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Proceso No 28155
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
Magistrado Ponente
JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS
Aprobado acta N° 028
Bogotá, D. C., trece (13) de febrero de dos mil ocho (2008).
V I S T O S
La Corte se pronuncia respecto de la admisibilidad formal de la demanda de revisión presentada por el defensor del condenado JULIO ALBERTO REYES ANDRADE contra la sentencia del 31 de enero de 2007, por medio de la cual el Tribunal Superior de Bogotá confirmó el fallo de primera instancia proferido por el Juzgado Trece Penal del Circuito de Bogotá el 13 de octubre de 2006, y lo condenó a la pena principal consistente en 275 meses de prisión, a la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un término de 20 años. Así mismo, le negó la suspensión condicional de la pena y la medida sustitutiva de la prisión domiciliaria, por los punibles de homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa y homicidio.
H E C H O S
El juzgador de segunda instancia los sintetizó de la siguiente manera:
“Los hechos que originaron el adelantamiento del presente asunto ocurrieron el dos (2) de mayo del año anterior, a eso de las ocho y cuarenta y cinco minutos de la noche (8:45 p.m.) aproximadamente, cuando al establecimiento denominado “Bar Combo Combo” ubicado en el local 121 del Centro Comercial Bachué II de esta ciudad, llegó Julio Alberto Reyes Andrade accionando un arma de fuego contra la integridad personal de los hermanos Paola Cristina, Carlos Eduardo y María Margarita Acosta Castaño (esposa del incriminado), administradores del lugar, así como a Omar Leonardo Díaz Alfonso, amigo de aquéllos.
“A consecuencia de tal ataque fallecieron Paola Cristina Acosta y Omar Leonardo Díaz, y heridas a María Margarita Acosta que le produjeron 45 días de incapacidad, y Carlos Eduardo Acosta. Gracias a la oportuna intervención médica en relación con las dos últimas personas mencionadas se logró salvar su vida.
“Enterada la Policía de tales hechos procedió a capturar al incriminado que previo a ello cruzó varios disparos con las autoridades resultando herido un Agente”.
L A D E M A N D A
Menciona que la actuación procesal se surtió bajo los parámetros del sistema acusatorio, en cuyo desarrollo y antes de que se iniciara la audiencia de formulación de acusación, el procesado “presentó un acta de aceptación de cargos que determinó una sentencia anticipada dictada por el Juzgado 13 Penal del Circuito de Bogotá el 13 de octubre de 2006”. La sentencia de primera instancia fue apelada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá que la confirmó por medio de la suya proferida el 31 de enero de 2007 y, al amparo de la causal tercera de revisión estatuida en el artículo 192 de la Ley 906 de 2004, solicita el actor la revisión del fallo inicial.
En estas condiciones, señala como fundamento de derecho de su demanda lo preceptuado por la norma referenciada en precedencia.
Así mismo, establece como fundamento de hecho, que su representado “fue juzgado y condenado como imputable a la pena de 275 meses de prisión”, aunque “comenzó a sufrir trastornos psíquicos con base epiléptica, a partir de los 8 meses de edad” que lo han obligado a someterse a tratamiento médico a lo largo de su vida.
Alega también como un suceso nuevo que tres meses antes de que sucedieran los hechos, la madre del procesado le inició a éste un proceso de jurisdicción voluntaria de interdicción judicial por demencia, que culminó con fallo de interdicción “por trastorno esquizoafectivo, trastorno límite de la personalidad y trastornos de delirium… pruebas no conocidas al tiempo de los debates”.
Manifiesta que la evidencia física de los episodios clínicos padecidos por el condenado fue adjuntada por su señora madre, pero “no fue debatida debido a la aceptación de cargos”.
Que, de igual manera, en la Fiscalía 52 reposa la entrevista realizada a María Margarita Acosta Castaño, esposa de su representado, ratificada bajo la gravedad de juramento, en la que “establece la actuación caótica y dislocada de la realidad del condenado en el momento de los hechos, porque es prueba no debatida (nueva) ya que no fue adjuntada inexplicablemente, como evidencia física por la Fiscalía”.
