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Proceso No 28862
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
Magistrado Ponente:
Dr. SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ
Aprobado Acta No. 33
Bogotá, D.C., veinte de febrero de dos mil ocho.
VISTOS
Se examina en sede de casación la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior de Medellín el 22 de agosto de 2007, que revocó parcialmente la condena proferida por el Juzgado 34 Penal Municipal de Medellín contra RODRIGO ANTONIO ROJAS VÁSQUEZ, y en su lugar lo absolvió de los cargos que por el delito de hurto calificado y agravado elevó en su contra la Fiscalía 54 Local. En la misma decisión se confirmó, de otro lado, la sentencia absolutoria que favoreció a los acusados JAIME NORBERTO COSSIO METAUTE y JESÚS MARÍA HURTADO CORTÉS.
HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL
El 9 de octubre de 2006, varios agentes de la Policía Nacional, adscritos a la DIJIN en el control de transporte y comercialización de hidrocarburos, que se hallaban en rutina de patrullaje, observaron que el carro-tanque de placas TIV 616 que circulaba cargado de combustible por las inmediaciones de la Universidad Nacional de Medellín, desvió su curso de una vía principal, para tomar una carretera destapada, motivo por el cual decidieron ejercer una vigilancia sobre el mismo, observando que el vehículo ingresó a un parqueadero del sector, denominado “El Tierrero” y ubicado en la calle 59 A No. 63-100, donde también funciona un taller.
Minutos después, el agente Jhoany Alcalde Cruz, que conformaba la patrulla, se desplazó hasta el parqueadero, lugar en el cual pudo observar que el vehículo se hallaba estacionado y encima del tanque se encontraba un individuo que portaba en su mano una manguera propia para el descargue de combustible, elemento que fue incautado e incorporado como evidencia a esta investigación. El individuo fue identificado como RODRIGO ANTONIO ROJAS VÁSQUEZ, que resultó ser el conductor y propietario del automotor.
El citado agente de la policía también se percató de la presencia de otras personas en el lugar, entre ellos, JAIME NORBERTO COSSIO METAUTE, administrador del citado parqueadero. Cerca al carro-tanque, sobre el piso, se hallaron tres (3) pimpinas contentivas del mismo líquido.
Ante la irregularidad percibida, el agente se comunicó por radio con su superior dando aviso del hecho, acción que llevó al conductor del carro-tanque a abandonar el parqueadero, pero cuando había cruzado la puerta de salida fue retenido en el vehículo.
La anterior situación llevó a la retención de los citados ciudadanos ROJAS VÁSQUEZ y COSSIO METAUTE. También fue aprehendido JESÚS MARÍA HURTADO CORTES de quien se dijo que prestaba seguridad a la tarea que de descargue de combustible se cumplía.
En el lugar se hallaron, previa inspección autorizada por su administrador, 11 canecas de 55 galones cada una, que contenían hidrocarburo sin soporte legal para su almacenamiento, situación que llevó a que se investigara por cuerda separada, la posible comisión del delito de receptación.
Se estableció que el destino de los 3.555 galones que transportaba el carro-tanque era la estación de servicio Claret ubicada en la transversal 51 A No. 67B-78, cuya propietaria, la señora Liliana de las Mercedes Muñoz Londoño, los había comprado en Girardota a la Central Mayorista de Combustible Zeuss Petroleum S.A., material que le fue entregado posteriormente y del cual hizo parte el contenido de las tres pimpinas ya relacionadas.
Al día siguiente, 10 de octubre de 2006, los capturados fueron presentados ante el Juez Once Penal Municipal con funciones de Control de Garantías, quien declaró la legalidad de su captura. El Fiscal Delegado les formuló imputación por el delito de hurto calificado y agravado, que no fue admitida por los procesados. En la misma audiencia, a petición de la Fiscalía, el Juez de Control de Garantías les impuso medida de aseguramiento de detención domiciliaria, la que fue posteriormente revocada, ordenándose la libertad de los implicados.
El 15 de noviembre de 2006, la Fiscal 54 Local radicó escrito de acusación contra los imputados RODRIGO ANTONIO ROJAS VÁSQUEZ, JAIME NORBERTO COSSIO METAUTE y JESÚS MARÍA HURTADO CORTÉS. La audiencia respectiva se llevó a cabo el 5 de diciembre de 2006 por el Juez 34 Penal Municipal de Conocimiento, diligencia en el curso de la cual se acusó a los mencionados por el delito de hurto calificado y agravado en grado de tentativa, según las descripciones contenidas en los artículos 239, 240 inciso final, 241, numeral décimo, y 27 del Código Penal, con la modificación introducida en la Ley 890 de 2004.
El 16 de enero de 2000, ante el mismo despacho judicial se realizó la audiencia preparatoria, mientras que la audiencia de juicio oral se evacuó durante los días 22 y 23 de febrero, 15 y 16 de marzo de 2007. Al finalizar la misma, luego de practicadas las pruebas y escuchados los alegatos finales de las partes e intervinientes, el Juez de Conocimiento anunció el sentido del fallo manifestando que condenaría al procesado RODRIGO ROJAS VÁSQUEZ y absolvería a los procesados JAIME NORBERTO COSSIO METAUTE y JESÚS MARÍA HURTADO CORTÉS.
Se inició el correspondiente incidente de reparación integral, cuya audiencia de pruebas y alegaciones se realizó durante los días 10 y 22 de mayo de 2007.
El fallo de primera instancia
Consecuente con el sentido del fallo anunciado a la culminación del juicio oral, la Juez 34 Penal Municipal de Medellín con Funciones de Conocimiento, en sentencia del 1º de junio de 2007, condenó al procesado RODRIGO ANTONIO ROJAS VÁSQUEZ a la pena principal de 21 meses y 20 días de prisión, como autor responsable del delito de hurto calificado y agravado en grado de tentativa, según los términos de la acusación, y a la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo período de la pena principal. Le concedió el subrogado de la condena de ejecución condicional y lo condenó a pagar los perjuicios económicos causados con su ilicitud, ordenando, a favor del condenado, la entrega del automotor de placas TIV 616.
La condena se fundamentó, esencialmente, en el testimonio del agente Alcalde Cruz, quien de acuerdo al Juzgado pudo ser “testigo directo de la delincuencia aquí investigada”, pues cuando se le ordenó verificar el motivo por el cual el carrotanque cargado de combustible se desvió de su ruta, ingresando a un parqueadero del sector, observó que una persona se encontraba en la parte superior sosteniendo una manguera, la que al percatarse de su presencia descendió a la cabina del vehículo que permanecía encendido. Igualmente dio cuenta de que al lado del camión se encontraron 3 pimpinas llenas de combustible.
Para el Juzgado, el dicho de este agente es imparcial y objetivo, al tiempo que no evidencia interés para ocultar la verdad.
Las circunstancias de modo, tiempo y lugar relatadas por el testigo, demuestran razonablemente que el motivo o la causa de la presencia del automotor en el parqueadero no era otro diferente, al apoderamiento del combustible que transportaba con destino a la estación de servicio Claret.
Sobre las fallas mecánicas que según la defensa presentaba el automotor y que sirvieron como excusa para justificar la presencia del mismo en el taller de marras, observó el fallador que las pruebas incorporadas por esa parte no alcanzan a ser determinantes para establecer la inminencia del daño, pues aunque los dictámenes traídos por la misma fiscalía y la defensa, demuestran que el capó si presentaba averías, las mismas no eran de la gravedad señalada por la defensa, por lo que las posibilidades de desprendimiento del capó resultaban remotas e inciertas, como lo dedujo del testimonio de Hugo López Roldán.
En este punto, dio crédito al concepto de la señora Soledad Salazar Duque, perito traído por la fiscalía, y al dicho del agente Alcalde Cruz, en cuanto dan fe de que los desperfectos que presentaba el vehículo, a saber, las fisuras en el capó y las averías en el guarda polvos, no eran obstáculo para movilizar el vehículo hasta la estación Claret.
Concluyó, entonces, que la captura de RODRIGO ANTONIO ROJAS VÁSQUEZ se dio en estado de flagrancia.
En la misma decisión se absolvió a los procesados JAIME NORBERTO COSSIO METAUTE y JESÚS MARIA HURTADO CORTÉS, respecto de quienes dijo no obraba una evidencia clara, porque la explicación que trajo el agente Ardila Urbina para precisar los motivos de su retención se muestran débiles.
Del primero se dice que se hallaba cerca al carrotanque en el momento en que RODRIGO ROJAS se encontraba en la parte superior del mismo. Del segundo, que cumplía las funciones de “campanero”. Sin embargo, el testigo directo Alcalde Cruz, no relacionó que estos ciudadanos estuviesen cumpliendo una tarea concreta dirigida a la consumación del ilícito, ni tampoco se estableció un previo acuerdo en actividad delictiva.
El Juzgado se abstuvo de disponer el comiso del camión de propiedad de RODRIGO ANTONIO ROJAS VÁSQUEZ, pues en su criterio no se dan las condiciones del artículo 82 del Código de Procedimiento Penal.
El fallo de segunda instancia
Las anteriores determinaciones fueron impugnadas por la Fiscal de la causa y el defensor del procesado RODRIGO ANTONIO ROJAS VÁSQUEZ. En la respectiva audiencia de sustentación, realizada el 17 de julio de 2007 ante una Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Medellín, la primera abogó por la revocatoria de la absolución de los señores COSSIO METAUTE y HURTADO CORTÉS y el comiso del carro-tanque de placas TIV-616, de propiedad del condenado ROJAS VÁSQUEZ. Por su parte, el defensor de éste último abogó por su absolución. Subsidiariamente, pidió la eliminación de la agravante deducida y la desestimación de la condición de víctima de la señora Liliana de las Mercedes Muñoz Londoño.
En el fallo de segunda instancia, dictado el 22 de agosto de 2007, el Tribunal Superior de Medellín decidió revocar parcialmente la sentencia impugnada, sólo en cuanto concierne a la condena de RODRIGO ANTONIO ROJAS VÁSQUEZ, a quien absolvió de los cargos que le fueron imputados por la Fiscalía General de la Nación. En lo demás confirmó el fallo impugnado, dejando intacta, entre otras decisiones, el reconocimiento de la condición de víctima de la señora LILIANA MUÑOZ LONDOÑO.
El fundamento de la absolución de ROJAS VÁSQUEZ, parte de señalar que no se encontró demostrado, más allá de toda duda, el compromiso penal del procesado, a favor de quien surgen protuberantes dudas insalvables que impiden elaborar un juicio de reproche penal.
En lo que atañe a la captura en flagrancia que se predicó en primera instancia, derivada de la observación insular del agente Alcalde en el momento en que supuestamente ROJAS VÁSQUEZ, subido en la parte superior de su camión, extraía parte del combustible que transportaba para trasladarlo a tres pimpinas adyacentes al vehículo y que se hallaban llenas de tal líquido, encuentra que su eficacia demostrativa sería irrefutable si existiera dentro del proceso una acreditación categórica de que el líquido contenido en las pimpinas correspondía al que se transportaba en el carrotanque.
No obstante, para el Tribunal la prueba al respecto es confusa, si en cuenta se tiene que de acuerdo con el informe del investigador de laboratorio William Alexander Rendón Rivera, a la muestra No. 3, que fue la extraída del combustible del carrotanque, se le asignaron tres naturalezas distintas y completamente contrapuestas, pues, primero, sobre la base de la cromatografía de gases, advierte que tiene “un perfil cromatográfico similar al del ACPM” ; luego, sobre la base de los grados API, encuentra que esa muestra 3 tiene una gradación de 39.0, muy diferente de la de las tres muestras restantes (una tomada de una de las pimpinas, la segunda de la manguera, y otra de las canecas que se encontraron en el lugar), que tienen un grado de 60.0, tras lo cual se dice que esa muestra tres, lo mismo que la uno y la dos, corresponden a gasolina, mientras que la cuatro corresponde a gasolina mezclada con ACPM.
La confusión es tal, advierte el Tribunal, que en el mismo informe se afirma que sobre la base del índice antidetonante, a diferencia de las muestras uno y dos, que corresponden a gasolina corriente básica, la muestra 3 reporta un índice antidetonante correspondiente a una gasolina extra básica.
Aunque las contradicciones observadas se quisieron validar en el testimonio del perito como simples errores de digitación, para el Tribunal existe una “absoluta falta de fiabilidad en la cadena de custodia de la toma de muestras y de su análisis posterior”, pues por más que se empeñe el perito en corregir los manifiestos yerros, resulta claro que la supuesta convergencia entre las muestras del carrotanque y las pimpinas quedó diferido a un simple ejercicio de memoria del experto, que en materia tan técnica resulta un muy pobre elemento de persuasión para adquirir una certeza plena e indubitable sobre dicha convergencia.
