Constitución, Declaración Universal de Derechos Humanos, Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), en virtud del deber de protección a esos derechos que para todas las autoridades públicas emana del artículo 2° ibídem.
De la misma manera, se exhorta al Gobierno, encabezado por señor Presidente de la República como supremo director de la política exterior y las relaciones internacionales, para que efectúe el respectivo seguimiento a los condicionamientos que se impongan a la concesión de la extradición y determinar las consecuencias que se derivarían de su eventual incumplimiento, al tenor de lo señalado en el ordinal 2° del artículo 189 de la Constitución Política.
En caso de que William Ardila sea absuelto, sobreseído, declarado no culpable o por cualquier otra vía legal, de los cargos que dieron origen a su extradición y dejado en libertad, si desea regresar al país de origen, el Estado requirente deberá asumir los gastos de transporte y manutención del extraditado de acuerdo con su dignidad humana (artículos 1° y 93 de la Constitución Política).
Por último, se pide al ejecutivo que recomiende al Estado requirente que, en caso de condena, tenga en cuenta como parte de la pena el tiempo que el solicitado haya podido estar privado de la libertad con motivo del trámite de extradición.
En consecuencia, como la totalidad de los requisitos formales contemplados en el artículo 493 del Código de Procedimiento Penal se cumplen satisfactoriamente, la Corte CONCEPTÚA FAVORABLEMENTE a la solicitud de extradición elevada por el Gobierno de los Estados Unidos de América, respecto del ciudadano colombiano WILLIAM ARDILA, en cuanto tiene que ver con los cargos que le fueron imputados en la acusación sustitutiva número S1-08 CR. 165 del 15 de julio de 2008, dictada por la Corte Distrital de los Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York.
Comuníquese esta determinación al requerido ciudadano WILLIAM ARDILA, a su defensor, al Ministerio Público y al Fiscal General de la Nación, para lo de su cargo.
Devuélvase el expediente al Ministerio del Interior y de Justicia, para lo de ley.
JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA
JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ
COMISÓN DE SERVICIO PERMISO
ALFREDO GÓMEZ QUINTERO MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS
AUGUSTO J. IBAÑEZ GUZMÁN JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS
YESID RAMÍREZ BASTIDAS JAVIER ZAPATA ORTIZ
TERESA RUÍZ NUÑEZ
Secretaria