Alega que el examen psiquiátrico que le fuera practicado en el Instituto de Medicina Legal a Julio Alberto Reyes Andrade y que arrojó, en su sentir, “un dictamen restringido y superficial, de tan sólo trastorno por personalidad límite (bordeline)”, tampoco sufrió el necesario debate, por cuanto que, sostiene, “sin un dictamen diferencial o de descarte que debió promover no sólo la defensa sino el Ministerio Fiscal, quedaron en pie las afirmaciones que despiertan e incitan al debate, al más desprevenido y pusilánime”, porque en dicho experticio se concluye que el acto delictivo fue producto de un acto de autosugestión y, por tanto, concluye, da cabida “a los hechos nuevos y a la prueba no debatida, pero con la aclaración de que es prueba ilegal y exógena a la actuación”.
Puntualiza que por las características del sistema acusatorio que rigió el proceso, en virtud del allanamiento a los cargos imputados, ni los elementos materiales de prueba ni las evidencias “se convirtieron en prueba apreciable y valorable”, es decir, no fueron objeto de debate y, en consecuencia, no tenían la calidad de prueba: ni anticipada ni admitida, razón por la cual el dictamen psiquiátrico “ingresó de hecho y fue apreciado en contra del art. 16 del C.P.P.”, porque fue pedido por la Fiscalía sin intervención del juez de control de garantías.
Puntualiza que “el historial clínico y todas las evidencias no relacionadas en el escrito de acusación tienen el carácter de prueba no conocida en el expediente ni al tiempo de los debates porque no los hubo y los trastornos que trasmiten son hechos nuevos”.
Allega con la demanda lo que denomina el dictamen diferencial rendido, a solicitud suya, por un psiquiatra particular en el que determina que el trastorno mental transitorio de base patológica sufrido por el condenado, “dio lugar a un comportamiento personal y social enfermo, durante el cual Julio Alberto Reyes, tuvo comprometido, de forma importante, la capacidad para conocer, comprender y, de manera muy especial, para determinarse, pues actuó bajo la presión de la enfermedad delirante y sicótico, que lo hizo ver una realidad que solo existió en su mente enferma”.
En estos términos, solicita a la Corte admitir como medios de convicción los documentos que adjunta a su escrito y decretar otros encaminados a demostrar la calidad de inimputable de su representado, para que se revise la sentencia condenatoria proferida en contra de JULIO ALBERTO REYES ANDRADE y se hagan de nuevo la investigación y el juicio.
El actor allegó con el libelo los siguientes documentos:
a) Poder conferido por el sentenciado Julio Alberto Reyes Andrade.
b) Fotocopia del fallo de primera instancia proferido por el Juzgado 13 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, el 13 de octubre de 2006, que condenó a Julio Reyes como se indicó en antecedencia.
c) Fotocopia de la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Decisión Penal, del 31 de enero de 2007, que confirmó la del a quo, con la modificación consistente en reformar la decisión tomada en el incidente de reparación, en el sentido de condenar a Julio Alberto Reyes Andrade al pago de los perjuicios morales derivados del homicidio ocasionado a Paola Acosta a favor de su señora madre por valor de 400 salarios mínimos legales mensuales. De igual manera, lo condenó al pago de perjuicios derivados de los delitos de tentativa de homicidio agravado de los que fueron víctimas María Margarita y Carlos Eduardo Acosta Castaño, en cuantía de 60 y 40 salarios mínimos legales mensuales, respectivamente.
d) Constancia de ejecutoria de la decisión de segunda instancia, producida el 4 de mayo de 2007.
e) Fotocopia simple del trámite del incidente de reparación de los perjuicios.
f) Fotocopia simple de la entrevista realizada por investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación a la señora María Margarita Acosta, esposa del sentenciado.
g) Evaluación practicada por un médico psiquiatra particular a Julio Alberto Reyes Andrade, documento que fue presentado ante el Tribunal como sustento de la apelación.