Por lo tanto, concluye el Tribunal, frente a la flagrancia de que habla el agente Alcalde, surge una gran incertidumbre, que no se puede suplir con el testimonio del perito, porque los medios de impugnación de su credibilidad –informe escrito- afloran evidente en la investigación.
De otro lado, la razón del ingreso del carrotanque al parqueadero “El Tierrero” tampoco se muestra tan clara como lo dedujo el juzgado de primera instancia, pues, para el Tribunal, la causa alegada por el procesado, esto es, la derivada de la avería que supuestamente tenía su vehículo, “así pueda parecer sospechosa en alguna medida, no ha sido desvirtuada a plenitud como para deducir que sólo la realización de un hecho punible explica ese ingreso.
Ello porque, de un lado, en la diligencia de inventario del vehículo se dejó consignado que el estado del capó era apenas “regular”, “lo que sugiere que alguna deficiencia estructural tenía dicho automotor. En segundo lugar, aunque en el informe de la perito Soledad Salazar Duque, se consigna que los daños del automotor no son tan graves que impidan el normal funcionamiento del mismo, si advierte, la existencia de tales daños en el capó, mientras que el perito Víctor Hugo López Roldán, traído por la defensa, describe las mismas averías de la anterior, ilustradas en video y fotografías, pero expone que en su criterio tales daños pueden hacer colapsar en cualquier momento la estructura del capó con eventual incidencia en la generación de un riesgo de daños a terceros por pérdida del control del vehículo o por desprendimiento de dicha pieza.
De acuerdo con esa prueba, el daño en el vehículo no era mecánico, sino de estructura del capó, y ello explica el por qué los mismos no impedían el normal funcionamiento del automotor. Probado el daño, no resulta exigible que el procesado ROJAS “hubiera actuado de la manera como piensa la señora Juez que debió haberlo hecho, esto es, llegando a su lugar de destino para allí ya si proceder a una revisión de su carro”. La opción de una revisión mecánica no la observa irracional, menos “cuando el desvío al taller era muy corto y no obstruía ostensiblemente el cumplimiento final de la tarea que tenía encomendada, mientras que sí podía garantizar un mayor margen de seguridad”.
De otro lado, para el Tribunal, de aceptarse la tesis del hurto, éste habría sido en una ínfima cuantía, susceptible, incluso de una eventual valoración como hurto bagatelar, pues dadas las circunstancias era imposible sustraer la totalidad de la carga.
Además, sorprende al fallador que alguien con la experiencia del sindicado en el ramo del transporte de combustible, hubiera optado por realizar un delito de esa naturaleza a plena luz del día, en un sitio abierto y a la vista de múltiples personas, muchas de ellas, completamente desconocidas para él, lo que le confiere al hecho, desde tal perspectiva, un cierto grado de inverosimilitud.
Contra la anterior determinación, la Fiscal 54 Local Delegada ante los Jueces Penales Municipales de Medellín, interpuso recurso de casación.
La demanda de casación
Dos cargos al amparo de la causal tercera de casación (artículo 181 de la Ley 906 de 2004) propone la Fiscal demandante contra la sentencia del Tribunal, cuya síntesis es del siguiente tenor:
Primer cargo
Acusa la sentencia de ser violatoria por vía indirecta de la ley sustancial por errores de hecho derivados de falsos juicios de identidad en la apreciación de la prueba, lo cual llevó a la aplicación indebida de los artículos 7 y 381 de la Ley 906 de 2004 y la consecuente falta de aplicación de los artículos 239, 240 y 241, en concordancia con el artículo 27 del Código Penal.
En orden a fundamentar la pretensión, recuerda que la confirmación del fallo absolutorio que favoreció a JAIME NORBERTO COSSIO METAUTE y JESÚS MARÍA HURTADO CORTÉS, se sostuvo porque para el Tribunal el testimonio del agente Alcalde, adolece de “un contenido material relevante que demarque con exactitud una relación directa e insoslayable de los dos referidos sujetos con el combustible que se sustraía del vehículo…” , toda vez que el mismo testigo refirió una dificultad visual manifiesta para observar si COSSIO METAUTE era la persona que sostenía el otro extremo de la manguera con la cual se sustraía el combustible.
No obstante, dice la recurrente, el Tribunal no se percató de las respuestas ofrecidas por el patrullero Alcalde Cruz, ante preguntas expresas de la Fiscalía, entre otras que trascribe, aquella donde ratificó que:
…“cerca al vehículo habían dos personas y otro que estaba como a 10 metros, el conductor del vehículo que estaba en la parte superior y el administrador del parqueadero que es el encargado de la compra de la barbacha que estaba en la parte de abajo al lado del vehículo… al lado del vehículo había una manguera y dos canecas con capacidad para 55 galones llenas y las tres pimpinas llenas”
Agrega que también desconoció que el testigo manifestó que el vehículo se encontraba al lado derecho de un tanque que utilizan para almacenar combustible de color azul.
Destaca que si el Tribunal hubiese observado el video que introdujo la defensa en el juicio y el álbum fotográfico del lugar de los hechos, específicamente las fotografías 1, 2 y 4, y hubiese confrontado estas pruebas con el testimonio del patrullero Alcalde Cruz, le habría dado la razón al testigo, porque de acuerdo a su narración era imposible que cerca al vehículo hubiese estado otra persona diferente al señor JAIME NORBERTO COSSIO METAUTE, administrador del parqueadero, pues de haber ocurrido, el patrullero lo habría visto ya que se encontraba apenas a 12 metros del carro, por lo que considera que el Tribunal especuló cuando dijo que:
“…la afirmación de que otra persona manipulaba en el piso la manguera resulta de suyo dubitable en tanto el agente es claro en decir que no lo veía, por lo que no se entiende cómo hizo para deducir su existencia en forma previa al delito, a no ser, como es bastante probable, que lo hubiera hecho a posteriori sobre la base de ver al señor COSSIO en el lugar cuando el carro fue movido. Pero aún suponiendo que de alguna manera él pudo notar esa presencia, nada impide pensar que esa persona se hubiera podido ocultar antes de que el agente adquiera una percepción visual completa y que entonces, cualquiera que hubiese estado detrás del carro asumiera para él esa condición”
Respecto al procesado JESÚS MARÍA HURTADO CORTES, recuerda que para su absolución el Tribunal destacó que el mismo se desempeñaba como lavador de carros dentro del taller y ello justificaba su presencia al interior del mismo, al tiempo que no se acreditó la forma en que supuestamente cumplía la actividad de “campanero”, máxime cuando de acuerdo con las versiones de los funcionarios de policía, aquél se encontraba en la parte “interior” del taller, lugar desde el cual se le dificultaba vigilar la eventual irrupción de la fuerza pública.
Según la fiscal recurrente, en esa conclusión el Tribunal cercenó el testimonio del patrullero Alcalde Cruz, al desconocer su dicho en el sentido de que “cerca, cerca al vehículo solamente estas dos personas, pero entre 8 y 10 metros se encontraba ubicada otra persona”, aclarando en el “minuto 01:25:42” que ésta última persona fue la encargada de informar el ingreso de la policía al parqueadero y en el “registro 57:27, minuto 15:22” agregó que: “ese día se realizaron 3 capturas: al conductor, al administrador y otra persona más que estaba ahí que digámoslo así, que vulgarmente es el campanero o el mosca como ellos lo denominan”.
Además, agrega, no tuvo en cuenta el Tribunal que tanto el patrullero Alcalde Cruz como el Sargento Ardila Urbina dijeron que al interior del taller parqueadero habían otras personas, pero que ninguna de ellas estaba involucrada en la actividad delictiva, porque se encontraban en sitios diferentes a aquel donde fue estacionado el carrotanque, y que tampoco se analizó el dicho del primero cuando refiriéndose “a la barbacha, barbachaderos o sitios donde vende combustible hurtado”, dijo que “…el sitio que utilizan para almacenar combustible hurtado el gremio de los transportadores, estos sitios son sitios que se prestan para la venta del combustible, es lógico que allá en ese sitio se va a prestar porque entra mucho carro pesado, porque entra también mucho automóvil, es lógico que un barbachadero no lo van a utilizar en el centro al lado que se yo, de un almacén de ropas, eso lo ubican en parqueaderos, en la variante al lado de restaurantes donde siempre para el viajero…”.
En relación con la situación del procesado RODRIGO ANTONIO ROJAS VÁSQUEZ trae a colación los motivos que llevaron a su absolución, especialmente aquellas reflexiones encaminadas a sostener una confusión conceptual sobre los resultados de los dictámenes técnicos realizados a las muestras del líquido contenido en el tanque del automotor y las pimpinas halladas cerca al mismo.
En ese punto, aduce la demandante, el Tribunal se basó erróneamente en el informe que inicialmente rindió el perito William Alexander Rendón Rivera, pero no tuvo en cuenta su testimonio durante el juicio oral, en el que explica en detalle, con los soportes de las pruebas practicadas en el laboratorio, el resultado que arrojó cada una de las muestras, especificando los pormenores de los hallazgos y a qué se debió el error de digitación en que incurrió en el informe inicial. En esa comprobación, la demandante transcribe los apartes pertinentes de su declaración, a los cuales se aludirá al responder la demanda.
Igualmente trae a colación que al informe que rindió el perito químico, se anexaron las copias del álbum fotográfico en el cual quedaron registrados los resultados que arrojaron las muestras sometidas al espectrofotometómetro –en su respectivo orden: 1,2,3 y 4-, las que le dan la razón al experto.
Cuestiona que la excusa suministrada por el procesado para justificar el ingreso de su carro-tanque al parqueadero “El Tierrero”, a saber, el supuesto arreglo a una avería que presentaba el automotor, haya sido calificada por el Tribunal como “sospechosa en alguna medida”, pero a renglón seguido haya admitido que la misma “tampoco ha sido desvirtuada a plenitud como para deducir que sólo la realización de un hecho punible explica ese ingreso”, porque al proceso se acreditó que el capó del automotor presentaba serias fisuras.
En esta conclusión, dice la demandante, el Tribunal también pasó por alto el testimonio del patrullero Alcalde Cruz cuando en el “registro 57:27, minuto 17:59”, dijo que “no observe ninguna falla mecánica en el vehículo y se llevó rodando por medio de su motor…el conductor no reportó ningún daño al vehículo”, y olvidó que de acuerdo con el inventario realizado sobre el automotor, su estado general era regular, y no sólo el capó como se afirma por el fallador, pasando por alto las reflexiones que en torno a este aspecto hizo el juez de primera instancia, las cuales transcribe.
Dice que el Tribunal no analizó en su conjunto las fotografías aportadas tanto por la defensa como por la Fiscalía, con los testimonios de los dos expertos, ninguno de los cuales habló sobre fallas estructurales en el capó, sólo sobre fisuras. El fallador se limitó a analizar lo dicho en los informes iniciales rendidos por los peritos.
Agrega que el Tribunal desconoció la legislación y reglamentación que existe sobre los hidrocarburos cuando justifica el hallazgo del combustible en el taller, diciendo que tales fluidos se utilizan con mucha frecuencia en las reparaciones de vehículos, y cuando desvaloriza el decomiso de la guía de transporte, diciendo que la misma no era la utilizada por el procesado RODRIGO VÁSQUEZ para el transporte del combustible cuyo hurto se le imputa.
En este punto, agrega, desconoció el testimonio del sargento Ardila sobre la normatividad que regula el almacenamiento de hidrocarburos, y los cuestionamientos a la guía que se le presentó para justificar la posesión del líquido encontrado en el taller, documento que dijo no era “para la dirección, ni para la fecha, ni tampoco era todo el combustible que está ahí, ni tampoco era la manera de almacenamiento…”, todo lo cual lo llevó a considerar que se estaban infringiendo los decretos 4299 de 2005 y 300 de 1993, por lo que había una situación de flagrancia.
Por lo tanto, según la recurrente, el Tribunal se basó en meras conjeturas para edificar falsos silogismos, sin tener en cuenta los testigos llevados por la Fiscalía, avalados con la prueba documental introducida, que tampoco observó como era su deber.
Insiste en que de acuerdo con los testimonios de los peritos, las posibilidades de desprendimiento del capó del automotor resultaban remotas, toda vez que “las chapetas o grapas de cierre que están ubicadas en la parte de atrás del capó estaban cerradas y en buen estado”.
