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Proceso No 31298
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
Magistrado Ponente:
JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS
Aprobado acta N° 082
Bogotá, D. C., dieciocho (18) de marzo de dos mil nueve (2009).
V I S T O S
La Corte resuelve el impedimento manifestado por los doctores José Alberto Pabón Ordóñez, Candida Rosa Araque de Navas y Edgar Kurmen Gómez, Magistrados integrantes de la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Tunja, la cual debe conocer en segunda instancia de la apelación interpuesta contra la sentencia de primer grado, a través de la cual el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de la misma ciudad condenó a JULIÁN LEONARDO GIL FIRACATIVA por el delito de homicidio simple.
SÍNTESIS DE LA ACTUACIÓN PROCESAL
Observados los discos compactos en los cuales se hallan registradas las actuaciones surtidas en las respectivas audiencias públicas y leídos los documentos incorporados al expediente, se conoce lo siguiente:
1. Los hechos fueron sintetizados por el sentenciador de primera instancia en los siguientes términos:
“El 28 de febrero de 2008, en una de las habitaciones de la residencia ubicada en la carrera 5ª N° 5-12 del municipio de Samacá, fue encontrado el cuerpo sin vida del señor Carlos Alberto Wittinghan, el cual presentaba hematoma en la región ocular, cabeza inflamada, herida abierta de aproximadamente 10 cms. en región parietal y frontal. Todo indica, de conformidad con la investigación y la inspección que se llevó a cabo, que ingresaron en la panadería y le dieron muerte con un golpe en la cabeza, siendo encontrado al día siguiente por sus colaboradores, así mismo fue señalado de dicho hecho por haberle visto entrar al establecimiento a Julián Leonardo Gil Firacativa”.
2. Por razón de los hechos narrados, en audiencia preliminar que se realizó el 25 de abril de 2008 ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Tunja, después de verificarse la legalidad de la captura, la fiscalía le imputó a Gil Firacativa la comisión, en calidad de autor, del delito de “homicidio simple” tipificado en el artículo 103 del Código Penal. Así mismo, se le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva.
Debe agregarse que la fiscalía informó al imputado de la posibilidad de aceptar el cargo imputado, quien se allanó al mismo.
3. Frente el citado allanamiento y presentado el correspondiente escrito de acusación, el diligenciamiento correspondió al Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Tunja, despacho judicial que en el curso de la respectiva audiencia llevada a cabo el 9 de julio de dicho año, otorgó la palabra al representante de la víctima, señora María Escilda Wittinghan, quien solicitó la nulidad de la actuación, por cuanto consideró que la fiscalía en la formulación de imputación, estando en la obligación de hacerlo, no dedujo “claras” circunstancias específicas de agravación del homicidio, omisión que, en su criterio, conllevó a la vulneración de los derechos de la víctima relativos a la verdad, a la justicia y a la reparación.
Dicha petición fue negada por el Juzgado, pues consideró que el cargo de homicidio simple imputado a Julián Leonardo Gil Firacativa en calidad de autor, tuvo como soporte los elementos materiales probatorios legalmente obtenidos, de los cuales no podía concluirse que el acusado hubiese actuado con sevicia, o haya puesto en condiciones de inferioridad a su víctima o lo hubiera realizado para preparar, facilitar o consumar otra conducta punible, descartándose de esa manera el pretendido error en la denominación jurídica del delito atribuido al procesado, el cual fue aceptado incondicionalmente por éste.