h) Fotocopias autenticadas del dictamen proferido por un psiquiatra forense del Instituto de Medicina Legal, fechado el 15 de noviembre de 2006, presentado dentro del proceso adelantado en el Juzgado Promiscuo de Familia de Quibdó; de la sentencia que declaró la interdicción por causa de trastorno esquizoafectivo de tipo crónico con deterioro cognitivo y epilepsia y de la sentencia de segunda instancia que la confirmó, de fechas 4 de diciembre de 2006 y 27 de abril de 2007, respectivamente.
i) Fotocopia simple de la actuación adelantada por la Fiscalía General de la Nación dentro del proceso penal adelantado en contra del sentenciado.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
De conformidad con lo establecido por los artículos 192 y siguientes de la Ley 906 de 2004, la acción de revisión procede contra las sentencias que hayan hecho tránsito a cosa juzgada para lo cual se consagran las respectivas causales.
Así mismo, se impone para el libelista el cumplimiento de los presupuestos de forma y de contenido allí relacionados por lo que el escrito mediante el cual se pretende la remoción del fallo no es de libre formulación.
En este caso y, en lo que refiere al aspecto formal, observa la Sala que el actor aporta las fotocopias de los fallos de instancia y obra constancia expedida por el Secretario de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá en el sentido de que la sentencia condenatoria “ha quedado ejecutoriada, el cuatro (4) de mayo de 2007, a las cuatro (4:00) de la tarde” (Folio 27, carpeta rotulada “Duplicado. Poder – constancia sentencia ejecutoriada”).
De otra parte, ha reiterado la jurisprudencia de la Sala que al ser probable que la sentencia condenatoria o absolutoria, o la preclusión que se encuentran ejecutoriadas no contengan la verdad histórica, dando origen a una decisión injusta, el legislador instituyó la acción de revisión como mecanismo idóneo para remover la cosa juzgada y declarar sin valor el fallo objeto de la acción, a fin de dictar la providencia que corresponda o disponer que se tramite de nuevo el proceso desde el momento en que se indique, según la causal que la Corte encuentre fundada.
Sin embargo, el memorialista en ningún momento desarrolla con la claridad y precisión exigidas para la sustentación de esta clase de demanda los presupuestos de hecho y de derecho indispensables para apoyar su solicitud, defecto que, de acuerdo con lo preceptuado por el artículo 195 de la Ley 906 de 2004, además de conllevar ineludiblemente a la inadmisión del libelo, origina un desafuero al desnaturalizar los fines de la revisión.
En efecto, desconoce el defensor que la revisión no se estatuyó para repetir o ampliar los debates jurídicos o fácticos cumplidos en el proceso ya finalizado, ni para subsanar los errores de juicio o de procedimiento en que hayan podido incurrir las instancias, los cuales constituyen el objeto de los recursos ordinarios y de la casación, ni para reexaminar los elementos de convicción que sirvieron de fundamento a una decisión que ha hecho tránsito a cosa juzgada y que, como tal, tiene el carácter de definitiva e inmutable.
Ahora bien, aparte de lo anteriormente expuesto, cuando la acción se funda bajo los lineamientos de la causal tercera de revisión, es decir, la aparición de hechos o pruebas respecto de las cuales el sentenciador no tuvo oportunidad de pronunciarse por no haberlas conocido, y que de haberlo hecho habría llevado definitivamente a la absolución o a la declaración de inimputabilidad del procesado frente a la situación fáctica por la que fue condenado, es deber del demandante no sólo relacionar y allegar al libelo los medios de convicción en que funda su pretensión, sino también demostrar que de haber sido oportunamente conocidos en el curso de los debates ordinarios del proceso, la solución del asunto habría sido la absolución o la declaración de inimputabilidad del sentenciado, dada la contundencia demostrativa de tales pruebas.
En el caso en comento, la Sala observa que el actor, con los mismos argumentos y soportes documentales con los que sustentó el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia, momento en el cual asumió la representación judicial del sentenciado, pretende por la vía de la acción de revisión replantear un debate estéril sobre hechos ya definidos, es decir, restablecer un debate de instancia proponiendo la calidad de inimputable del hoy condenado, habida cuenta de su desacuerdo en la conducción de la estrategia de defensa técnica llevada a cabo por su antecesor.