En esas condiciones, concluye la demandante, se dan los presupuestos para que en esta instancia se condene a los procesados RODRIGO ANTONIO ROJAS VASQUÉZ, JAIME NORBERTO COSSIO METAUTE y JESÚS MARÍA HURTADO CORTÉS, porque la prueba es fuerte, idónea y seria, pues los testimonios traídos en el juicio son dignos de credibilidad conforme a las reglas de la lógica, la experiencia y la racionalidad, pilares de la sana crítica.
Segundo cargo
Al amparo de la causal tercera del artículo 181 del Código de Procedimiento Penal, acusa la sentencia impugnada de ser violatoria por vía indirecta de la ley sustancial por error de hecho derivado de un falso juicio de existencia por omisión.
Aduce que en la sentencia el Tribunal omitió la apreciación de los testimonios del patrullero Alcalde Cruz, del sargento Ardila Urbina, del químico Rendón Rivera y de los dos peritos técnico-mecánicos, elementos de juicio que de haber sido tenidos en cuenta habrían eliminado las dudas con base en las cuales se confeccionó la decisión absolutoria.
Concluye la demanda solicitando que se case la sentencia impugnada y “se ordene el comiso del vehículo de placas TIV 616 de propiedad del señor RODRIGO ANTONIO ROJAS VÁSQUEZ”.
Audiencia de sustentación oral
1. El Fiscal Delegado ante la Corte se plegó a la demanda presentada por la Fiscal 54 Local, sin encontrar necesario hacer algún aporte adicional.
2. El representante del Ministerio Público no se hizo presente.
3. La apoderada de la víctima, interviene solicitando que se tenga en cuenta que durante su testimonio en el juicio oral, el perito corrigió el error observado en el informe técnico, razón por la cual está completamente de acuerdo con la demanda de la señora Fiscal. Pide que se le reconozcan los perjuicios a su representada.
4. Por su parte, el defensor de RODRIGO ANTONIO ROJAS VÁSQUEZ refuta las pretensiones de la Fiscalía recurrente, alegando que la detención de su cliente fue ilegal a la luz de las normas de procedimiento penal. Pide que se mire el informe del perito técnico de la policía, el cual está lleno de errores que no resultan justificables, al punto que no describe con claridad los elementos materiales tenidos a su disposición, ni la hora en que fue recolectado el material.
Destaca que de acuerdo con el resultado de las muestras tomadas del tanque principal, de una de las pimpinas y de dos de las 11 canecas que se hallaron en el sitio, las muestras identificadas como 1, 2 y 4 tienen perfil cromatográfico igual al de la gasolina, mientras que la muestra 3 tiene un perfil cromatográfico similar al del ACPM, lo que resulta contradictorio si se tiene en cuenta que ésta fue la tomada del tanque principal del vehículo, y se sabe que éste transportaba gasolina corriente y no ACPM. Desde aquí son evidentes las contradicciones del perito, que fueron aceptadas por él, aduciendo que fueron de digitación, pero no parece que fuera así.
Destaca que más adelante, en su exposición, el perito dijo que las muestras 1,2 y 3 corresponden a gasolina, lo cual es contradictorio con el informe. Pero además, afirmó luego que la muestra 3 reportó un índice antidetonante de 87.9, correspondiente a una gasolina extra, lo cual tampoco concuerda con las afirmaciones anteriores, errores que no son de mera escritura, sino de fundamento, que repercuten en la resolución del caso.
Sostiene que los Magistrados del Tribunal hicieron un estudio puntual y grafico de esta prueba, y con base en ello arribaron a la absolución de su representado.
Más grave aún, dice, es la aceptación del perito en el sentido de que los dictámenes por él realizados fueron revisados por otro perito, lo cual significa que dos funcionarios incurrieron en graves errores de digitación.
Refuta las alegaciones de la demandante, según la cual no se valoraron los testimonios de los agentes Alcalde y Ardila, pues en varios apartes de la sentencia se hace alusión a ellos.
Afirma que en la recolección de las muestras de combustibles, se cercenaron los derechos de la defensa, porque no se tomaron muestras suficientes para que la defensa pudiera efectuar sus propios peritajes.
Pide que se tenga en cuenta que en el proceso se acreditó que el camión presentaba un daño estructural en el capó del camión, y ese fue el motivo por el cual su cliente, diligentemente, ingresó al taller en cuestión, para prevenir un daño mayor.
Insiste en que se respete la aplicación del in dubio pro reo y por tanto se confirme la sentencia del Tribunal, por estar ajustada a derecho.
5. Finalmente, la defensora de los procesados JAIME NORBERTO COSSIO METAUTE y JESÚS MARÍA HURTADO CORTÉS también se opone a las pretensiones de la casacionista, aduciendo que el Tribunal no incurrió en los errores denunciados.
Sostiene que aunque la demandante citó algunos apartes de los testimonios de los agentes Alcalde Cruz y Ardila Urbina, dejó de lado otros importantes, especialmente de la declaración del último, quien relató las razones que lo llevaron a capturar a sus defendidos, por supuestos “indicios”, cuyos hechos indicantes según la enunciación que hace, no fueron probados por la Fiscalía. Además, estas explicaciones se refieren a la captura del procesado JAIME NORBERTO COSSIO METAUTE, pero nada explicó sobre las razones de la captura de JAIME NORBERTO COSSIO METAUTE.
El Tribunal valoró la prueba existente y no otra, ya que los vacíos y las especulaciones de la fiscalía no le permitían arribar a otra conclusión, aplicando correctamente los artículos 7 y 381 de la ley 906 de 2004.
Los funcionarios de la policía Alcalde Cruz y Ardila Urbina se contradicen en sus declaraciones, entre sí, y en las exposiciones que ellos mismos rinden.
Había imposibilidad probatoria para dictar una sentencia condenatoria, ya que surgía evidente la duda que debía favorecer a los procesados. La sentencia trajo en detalle cada uno de los puntos a los cuales se refiere la señora Fiscal en su impugnación.
Pide, en consecuencia, que no se case la sentencia, porque no se dan los errores aducidos en la demanda.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
Pese al desarrollo que hizo la Fiscalía de los dos cargos, propuestos en contra de la sentencia de segundo grado, estima la Corte necesario abordar en primer lugar el segundo de ellos, por razones sistemáticas.
1. Cargo Segundo
De entrada se advierte que lejos de constituir un cargo autónomo, con particular pretensión, la crítica que se hace por la vía del error de hecho por falso juicio de existencia por omisión, representa, cuando más, la conclusión del cargo primero, pues, se limita la impugnante a significar que el Tribunal, de manera genérica, omitió “apreciar las pruebas aportadas legal y oportunamente”, en particular lo dicho por los agentes captores, el perito químico y los peritos encargados de relacionar las condiciones mecánicas y técnicas así como el estado general del vehículo del cual supuestamente se extrajo el combustible.
Nada, sin embargo, se hace para soportar lo afirmado, pues ni siquiera se dice cómo operó esa exclusión o cuál su trascendencia concreta, así se sostenga que por ocasión de ello se absolvió a los procesados.
Por absoluta carencia de objeto, entonces, la Corte no hará pronunciamiento independiente respecto a este segundo cargo y en su lugar, como lo advierte la totalidad del escrito, se entenderá que lo sostenido allí por la impugnante hace parte, a manera de conclusión, del único cargo que efectivamente se desarrolló.
1. Cargo Primero.
Por vía indirecta, dentro del error de hecho, la demandante, Fiscal Local, acusa a la sentencia de segunda instancia de haber incurrido en falso juicio de identidad, por tergiversación de lo que la prueba objetivamente demuestra.
Y si bien, el escrito de demanda presenta algunas incorrecciones en la crítica, dado que refiere la existencia del error respecto de varias pruebas, sin que se presenten separadamente estas, ni se discrimine la forma en que ello afecta la decisión respecto de cada uno de los procesados, teniendo en cuenta que se pretende la condena de todos los acusados, la Corte observa que se puede superar el defecto, dado que, cuando menos en lo que corresponde al dictamen del perito químico, claramente se estableció lo que el experto dijo efectivamente y lo que de allí entendió el Tribunal.
Para efectos metodológicos, la Sala encuentra necesario referirse en primer lugar al compromiso penal de los procesados JESÚS MARÍA HURTADO CORTES y JAIME NORBERTO COSSIO METAUTE, quienes fueron absueltos en primera instancia, decisión que confirmara el Tribunal en el fallo de segundo grado.
2.1. Respecto de ellos, el segundo, administrador del taller o aparcadero conocido como El Tierrero -Lugar en el cual advierte la acusación que RODRIGO ANTONIO ROJAS VÁSQUEZ, el tercer procesado, se dedicó a sustraer gasolina del carrotanque que conducía-, y el primero, lavador de carros allí, señala la fiscalía que existen elementos de juicio suficientes para considerarlos coautores del delito, ya que, afirma, ambos fueron capturados también en flagrancia cuando desarrollaban tareas propias del reparto criminal propio de la supuesta empresa criminal conformada para el efecto.
Señala, entonces, la demandante, en el primero de los cargos propuestos por la fiscalía, que el Tribunal incurrió en error de hecho por falso juicio de identidad, pues, si hubiese atendido a lo dicho por el agente Alcalde Cruz, en toda su extensión, habría comprendido que éste sí los observó directamente dedicados a la tarea sustractora que se les endilga.
Para el efecto, transcribe la recurrente algunos apartados puntuales de lo declarado por el patrullero en la audiencia de juicio oral, para luego contrastarlo con lo dicho por el Tribunal y de allí colegir el yerro, que presuntamente radica en la lectura parcializada, o mejor, incompleta, que de esos dichos hizo el Tribunal.
Empero, la Sala no observa una desarmonía tal entre lo que objetivamente la prueba informa y lo que el fallador de segundo grado entendió, sino apenas la típica controversia de instancia en la cual la impugnante pretende dar a esas manifestaciones un alcance distinto al que el Tribunal le otorgó, sin siquiera ocuparse de controvertir adecuadamente el análisis puntual realizado por esa Corporación.
Escuchado el registro de lo narrado por el patrullero Alcalde Cruz, no se aprecia que de verdad, como lo postula la demandante, sus aseveraciones fueran distorsionadas o fraccionadas, o tuvieran agregados del Tribunal que no corresponden a la verdad.
Palabras más, palabras menos, el atestante aseguró que entró al aparcadero-taller, El Tierrero, en pos del carrotanque conducido por RODRIGO ANTONIO ROJAS VÁSQUEZ, dado que se apreció inusual que desviara su ruta, no obstante hallarse cargado de combustible. Al entrar observó que su conductor se encontraba encima del tanque de gasolina, con una manguera en sus manos y varias pimpinas –o galones plásticos-, abajo del vehículo.
Así mismo, respecto de lo que adelantaban JESÚS MARÍA HURTADO CORTÉS y JAIME NORBERTO COSSIO METAUTE, parte por aceptar que a ninguno de estos los observó dedicado a esa que presumió tarea de pasar el combustible, por gravedad y con la utilización de la manguera, del tanque transportador del vehículo pesado a las pimpinas.
Sin embargo, estimó que se hallaban ellos comprometidos en la ilicitud, ya que, una vez movido el vehículo por su conductor, quien al verlo subió a la cabina y emprendió la marcha hacia afuera del taller, vio detrás de él, escondido, al administrador del establecimiento, JAIME COSSIO METAUTE. A su vez, señala a JESÚS MARÍA HURTADO CORTÉS, quien se hallaba algo más alejado del automotor, como la persona que fungía como “campanero”, esto es, vigilaba la buena marcha del acto ilícito y se encargaba de alertar sobre la presencia policial.
Esto es lo que se extracta de lo textualmente revelado por el testigo, así transcrito en la demanda, que, debe relevarse, se aviene correctamente con lo que los registros escuchados enseñan:
“Manifestó usted que ingresó hasta la mitad del parqueadero y que vio a una persona en el vehículo, encima del vehículo, había alguien más cerca de ese vehículo. Responde: “Sí, una persona que estaba en la parte de atrás del vehículo…continúa… cerca, cerca al vehículo solamente estas dos personas, pero entre 8 y 10 metros se encontraba ubicada otra persona” ….“A qué distancia estaban estas personas de usted” …..“estaban más o menos a un promedio de 10 12 metros y el carrotanque a 10 metros” …. “Concretamente que estaban haciendo las personas a las que usted a (sic) hecho alusión” ….“como ya lo dije una persona se encontraba en la parte principal del tanque sosteniendo una manguera, la otra no la podía ver porque el carro estaba ubicado así y yo estaba ubicado a ese lado, entonces no la veía, pero al momento en el que estaba acá que es el que les informa la presencia de la policía cuando me ve hablando por avantel, entonces una hace el desplazamiento que es el que yo veo que sale de acá cuando mueven el carro y el que está acá parado que es él (sic) que el informa que ya había llegado la policía”.