4. Apelada la anterior decisión por el representante de la víctima, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Tunja, integrada por los doctores José Alberto Pabón Ordóñez, Candida Rosa Araque de Navas y Edgar Kurmen Gómez, el 20 de agosto de 2008, la confirmó al concluir que los elementos materiales probatorios con que contaba la fiscalía al momento de la formulación de la imputación le permitían inferir la existencia del delito de homicidio simple. Además, agregó:
“De hecho no hay prueba directa de lo ocurrido en el interior de la vivienda para adverar que existió un aprovechamiento de condiciones de indefensión o inferioridad, entendiendo por lo primero la condición espaciotemporal del sujeto pasivo que dificulta o impide su defensa y por lo segundo el desequilibrio ostensible entre el medio de ataque y las posibilidades defensivas de la víctima. Ese es un aspecto que no puede derivarse en abstracto de la simple comparación física de la víctima y agresor, ni del hecho de que este hubiese ingresado a su residencia en horas de la noche, pues nada se sabe de cómo ocurrieron las cosas puertas adentro antes del desenlace fatal.
“Igual ocurre con el supuesto ocultamiento de un delito que carece de mayor respaldo, salvo por el detalle del encuentro del imputado a altas horas de la noche con una mujer en compañía de la cual efectuó algunos gastos con pago en efectivo, siendo este un elemento frágil para sostener la agravante.
“Conclusión semejante puede hacerse sobre la atribución de la sevicia, esto es, la crueldad excesiva en la ejecución del homicidio, el ensañamiento que procura infligir padecimientos innecesarios a la víctima; porque lo que se desprende de la necropsia es que la víctima recibió sólo un golpe con elemento contundente que le produjo la muerte, sin que pueda de allí decirse que el autor se solazó con el sufrimiento del sujeto pasivo”.
5. Resuelto lo anterior, el mencionado Juzgado, mediante sentencia del 19 de noviembre de 2008, condenó a Julián Leonardo Gil Firacativa a la pena principal de 125 meses de prisión y a las accesorias de rigor, como autor del delito de homicidio simple, fallo que fue impugnado por el representante de la víctima, insistiendo en la nulidad con los mismos argumentos atinentes a la existencia de circunstancias que agravan la mencionada conducta punible.
6. El asunto correspondió nuevamente a la Sala de Decisión Penal integrada por los doctores José Alberto Pabón Ordóñez, Candida Rosa Araque de Navas y Edgar Kurmen Gómez, la cual, el 10 de febrero de 2009, con fundamento en el numeral 6° del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, se declaró impedida para desastar la mencionada apelación, conforme a los siguientes argumentos:
“En el caso que nos ocupa, la sala encuentra que su participación precedente para definir la alzada, implicó abordar desde una sana crítica probatoria la valoración de los elementos de prueba para efectuar el análisis de la tipicidad de la conducta, que estaba siendo como ahora discutido por la representación de la víctima, de tal manera que en aquella oportunidad debió expresar de manera definitoria su criterio sobre aspectos probatorios que van ahora a ser nuevamente motivo de debate, por lo que la imparcialidad de que ha de asistirnos para resolver la apelación de la sentencia se encuentra realmente afectada, debiendo ser sustraído del conocimiento del asunto.
“De hecho, si no se nos separa del conocimiento del asunto, a la sala no le quedaría alternativa diferente a definir la materia de la misma manera que ya lo hizo en tanto no existe ninguna circunstancia nueva que permita un reexamen del caso porque el debate está centrado justamente en la ponderación del mismo material probatorio con el cual la Fiscalía contaba al momento de formular la imputación y que es el mismo que el Tribunal ya tuvo oportunidad de valorar cuando avaló la corrección de la adecuación típica”.
Por lo anterior, las diligencias se remitieron a esta Corporación.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1. Toda vez que los funcionarios judiciales que manifiestan su impedimento para conocer del asunto son Magistrados de Tribunal, de conformidad con el artículo 57 de la Ley 906 de 2004, es la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia la competente para resolverlo de plano.
2. Debe advertirse en primer lugar que para que la manifestación de impedimento por parte del juzgador o la recusación que le formulen alguna de las partes alcance su cometido, esto es, la separación del conocimiento de un determinado asunto, es imprescindible que la causal invocada esté fundamentada en aspectos que demuestren en el funcionario un interés particular que lo afecte directa o indirectamente y, por lo mismo, que puedan socavar la imparcialidad y la ponderación en el juicio que debe realizar, es decir, que la causal se orienta a salvaguardar la absoluta independencia con que los jueces deben resolver los casos sometidos a su conocimiento.