Empero, lo que quedó demostrado en el proceso cuya revisión depreca es que aunque Julio Reyes, desde los 8 meses de edad, empezó a sufrir epilepsia y ha sido sometido a sucesivos tratamientos psiquiátricos, a pesar de padecer depresión profunda, este quebranto no afectó sus facultades mentales para el momento de las diligencias procesales, ni se encontró tampoco evidencia de alteración mental para el momento en que acaecieron los hechos. En consecuencia, se estableció, a petición de la defensa, precisamente, que el sentenciado no era inimputable.
Ahora bien, contrario a lo afirmado por el memorialista, la actuación de la fiscalía no solo se enmarcó en los parámetros de la legalidad, sino que el expediente da cuenta de su diligencia, en orden a establecer la existencia de cualquier afectación psíquica que pudiera comprometer el discernimiento y comprensión de Reyes Andrade.
Recuérdese que la instructora ordenó una primera revisión médica psiquiátrica, en atención a que en entrevista sostenida con el defensor asignado por la Defensoría Pública al inicio del proceso penal, “solicitó a la Fiscalía que se recepcione entrevista a la señora madre del imputado, pues éste ha venido sufriendo trastornos mentales, y psiquiátricos desde los 8 meses y ella dará fe de ello, de la misma manera solicita se remita a su defendido a valoración siquiátrica”. Es la constancia de fecha 3 de mayo de 2006, folio 283 (Negrillas ajenas al texto original).
Y, a pesar de que en dicha constancia también se registra que “en entrevista de esta Delegada con el defensor éste manifiesta que su defendido está lúcido, entiende y se comunica a la perfección”, de manera acuciosa solicitó a la Secretaría Distrital de Salud la asignación de un siquiatra para que se entrevistara con el imputado “y de ser posible establezca si la persona se encuentra en condiciones de comunicarse con el medio, si está en condiciones de entender lo que se diga durante una audiencia y en especial si su estado permite que sea recluido en un centro carcelario o si por el contrario su detención deberá cumplirse en un centro siquiátrico”.
Es así como esa misma noche del 3 de mayo de 2006 (un día después de sucedidos los hechos), entre las 22:30 y las 23:30 horas, un médico psiquiatra, determinó, respecto del examen físico, que Reyes Andrade según la historia clínica presenta una herida en la cara, “sin compromiso de sistema nervioso central. No se evidencia déficit neurológico”. Y concluyó que: “En el momento no presenta signos psicóticos, tiene capacidad de comunicación verbal y atiende adecuadamente la entrevista. Se sugiere valoración posterior por psiquiatría forense”. De otra parte, no se le ordenó al paciente inmovilización mecánica ni medicación, pero sí sugirió se le realizara consulta psiquiátrica externa por la EPS (folio 175).
Sólo una vez determinada su lucidez mental, se hizo comparecer a Reyes Andrade, el día siguiente 4 de mayo, a la audiencia de control de legalidad de la captura, formulación de imputación e imposición de la medida de aseguramiento ante el Juzgado 26 Penal Municipal de Bogotá con función de Control de Garantías, diligencia en la que participó el defensor de confianza y “el imputado JULIO ALBERTO REYES ANDRADE de manera libre, expresa y voluntaria habiendo sido debidamente informado y asesorado por su abogado de confianza manifestó NO ACEPTAR LOS CARGOS”. (Folios 169 a 171).
De otro lado, acatando la indicación del médico que había valorado al procesado, se le practicó el examen por psiquiatra forense del Instituto de Medicina Legal que concluyó que éste presenta personalidad limítrofe y con la información disponible “no se encuentra evidencia clínica de que para el momento de los hechos materia de este proceso presentara alteración mental tal que le impidiera comprender la realidad y autodeterminarse, ni de que los mismos hayan sido consecuencia de una situación de ´ira e intenso dolor´”. En esta oportunidad, la perito sugirió que el procesado recibiera “atención psiquiátrica tendiente a disminuir las manifestaciones agresivas y la irritabilidad de su persona” (Folio 74 a 85, carpeta rotulada Copia Proceso. Anexo).
