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Proceso No 26546
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
MAGISTRADO PONENTE
AUGUSTO J. IBÁÑEZ GUZMÁN
Aprobado: Acta No. 348
Bogotá, D. C., dos (2) de diciembre de dos mil ocho (2008).
ASUNTO
La Corte Suprema de Justicia de Colombia emite concepto sobre la solicitud de extradición formulada por el Gobierno de los Estados Unidos de América, a través -de su Embajada en nuestro país, respecto del ciudadano colombiano David Vega Zambrano.
VISTOS
1. Mediante Nota Verbal No. 2294 de 6 de septiembre de 20061
, la Embajada de los Estados Unidos de América solicitó la detención provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano David Vega Zambrano, petición que formalizó con la Nota Verbal No. 2974 del 17 de noviembre de 20062.
2. El Ministerio del Interior y de Justicia, previo concepto de su homólogo de Relaciones Exteriores sobre la inexistencia de convenio aplicable al caso, el 23 de noviembre del 2006 remitió a la Corte la documentación enviada por la Embajada de los Estados Unidos de América, debidamente traducida y autenticada.
3. El 7 de diciembre de 2006 la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal, informó al señor David Vega Zambrano, que tenía derecho a nombrar un defensor; por lo que el 16 de enero de 2007 presentó poder otorgado al doctor Mario Forero Camargo.
4. Transcurrido el traslado para solicitar pruebas, solamente el apoderado de confianza presentó memorial en tal sentido.
La Sala, mediante auto de 23 de agosto de 2007, dispuso no practicar las pruebas solicitada por la defensa, y correr traslado, para que los intervinientes presentaran sus estudios previos al concepto de fondo, lapso durante el cual se pronuncio la defensa y el Procurador Primero Delegado para la Casación Penal.
DOCUMENTOS ALLEGADOS
Con la Nota Verbal No. 2974 del 17 de noviembre de 2006, la Embajada de los Estados Unidos de América aportó, con su respectiva traducción, los siguientes documentos:
1. Nota Verbal No.2294 del 6 de septiembre de 2006, por medio de la cual la Embajada del Estado peticionario solicitó la detención provisional con fines de extradición del señor David Vega Zambrano.
2. Orden de captura del 18 de septiembre de 2006 proferida por el Fiscal General de la Nación3.
3. Declaraciones en apoyo de la solicitud rendidas bajo juramento el 31 de octubre de 2006 ante el Tribunal del Distrito Sur de la Florida por Joseph A. Cooley, Fiscal Asistente de los Estados Unidos para el Distrito Sur de la Florida4, y por Brian Warner, Agente Especial de la Administración para el Control de Droga de los Estados Unidos DEA5.
4. Acusación del Gran Jurado No. 06-20344 CR5-HUCK, con fecha de 6 de junio del año 20066 en la que se formulan 2 cargos al señor David Vega Zambrano por delitos federales de narcóticos y lavado de activos.
5. Orden de arresto con fecha de 6 de junio de 2006 contra David Vega Zambrano7.
6. Trascripción de las disposiciones legales aplicables.
7. Certificación de la Cónsul de Colombia en Washington sobre la autenticidad de la firma de Sonya N. Johnson, quien se desempeña como Auxiliar de Autenticaciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
ESTUDIO DE LA DEFENSA.
El defensor considera que con arregló a la Convención de Viena de 1988, no resulta posible la extradición de
colombianos y, por tratarse de un tratado tiene carácter vinculante para el Estado colombiano; de otro lado el cargo por Conspiración impide igualmente que por esa conducta el extraditado pueda ser juzgado en país extranjero.
MINISTERIO PÚBLICO
Propone el Procurador Primero Delegado para la Casación Penal, emitir concepto favorable a la extradición del requerido, por reunirse las exigencias del artículo 502 del C.P.P., y tratarse de actos punibles cometidos con posterioridad a la promulgación del Acto Legislativo No. 01 de diciembre de 1997, y no tratarse de delitos políticos.
CONSIDERACIONES.