Y culmina diciendo el agente de policía: “Cerca al vehículo habían dos personas y otro que estaba como a 10 metros, el conductor del vehículo que estaba en la parte superior y el administrador del parqueadero que es el encargado de la compra de la barbacha que estaba en la parte de abajo al lado del vehículo…al lado del vehículo había una manguera y dos canecas con capacidad para 55 galones llenas y las tres pimpinas llenas”.
El Tribunal leyó de esta forma lo dicho por el testigo:
“Jhoany alcalde, por su parte, hace saber que personalmente, siguiendo las órdenes de su Superior, se dirigió al parqueadero, penetró hasta la mitad del mismo y allí efectivamente vio a una persona en la parte principal del tanque sosteniendo una manguera, persona esta que, como veremos, es el acusado Rojas Vásquez. En relación con los dos restantes, pese a que su ubicación le impedía ver quien estaba detrás del vehículo con el otro extremo de la manguera, sí pudo ver, cuando el carro se movió, a un segundo individuo que resultó ser el administrador del local, así como a otro tercero que estaba unos diez metros más adentro y al que acusa de haber dado aviso de su presencia, por lo que no vacila en catalogarlo como el vigilante de la ilícita operación”
Nada distinto a lo dicho por el declarante apreció objetivamente el Tribunal, razón por la cual carece de sustento fáctico la controversia que pretende entablar la impugnante, respecto de la supuesta existencia de error de hecho por falso juicio de identidad, en tanto, se reitera, no hubo tergiversación, adición o sustracción de lo que objetivamente informa el testimonio.
Cosa diferente es que el Tribunal, como era su deber dentro del análisis que le es propio de los medios suasorios recogidos, valorara esos dichos, o mejor, el comportamiento que de los dos procesados describe el testigo, de manera diferente a como lo intenta la fiscalía.
Esto dijo el Tribunal:
“Pues bien, lo que refulge con total claridad de este aparte de la alegación Fiscal no es la demostración de la extensión de la flagrancia a estos dos sujetos sino la defensa del criterio valorativo que tuvo el Agente Ardila para involucrar a ambos dentro del proceso sobre la base de unos “indicios” que él ponderó en ese momento, por lo que dicho en otras palabras, la señora Fiscal, con todo y predicarla de los tres acusados, no le da en últimas contenido a dicha flagrancia como fuente de imputación contra los dos absueltos. Y no lo hace por cuanto lo que refiere en su alegato respecto a la observación directa del accionar delictivo por parte del agente Ardila se basa, primero, en hechos que no tienen que ver en forma directa con el hurto sino, eventualmente, con un posible delito de receptación y, segundo, por cuanto las expresiones que reproduce del testimonio del Agente Alcalde Cruz dejan entrever que éste únicamente puede relacionar directamente con la flagrancia de que habla al sindicado Rojas Vásquez, pues fue a él a quien vio sobre el vehículo manipulando una manguera para la extracción de combustible, ya que claramente advierte que “a la otra no la podía ver”, refiriéndose a quien manipulaba el otro extremote dicha manguera, que termina suponiendo era Cossio Metaute por cuanto cuando se retiró el vehículo lo vio en el interior del parqueadero, ni da tampoco un contenido material a la actividad supuestamente cumplida por Hurtado, pues no relaciona ninguna actividad específica que hubiera percibido y que le hubiera dado validez material a su conclusión de que se trataba del vigilante”
Y es esta conclusión, la del Tribunal, aquella que prohíja la Corte, no solo porque viene prevalida de una doble condición de acierto y legalidad, que de ninguna forma puede ser destronada en casación con la simple posición contraria de la impugnante, ajena completamente al yerro que postula en el cargo, sino en atención a que se aviene con los hechos y la connotación jurídica que ellos comportan.
En efecto, analizada la prueba de cargos recogida en contra de JESÚS MARÍA HURTADO CORTÉS y JAIME NORBERTO COSSIO METAUTE, dos son las circunstancias que conducen a su absolución, una vez advertidos, porque de esta forma se ha aceptado invariable a lo largo del proceso, que su vinculación penal opera exclusivamente en razón a la presunta flagrancia que se extracta de lo percibido por el agente Alcalde Cruz.
La primera de ellas, de eminente contenido fáctico lleva a concluir en la inexistencia de la flagrancia pregonada, sencillamente porque no fueron sorprendidos en actividad puntual que prima facie, advierta su vinculación con el hurto de combustible atribuido al conductor del carrotanque.
El mismo agente Alcalde Cruz termina por aceptarlo de esta forma, cuando verifica, en torno del administrador del aparcadero, que no lo vio dedicado a específica tarea en pro de extraer el combustible, aunque ya luego, retirado el vehículo, lo observó detrás del mismo.
Entonces, en estricto sentido, el policial extracta su conclusión de intervención en el delito, a partir de inferir que si se hallaba allí atrás, hubo de estar participando en el hecho.
Algo similar sucede con el procesado JESÚS MARÍA HURTADO CORTÉS, de quien no ofrece el declarante criterio concreto que permita advertirlo, a pesar de la acusación, el “campanero” o vigilante de la maniobra ilícita, observándose cuando menos inmotivada, o mejor, carente de soporte fáctico la manifestación de que alertaba de la presencia policial, sin que siquiera se diga cuál es el ademán, maniobra, acto o palabra que represente materialmente esa conducta.
Y el segundo de los tópicos que conduce a ratificar las decisiones de primera y segunda instancias, dice relación con el entendimiento que debe darse a esos comportamientos de los procesados HURTADO CORTÉS y COSSIO METAUTE, aún si en gracia de discusión se dijera que el primero ayudaba a extraer el combustible, y el segundo se encargaba de alertar la presencia policial.
Para el efecto, importa destacar que en el Aparcadero El Tierrero, a más de las tres pimpinas de seis galones de capacidad cada una, que se hallaron al lado del carrotanque, fueron encontradas once canecas, de 55 galones cada una, llenas de combustible, lo que permitió deducir que se trataba, el lugar, de un sitio destinado a la compra o almacenamiento de hidrocarburo hurtado, motivo por el cual la Fiscalía compulsó copias para que se investigara el posible delito de receptación.
Ello, además, basada en que el administrador del establecimiento entregó facturas que no corresponden al lugar y cantidad de lo hallado.
Si esto es así, entonces, mayor sentido tendría sostener, como lo hizo el Tribunal en el fallo atacado, que la conducta realizada por JAIME NORBERTO COSSIO METAUTE, se aviene mejor con ese delito de receptación que por cuerda separada se investiga, en tanto, agrega la Sala, si respecto del grueso del combustible se le tiene como receptador, no se entiende por qué en este caso, cuando se le supone recibiendo el hidrocarburo que extraía del carrotanque su conductor, opere coautor. Mucho menos, si en soporte de esta tesis de coautoría ningún elemento nuevo se ha ofrecido, para que pueda asumirse la existencia de un previo acuerdo de voluntades y la repartición del trabajo criminal, notas características del fenómeno que ahora se desecha.
Si se tratase de ser exhaustivos, a esa conclusión, esto es, la posible condición de receptador del procesado COSSIO METAUTE, conduce lo afirmado por el agente Alcalde Cruz, en cuanto significa que el acusado, en cuanto administrador del aparcadero “…es el encargado de la compra de la barbacha”. Desde luego, razona la Corte, si al procesado se le atribuye la actividad de compra del combustible hurtado, mal puede significársele a la vez coautor del delito de hurto de combustible.
Algo similar cabe predicar de JESÚS MARÍA HURTADO CORTÉS, pues, si se le dijera efectivamente encargado de vigilar la forma como el hidrocarburo era trasladado a las pimpinas, más adecuado resulta suponer que ello obedece, en razón a su labor como lavador de carros en el establecimiento, a su connivencia con el administrador del mismo y no con el conductor del automotor.
Acorde con lo anotado, acertada resultó la decisión de ambas instancias, en cuanto absolvieron del cargo que por el delito de hurto calificado les formuló la fiscalía general de la nación, a los procesados JESÚS MARÍA HURTADO CORTÉS y JAIME NORBERTO COSSIO METAUTE.
2.2. Atinente a la vinculación en los hechos de RODRIGO ANTONIO ROJAS VÁSQUEZ, la fiscalía enderezó la controversia en contra del fallo de segunda instancia que revocó lo dispuesto por el juzgador de primer grado sobre este tópico y en su lugar absolvió al procesado, por la vía indirecta del error de hecho por falso juicio de identidad, que en primer lugar remite a lo dictaminado por el experto químico en relación con las muestras de combustible tomadas en el lugar de los hechos por los agentes de policía.
Como antecedente necesario para resolver lo planteado, estima pertinente la corte recordar cómo este tipo de alegación dice relación no con la valoración probatoria que dentro de su arbitrio hace el fallador, sino con la forma como él percibe lo que objetivamente dice la prueba.
En otras palabras, el camino del falso juicio de identidad implica necesario demostrar que el juzgador erró en la lectura de lo que la prueba informa en su ropaje exterior, independientemente de la forma como se analice su poder suasorio, sea porque dejó de tomar en consideración alguno de sus apartados, agregó algo que no contiene o tergiversó su sentido natural y obvio.
Así señaló la Sala, en ocasión anterior, la diferencia que separa el falso juicio de identidad, con el error de raciocinio o valoración:
“…El error de hecho por falso juicio de identidad difiere del error que proviene del desconocimiento de las reglas de la sana crítica en la valoración del mérito de las pruebas, que la Corte ha venido nominando error de hecho por falso raciocinio.
“Mientras el primero se configura cuando el sentenciador distorsiona el sentido objetivo del medio probatorio, ya porque lo cercena, ora porque lo adiciona, o bien porque lo tergiversa, con la secuela de que por tal manejo se le hace producir efectos que no se desprenden de su real contenido o, dicho de otra forma, se le hace decir lo que aquel no dice; el segundo surge cuando el juez, en el examen de su contenido suasorio o de aplicación en general de razonamientos lógicos, se aparta de las reglas de la experiencia, los postulados de la lógica, o los principios de la ciencia”
Precisamente, debe anotarse, la fiscalía, en cuanto sujeto recurrente, advirtió que el Tribunal distorsionó lo que objetivamente contiene la prueba pericial en mención, ya que se limitó a significar la existencia de contradicciones en el informe soporte previamente presentado por el perito y entregado a las partes, advirtiendo que lo referido en la audiencia por el experto no alcanzaba a superar las disonancias con el documento, pues, obedeció apenas a lo que el perito recordaba.
Pues bien, una detenida auscultación de la forma en que el perito rindió testimonio, lo consignado en el informe previamente aducido por la Fiscalía, y la forma en que el Tribunal leyó el contenido integral de la prueba en mención, permite advertir que, en efecto, se incurrió en el yerro destacado por la impugnante.