En consecuencia, la Corte respeta pero no comparte la afirmación del accionante en el sentido de que el juzgador de primera instancia hubiese tenido en cuenta como medio de convicción una evidencia no controvertida, puesto que lo que se hizo por parte de la fiscalía fue tratar de establecer en dos oportunidades, en defensa, protección y a solicitud del abogado defensor, la presencia de cualquier alteración de la facultad cognoscitiva o de trastorno mental que pudiera afectar a Julio Reyes, no solamente para el momento de los hechos, sino para atender adecuadamente las audiencias, como consta en las respectivas actas.
Vale la pena resaltar a este respecto, que ninguna de las dos valoraciones fue contradictoria, sino que por el contrario, salta a la vista su armonía y confirmación sobre el estado mental del examinado, quien si bien es cierto padece un trastorno depresivo recurrente y presenta personalidad limítrofe que requiere de tratamiento psiquiátrico, también lo es que se estableció su capacidad de comprensión, autodeterminación y discernimiento, esto es, su condición de imputable para el momento de los hechos, así como su facultad para entender y decidir los asuntos tratados en las audiencias del proceso penal.
En este orden de ideas, los operadores judiciales establecieron de manera absoluta la legalidad del allanamiento a los cargos efectuado por el procesado, con la presencia, asesoría y aval de su defensor de confianza. Se debe tener presente que en la primera audiencia, el procesado no los aceptó, pero posteriormente, luego de que la fiscalía presentara el escrito de acusación y dentro de una clara estrategia defensiva totalmente válida encaminada a obtener una rebaja punitiva del 50%, se presentó el acta de aceptación de los cargos formulados, razón por la cual, el 18 de julio de 2006, fue suscrita la de preacuerdo respectiva en la que se aprecia la firma del defensor de confianza, como garante de la pulcritud jurídica de la diligencia. Dicho acto autónomo y voluntario fue aprobado con posterioridad, mediante control de legalidad ejercido por el juez competente.
Por otro lado, se tiene que los documentos allegados con la demanda de acción de revisión tales como el concepto rendido por un psiquiatra particular y la copia de la sentencia que declaró interdicto a Julio Alberto Reyes Andrade para administrar sus bienes, no son prueba nueva como lo ha pregonado el actual defensor del sentenciado, puesto que, ya habían sido puestos en conocimiento y debatidos ante el fallador de segunda instancia con la sustentación de la alzada y fueron descartados, precisamente, porque no aportaban ninguna modificación, con fundamento real, respecto de lo que ya se tenía establecido en el proceso penal.
Así las cosas, resulta evidente que el mero anuncio probatorio presentado como novedoso, no cumple con los requisitos establecidos para su viabilidad, ni comporta en momento alguno la presentación de elementos de juicio idóneos para derruir la firmeza de una sentencia ejecutoriada que ya ha hecho tránsito a cosa juzgada y que, por lo mismo, se encuentra amparada por la doble presunción de verdad y justicia.
En consecuencia, como el escrito del actor no cumple con las exigencias que la ley ha impuesto para su admisión como demanda de revisión, conforme a lo que prevé el artículo 195 del Código de Procedimiento Penal, se inadmitirá.
En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL,
RESUELVE
INADMITIR la demanda de revisión contra el fallo proferido por el Tribunal Superior de Bogotá del 31 de enero de 2007, mediante el cual se confirmó la sentencia condenatoria dictada contra JULIO ALBERTO REYES ANDRADE.
Notifíquese y cúmplase.
SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ
ALFREDO GÓMEZ QUINTERO MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS
AUGUSTO J. IBAÑEZ GUZMÁN JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS
YESID RAMÍREZ BASTIDAS JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA
Permiso
JAVIER ZAPATA ORTÍZ
TERESA RUÍZ NUÑEZ
Secretaria