La Sala emitirá concepto favorable para la extradición del ciudadano colombiano David Vega Zambrano, pues se reúnen los requisitos legales exigidos para ello:
1. Validez formal de la documentación presentada.
La normatividad procedimental exige que la solicitud de extradición se haga por vía diplomática, o de manera excepcional por la consular o de gobierno a gobierno, acompañada la información de los siguientes documentos, en la forma establecida en la legislación del Estado requirente: (i) copia o trascripción auténtica de la acusación o del fallo dictado en el país extranjero, o su equivalente; (ii) indicación de los actos que determinan la solicitud de extradición y señalamiento del lugar y la fecha en que fueron ejecutados; (iii) inclusión de los datos que sirvan para establecer la identidad de la persona reclamada; y (iv) la reproducción certificada de las disposiciones penales aplicables al caso8.
El artículo 259 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el 1°, numeral 118 del Decreto 2282 de 1989, establece, a su vez, que los documentos públicos otorgados en país extranjero por sus funcionarios, o con su intervención, deberán presentarse debidamente autenticados por el Cónsul o Agente Diplomático de la República, o en su defecto por el de una nación amiga. Y que la firma del Cónsul o Agente Diplomático debe ser abonada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y si se trata de agentes consulares de un país amigo, se autenticarán previamente por el funcionario competente del mismo y los de éste por el Cónsul colombiano9.
Estas exigencias de carácter formal se hallan debidamente reunidas en el caso analizado; el Director Asociado de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia, Jason E. Carter División en lo Penal, certificó las firmas de quienes suministraron las declaraciones de apoyo a la solicitud de extradición; el Procurador de los Estados Unidos, Alberto E. Gonzáles, hizo lo propio con aquélla y el Director Adjunto de la Oficina de Asuntos Internacionales autenticó la de éste, todo lo cual fue certificado por Condoleezza Rice, Secretaria de Estado, y por Sonya N. Johnson, Funcionario Auxiliar de Autenticaciones del Departamento de Estado. Así mismo, la Cónsul de Colombia en Washington D. C., cuya firma es refrendada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, dio fe, que en efecto quien suscribe el documento es el funcionario auxiliar de autenticaciones del Departamento de Estado.
En las anotadas condiciones, se concluye que los requerimientos formales de legalización de la documentación que sirve de sustento a la solicitud de extradición, exigidos por las normas del Estado requirente y el Estado colombiano, se surtieron plenamente en el presente caso, y que desde esta perspectiva los documentos aportados con tal fin, se tornan aptos para ser considerados por la Corte en el estudio que debe preceder el concepto.
2. Plena identidad de la persona reclamada en extradición.
El Gobierno de los Estados Unidos informó en su petición que el nombre del requerido es David Vega Zambrano, ciudadano colombiano nacido el 16 de agosto de 1945, identificado con la cédula de ciudadanía No. 12.095.449, datos que corresponden con el registro que reposa en el sistema de consulta de cédulas de la Registraduria Nacional del Estado Civil10 y a los de quien permanece privado de la libertad en la Penitenciaria de Cómbita; a quien además se le informó el 21 de septiembre de 2006, que el Fiscal General de la Nación profirió en su contra orden de captura con fines de extradición el 18 de septiembre de 2006.
En consecuencia, se satisface el segundo de los presupuestos a los que alude el artículo 502 de la Ley 906 de 2004, para que la extradición solicitada pueda otorgarse.
3. Principio de la doble incriminación.
Este postulado impone verificar que los comportamientos delictivos imputados a la persona reclamada en el país solicitante estén previstos como delito en Colombia, y que tengan adscrita sanción privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a cuatro (4) años. Se analizarán, por tanto, estos requerimientos.
David Vega Zambrano, es solicitado en extradición por el Gobierno de los Estados Unidos de América, para que comparezca a responder en juicio por delitos federales de narcóticos y lavado de activos, según lo establece el contenido de la Acusación No. 06-20344 CR5-HUCK Los cargos formulados en su contra son del siguiente tenor:11
El Gran Jurado acusa que:
CARGO 1
Aproximadamente desde Junio de 2004, y continuando hasta aproximadamente Octubre del 2005, siendo las fechas exactas desconocidas para el Gran Jurado, en el Condado de Miami-Dade, en el Distrito Sur de la
Florida, y en otros lugares, los acusados (…) David Vega Zambrano alias “Dany”, (…) a sabiendas e intencionalmente, se unieron, aliaron, confabularon, y acordaron entre sí y con otras personas conocidas y desconocidas por el Gran Jurado, para importar a los Estados Unidos desde un lugar fuera del mismo, una sustancia controlada, en violación del Capítulo 21 del Código de los Estados Unidos, Sección 952(a); todo, lo anterior en violación del Capítulo 21 Código de los Estados Unidos, Sección 963.