Para una mayor comprensión del asunto, importa detallar la forma como el Ad quem se refirió al contenido de lo testimoniado por el experto químico:
“pues bien, tomando como orden el que reseña dicho informe, donde incluso se toma el nombre de dos de los sindicados como referentes para cada una de esas muestras, tendríamos entonces que las dos primeras corresponderían a las pimpinas y a la manguera, la tercera al carrotanque y la cuarta a las canecas, afirmación que cobra mayor validez si se observa que esa tercera muestra se rotuló con le nombre de Rodrigo Antonio Rojas, seguramente bajo el entendido de que ella se extraía de su camión, mientras que las tres restantes se tomaron de los elementos presentes en el parqueadero, el cual, sabemos, era administrado por el señor Jaime Norberto Cossio Metaute, con cuyo nombre aparecen rotuladas dichas muestras. Y Adviene entonces sorprendente, por decir lo menos, que en ese informe, frente a la muestra número tres, la que concluimos fue la extraída del carrotanque, el perito, luego del examen correspondiente, resulta asignándole tres naturalezas distintas y claramente contrapuestas, pues primero, sobre la base de la cromatografía de gases, advierte claramente que tiene un “perfil cromatográfico similar al del ACPM”; luego, sobre la base de los grados API, encuentra que esa muestra 3 tiene una gradación de 39.0, muy diferente sin duda de la de las tres muestras restantes, que tienen un grado de 60.0, tras lo cual, en la valoración de resultados subsecuentes, advierte primero que esa muestra tres, lo mismo que la una y la dos, corresponden a gasolina, mientras que la cuatro corresponde a gasolina mezclada con ACPM; y para mayor colmo en la confusión, advierte luego, , sobre la base del índice antidetonante, que a diferencia de las muestras uno y dos, que corresponden a gasolina corriente básica, la muestra 3 reporta un índice antidetonante correspondiente a una gasolina extra básica, . ACPM, GASOLINA CORRIENTE BÁSICA Y GASOLINA EXTRA BÁSICA son entonces las naturalezas contrapuestas del líquido supuestamente transportado en el camión, y aunque se sabe que realmente éste transportaba el segundo de ellos, lo que sí queda en evidencia, con tantas contradicciones, que efectivamente se quieren validar con el testimonio del perito como simples errores de digitación, es una absoluta falta de fiabilidad en la cadena de custodia de la toma de muestras y de su análisis posterior, pues por más que se empeñe el señor perito en corregir los manifiestos yerros de su informe con la ya referida excusa, lo que sí es claro es que la supuesta convergencia entre las muestras del carrotanque y las pimpinas queda diferido a un simple ejercicio de memoria del experto que en materia tan técnica resulta un muy pobre elemento de persuasión para adquirir una certeza plena e indubitable sobre la dicha convergencia. Y aunque es cierto, como lo advirtió la señora Fiscal al intervenir como sujeto procesal no recurrente respecto de la impugnación de la condena del señor Rojas, que lo que se debe valorar en el juicio es el testimonio y no el informe, pues éste como tal no constituye prueba, sí es evidente que estando él legalmente incorporado dentro de la investigación, puede perfectamente servir como medio de impugnación del testimonio, ya que dentro de una racional asunción de la credibilidad de un testigo, no ayuda mucho a deducirla el que ese declarante, en algún documento, hubiera plasmado hechos que no se correspondan exactamente son (sic) lo que luego se refiere testimonialmente, mucho menos cuando la razón de su atestación, reiteramos, tiene que ver con aspectos sumamente técnicos como los que concitan la atención de la sala en este caso, que mal se pueden dejar confiados a la memoria de una persona que por su condición de servidor público muchos casos similares tiene que haber conocido y que, para colmo, declara después de muchos meses después (sic) de la ocurrencia de los hechos” (las subrayas corresponden a la Corte).
Lo transcrito corresponde a la lectura que de la prueba pericial hizo el Tribunal.
Y de ello, se destacan dos aspectos cruciales: que el Ad quem tomó en cuenta lo consignado en el informe y no lo expuesto por el perito en su atestación jurada ante el juzgado de conocimiento, en curso de la audiencia de juicio oral; y que la única referencia a lo dictaminado allí por el experto, remitió exclusivamente a que este señaló causa de las contradicciones consignadas en el informe, errores de digitación, y a que lo referido por él tenía como único sustento el ejercicio de la memoria.
Pero, lejos de operar tan precaria la deponencia del experto, éste, como lo refiere la impugnante, explicó amplia y detalladamente no sólo la forma en que respetó la cadena de custodia, sino los exámenes realizados a las muestras, la naturaleza de ellos, lo que permiten conocer y la manera en que se llega a las conclusiones.
Aspectos, estos, que dicen relación precisamente con la esencia de la prueba y que nunca fueron tomados en cuenta por el Tribunal, aunque fuese para descartar o controvertir lo dictaminado.
Desde luego que el informe pericial, por su particular condición, puede estimarse adscrito a la prueba o incluso, como se sostiene en el fallo, utilizarse para atacar la credibilidad del perito o la justeza de lo concluido.
Pero, ostensible su carácter accesorio –tanto que ningún valor tiene si el experto no concurre a la audiencia de juicio oral a rendir de viva voz el dictamen, como lo postula el inciso segundo del artículo 415 de la Ley 906 de 2004, o que puede presentarse el dictamen sin el documento, tal cual lo consagra el artículo 412 ibídem-, no puede ser que la verificación del contenido y efectos de la prueba se haga radicar exclusivamente en dicho documento, soslayando, dentro de lo que imponen los principios de inmediación y contradicción, los fundamentos y conclusiones de la prueba en estricto sentido, esto es, la declaración rendida bajo la gravedad del juramento por el experto.
No en balde, el artículo 420 de la Ley 906 de 2004, en desarrollo de los principios de oralidad, publicidad e inmediación, reclama, en punto de apreciación de este elemento suasorio:
“Para apreciar la prueba pericial, en el juicio oral y público, se tendrá en cuenta la idoneidad técnico científica y moral del perito, la claridad y exactitud de sus respuestas, su comportamiento al responder, el grado de aceptación de los principios científicos, técnicos o artísticos en que se apoye el perito, los instrumentos utilizados y la consistencia del conjunto de respuestas”
Nada de ello se observa en el análisis del Tribunal, precisamente porque, de un lado, cercenó la integridad objetiva de la prueba, y del otro, tergiversó lo poco que del perito examinó.
En efecto, sobre lo que al primer tópico corresponde, en lugar de profundizar en los fundamentos expuestos por el perito para explicar cómo recibió las muestras, qué pruebas practicó, cuál es su grado de confiabilidad, qué arrojaron los exámenes y cómo se llegó a las conclusiones, se limitó el fallador de segundo grado a describir las evidentes inconsistencias del informe, señalando apenas que ellas no pueden justificarse en un error de digitación, pero obviando siquiera considerar por qué esta no puede ser una afirmación aceptable, para lo cual, desde luego, era indispensable atender a las razones del perito.
Porque, se repite, el experto no se limitó a significar que los yerros del informe obedecían a ello, sino que de manera amplia y suficiente explicó técnicamente cómo se realizó el examen, advirtiendo la disonancia evidente entre lo que las pruebas arrojaron y lo anotado en las conclusiones, para después sustentar cómo deben interpretarse los exámenes en cita.
El hecho de que se trate de una prueba técnica no excusa de su verificación profunda por parte del fallador, sea para aceptar sus conclusiones, o a fin de apartarse de ellas, asunto que no puede suplirse apenas con la manifestación de que el informe contiene inconsistencias, cuando, como aquí sucede, esas inconsistencias han sido explicadas en un dictamen pericial sólo tomado en cuenta de soslayo.
Y, debe resaltarse, asoma mayor el desatino cuando, además del cercenamiento antes relacionado, el juzgador tergiversa lo que la prueba objetivamente enseña, haciéndole decir lo que no dice.
Subrayó la Sala, en el amplio apartado del fallo de segunda instancia transcrito, los términos precisos en los que el Tribunal se refirió a las explicaciones ofrecidas por el experto, de entrada descalificadas porque se basaban apenas en su memoria, cuando la declaración se vertió mucho tiempo después de realizados los exámenes. Ello, piensa la Corte, se entendió suficiente para obviar considerar lo justificado ampliamente en ese testimonio.
Ocurre, empero, y aquí radica el falso juicio de identidad por tergiversación atribuido al fallador de segundo grado, que el perito no rindió sus explicaciones basado en su memoria, como se pregona, sino que siempre tuvo a su disposición, y efectivamente las consultó, las pruebas practicadas a los combustibles y sus resultados, fundamentándose precisamente en estos para soportar cuáles son los patrones y cómo ellos se interpretan en punto de determinar si la muestra número tres –tomada del carrotanque, como ya se tiene establecido-, efectivamente corresponde o no a gasolina corriente y si ella se aviene con el hidrocarburo contenido en las pimpinas.
Para demostrar el aserto, apenas basta con revisar el registro de la audiencia de juicio oral y, particularmente, la atestación recabada al experto químico.
Apenas como resumen de lo expuesto por el experto, este partió por significar que las muestras, con sus correspondientes rótulos de cadena de custodia e identificación, fueron recibidas en el laboratorio y luego entregadas a su jefe, quien le asignó el examen. Recibidas las muestras, pudo comprobar que lo designado en el registro correspondía a las muestras. En ellas, practicó exámenes de grados API, perfil cromatográfico, índice antidetonante y nivel de plomo.
Efectuados los exámenes, determinó que tres muestras corresponden a gasolina y una a ACPM. Explica que el índice antidetonante sirve para diferenciar la gasolina extra de la corriente. Dentro de estos parámetros, los niveles de 82.5 y 82.6, corresponden a gasolina corriente, al tanto que 87.9 ó más, indican que se trata de gasolina extra.
La fiscalía interroga al perito acerca de la disonancia que existe entre el cuadro de interpretación de resultados y el de índice antidetonante, pues, el primero significa que la muestra 3 –se repite, la tomada del carrotanque-, señala un total de 87.9, pero el segundo establece que ese índice se aviene con la muestra número dos.
El experto advierte que necesariamente debió presentarse un error de digitación en el cuarto párrafo del cuadro de interpretación de resultados, dado que, cuando allí se indica que las muestras 1 y 2 poseen un índice antidetonante de 82.5 y 82.6, respectivamente (minuto 21:15), debe entenderse que se habla de las muestras 1 y 3.
Y ello necesariamente tiene que ser así, explica, porque los exámenes, consignados en la tabla de índice antidetonante, claramente establecen que la muestra 1 se eleva a 82.5, la muestra 2 a 87.9, la tres a 82.6, y la 4 a 72.4.
No es posible, agrega, que la muestra tres pueda representar gasolina extra, por la sencilla razón que el índice antidetonante extraído de la muestra, 82.6, dentro de los parámetros establecidos para el efecto, se aleja del estándar conocido para aquella y, en contrario, delimita su adscripción a la gasolina corriente, en tanto, el patrón básico para este último combustible es de 80.8. Los índices cercanos a este baremo se estiman gasolina corriente, al tanto que los alejados del mismo han de reputarse gasolina extra.
De igual modo, la cercanía en los niveles del índice antidetonante -82.5 y 82.6- permite advertir similares las muestras 1 y 3 (tomadas, debe recordar la Corte, de las pimpinas y del carrotanque, respectivamente) en cuanto gasolina corriente.
A renglón seguido, el defensor del procesado toma todos y cada uno de los detalles consignados en el informe, indagando por ellos al perito. Este, explica en qué consiste la prueba de perfil cromatográfico, describiéndolo como la huella digital de un compuesto, y a qué corresponden los grados API.
Por virtud de lo indagado por la defensa, el experto advierte que los reportes de los exámenes quedan guardados y si se verifican podrá comprobarse que la muestra número tres corresponde a gasolina y no ACPM.
Al minuto 56 y 18 segundos, el experto significa que ha llevado consigo una muestra de los cromatogramas y del índice antidetonante. Reitera que el yerro respecto a la muestra tres corresponde a error de digitación, para lo cual basta revisar la tabla de resultados, en contrastación con la copia del examen de índice antidetonante. Mas adelante, el profesional químico, con el examen cromatográfico en sus manos, detalla los picos que corresponden al nivel de cada muestra, manifestando que resulta imposible cambiar esos resultados y en ellos es que debe basarse la conclusión.
De esta forma resumido lo expresado por el testigo, una primera conclusión que emerge ineludible, es aquella referida a cómo no fue la memoria el factor que facultó del perito rendir su dictamen y explicar las inconsistencias del informe, sino que estuvo asistido él de la copia de los exámenes practicados y de las tablas de resultados arrojados por ellos, con lo cual queda sin piso la manifestación del Tribunal, gracias a la cual automáticamente, sin tomarla en cuenta, pasó por alto la atestación jurada.
Así mismo, para la Corte asoman lógicas y fundamentadas las explicaciones rendidas por el experto para justificar el yerro consignado en el informe previamente entregado a las partes, pues, se halla claro que lo concluido debe obedecer necesariamente a los exámenes practicados y a lo que sus resultados arrojan, en inescindible relación de causa a efecto.
En consecuencia, si el patrón para la gasolina común es de 80.8, o valores aproximados, del índice antidetonante, y se demostró, con la correspondiente tabla de este, que la muestra número tres (tomada del combustible transportado en el carrotanque) tiene un índice antidetonante de 82.6, de ninguna manera puede anotarse en la tabla de interpretación de resultados, que esa muestra tres corresponde a gasolina extra.
Y si, además, se tiene claro, por esa tabla de resultados del índice antidetonante, que la muestra dos arroja un total de 87.9, apenas puede colegirse, como lo hizo el perito, que lo consignado en la tabla de interpretación de resultados obedeció al error de digitación pregonado, sencillamente porque los exámenes indican que la gasolina extra es la de la muestra número 2, y las muestras 1 y 3 se avienen con gasolina corriente.
