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Proceso No 28268
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
Magistrado Ponente:
DR. ALFREDO GÓMEZ QUINTERO
Aprobado Acta No. 348
Bogotá, D.C., dos (2) de diciembre de dos mil ocho (2008)
VISTOS
Mediante sentencia calendada el 17 de abril de 2006, el Juzgado 38 Penal Municipal de Bogotá condenó a Guillermo Octavio Segura Avellaneda a la pena principal de 15 meses de prisión y multa de $5.000 como responsable del delito de lesiones personales culposas. Por concepto de perjuicios materiales al pago de $1’500.000 y morales en el equivalente a 500 salarios mínimos legales mensuales.
Apelada esta decisión por el defensor del procesado, el Juzgado Octavo Penal del Circuito de esta misma capital la confirmó en fallo calendado el 26 de febrero de 2007, con la modificación consistente en condenar al procesado al pago en el equivalente en moneda nacional en 500 gramos oro como perjuicios morales, confirmándola en lo demás.
Inconformes con la sentencia recurrieron en casación el defensor del procesado y el apoderado de la parte civil.
HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL RELEVANTE
En el mes de marzo de 1999, a través de una ecografía pélvica le fue diagnosticado a Silvia María Castiblanco Segura la presencia de un mioma uterino, por lo que previos los exámenes de laboratorio y endovaginal a instancias del médico Guillermo Octavio Segura Avellaneda el 25 de febrero de 2000 en el local de atención en salud Imágenes Santa Bárbara Ltda., le fue practicada embolización de mioma uterino, intervención de carácter ambulatorio de la cual fue dada de alta en el mismo día.
No obstante que durante los días y semanas posteriores la paciente sintió dolores intensos, vómito y flujo vaginal fétido, el médico tratante sólo le formuló analgésicos y antibióticos, razón por la cual acudió al médico Gonzalo Enrique Pérez Amaya, quien dispuso su inmediata hospitalización en la Clínica Santa Fe, en donde fue preciso practicarle un legrado, pero en razón a lo avanzado de la infección además una histerectomía.
De acuerdo con el dictamen del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se fijó una incapacidad definitiva de 45 días y como secuelas pérdida del órgano de la gestación y perturbación del órgano de la reproducción.
El 6 de octubre de 2000, mediante apoderado, Silvia María Castiblanco radicó ante la Fiscalía General la respectiva denuncia penal, anexando a la misma todos los antecedentes de diagnóstico y clínicos que le fueron practicados, así como el resumen de su historia clínica en el establecimiento Imágenes Santa Bárbara (fl. 1 y ss).
Escuchado el testimonio de la ofendida (fl.38) el 21 de diciembre de 2000 se dispuso la apertura formal de investigación. Agotada la diligencia conciliatoria sin arribarse a acuerdo alguno (fl.75), se vinculó mediante indagatoria al incriminado (fl.106), aportándose enseguida las declaraciones de Gonzalo Enrique Pérez Amaya (fl.127), Jesús Antonio Castiblanco Cuervo (fl.132) y reconociéndose como parte civil a la perjudicada por resolución del 21 de julio de 2001 (fl.146).
Allegados los testimonios de Elsa Margarita Verano de la Rosa (fl.150) Juan Manuel Gómez Muñoz (fl.153 y 213) y Carlos Eduardo Triana Rodríguez (fl.217), así como aportado el cuestionario absuelto por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en torno a la intervención del galeno en el caso concreto (fl.163) y a instancias de la defensa, a su turno cuestionario absuelto por el Médico Radiólogo Carlos Triana (fl.191) y ampliada la indagatoria al imputado (fl.228), el 29 de noviembre de 2002 la investigación fue clausurada (fl.238).
El 9 de enero de 2004, la Fiscalía 254 Local de esta capital profirió resolución de acusación en contra del indagado, por el delito de lesiones personales culposas (fl.1 y ss c.2), decisión que cobró ejecutoria el 11 de febrero posterior (fl.36 vto. c.2).