De conformidad con el Capítulo 21, del Código de Estados Unidos, Sección 960(b) (1)(B), se alega además que la presente violación comprendida cinco (5) kilogramos o más de una mezcla y una sustancia conteniendo una cantidad detectable de cocaína.
CARGO 2
Aproximadamente desde Junio del 2004, y continuando hasta aproximadamente Octubre del 2005, siendo las fechas exactas desconocidas para el Gran Jurado, en el Condado de Miami-Dade, en el Distrito Sur de la Florida, y otros lugares, los acusados, (…), David Vega Zambrano alias “Dany” (…) intencionalmente, es decir, con la intensión especifica de llevar a cabo el propósito ilegal, y a sabiendas, se unieron, se aliaron, confabularon, y acordaron entre sí y con otras personas conocidas y desconocidas por el Gran Jurado, para cometer delitos en contra de los Estados Unidos en violación del Capítulo 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 1956, es decir, a sabiendas trasportar, trasmitir y trasferir un instrumento monetario y fondos a un lugar en los Estados Unidos de y a través de un lugar fuera de los Estados Unidos con la intensión de promover la perpetración de actividades ilegales especificadas, en violación del Capítulo 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 1956(a)(2)(A).
ALEGACIONES DE DECOMISO
1. Las alegaciones contenidas en los Cargos 1y 2 de la presente Acta de Acusación son nuevamente formuladas y por referencia plenamente incorporadas a la presente con el objetivo de pretender llevara a cabo incautaciones a favor de los Estados Unidos de América de cierta propiedad en las cual los acusados tienen intereses, de conformidad con las disposiciones del Capítulo 21 del Código de los Estados Unidos, Sección 853 y el Capítulo 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 982(a)(1).
2. Una vez declarados culpables de la violación en el Cargo 1 de la presente Acta de Acusación, los acusados deberán ceder a los Estados, de conformidad con el Capítulo 21 del Código de los Estados Unidos, Sección 853 toda propiedad proveniente o producto de alguna ganancia obtenida, directa o indirectamente, como resultado de dichas violaciones; y cualquier propiedad utilizada o con la intención de ser utilizada, de cualquier manera o parte, para cometer o facilitar la comisión de dichas violaciones.
3. Una vez declarados culpables de la violación citada en el Cargo 2 de la presente Acta de Acusación, los acusados deberán ceder a los Estados Unidos, de conformidad con el Capítulo 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 982(a)(1), toda propiedad mueble o inmueble involucrada en dicho delito y cualquier propiedad que pudiere determinarse su relación con el mismo.
Las conductas atribuidas por el Tribunal del Distrito Sur de la Florida se recogen en la legislación penal colombiana, así:
* Las conductas descritas en los cargos 1 y 2, se encuentra contenida en el artículo 340 del Código Penal expedido mediante la Ley 599 de 2000 bajo la denominación de concierto para delinquir, modificado por el artículo 8º de la Ley 733 de 2002, de la siguiente manera:
“Concierto para delinquir. Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada, por esa sola conducta, con prisión de tres (3) a seis (6) años.
Cuando el concierto sea para cometer delitos de genocidio, desaparición forzada de personas, tortura, desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o financiamiento del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, la pena será de prisión de ocho (8) a dieciocho (18) años y multa de dos mil setecientos (2700) hasta treinta mil (30000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
La pena privativa de la libertad se aumentará en la mitad para quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan, encabecen, constituyan o financien el concierto o la asociación para delinquir”.
De lo anterior se puede extractar que los delitos por los cuales el Gobierno de los Estados Unidos requiere la extradición de David Vega Zambrano están contemplados como tipos penales en nuestra legislación, por tanto se cumple con este presupuesto.