3. Los Magistrados de la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Tunja, doctores José Alberto Pabón Ordóñez, Candida Rosa Araque de Navas y Edgar Kurmen Gómez, con fundamento en la causal 6ª del artículo 56 de la Ley 906 de 2004, manifestaron su impedimento para conocer del recurso de apelación interpuesto por el representante de la víctima contra la sentencia de primera instancia, toda vez que sobre la nulidad que argumenta este interviniente por medio de dicha impugnación se pronunciaron en decisión del 20 de agosto de 2008, a través de la cual se confirmó la negativa de la invalidación de la actuación adoptada en primer grado.
Pues bien, el numeral 6° del artículo 56 de la citada Ley, contempla textualmente la siguiente causal impeditiva:
“Son causales de impedimento:
“(…).
“6. Que el funcionario haya dictado la providencia de cuya revisión se trata, o hubiere participado dentro del proceso…” (Se subrayó).
Frente a esta causal ha sido reiterada la jurisprudencia de la Corte en indicar que para que se estructure dicha circunstancia impeditiva no basta cualquier actuación del funcionario, sino que debe tratarse de un acto que revista una intervención con entidad suficiente para comprometer su imparcialidad y su criterio.1
En otros términos, la participación del funcionario judicial en el proceso debe ser de fondo, sustancial, esto es, que lo vincule con el diligenciamiento puesto a su consideración que le impide actuar con la imparcialidad y ponderación que de él espera la comunidad y, particularmente, los sujetos intervinientes en la actuación.2
Respecto de este puntual tema, la Corte ha dicho:
“La expresión ‘participado’, no debe tomarse en forma textual, literal ni aislada del contexto procesal penal, pues de aceptarse así, se llegaría a extremos que escapan a la finalidad de salvaguarda de la imparcialidad contenida en las normas relativas a los impedimentos y recusaciones.
“Piénsese, por ejemplo, que el Tribunal Superior conociese apelaciones sucesivas de diferentes autos emitidos por el Juez Penal del Circuito dentro del mismo proceso; bajo tal supuesto, la participación de los magistrados es innegable, pero ninguna razón existe para aceptar un impedimento, sin argumentación específica de respaldo. También habrían participado ya los magistrados que conocen por vía de apelación de la providencia que niega la práctica de una prueba o del auto que se abstuvo de declarar una nulidad; pero esa intervención en el proceso nada dice por sí misma de un pretendido impedimento para conocer después, en segunda instancia, la apelación contra el fallo de primer grado.
“…”.
“En efecto, así como no es motivo objetivo de impedimento, que el funcionario judicial “haya manifestado su opinión sobre el asunto materia del proceso” (numeral 4° del artículo 56 de la Ley 906 de 2004), tampoco se erige en causal objetiva ni automática de impedimento, que el funcionario judicial “hubiere participado dentro del proceso” (numeral 6°, ibídem).
“En tratándose de impedimento, es necesario que en cada caso particular y concreto los funcionarios judiciales –jueces y magistrados- expliquen cuáles son las razones por las cuales su imparcialidad, su ecuanimidad, su independencia o su equilibro podrían afectarse frente a cada uno de los implicados, por el hecho de haber participado ya en el proceso.
“El género de argumentación que se exige, incluye especificar las circunstancias o condiciones en que se produjo la participación del funcionario judicial en el proceso original o en alguno de los procesos derivados por la ruptura de la unidad procesal; y si la actividad del Juez –individual o colegiado- se extendió ya a la valoración de elementos probatorios o de información susceptible de convertirse en prueba, se precisa indicar cómo y de qué manera las apreciaciones anteriores inciden en el ánimo del juzgador al conocer el asunto en ocasiones posteriores, frente a cada uno de los implicados o situaciones concretas por resolver.