Bajo estas premisas básicas, la Corte encuentra que, en efecto, se ha probado cómo la gasolina llevada en el carrotanque registra uniprocedencia con aquella contenida en las pimpinas halladas por los agentes de policía al lado del vehículo (sus índices antidetonante corresponden, respectivamente, a 82.6 y 82.5).
Por manera que, debe decirse, el yerro del Tribunal se muestra trascendente en punto, individualmente considerada, de la prueba pericial, pues, corregido el mismo, se concluye en la justeza de lo dictaminado por el experto.
Debe la sala, a renglón seguido, verificar la trascendencia del yerro, pero no ya en punto de la prueba específica, sino respecto del acopio probatorio en general y, en especial, su incidencia respecto de la decisión absolutoria proferida por el Tribunal.
Tarea que, debe relevarse, asoma si se quiere elemental pues, para tomar las argumentaciones consignadas por el Ad quem, en la sentencia controvertida, a la evidencia procesal que surge de la captura en flagrancia del procesado, a quien dijo el agente Alcalde Cruz, ocupado, desde la parte posterior del carrotanque, de trasladar por gravedad, con una manguera, la gasolina desde el automotor hacia tres pimpinas, estableció el Tribunal una especie de valor probatorio condicionado a que se demostrara la uniprocedencia de los combustibles hallados en uno y otras.
Respecto de esta forma de razonar, encuentra la Corte que por sí mismo un hecho de tanta trascendencia probatoria como el que describe el funcionario policial, conduce a significar evidente la maniobra sustractora, pues, dentro de un plano lógico y racional, no se halla explicación distinta (aunque pueda justificarse después el accionar) a la de que, con la manguera en sus manos y los recipientes llenos en la parte inferior, el procesado se dedicaba a extraer el combustible del carrotanque.
Y, si lo que se trata es de poner en tela de juicio la veracidad de lo expuesto por el agente de policía, ello amerita un examen un poco más profundo de aquel intentado por el Ad quem -que se limitó a exigir de otra prueba que soportara la atestación jurada como si esta no tuviera valor y capacidad suasoria por sí misma-, que parta por registrar la veracidad intrínseca de lo narrado por el testigo excepcional y aborde todo el otro material probatorio que pueda sustentar su credibilidad –por ejemplo, lo expresado por su superior, quien acudió pocos momentos después al sitio-.
En este sentido, razona la Corte, el que no exista uniprocedencia entre lo contenido por las pimpinas y el hidrocarburo llevado en el automotor conducido por el acusado, no necesariamente significa que mienta el policial o que la actividad del procesado no se registre delictuosa, dado que, determinada la existencia de un delito de hurto en la modalidad imperfecta de tentativa, perfectamente pudiera suceder que al momento de penetrar al aparcadero el servidor público, se aprestase el procesado apenas a comenzar la labor de bombeo por gravedad.
Desde luego, si como aquí se determinó, el combustible de los recipientes registra similar índice antidetonante al que se transportaba, cualquier duda se despeja, demostrándose que esa labor de bombeo ya estaba siendo ejecutada por RODRIGO ANTONIO ROJAS VÁSQUEZ, al momento del arribo del policial, tornando inequívoco el sorprendimiento flagrante y, a la par, perfeccionando por sí mismo el material suasorio suficiente para determinar la responsabilidad penal despejada acertadamente en el fallo de primera instancia.
Es claro, no solo porque la argumentación del Tribunal iba en este sentido, sino porque la lógica probatoria así lo impone, que ese sorprendimiento flagrante, ratificado por la prueba pericial, se basta por sí mismo para emitir fallo de condena en contra del procesado ROJAS VÁSQUEZ, en calidad de autor del delito de hurto calificado, en la modalidad imperfecta de tentativa, por el cual se le llamó a juicio, como quiera que en su calidad de transportador, se había comprometido a llevar desde la distribuidora mayorista Zeus, hasta la Estación de Servicios Claret, el combustible adquirido por este último establecimiento comercial.
Pero, además, despejado el punto también se evidencia incontrastable el material indiciario recogido en contra del acusado y que parte por determinar carente de justificación -“sospechoso” lo reseña el fallo de segundo grado, aunque a renglón seguido, de forma contradictoria, se ocupa de sustentar válidas las explicaciones del procesado-, que se desviase de la ruta para ingresar al aparcadero.
Ya está claro, definido que efectivamente fue sorprendido en flagrante actividad de sustracción del combustible, cómo ese comportamiento es no solo sospechoso, sino que se halla directamente vinculado con el delito y no con la supuesta pretensión de arreglar, o cuando menos cotizar, los supuestos desperfectos del automotor, como alegó el procesado en su declaración ante el juez de conocimiento.
Al proceso se allegaron dos peritajes, uno de la fiscalía y otro presentado por la defensa, referidos a la naturaleza, gravedad y consecuencias de las fisuras evidenciadas en el capó del rodante, las cuales, adujo el acusado, lo obligaron a tomar la decisión de acudir urgentemente al aparcadero-taller.
De alguna manera los peritajes en mención se muestran contradictorios, evidenciándose en el experto allegado por la defensa, una clara pretensión de sustentar su teoría del caso, significando la supuesta gravedad de los daños.
Pero, independientemente de ello, para la Sala es claro que ningún desperfecto mecánico poseía el vehículo, porque en ello coinciden los expertos, y que las fisuras del capó no generaban un inmediato peligro, entre otras razones, como lo explicó la funcionaria adscrita al Tránsito Municipal de Medellín, porque este se halla asegurado con bisagras que garantizan, a pesar de las fisuras, que el elemento en cuestión no se desprendería.
Las fotografías, además, enseñan de un estado de mantenimiento regular del vehículo y no de un hecho accidental inmediato que reclamara abandonar la ruta de descargue del combustible para atender el daño.
Por lo demás, si el vehículo discurrió sin contratiempos desde el sitio en el cual señaló el acusado se comunicó vía celular con su hermano, quien le recomendó acudir al taller donde fue capturado, no se entiende por qué en lugar de acudir primero a la Estación Claret, situada apenas un kilómetro más adelante, para así descargar el automotor y proceder después con toda confianza a hacer las reparaciones que estimara menester, decidió mejor desviar su ruta, so pena de incumplir con el horario establecido para el transporte y con el riesgo que puede representar adelantar el trabajo mecánico con el combustible en el tanque.
Por lo demás, escuchada la declaración del hermano del procesado, Ramón Hernando Rojas, se ofrece cuando menos curioso que se hallase en el aparcadero en el preciso momento en que se sorprende al acusado en la acción sustractora.
Y su explicación de que decidió acudir al taller para verificar las condiciones del carrotanque, preocupado por lo que su colateral le manifestó poco antes, se evidencia mendaz cuando él mismo sostiene que ingresó, en la camioneta de su propiedad, cuando su hermano, a bordo del carrotanque, salía de allí, pero, pese a la razón que lo obligó a hacer presencia, nada hizo por verificar con este el estado del vehículo o el diagnóstico efectuado por el mecánico, dejando que abandonara el establecimiento, aunque metros más adelante se ordenara la detención del rodante.
Para la Sala, el que se demuestre flagrante la captura de RODRIGO ANTONIO ROJAS VÁSQUEZ, cuando se dedicaba a hurtar el combustible transportado en su vehículo, torna bastante sospechosa la presencia allí de su hermano, dado que se queda sin piso su explicación de que pretendía verificar lo ocurrido con el automotor y tomando en consideración que durante la declaración jurada vertida ante el juez de conocimiento, se dijo propietario de una estación de gasolina, añadiendo que incluso cuando ningún vehículo de su propiedad se hallaba en reparación allí, acudía 2, 3 ó 4 veces a la semana.
Por ello, aunque el asunto que se falla en casación no se sigue en su contra, ordenará la Corte que se compulsen copias de lo pertinente, para que la Fiscalía, dentro del proceso que por cuerda separada adelanta en contra del administrador del aparcadero-taller, investigue si Ramón Hernando Rojas, tiene alguna vinculación con el delito de receptación investigado.
Resta señalar, en punto de las consideraciones efectuadas por el Ad quem en la sentencia examinada, que de ninguna forma puede entenderse natural o justificable encontrar en el taller once canecas de 55 galones cada una, llenas de gasolina, pues, si bien es cierto, el combustible puede utilizarse para la limpieza y reparación de vehículos, de entrada emerge superlativamente mayor a lo que esa tarea demanda, la cantidad del hidrocarburo, por completo ajena a lo que se pregona.
Mucho más si, como lo señaló en la audiencia de juicio oral uno de los mecánicos que allí laboran, cuando se requiere combustible, este es tomado del tanque del vehículo objeto de reparación. Y si la labor entraña peligro, se extrae de allí la gasolina y luego de la reparación se vierte de nuevo al tanque.
Como lo dijo el Comandante de la patrulla, esa cantidad de combustible torna al taller gran consumidor, lo que obligaba cumplir con algunos requisitos legales. Pero, para suplir la carencia de los mismos, el administrador del establecimiento enseñó una guía completamente ajena al lugar y a la cantidad que allí se halló.
Y si bien, no soslaya la Corte que este es un asunto investigado por la Fiscalía en cuerda separada, ello sirve para responder a otra de las afirmaciones contenidas en el fallo cuestionado, referida a que se advierte impropio que el procesado, si de sustraer la gasolina se trataba, lo hiciera en un lugar público, a ojos de gran cantidad de personas.
La duda se libra precisamente cuando se advierte que el lugar sirve de acopio a gran cantidad de combustible carente de cualquier legalidad, deviniendo razonable, por tan preciso motivo, que allí operase la tarea sustractora.
En suma, demostrado que el procesado fue hallado en incontrastable situación de flagrancia cuando se dedicaba a extraer el combustible que transportaba en el carrotanque conducido por él, determinado pericialmente que la gasolina hallada en las pimpinas, posee uniprocedencia respecto de la contenida en el vehículo, y desechada por mendaz la explicación del procesado acerca de la razón que lo llevó a ingresar al aparcadero, abandonando la ruta asignada para la entrega del hidrocarburo, no cabe más que pregonar demostrada su responsabilidad dolosa en el delito contra el patrimonio económico que se le atribuye, razón suficiente para que, verificada la causal de casación alegada por la fiscalía, se revoque parcialmente el fallo de segunda instancia proferido por el Tribunal de Medellín, en lo que corresponde exclusivamente con la absolución allí emitida a favor de RODRIGO ANTONIO ROJAS VÁSQUEZ.
Recobra, en consecuencia, plena vigencia el fallo de primera instancia, acorde con las manifestaciones efectuadas en precedencia.
Sin embargo, la Sala halla la necesidad de atemperar la pena impuesta al procesado RODRIGO ANTONIO ROJAS VÁSQUEZ, para someterla a la legalidad.
Ello, por cuanto, en su calidad de apelante, una vez proferida la sentencia de primer grado, el defensor del acusado argumentó, subsidiariamente a la absolución invocada ante la segunda instancia, que debía eliminarse de la adecuación típica la agravante que para los delitos de contenido patrimonial disciplina el numeral 10° del artículo 241 del C.P, en tanto, adujo, si la jueza penal municipal absolvió a los otros dos implicados, resulta un contrasentido sostener que el delito fue cometido por un número plural de personas.
Y asiste la razón al profesional del derecho, como quiera que jamás la acusación ha significado que por fuera de los tres procesados, otras personas interviniesen en la delincuencia, así que mal puede ahora despejarse la agravante en cita, ajena a lo que las decisiones judiciales permiten.
Consecuente con ello, se entrará a redosificar la pena impuesta por el fallador de primera instancia.
Al determinar el ámbito punitivo de la pena, el juzgador partió de la señalada en el artículo 240, inciso final, con la reforma introducida en el artículo 2º de la Ley 813 de 2003, vigente a la fecha de los hechos (y más favorable frente a la reforma introducida en el artículo 42 de la Ley 1142 de 2007), precepto que sanciona el hurto calificado con pena de 4 a 8 años de prisión cuando se ha cometido sobre combustible que se lleve en medio motorizado, sanción que dijo debía aumentarse de una tercera parte a la mitad por mandato del artículo 14 de la Ley 890 de 2004, lo que arrojaba una pena de 64 a 144 meses de prisión.
A partir de allí, tuvo en cuenta la circunstancia específica de agravación punitiva señalada en el mencionado numeral 10 del artículo 241 del Código Penal, vía por la cual acrecentó el extremo mínimo del ámbito punitivo a 74 meses y 20 días, y el máximo a 216 meses. Pero como el condenado era el encargado de la custodia material del hidrocarburo, circunstancia imputada de manera específica en la acusación, aumentó ese ámbito de la sexta parte a la mitad, conforme lo señala el inciso final del artículo 240 del Código Penal, arribando a una pena básica entre 86 meses y 20 días y 324 meses.