4. Equivalencia de las decisiones
Este requisito impone establecer que la decisión que contiene el cargo contra la persona reclamada en extradición, corresponda en sus aspectos formal y sustancial al acto procesal conocido en la legislación colombiana como resolución de acusación y/o escrito de acusación, es decir, a la decisión que sirve de introducción a la fase del juicio, a través de la cual el Estado acusa a una persona determinada de violar la ley penal, discrimina el cargo que le imputa, consigna los hechos que le sirven de fundamento y determina la época y el lugar de comisión del ilícito o ilícitos, para que el acusado tenga la posibilidad de conocerlos y enfrentarlos.
La acusación emitida por el órgano judicial de los Estados Unidos, contiene los requisitos formales de la formulación de acusación previstos en el artículo 337 de la Ley 906 de 2004, pues, consigna las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizó la conducta punible, su descripción típica, las pruebas en que se apoya, las normas sustanciales aplicables al caso, y, además, también permite que se inicie el debate al interior del juicio.
La providencia dictada en el exterior y la regulada en la legislación nacional son equivalentes. Por tanto, se cumple este requisito.
5. Condiciones que debe imponer el Gobierno si autoriza la extradición.
Ante la eventual determinación positiva del Gobierno Nacional, en todo caso respetando la órbita de su competencia como supremo director de las relaciones internacionales, la Corte considera pertinente recordar que debe someter la extradición a los siguientes condicionamientos al país requirente:
5.1. Excluir las penas de muerte, la condena a prisión perpetua, el sometimiento a desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la sanción de destierro, o confiscación para los delitos autorizados, pues esas condenas están excluidas del ordenamiento jurídico colombiano de conformidad con los fundamentos de la Constitución Política (artículos 11, 12 y 34).
5.2. Recordar al país solicitante la prohibición política de juzgar al ciudadano solicitado por conductas anteriores al 17 de diciembre de 1.997 y diversas de las que originaron la solicitud de extradición.
5.3. A partir de los postulados axiológicos de la Constitución Política, el Gobierno Nacional está en el deber de disponer lo necesario para que el servicio exterior de la República realice un detallado seguimiento a los condicionamientos referidos12.
CAUSALES DE IMPROCEDENCIA.
El artículo 35 de la Constitución Política, modificado por el primero del Acto Legislativo 01 de 1997, ordena:
“La extradición se podrá solicitar, conceder u ofrecer de acuerdo con los tratados públicos y, en su defecto con la ley.
“Además, la extradición de los colombianos por nacimiento se concederá por delitos cometidos en el exterior, considerados como tales en la legislación penal colombiana”.
“La extradición no procederá por delitos políticos”.
“No procederá la extradición cuando se trate de hechos cometidos con anterioridad a la promulgación de la presente norma”.
De acuerdo con esta disposición, son causales de improcedencia de la extradición, las siguientes, (i) que el delito por el cual se procede sea de naturaleza política, (ii) que se trate de hechos cometidos con anterioridad al 17 de diciembre de 1997, fecha de promulgación de la referida norma, y (iii) que el delito haya sido cometido en territorio colombiano.
Ninguna de estas prohibiciones concurre en el caso analizado. Los delitos, imputados a David Vega Zambrano en la Acusación, son de naturaleza común, no política, y los hechos en los cuales se sustentan las imputaciones ocurrieron desde junio de 2004 hasta aproximadamente octubre de 2005, es decir, después de la promulgación del acto legislativo.