“Lo mismo pude predicarse -mutatis mutandi- cuando se trata de recusación, aduciendo que el funcionario judicial ya participó dentro del proceso.
“4. Las instituciones jurídicas de impedimento y recusación se vinculan inescindiblemente al principio constitucional del debido proceso, en su amplia concepción garantista; pero no a la manera de una presunción peyorativa sobre los funcionarios judiciales, respecto de quienes, por el contrario, se presume su imparcialidad; presunción que, sin embargo, puede desvirtuarse cuando a ello hubiere lugar, siendo indispensable que el interesado suministre los elementos subjetivos que cimentan tal pretensión, pues como los motivos que eventualmente podrían conspirar contra la imparcialidad, ecuanimidad, equilibrio, etc., a menudo pertenecen al fuero interno de las personas, la corporación llamada a dirimir el incidente -en este caso la Sala de Casación Penal- debe ser enterada de aquellos motivos, para que pueda determinar si en realidad se encuentra ante un juez subjetivamente incompetente, por haber emitido juicios anticipados o ser sujeto de prevenciones que comprometan de antemano su criterio, al punto que alguna de las partes pudiese resultar perjudicada o favorecida (…)”.3
4. En esas condiciones, en el caso que se examina resulta que las exigencias de la causal de impedimento invocada por los señores Magistrados no se reúnen.
En efecto, surge claro que en este asunto el representante de la víctima ya había solicitado la nulidad de la actuación argumentando una presunta errónea adecuación típica en el acto de la imputación, petición que no prosperó, según decisión adoptada en primera instancia el 9 de julio de 2008, la cual fue confirmada por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Tunja el 20 de agosto siguiente.
Ahora último, a través del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia condenatoria de primera instancia, el mencionado representante de la víctima, acudiendo a los mismos argumentos de entonces, pretende nuevamente que se decrete la nulidad de la actuación, habiendo correspondido desatar dicha impugnación a la misma Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Tunja que en el pasado había resuelto el mismo tema, motivo por el cual sus integrantes, apoyados en la causal 6° del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, afirman encontrarse impedidos para decidir por cuanto que “su participación precedente para definir la alza, implicó abordar desde una sana crítica probatoria la valoración de los elementos de prueba para efectuar el análisis de la tipicidad de la conducta, que estaba siendo como ahora discutido por la representación de la víctima”.
5. Así las cosas, pasan por alto los citados funcionarios judiciales que dicha decisión (la dictada el 20 de agosto de 2008) la emitieron al interior del proceso y por virtud del marco propio de sus deberes funcionales, situación que tampoco permite la configuración de la causal de impedimento propuesta.
Es verdad que en la Ley 906 de 2004 retoma importante connotación el principio de imparcialidad dada las características propias del sistema de enjuiciamiento oral. Sin embargo, su trascendencia no llega a los extremos de permitir la separación del funcionario judicial del conocimiento de los asuntos que la ley pone a su consideración y, menos, cuando los argumentos, o las consideraciones, o las decisiones se emiten en el curso normal de la actuación que es propia de su competencia.
Para la Corte surge claro que aquí es una la actuación y uno el imputado sobre el cual recae el ejercicio de la acción penal y de la jurisdicción, dentro de las cuales el representante de la víctima ha buscado, sin éxito, la anulación de la actuación acudiendo a argumentos expuestos en pretérita ocasión. Si ello es así, no es de recibo la afirmación de los funcionarios judiciales de segunda instancia, según la cual, su criterio se encuentra comprometido para desatar la segunda impugnación por cuanto en la primera oportunidad “participaron dentro del proceso” al confirmar la decisión de primer grado, esto es, la negativa de la solicitada nulidad, pues, como se indicó, dicha decisión fue emitida dentro de este asunto en cumplimiento de sus deberes funcionales.