La Sala, al excluir el aumento efectuado por razón de la causal de agravación del numeral 10 del artículo 241, arriba, por esa misma vía a una pena básica que oscila entre 64 meses y 10 días y 288 meses de prisión.
A partir de allí, se considera que el Juzgador de primera instancia sobre el mínimo de la pena a imponer –para él 86 meses y 20 días-, por razón de la tentativa hizo una rebaja de la mitad –artículo 27 del Código Penal-, obteniendo una pena de 43 meses y 10 días, monto que nuevamente disminuyó hasta la mitad toda vez que la cuantía de lo hurtado no superó el salario mínimo legal vigente –artículo 268 ídem—.
Consecuente con esas determinaciones, la Sala, sobre una pena básica mínima de 74 meses y 20 días, obtiene por ese mismo camino una pena de 18 meses y 20 días, a los cuales se condenará al procesado ROJAS VÁSQUEZ, lapso al cual se reducirá igualmente la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas.
Otras consideraciones
Estima pertinente la Sala, por virtud de lo ocurrido en la audiencia de juicio oral y lo decidido por la Jueza de primera instancia respecto del comiso del automotor conducido por el acusado RODRIGO ANTONIO ROJAS VÁSQUEZ, en desarrollo de la labor pedagógica que le compete, hacer algunas precisiones.
1. En primer lugar, es necesario relevar cómo en ocasiones la forma en que se adelanta el debate probatorio y argumental propio de la audiencia de juicio oral, atenta contra principios caros a la sistemática acusatoria, entre ellos los de economía procesal, eficiencia y eficacia.
Para el caso concreto, cabe destacar innecesaria las más de las veces, farragosa, lenta e improductiva, la práctica testimonial que permitió a la defensa valerse de los testigos de la fiscalía como suyos, y a la inversa, para ver de someterlos a interrogatorio directo.
Basta con precisar las varias horas que se destinaron a recabar la declaración del agente Alcalde Cruz, y las otras tantas utilizadas en allegar la atestación de los demás testigos, para comprender que esa no puede ser una buena práctica, aceptada sin ambages por la jueza de conocimiento en curso de la audiencia preparatoria.
Por consecuencia de ello, el trámite se tornó pesado, las preguntas se volvieron repetitivas, se perdió claridad y ningún resultado fructuoso se obtuvo, pues, evidente se aprecia que bastaba con que cada parte interrogara a su testigo y se permitiera la contradicción propia del contrainterrogatorio, para que se agotara fructuosamente la prueba, dado que en ningún caso se trató, para facultar el interrogatorio directo de la contraparte, de hechos nuevos que buscasen sustentar su particular teoría del caso, sino de variaciones puntuales acerca del mismo tema tratado por la parte con su testigo.
Sobre el tópico, esto anotó recientemente la Sala1:
“1. Puede una de las partes, sin establecer ningún objeto de prueba específico, someter a interrogatorio directo al testigo de su contraparte?.
Para responder a esta pregunta se hace necesario, en primer término, recordar, así parezca ya un lugar común, cómo la sistemática penal de corte acusatorio implementada en nuestro país con la vigencia de la Ley 906 de 2004, marca una definida y si se quiere radical diferencia con la forma en que se venían tabulando las pretensiones penales en sistemas de corte mixto o francamente inquisitivos.
Dentro de esta nueva perspectiva, no puede pasarse por alto que el trámite acusatorio comporta, cuando menos de la forma en que fue diseñado por el legislador patrio, un franco contenido adversarial, dentro de lo que ha dado en llamarse proceso de partes.
Bajo la connotación adversarial que se destaca, ya no es posible hablar de una fiscalía que adelante la “investigación integral” a la cual alude, como principio básico, la Ley 600 de 2000, entre otras razones, por que ahora, en sede de la Ley 906 de 2004, despojado de su potestad judicial amplia, del ente instructor se pide, como así quedó sentado en la exposición de motivos del Acto Legislativo 03 de 2002, una dedicación exclusiva a la investigación, dirigiendo la tarea que permita allegar los datos suficientes para demostrar la existencia del delito y la participación en el mismo del vinculado penalmente.
Y de la defensa se predica similar tarea -aunque, desde luego, sea posible aún adelantar la que se llama “defensa pasiva”, acorde con lo dispuesto en el numeral 8° del artículo 125 del C. de P.P.-, bajo el entendido de que la igualdad de armas que gobierna el proceso de partes, implica otorgar a esta similares herramientas que le permitan sustentar probatoriamente la concreta teoría del caso que signa la que debió entenderse mejor estrategia.
Específicamente, la auscultación de los principios y normas de ritualidad insertas en la Ley 906 de 2004, permite advertir, para efectos de otorgar facultades investigativas y de recolección de prueba a la defensa, las siguientes pautas:
-El artículo 4° consagra la igualdad de los intervinientes en la acción penal, que debe hacer efectiva el funcionario judicial.
-El artículo 8°, literales i) y j), desarrolla para la defensa la posibilidad de disponer de tiempo y medios adecuados para adelantar su tarea, así como solicitar, conocer y controvertir las pruebas.
-El artículo 15, estatuye el principio de contradicción, dentro del cual se faculta a las partes “intervenir en su formación”.
-El artículo 204, definiendo al Instituto Nacional de Medicina Legal, como un órgano técnico científico, advierte que esa institución debe prestar auxilio y apoyo técnico científico, no sólo a la fiscalía, sino al “imputado y su defensor cuando estos lo soliciten”.
-El Capítulo VI, del Título I, del Libro II, rotulado “Facultades de la defensa en la investigación”, hace radicar en el indiciado o imputado, o su defensor, la potestad de buscar, identificar empíricamente, recoger y embalar elementos materiales probatorios, así como hacerlos examinar por peritos particulares o adscritos al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (arts. 267 y 268); de igual manera, los artículos 271 y 272, regulan la forma en que el imputado o su defensor pueden recibir entrevistas o declaraciones juradas, estas últimas ante alcalde municipal, inspector de policía o notario; y, el artículo 274, hace radicar también en cabeza del imputado o su defensor, la posibilidad de solicitar ante el Juez de Control de Garantías, la práctica de prueba anticipada.
-En seguimiento de los postulados anteriores, el Título II, referido a los medios cognoscitivos, advierte en el inciso segundo del artículo 277, que la autenticidad del elemento material probatorio o evidencia física, ha de ser demostrada por la parte que lo presenta.
-En desarrollo de las etapas que componen el enjuiciamiento, el artículo 344, inciso segundo, otorga a la fiscalía la facultad de que requiera a la defensa, en desarrollo de la audiencia de formulación de acusación, para que exhiba los elementos materiales probatorios, evidencia física y declaraciones juradas que pretenda hacer valer en el juicio; a su vez, el artículo 347, regula la forma en que cualquiera de las partes puede aducir al proceso declaraciones juradas encaminadas a impugnar la credibilidad del testigo; en igual sentido, el artículo 356, ordinal 2°, refiere el descubrimiento de la defensa, en la audiencia preparatoria, de sus elementos materiales probatorios o evidencia física; y, por último, el artículo 357 regula lo concerniente a las solicitudes probatorias que hacen las partes en esa audiencia preparatoria.
Suficiente, el recuento probatorio efectuado en precedencia, para advertir inconcuso el carácter adversarial que informa la Ley 906, dentro de la perspectiva probatoria concreta de que la defensa y la fiscalía adelantan a la par, con similares facultades y prerrogativas, la investigación que favorezca a su particular teoría del caso.
Dentro de esta perspectiva, si bien, constitucional y legalmente se impone para la fiscalía la obligación de dar a conocer a la defensa todos los elementos materiales probatorios, evidencia física e informes recolectados en su tarea investigativa –véase lo consignado en el último inciso del artículo 250 de la Cara Política, modificado por el Acto Legislativo 03 de 2002, así como los artículos 15 y 125-3, de la Ley 906 de 32004-, ello no significa que su tarea se encamine a probar la inocencia o allegar medios de prueba favorables al procesado.
Precisamente, se tiene claro que si dentro de los principios de objetividad y lealtad que informan la tarea investigativa de la fiscalía, su representante en el caso concreto estimó contar con elementos de juicio suficientes para acusar al imputado, el desarrollo de las audiencias que competen al juicio irá encaminado, en el campo probatorio, a demostrar su teoría del caso, desde luego, emparentada con la existencia del delito y la responsabilidad en este del procesado.
Por tal razón, aunque debe dar a conocer a la defensa todos los elementos materiales probatorios, evidencia física e informes recopilados, ello no significa que, a la par, esté en la obligación de solicitarlos como pruebas de su parte en la audiencia preparatoria y luego presentarlos en la audiencia del juicio oral. Debe la defensa, si lo estima conveniente y ellos soportan su teoría del caso, hacer expresa solicitud, determinando la conducencia, pertinencia y licitud del medio.
Así las cosas, la dinámica adversarial adoptada por el legislador colombiano, determina para cada parte no sólo la facultad investigativa individual, sino la potestad particular de demostrar con sus propios medios de prueba la teoría del caso adoptada como propia.
A su vez, una detenida auscultación de las normas que en la Ley 906 de 2004, regulan la solicitud, aprobación y aducción probatoria, permite observar que es esta una actividad rogada de las partes y, además, que su práctica no opera de libre elección para ellas.
En efecto, como lo anotó la Corte en ocasión anterior2, cuando se resolvió en este mismo caso idéntico recurso al que ahora ocupa la atención de la Sala, la audiencia preparatoria se erige en el escenario que por antonomasia regula el tópico probatorio, dentro de una estricta actuación reglada que demanda de varias fases o etapas claramente delimitadas.
Al efecto, para concentrarnos apenas en el tema de la solicitud probatoria, para la parte que demanda allegar un determinado medio de prueba a la audiencia de juicio oral, corre como carga procesal aquella de argumentar en torno de su pertinencia y conducencia, esto es, para decirlo en términos elementales, dar a conocer claramente cuál es su objeto, o mejor, qué se pretende, de manera general, demostrar con ese medio, dentro del espectro preciso de la teoría del caso que sustenta su posición dentro del proceso.
El cariz particular, único o individual de la prueba solicitada por los contradictores en el juicio, surge indubitable de lo dispuesto por el artículo 357 del C. de P.P., en cuanto dispone que la palabra se concede a la fiscalía y luego a la defensa, en aras de que soliciten las pruebas requeridas para “sustentar su pretensión”. En otros términos, lo requerido como elemento suasorio se halla inescindiblemente ligado a los intereses, soportados en una específica teoría del caso, de cada parte, los cuales, por razones obvias, las más de las veces reflejan controversia o disonancia entre ellos.
La lógica del discurso probatorio, entonces, advierte en principio incompatible la posibilidad de que ambas partes, cuando su teoría del caso diverge sustancialmente, reclamen para sí la práctica de la misma prueba, pues, su objeto concreto necesariamente aparece también disonante.
Y si sucede que existen puntos de encuentro respecto del tema central de debate o los accesorios a este –dígase, para citar un ejemplo, que exista acuerdo respecto de la autoría material, pero la discusión resida en el tipo de responsabilidad o, en contrario, que se discuta la autoría material, pero no exista controversia en torno, de la presencia en el lugar de los hechos-, lo que jurídicamente cabe no es solicitar la prueba por cada parte o practicarse esta en dos ocasiones, sino acceder al mecanismo de las estipulaciones probatorias, cuyo sentido y finalidad apunta en concreto a evitar discusiones inanes, con claro desmedro de los principios de economía, celeridad y eficiencia, como también se dejó sentado en la decisión de segunda instancia atrás referenciada.
Nótese, igualmente, para reforzar la naturaleza adversarial del tema probatorio, cómo el artículo 361 de la Ley 906 de 2004, prohíbe expresamente, en todos los casos, el decreto de prueba de oficio por parte del juez, en regulación declarada recientemente exequible por la Corte Constitucional. Y sólo por vía excepcional, se agrega, al Ministerio Público se le faculta para que, agotadas las solicitudes probatorias de las partes, si conoce de un medio suasorio que pueda tener especial influencia en las resultas del juicio, pueda solicitar su práctica.
Ahora bien, además de definirse incontrastable la naturaleza individual o propia de cada parte, de la prueba solicitada, la sistemática acusatoria adoptada por nuestro país, como se anotó, reclama del peticionario sustentar su pertinencia, conducencia y, eventualmente, licitud.