Adjuntada la valoración de Medicina Legal de la paciente Silvia María Castiblanco (fl.57 c.2) y rituada la etapa del juicio se emitieron las sentencias de primera y segunda instancia en los términos glosados en precedencia.
Remitida la actuación ante la Corte, en virtud de haberse interpuesto el recurso de casación excepcional por el representante de la parte civil y el defensor del procesado, por parte de éste hubo de impetrarse cesación de procedimiento por indemnización integral, como efecto de haberse depositado la suma total de $18’910.000.oo por concepto de perjuicios materiales y morales objeto de condena en la sentencia.
Por auto calendado el 24 de octubre de 2007, se abstuvo la Corte de acceder al cese procesal deprecado por la defensa, atendiendo al hecho de haberse acudido por la parte civil ante esta sede en procura de una condena indemnizatoria superior a la que fuera determinada en la sentencia impugnada, en forma tal que teniendo carácter provisorio aquélla y no definitivo, además de no contarse con el beneplácito de la parte ofendida, no era viable definir el tema en dicha oportunidad procesal, decisión que la Sala hubo de mantener al resolver el recurso de reposición contra la misma incoado, en auto del 5 de diciembre posterior.
DEMANDAS
Demanda a nombre de Guillermo Octavio Segura Avellaneda
Bajo el supuesto de estar incurso el fallo en violación de garantías fundamentales del procesado, derivadas de omitirse el cuestionario contestado por el médico Carlos Triana y tergiversar el contenido del testimonio de éste, dice el censor estar justificada la interposición del recurso extraordinario en su modalidad discrecional, acudiendo para ello a la causal primera, cuerpo segundo acusando aplicación indebida del art. 340 del C.P.
Señala el actor que el fallo omitió el cuestionario técnico absuelto por el médico Carlos Triana Rodríguez y que fuera aportado a la investigación, pese a que de acuerdo con el mismo se conoce que el galeno procesado si estaba en capacidad de efectuar el procedimiento cumplido, al tiempo que el falso juicio de identidad se concreta en que el fallo sólo tomó en formal parcial lo expuesto por el propio doctor Triana Rodríguez, en donde explicó a su turno el procedimiento adelantado por el imputado y haber actuado conforme a la lex artis, aspectos que no fueron valorados por la sentencia, pues el sentenciador centró su estudio en el dictamen de Medicina Legal emitido por un médico que no es radiólogo intervencionista, esto es, que no estaba en capacidad de valorar la actuación de Segura Avellaneda.
Solicita, así, se case el fallo y absuelva al procesado.
Demanda de parte civil
Previamente justificar el recurso de casación que en la modalidad excepcional postula, con miras al avance de la jurisprudencia en torno a la defensa de los derechos de las víctimas, un primer cargo dice postular el apoderado de la parte civil contra la sentencia impugnada, por quebranto directo de la ley sustancial, derivado de aplicación indebida del artículo 106 del C.P. de 1980 (causal 1ª del art. 368 del C. de P.C.), toda vez que el Juez de segunda instancia modificó la decisión de primer grado de condenar por concepto de perjuicios morales a la sanción de 500 s.m.l.m, y en su lugar impuso por dicho concepto el equivalente a 500 gramos oro.
Acudiendo a doctrina constitucional, del Consejo de Estado y aludiendo a Tratados Internacionales de Derechos Humanos que asume pertinentes -referidos a la condena por concepto de los perjuicios morales y las víctimas-, asume que estaba impelido el juzgador de segundo grado a aplicar el contenido de los arts. 56 y 97 de la Ley 600 de 2000.
Solicita, con base en el mismo se case el fallo y disponga que la indemnización por perjuicios morales lo sea por el equivalente a 500 s.m.l.m.