El lugar de comisión de los hechos tampoco se erige en causal de improcedencia. El estudio de la acusación y de las declaraciones de apoyo permite establecer que el solicitado en extradición hacía parte de una organización criminal transnacional, que traficaba con narcóticos, a través de una sofisticada red en los Estados Unidos:
“17b. David VEGA ZAMBRANO, alias “Dany” trabajó para RICARDO ROJAS y colaboró en la coordinación de los cargamentos de droga. VEGA ZAMBRANO le presentó a RICARDO ROJAS el AC#2. VEGA ZAMBRANO ROJAS fue interceptado legalmente por la PNC en muchas ocasiones hablando con otros miembros de la organización, incluyendo a RICARDO ROJAS y HENAO RAMIREZ, en relación con los cargamentos de drogas y otros aspectos de la organización de tráfico de drogas [incluyendo las incautaciones de cocaína en Octubre del 2004 y Febrero del 2005 antes mencionadas] y actividades de lavado de dinero. De acuerdo con el AC # 2, RICARDO ROJAS y VEGA ZAMBRANO le mandaron utilizar las ganancias de la venta de la cocaína para comprar productos a ser despachados de regreso a Colombia. La ganancia fue incautada por la policía previo a la compra y envío de dichos productos por el AC # 2 …)” 13
Esta reseña de la actividad ilícita, deja en claro que los hechos por los cuales se acusa a David Vega Zambrano, trascendieron las fronteras del territorio colombiano, y que por tanto se cumple el condicionamiento constitucional de que la conducta haya sido realizada en el extranjero, cualquiera sea la teoría que se aplique para determinar el lugar de comisión del ilícito (de la acción, del resultado o de la ubicuidad).
Reunidas las exigencias previstas en el estatuto procesal, el concepto de la Corte es favorable a la extradición del señor David Vega Zambrano, se prevendrá al Ejecutivo para que, si la otorga, condicione su entrega a que el extraditado no sea juzgado por delitos distintos a los que motivaron el pedido de extradición, ni por hechos anteriores al año 1997, ni sometido a prisión perpetua, pena de muerte, tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni a penas de destierro y confiscación; y además, para que lleve a cabo un seguimiento orientado a determinar si el Estado requirente cumple los condicionamientos a los que pueda estar sujetada la concesión de la extradición, y establezca las consecuencias que se derivarían de su incumplimiento.
De igual modo, lo requerirá para que frente a situaciones de absolución, retiro de cargos, sobreseimiento o eventos similares, o el cumplimiento de la pena impuesta por los cargos que motivan la extradición en el evento de ser condenado, garantice la permanencia del solicitado en ese país y su retorno a Colombia en condiciones de dignidad y respeto por la persona humana.
Por otra parte, se solicita al Gobierno Nacional que recomiende al Estado peticionario que, en caso de condena, tenga en cuenta como parte de la pena el tiempo que el solicitado haya estado privado de la libertad con motivo del trámite de extradición, o bien sea por que está purgando una pena por los mismos hechos que generaron la petición de extradición.
Por ultimo, cabe advertir que en cuanto a la petición de los bienes que formula el Gobierno de los Estados Unidos, en cuanto se refiere a que “la acusación también incluye penas de decomiso de conformidad” con las disposiciones legales del país requirente, “las cuales buscan el decomiso de todos los bienes que se hayan derivado de ingresos obtenidos como resultado de la comisión de los anteriores delitos. Si dichos bienes no estuvieren disponibles, las normas anteriores permiten que otros bienes del acusado sean decomisados”, preciso es señalar que dicha mención no puede ser entendida en estricto sentido como un cargo.
En efecto, como ya ha tenido ocasión de expresarlo esta Corporación en situaciones similares14, el señalamiento de la pena de decomiso no comporta imputación alguna, sino a lo sumo el anuncio de la consecuencia patrimonial que la declaratoria de responsabilidad acarrea respecto de los bienes involucrados en los delitos por cuya comisión se acusa al requerido, tema ajeno a la solicitud de extradición y que por tanto, no se encuentra comprendido dentro de la temática de la cual debe ocuparse el concepto que corresponde emitir a la Sala.
Por último, se ofrece oportuno recordar al señor defensor del procesado que, en materia de extradición, cuando quiera que no exista tratado aplicable, su trámite y pertinencia debe sujetarse a las disposiciones contenidas en el Código de Procedimiento Penal.
Por último, en el entendido y alcance de las normas generales de cooperación son aplicables los tratados o convenios internacionales y en su defecto el trámite que en la legislación interna se prevea para el caso; en el nuestro Código de Procedimiento Penal.