Ello se constata evidente de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 357, en cuanto estipula que la declaratoria de pruebas a cargo del juez ha de estar prevalida de la evaluación referida al objeto de la acusación, su pertinencia y admisibilidad; el artículo 359, al consagrar la posibilidad de que las partes y el Ministerio Público, soliciten del juez de conocimiento la exclusión, rechazo o inadmisibilidad de los medios de prueba solicitados que se reporten inadmisibles, impertinentes, inútiles, repetitivos o encaminados a probar hechos notorios o que no requieren prueba, disponiendo, además, que la manifestación de inadmisión debe ser motivada y admite los recursos ordinarios; lo dispuesto por el artículo 360, ordenando al juez rechazar la prueba ilegal; el artículo 375, que directamente refiere el tópico de pertinencia, en cuanto señala que el elemento probatorio, la evidencia física y el medio de prueba deben referirse directa o indirectamente a los hechos, la participación en ellos del acusado o la mayor o menor probabilidad de estas circunstancias, o la credibilidad de testigos y peritos; y, el artículo 376, que en punto de admisibilidad de la prueba, ata esta a su pertinencia, estableciendo tres excepciones sobre el particular.
Aquello, entonces, de que la prueba pertenece al proceso, tiene amplios matices en lo que respecta a una sistemática acusatoria que desarrolla el principio adversarial, dado que, como ya se vio, la solicitud de los medios de convicción obedece a un típico querer e interés de parte, conforme la pretensión que esta tabula en el proceso, y su aducción viene mediada necesariamente por una amplia regulación que demanda de esa parte, a título de carga específica, no solo verificar su objeto específico, sino defender su legalidad y utilidad.
Y si ello es así, mal puede una parte reclamar como su testigo –para efectos de someterlo a un interrogatorio directo- a aquel presentado por la contraparte, solamente aduciendo que eventualmente pueden quedar temas sin abordar cuando lo interroga esta, o puede surgir un específico interés de conformidad con las respuestas que vaya entregando el declarante.
Ello contraviene de manera expresa los fundamentos que atrás se reseñaron, pues, ya no se trata, cuando así sucede, de una prueba que represente la particular teoría del caso de quien la solicita, o se encamine a demostrar su concreta pretensión, sino apenas de una especie de albur que corresponde más a la típica postura procesal de quien no cuenta con sólidos fundamentos argumentales o probatorios y decide esperar que el trámite de la audiencia le ofrezca las herramientas que por su molicie investigativa o contundencia de lo recogido por la contraparte, no fue posible utilizar en el momento procesal adecuado.
En este sentido, estima la Corte de alguna manera desleal esta suerte de comportamiento procesal, dado que, si la fiscalía no contaba con suficientes elementos probatorios, avistados en la tarea investigativa que le correspondió adelantar previo o con posterioridad a la formulación de imputación, pues, simplemente, no debió acusar o hubo de solicitar preclusión.
Y, a su turno, si la defensa, también dentro de los presupuestos investigativos que el principio de igualdad de armas le ofrece, advierte que la fiscalía cuenta con sólidos elementos de juicio que demuestran la materialidad del delito y la responsabilidad del procesado, por un elemental principio de lealtad debe así darlo a conocer a su representado legal, para ver de recurrir a formas de terminación anticipada del proceso que redunden en beneficios punitivos, en lugar de empecinarse en tratar de hallar, en curso la audiencia del juicio oral, yerros u omisiones del declarante que le faculten construir a último momento una bastante deleznable teoría del caso.
Junto con lo anotado, si se ha demostrado claro que a cada parte corresponde argumentar en pro de la práctica probatoria solicitada, dentro de los presupuestos de licitud, conducencia, pertinencia y licitud que regulan la decisión del juez de conocimiento, de ninguna manera puede decirse que ello ha ocurrido, respetando lo que expresamente demanda la ley sobre el particular, cuando la contraparte se limita a significar que el interrogatorio directo que solicita asomará solo eventual y respecto de temas que le puedan interesar una vez se halle rindiendo su declaración el testigo.
En este caso, huelga anotar, ningún objeto específico se ha significado respecto de la prueba pedida, ni mucho menos ha sido postulada su utilidad o conducencia, careciendo el juez de conocimiento, por sustracción de materia, de elementos de juicio necesarios para admitir o inadmitir su práctica.
Se atenta, no cabe duda, contra los principios de economía procesal, celeridad y eficiencia, cuando, sin que se conozca de pretensión específica u objeto concreto, de manera farragosa e innecesaria el juez de conocimiento permite que todos los testigos de una parte –que en un primer momento son sometidos a interrogatorio directo, contrainterrogatorio, nuevo interrogatorio y último contrainterrogatorio, para no hablar de las preguntas complementarias que para claridad hagan el Ministerio Público o el juez-, de nuevo sean llamados por la contraparte como sus testigos, adelantándose otra vez la mecánica de interrogatorios y contrainterrogatorios, sólo para que esta pueda intentar hallar allí lo que nunca encontró para su teoría del caso.
Y, además, se desnaturaliza completamente el sentido y efectos del contrainterrogatorio, erigido por antonomasia en el medio legal estatuido para ejercer el derecho de contradicción respecto de la prueba allegada en contra, cuando paralelamente se erige el nuevo interrogatorio directo como la mejor manera de controversia.
Ahora, puede suceder, como lo postuló la fiscal en curso de la audiencia preparatoria, que en otras latitudes donde se adoptó el sistema acusatorio, se permita que una parte pida, sin definir su objeto concreto, como suyo, para efectos de someterlo a interrogatorio directo, al testigo de la contraparte.
Pero, el método de interpretación comparado empieza a resentirse cuando ya se tiene claro, de un lado, que sistemas acusatorios puros no existen, y del otro, que la configuración dada por el legislador patrio a la sistemática procesal, dista mucho de emular detalladamente alguno de los dos sistemas –anglosajón o continental europeo- que, como término general, se considera han servido de matriz a las demás legislaciones.
Es este un tópico que ya parece superado si se revisan los debates del proyecto en el congreso de la república, así como las decisiones puntuales que en torno del sistema y sus proyecciones han proferido la Corte Constitucional y esta Corporación.
Así las cosas, la definición de cómo debe adelantarse la práctica probatoria, comprendiendo ello su solicitud, ha de verificarse a través de los principios y normas específicos consagradas en la ley y no por vía del derecho comparado, cuando se ha demostrado, y en líneas precedentes se hizo amplia referenciación de ello, que el tema ha sido regulado en ella de manera amplia, suficiente y clara, razón por la cual deviene improcedente el método de interpretación al cual aludió la fiscalía.
Lo anotado en precedencia, permite a la Corte responder al interrogante planteado, de manera negativa, pues, si la parte no demuestra un objeto específico, consustancial a su pretensión, que permita al juez evaluar los presupuestos de pertinencia, conducencia, licitud y necesidad, ha incumplido la carga procesal que se le impone y, en consecuencia, al funcionario no le queda camino diferente al de negar la solicitud.
Sin embargo, de lo anotado surge otro cuestionamiento:
1.1. ¿En todos los casos, está vedado que la contraparte pida interrogar directamente al testigo citado por una parte?
No. De lo expuesto en precedencia fácil se colige que la prohibición opera únicamente para los casos en los cuales, como viene sucediendo reiteradamente en la práctica de las audiencias preparatorias, la manifestación opera abierta, aleatoria y genérica.
No soslaya la Sala que en determinadas circunstancias un mismo testigo puede conocer hechos que soportan algún aspecto de la teoría del caso de las partes contrarias –dígase, para citar un ejemplo elemental, el declarante vio cuando el procesado atacó a la víctima, y ello es fundamental para la pretensión de la fiscalía, pero también conoce que desde tiempo atrás el occiso venía haciendo objeto de amenazas al acusado, tópico que sin duda interesa a al defensa-, y no se duda que en estos eventos se hallan más que legitimadas ellas para valerse del testigo como propio.
Eso sí, como se viene reiterando, para que se cumpla la carga procesal establecida en la ley, cada una de las partes debe expresar con claridad cuál es el objeto específico para el que se llamará al declarante en interrogatorio directo, dentro de su particular pretensión, y corresponde al juez de conocimiento, seguidamente, verificar los aspectos de pertinencia, conducencia, licitud y necesidad, a efectos de admitir o inadmitir el medio deprecado.
Ello, por lo demás, desarrolla adecuadamente lo dispuesto en el artículo 375 de la Ley 906 de 2004, en cuanto reseña amplios y variados aspectos respecto de los cuales puede declarar el testigo, en términos de pertinencia de la prueba”.
2. La jueza de primera instancia, al emitir la sentencia, obvió ordenar el comiso del carrotanque de propiedad del acusado RODRIGO ANTONIO ROJAS VÁSQUEZ, en el cual transportaba el combustible hurtado, no obstante lo ordenado por el artículo 82 de la Ley 906 de 2004, acudiendo para el efecto a lo dispuesto por el artículo 27 de esa misma normatividad, que así reza:
“Moduladores de la actividad procesal. En el desarrollo de la investigación y en el proceso penal los servidores públicos se ceñirán a criterios de necesidad, ponderación, legalidad y corrección en el comportamiento, para evitar excesos contrarios a la función pública, especialmente la justicia”
En sustento de su decisión, la funcionaria advirtió que lo demostrado hurtado ascendía apenas a cerca de 18 galones de combustible, con un valor cercano a los noventa mil pesos, resultando desproporcionado ordenar el comiso del vehículo, frente al monto de lo sustraído.
Pues bien, la Sala observa que una dicha forma de razonar no solo contraría lo que expresamente contempla la ley, como quiera que se demostró que el acusado se valió del vehículo de su propiedad para materializar la sustracción, sino que violenta el principio de igualdad y somete la decisión al capricho y la arbitrariedad del funcionario, pues, siempre será posible, con la sola remisión descontextualizada a lo que la principialística consagra, defender cualquier decisión contraria a la ley, a partir de argumentaciones subjetivas que digan respetarla o hacer actuante el valor justicia.
Por esa misma vía, acudiendo a un ejemplo extremo, puede absolverse al penalmente responsable o abstenerse de ejecutar la pena decretada.
Para lo examinado, si se condena a la persona como responsable del delito, es porque, necesariamente, se ha determinado que esa ilicitud es antijurídica, en el plano material, y ha causado un daño.
Por manera que, así resuelta la controversia judicial, deben necesariamente aplicarse los condignos castigos que consagra la ley, porque así lo ordena ella de manera perentoria, sin que, para pasar por alto sus designios, sea válido acudir a criterios de ponderación eminentemente subjetivos que parten de la particular concepción del funcionario acerca de la mayor o menor lesión del bien jurídico tutelado, pues, unas tales consideraciones sirven para modular la sanción, pero no, en el caso específico, para obviar el comiso del bien que sirvió de medio efectivo –y en este caso necesario-, para la materialización del delito.
Ahora, como la recurrente ninguna sustentación o controversia efectiva planteó respecto de la decisión de la jueza de primera instancia de abstenerse de ordenar el comiso, no puede la Sala enmendar el yerro, so pena de atentar contra los principios de no reformatio in pejus y limitación.
A mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
1. CASAR parcialmente la sentencia de segunda instancia dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín el 22 de agosto de 2007, en razón de la prosperidad parcial del cargo primero formulado en la demanda presentada por la Fiscal 54 Local Delegada ante los Jueces Penales Municipales de Medellín.
2. CONFIRMAR la condena dictada por el Juzgado 34 Penal Municipal de Medellín con funciones de conocimiento, contra el procesado RODRIGO ANTONIO ROJAS VÁSQUEZ, por su autoría en el delito de hurto calificado, ocurrido en las circunstancias de tiempo, modo y lugar de que da cuenta el proceso.
3. MODIFICAR la pena impuesta al condenado RODRIGO ANTONIO ROJAS VÁSQUEZ, la que se fija en dieciocho (18) meses y veinte (20) días de prisión, monto al cual se reduce igualmente la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas.
4. Por parte del fallador de primera instancia, compúlsense las copias aludidas en la parte motiva.
5. En lo demás se mantiene el fallo incólume.
Contra esta providencia no procede recurso alguno.
Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase al Despacho de origen.
SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ
ALFREDO GÓMEZ QUINTERO MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS
AUGUSTO J. IBAÑEZ GUZMÁN JORGE LUIS QUINTERO MILANES
YESID RAMÍREZ BASTIDAS JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA
JAVIER DE JESÚS ZAPATA ORTIZ
TERESA RUIZ NUÑEZ
Secretaria
1 Auto del 26 de octubre de 2007, radicado 27.608
2 Auto del 29 de junio de 2007