Como segundo reproche, acude de nuevo a violación directa de la ley sustancial acusando aplicación indebida del art. 106 del C.P. de 1980, reclamando se condene en el “tope” previsto en dicho precepto, dado que el sentenciador de segundo grado no logró justificar las razones que lo llevaron a degradar la condena en la forma como resolvió, de salarios mínimos a gramos oro.
CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
Al ocuparse en primer término de la demanda promovida a nombre del procesado, la Procuradora Tercera Delegada en lo Penal observa que el actor ha postulado sobre una misma prueba dos sentidos de error incompatibles, lo que desdice de su apego a la técnica.
Al margen de ello, señala que el cuestionario absuelto por el médico Triana lo fue como un simple particular, pues no se trató de un perito oficial, ni fue designado por el despacho, ni posesionado, etc., en forma tal que si lo pretendido es oponerse al dictamen de Medicina Legal, ha debido proceder en la forma señalada por las normas de procedimiento, razón suficiente para que la sentencia no se ocupara del mismo; pero además, el propio actor reconoce que la sentencia sí valoró lo depuesto por ese galeno.
Sobre el particular expone entonces un pretendido falso juicio de identidad pero dedicando espacio es a convencer a la Corte sobre el mérito que el mismo ha debido merecer, es decir, que se trata, realmente, de una valoración personal del caso en donde se termina descalificando a Medicina Legal y a otros testigos para ponderar el dicho del médico Triana, que la sentencia criticó por parcializado, habida cuenta de su amistad y cercanía profesional con el procesado.
No son en dicha medida atendibles sus reclamos en casación.
Respecto de la demanda aportada por la parte civil, hace notar la Procuradora que el primer reparo expresa una pretensión exclusivamente indemnizatoria, de donde debió probar que el perjuicio era superior a 425 s.m.l.m., lo que no clarificó.
En todo caso, en orden a su mayor pretensión indemnizatoria, puntualiza el Ministerio Público que la ley aplicable era la vigente al momento de los hechos, estando prohibida la retroactividad como no sea en casos de favorabilidad, siendo cuantificable la indemnización con base en la ley vigente al momento de originarse la obligación, esto es, la fecha de comisión de la conducta punible, siendo por ende aplicable por ultractividad a situaciones surgidas durante su vigencia.
Siendo ello así y dado que la ley vigente al momento del hecho era la contenida en el Decreto 100 de 1980, no puede ser válido el reparo relacionado con el cálculo de la condena por indemnización moral con base en el mismo.
La segunda tacha acusa violación directa de la ley sustancial y ahora procura que la condena por perjuicios morales debió serlo por el máximo previsto en el art. 106 del C.P., pues el juez no motivó la imposición de solamente el equivalente a 500 gramos oro por este motivo, aspecto sobre el cual señala la Delegada que el juez de segundo grado fue muy claro en precisar que la condena obedecía a la ley vigente al momento de acaecer el hecho, lo que justifica la norma aplicada y en cuanto al pedido del máximo fijado en la ley, no se trató, en estricto sentido de un yerro que posibilite a la Corte pronunciarse, toda vez que la determinación de los perjuicios es una competencia de las instancias y no del alto Tribunal.
CONSIDERACIONES
Demanda a nombre de Guillermo Octavio Segura Avellaneda
1. Dos son los yerros fácticos que acusa el defensor del procesado concurrentes en orden a afirmar el quebranto de la ley sustancial por la vía indirecta. En el primero aduce falso juicio de existencia por omisión, sobre la base de haber ignorado el sentenciador el “cuestionario técnico” absuelto por el médico Carlos Triana y en el segundo estar el fallo incurso en falso juicio de identidad, por tomar la sentencia solamente de manera parcial lo expresado en su testimonio por el mencionado médico.
2. De manera profusa, constante y reiterada ha destacado la doctrina de la Sala que las sentencias de primera y segunda instancia en aquello que se complementan configuran un sólo cuerpo de decisión, en forma tal que la confrontación del fallo por pretendidos defectos en la valoración de pruebas debe auscultar los contenidos de ambos segmentos pero bajo la óptica de conformar una unidad indisoluble que debe por igual ser estudiada a la hora de contrastar el afirmado defecto que es atribuido.