Por lo demás, como ya se indicó, las conductas punibles que el Estado requeriente atribuye al solicitado en extradición, tiene equivalentes en nuestro Código Penal vigente y, las controversias o discrepancias que surjan alrededor de la responsabilidad del requerido o de las pruebas fundantes de los cargos, escapan a la consideración de la Corte en el trámite de la extradición, pues en el escenario del juez natural extranjero puede darse el debate que corresponda.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal:
1. CONCEPTÚA FAVORABLEMENTE la solicitud de extradición del ciudadano colombiano David Vega Zambrano, por los cargos 1 y 2 formulados por el Gobierno de los Estados Unidos de América mediante Nota Verbal No. 2974 del 17 de noviembre de 2006, imputados en la Acusación No. 06-20344 CR5-HUCK, dictada el 6 de junio de 2006 en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de la Florida.
Por la Secretaría de la Sala entérese de esta decisión a los interesados e intervinientes, así como al Fiscal General de la Nación, para lo de su cargo.
Remítase el expediente al Ministerio del Interior y de Justicia, para lo que concierne en adelante al Gobierno Nacional.
Comuníquese y cúmplase.
SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ
Comisión de servicio
JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ ALFREDO GÓMEZ QUINTERO
MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS AUGUSTO J. IBÁÑEZ GUZMÁN
JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS YESID RAMÍREZ BASTIDAS
JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA JAVIER ZAPATA ORTIZ
TERESA RUIZ NÚÑEZ
Secretaria
1 Folios 3-7 carpeta anexa
Traducción oficial folios 8 al 13.
2Folios 39 al 44 carpeta anexa
Traducción oficial 45 al 50.
3 Folios 23 al 26 carpeta anexa.
4 Folios 56 al 65 carpeta anexa.
Traducción oficial folios 147 al 156
5 Folios 107 al 122 carpeta anexa
Traducción oficial folios 190 al 202
6 Folios 78 al 81 carpeta anexa.
Traducción oficial folios 169 al 172.
7 Folio 86 carpeta anexa.
8 Artículo 495 de la ley 906 de 2004.
9 Esta regulación legal resulta aplicable al caso en virtud del principio de integración normativa previsto en el artículo 23 del estatuto procesal penal.
10 Folio 23 carpeta anexa.
11 Folios 45 al 49 carpeta anexa.
12“…es preciso advertir que como el instrumento de la extradición entre Estados Unidos de América y Colombia se rige, en ausencia de un instrumento internacional que regule los motivos de procedencia, requisitos, trámite y condiciones, por las normas contenidas en la Constitución Política (artículo 35) y en el Código de Procedimiento Penal (artículos 508 a 533 de la Ley 600 de 2000), cuando recae sobre ciudadanos colombianos por nacimiento -si es pasiva-, es imperioso que el Gobierno Nacional haga las exigencias que estime convenientes en aras a que en el país reclamante se le reconozcan todos los derechos y garantías inherentes a su calidad de colombiano y de procesado, en especial las contenidas en la Carta Fundamental y en el denominado bloque de constitucionalidad, es decir, en aquellos convenios internacionales ratificados por Colombia que consagran y desarrollan derechos humanos (artículo 93 de la Constitución, Declaración Universal de Derechos Humanos, Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), en virtud del deber de protección a esos derechos que para todas las autoridades públicas emana del artículo 2º ibídem.
Los condicionamientos en cuestión tienen carácter imperioso, porque la extradición de un ciudadano colombiano por nacimiento, cualquiera sea el delito que dio lugar a su entrega a un país extranjero, no implica que pierda su nacionalidad ni los derechos que le son anejos a tal calidad. Por tanto, el deber de protección de las autoridades colombianas se extiende a tal punto, que han de vigilar que en el país reclamante se le respete los derechos y garantías tal como si fuese juzgado en Colombia. A lo que renuncia el Estado que accede a la entrega de un connacional es a ejercer su soberanía jurisdiccional, de modo que en tanto aquél siga siendo súbdito de Colombia, conserva a su favor todas las prerrogativas, garantías y derechos que emanan de la Constitución y la ley, en particular, aquellos que se relacionan con su calidad de procesado y que tienen que ver con la dignidad humana”.
(Concepto de Extradición del 05/09/2006, rad. núm. 25625)
13 Folio 197 Carpeta Anexa (traducción oficial).
14 Conceptos del 8 de junio de 2005. Rad. 23293 y del 8 de noviembre de 2005. Rad. 24126, entre otros.