Aceptar la tesis de los Magistrados declarados impedidos implicaría que ante la pluralidad de peticiones que presentan los intervinientes al interior del proceso, las cuales pueden ser reiterativas, como sucede en este caso, necesariamente se tendría que contar con la misma pluralidad de jueces de primera y segunda instancia para resolverlas dada la multiplicidad de manifestaciones de impedimento que se originarían so pretexto de haber emitido sus “opiniones” sobre el asunto materia de la actuación o “haber participado dentro del proceso”.
Es indiscutible que en el curso de la actuación penal los sujetos procesales pueden presentar innumerables y reiteradas peticiones con pluralidad de argumentaciones, las cuales en manera alguna comprometen el criterio del funcionario judicial que las resuelve, pues es común ver que esa multiplicidad de solicitudes sean negadas por improcedentes, o por carencia de razón de sus peticionarios o por ausencia de elementos de juicio; como también es factible que, ante las nuevas argumentaciones jurídicas presentadas por las partes o por razón de nuevos elementos probatorios, varíen los fundamentos de las decisiones anteriores que conlleven a una declaración judicial distinta a la inicialmente adoptada, aspectos todos estos que conducen a concluir que sea el mismo juez, singular o plural, que conoce del proceso el llamado a pronunciarse, sin que en manera alguna se encuentre afectada su imparcialidad o su criterio, el cual, por el contrario, termina fortalecido ante la complementación o adición de sus consideraciones frente a la novedad que ofrece la nueva petición, así esta se ocupe de un asunto ya tratado, como puede ocurrir también que aquellos fundamentos permanezcan incólumes frente a la reiteración de la petición.
La imparcialidad, entendida como la prevención a favor o en contra de los sujetos procesales que impide la ecuanimidad, la ponderación y la transparencia en el juicio que el juez debe hacer, no puede llegar al extremo de verse afectada cuando el pronunciamiento judicial se ha realizado al interior del mismo proceso y respecto del mismo imputado como resultado del acatamiento de los deberes funcionales del servidor judicial.
En síntesis, el pronunciamiento que el 20 de agosto de 2008 emitió la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Tunja dentro de esta actuación (confirmando la negativa de la nulidad), en manera alguna se erige en motivo que la inhiba para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia condenatoria y a través del cual nuevamente el representante de la víctima insiste en la invalidación de lo actuado, pues, como se ha indicado, aquella decisión fue dictada al interior del proceso, dentro del marco propio de su deber funcional y respecto del mismo imputado, así se trate de un tema que ahora es motivo de reiteración.
En consecuencia, carece de fundamento el motivo de impedimento expresado por los doctores José Alberto Pabón Ordóñez, Candida Rosa Araque de Navas y Edgar Kurmen Gómez, razón por la cual la Corte no los separará del conocimiento que como jueces de segundo grado les compete.
En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL,
R E S U E L V E
1. DECLARAR INFUNDADO el impedimento manifestado por los integrantes de la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Tunja, Magistrados doctores José Alberto Pabón Ordóñez, Candida Rosa Araque de Navas y Edgar Kurmen Gómez, para conocer en segunda instancia de la sentencia condenatoria proferida en contra de JULIÁN LEONARDO GIL FIRACATIVA, por el delito de homicidio. En consecuencia, se dispone que intervengan en su trámite y decisión.
2. Contra esta providencia no procede ningún recurso.
Cópiese y devuélvase al Tribunal de origen. Cúmplase.
JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA
JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ ALFREDO GÓMEZ QUINTERO
SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS
AUGUSTO J. IBAÑEZ GUZMÁN JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS
EXCUSA JUSTIFICADA
YESID RAMÍREZ BASTIDAS JAVIER ZAPATA ORTÍZ
TERESA RUÍZ NUÑEZ
Secretaria
1 Rad. 19987, auto del 15 de octubre de 2002.
2 Ver radicación 21149, providencia del 15 de julio de 2003.
3 Rad. 27497, auto del 13 de junio de 2007. Ver también radicación 27720 , providencia del 18 de julio de 2007.