3. Sirve de prolegómeno lo anterior en el propósito de evidenciar cómo los sostenidos yerros fácticos acusados carecen de sustento en la realidad que emerge de contrastar el contenido material de las pruebas que se afirman omitidas y tergiversadas por el sentenciador, con la reseña que de las mismas se observa en la sentencia y las deliberaciones que tomando en consideración las mismas permitieron edificar la decisión impugnada.
4. En efecto, el numeral 25 de las pruebas a cuya síntesis dedicó estimable espacio el juez de primer grado, contempla un detenido resumen del “cuestionario presentado por la defensa” y que fuera absuelto por el médico Carlos Triana y en el numeral 29 de ese mismo segmento de la sentencia se glosa profusamente el testimonio rendido por dicho galeno, haciendo notar entre otros muchos aspectos su discrepancia con aquellos criterios consignados en el dictamen pericial.
5. El sentenciador de primera instancia reconstruyó la secuencia de los acontecimientos y la consiguiente responsabilidad que por su acaecimiento debía derivarse en la persona imputada, a partir del concepto emitido por el médico Gonzalo Enrique Pérez Amaya -quien atendió de urgencias a la ofendida- y diagnosticó enfermedad pélvica inflamatoria directamente asociada a embolización de mioma uterino, en apreciación científica corroborada por el infectólogo Juan Manuel Gómez Muñoz y a su turno respaldados en la valoración de los diversos dictámenes médico legales aportados.
Desde dicha perspectiva, desde luego, los conceptos personales sobre el procedimiento en cuestión contenidos en el cuestionario anexado por la defensa -que inesperadamente fue aceptado por el investigador a pesar de no tratarse de un perito designado por el despacho y al que se le defiriera el conocimiento integral de los supuestos del caso para rendir un dictamen-, o los juicios que en torno a la intervención que en el mismo tuvo el incriminado, no fueron aspectos que el juzgador omitiera o tergiversara –uno y otro-, en los términos en que lo aduce el demandante, sino que se desestimaron en su poder suasorio por no estar en capacidad alguna de desvirtuar la percepción contenida en los juicios de los médicos que directamente intervinieron a Silvia María Castiblanco, así como en las conclusiones Médico Legales de acuerdo con las cuales el método para extirpar el mioma empleado en este caso no era aconsejable por sus características, pero además, dejaron entrever que la asistencia inmediata posterior al procedimiento no fue por parte del médico Guillermo Octavio Segura Avellaneda la adecuada.
Es así que para el a quo, la fuente generadora de peligro la constituye el comportamiento del imputado, pues ni siquiera dispuso ordenar los exámenes correspondientes para estar seguro del estado de salud de su paciente una vez la intervino y le expresó en forma continua durante días y semanas la gravedad de su condición, como que solamente le brindó un tratamiento a base de medicamentos, pues al proceder de esta manera eludió el deber de cuidado que le era exigible en el caso concreto.
6. A su turno, el sentenciador de segundo grado fue muy claro en señalar que el dictamen del ginecólogo obstreta de Medicina Legal fue cuestionado por el incriminado y “el médico CARLOS TRIANA compañero del sindicado que intervino en el procedimiento y tiene interés en favorecer a su amigo y colega y pretenden hacer creer que hay una rivalidad de los ginecólogos y que estos no tienen experiencia en las embolizaciones.”, agregando que el propio médico Triana Rodríguez se aventuró a decir que todo “se debió a un caso fortuito o a que la paciente no tomó adecuadamente los medicamentos”, afirmaciones todas que calificó como precipitadas y carentes en forma absoluta de demostración.
Lo anterior está significando que, muy por el contrario a lo sostenido en el libelo, tanto los conceptos aportados en cuestionario absuelto por el médico Carlos Triana Rodríguez, como el testimonio rendido por éste, fueron valorados en su contenido objetivo por los sentenciadores, sólo que por calificarlos no solamente de parcializados, sino sobrecargados de juicios personales e hipotéticos en torno a los hechos sobre los que pretendió introducirse su incidente opinión, se desecharon.
Los cargos, en condiciones semejantes, no prosperan.
Demanda de parte civil
1. Acusa según se advirtió en el primer cargo el apoderado de la parte civil la sentencia impugnada, por quebranto directo de la ley sustancial derivado de aplicación indebida del artículo 106 del C.P. de 1980 (causal 1ª del art. 368 del C. de P.C.), en la medida en que el Juez de segunda instancia modificó la decisión de primer grado de condenar por concepto de perjuicios morales a la sanción de 500 s.m.l.m, y en su lugar impuso por dicho rubro el equivalente a 500 gramos oro.
2. Expone así el censor como criterio predominante de su pretensión por la condena indemnizatoria en razón de los perjuicios morales, que lo sea por salarios mínimos en lugar de gramos oro, supuesto del ataque en casación que desde luego no soslaya el imperativo de allanarse al interés propio en el campo civil de su aspiración económica de superar 425 s.m.l.m., que como exigencia original contiene el artículo 366 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 1° de la Ley 592 de 2000, esto es, de $184’322.500, si se tiene en cuenta que el salario mínimo para el año 2007 de emisión del fallo fue fijado en $433.700, según el Decreto 4580 del 20 de diciembre de 2006, máxime cuando la aspiración del actor estriba en obtener un condena en el equivalente a 500 s.m.l.m. ($216’850.000) y lo reconocido en la sentencia impugnada fueron 500 gramos oro que a razón de $34.509.98 por gramo representan $17’254.990.
3. Pero si bien desde la perspectiva del interés por razón de la cuantía no existe reparo alguno en relación con este liminar reproche, no sucede igual respecto del tema de fondo en que dice tener sustento el pedido casacional y que propugna porque la condena en perjuicios morales lo sea en salarios mínimos y no en gramos oro.
La responsabilidad civil derivada de la conducta punible cuando se ejerce al interior del proceso penal -en los términos de su regulación contemplada en la Ley 600 de 2000 como rito aplicable en esta actuación-, está enmarcada bajo el concepto tradicional que sitúa al delito como fuente de obligaciones.
Así, la responsabilidad civil emerge de la comisión delictiva que impone la reparación del daño, esto es, de la necesidad de compensar a quien se le ha ocasionado agravio o perjuicio. Se trata, por tanto de propender porque se actualicen los derechos resarcitorios de quienes han sufrido los efectos patrimoniales con ocasión de la conducta delictiva.
El art. 103 del C.P. de 1980 -dentro de cuya vigencia se realizó la conducta enjuiciada en este proceso-, describió con claridad al delito como fuente de obligaciones civiles, al disponer que “el hecho punible origina obligación de reparar los daños materiales y morales que de él provengan”.
4. Reconocido entonces en nuestra tradición jurídico procesal que la acción de reparación de los daños sufridos por el ofendido se puede perseguir paralelamente con el ejercicio de la acción penal –aún dentro de los supuestos inherentes al trámite incidental de reparación del sistema con predominante tendencia acusatoria contenido en la Ley 906 de 2004- o elegir e interponer una demanda ante la jurisdicción civil y en vía de dicho procedimiento, las vicisitudes propias de la actuación cumplida en este proceso indica que la ofendida instauró el respectivo libelo indemnizatorio para procurarse la restauración de los perjuicios sufridos en desarrollo de la pesquisa penal.
5. Para dicho cometido y en orden a fijar las pretensiones por concepto de los perjuicios de índole moral -que configuran el objeto discrepante con la sentencia impugnada-, la demanda de constitución de parte civil respectiva los fijó en “el máximo previsto en el artículo 106 del Código Penal” (fl.73 c1), esto es, en el equivalente a 1000 gramos oro.
No obstante y como quiera que el juez a quo, apoyándose en criterios del Consejo de Estado sobre la necesidad de unificar en salarios mínimos legales mensuales las condenas por dicho concepto, entendió posible deducir en el caso concreto la sanción en dicho patrón, impuso 500 s.m.l.m, en tanto que la segunda instancia modificó dicho aspecto en aplicación del “Código Penal de 1980 vigente para cuando sucedieron los hechos”, concretándolos, finalmente, en 500 gramos oro.
6. La disyuntiva, por tanto, radica en el hecho de clarificar si ante el advenimiento de los nuevos estatutos penal y de procedimiento penal contenidos en las Leyes 599 y 600 de 2000, el cambio de patrón regulador de las condenas indemnizatorias de gramos oro a salarios mínimos podía aplicarse en forma inmediata sin consideración al precepto vigente para el momento de ocurrencia del hecho punible.
La Sala ha tenido oportunidad de ocuparse sobre el particular (Casaciones 23687/06, 24985/07 29186/08, entre otras), bajo el supuesto de entender que por razones de favorabilidad no es dable aplicarle al procesado preceptos que van en detrimento de su situación personal, en forma tal que si la nueva normativa contempla la posibilidad de que las consecuencias –aún civiles-, del hecho punible lo avoquen a una mayor drasticidad, deben desecharse y preferirse aquellas más benévolas a su situación.
En realidad, cuando se aplican ultra-activamente preceptos que estaban vigentes al momento de ocurrencia de los hechos parecería que prima el principio de legalidad en cuanto ellos fijan consecuencias jurídicas para la conducta que deben estar establecidas previamente a su ocurrencia y que por tal motivo la regulan.
En todo caso, la doctrina de la Sala, acudiendo al criterio fijado en diversos proveídos, según el cual “se opta por razón de la favorabilidad por la penalidad del anterior ordenamiento sustantivo” y para el efecto se establece que “se hace necesario también verificar cómo estaban previstas las consecuencias civiles del delito y principalmente los montos máximos permitidos” (Cas. 29985/07), conduce a entender que en la solución del caso presente, dado que las pretensiones civiles se expresaron en gramos oro, por hacerse con respaldo en el artículo 106 del Código Penal que se hallaba vigente al momento de tener ocurrencia los hechos, razón asistió a la Juez Octavo Penal del Circuito en modificar los términos de la condena por dicho concepto deducida en primera instancia en salarios mínimos legales, para en su lugar atemperarla en gramos oro, como legalmente se imponía.
7. Y si bien como ya se advirtió la mayor proporción que significaba aspirar a la condena por perjuicios morales en 500 s.m.l.m, solventaba el interés para recurrir en relación con el primer cargo, dado que el segundo postulado por la parte civil parte de aceptar como precepto aplicable el artículo 106 del Código Penal de 1980, pero su inconformidad estriba en no haberse impuesto al imputado una condena por dicho concepto en el tope máximo de 1000 gramos oro y estando por tanto cuantificada dicha aspiración en 500 gramos oro que a razón de $34.509.98 por gramo representan $17’254.990, según fue precisado anteladamente, es evidente que carece de interés para atacar el fallo bajo esta perspectiva que no le suministra en los términos económicos de su aspiración el tope mínimo en pesos equivalente a 425 s.m.l.m., siendo ello motivo suficiente para desechar esta tacha.
En razón y mérito de lo expuesto la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA en Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
No casar la sentencia impugnada.
Contra esta decisión no procede recurso alguno.
Cópiese, cúmplase, notifíquese y devuélvase al Tribunal de origen.
SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ
Comisión de servicio
JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ ALFREDO GÓMEZ QUINTERO
MARIA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS AUGUSTO J. IBAÑEZ GUZMÁN
JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS YESID RAMÍREZ BASTIDAS
JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA JAVIER ZAPATA ORTIZ
Teresa Ruiz Núñez
Secretaria