27575(11-07-07)

2007

Asistente Jurídico Inteligente

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    Proceso No 27575  

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  SALA   DE   CASACIÓN  PENAL   

Magistrado ponente  

JAVIER ZAPATA ORTIZ  

Aprobado en acta N° 117  

Bogotá D. C., once (11) de julio de dos mil  siete (2007)   

Se pronuncia la Corte sobre la admisibilidad  o  no  selección  de  la  demanda  de  casación  presentada  por el Fiscal 107  Delegado  ante  los  Juzgados  Penales  de  Circuito de Medellín, adscrito a la  Unidad  de  delitos contra la Libertad, Integridad y Formación Sexuales, contra  la  sentencia  de  segunda  instancia proferida el 13 de febrero de 2007, por la  Sala  Penal  del  Tribunal  Superior  del  Distrito  Judicial  de Medellín, que  revocó  la  condena  impuesta  a NÉSTOR HUGO GAVIRIA  GONZÁLEZ  por  el  Juzgado  15  Penal del Circuito de  conocimiento  de  esa  ciudad,  como  probable autor responsable del concurso de  delitos  de  acceso  carnal  abusivo  con menor de 14 años, acto sexual abusivo  agravado e incesto.   

HECHOS  

En la sentencia impugnada, la Sala Penal del  Tribunal  Superior  del  Distrito  Judicial  de  Medellín,  hizo  la  siguiente  síntesis:   

“En las horas de  la   madrugada  del  día  jueves  9  de  marzo  de  2006,  en  el  Hotel  “El  Carretero”,  ubicado  en  la calle 75 No. 64C-40 barrio Caribe de esta ciudad,  el  llanto insistente de un niño, procedente del interior de la habitación No.  15,  llamó la atención de un grupo de personas que se hallaban en la pieza No.  16,  razón  por  la  cual  le  tocaron  con fuerza la puerta e ingresaron en la  habitación  en la que se encontraba el señor NÉSTOR  HUGO  GAVIRIA  GONZÁLEZ,  dedicado  a  la ingesta de  drogas                 (‘basuco’)  y  (‘sacol’),  en  compañía  de  sus dos hijos  (C…   D…)1  de  2  años  de  edad  y (Y… J…)2 de 3 años, los cuales fueron  encontrados  en  una situación de evidente descuido, casi desnudos, mientras el  padre  se  hallaba en pantaloncillos o ‘boxers’,  situación  que  los residentes del hotel interpretaron como de abuso sexual con  los dos menores, razón por la cual dieron aviso a la policía.”   

ACTUACIÓN PROCESAL  

El  9 de marzo de 2006, se verificó ante el  Juzgado   10   Penal  Municipal  de  Medellín,  con  funciones  de  control  de  garantías,  la  audiencia preliminar en la que se solicitó la legalización de  captura,  formulación  de  la  imputación  por  los  delitos  de acceso carnal  abusivo  con  menor  de  14  años  agravado,  siendo  víctima  el  niño C. N.  G.3  y  actos sexuales con menor de 14 años agravado, siendo víctima la niña Y. J.  G.,4  e  incesto, así mismo, se solicitó la medida de aseguramiento de  la    modalidad    de    detención    preventiva    en    establecimiento    de  reclusión.   

En  audiencia  que se llevó a cabo el 26 de  abril  de  2006,  la  Fiscalía  General de la Nación, a través del Fiscal 107  Delegado   ante   los  Juzgados  Penales  del  Circuito,  presentó  escrito  de  acusación,   imputándole  a  NÉSTOR  HUGO  GAVIRIA  GONZÁLEZ  los  delitos  de  acceso carnal abusivo con  menor  de  14 años agravado, siendo víctima el niño C. N. G. y actos sexuales  con  menor  de  14  años  agravado,  siendo  víctima  la niña Y. J. e incesto   

El   Juzgado   15  Penal  de  Circuito  de  Conocimiento  de Medellín, en diligencia celebrada los días 29 y 30 de agosto,  llevó  a  cabo la audiencia del juicio oral, anunciándose el sentido del fallo  condenatorio   en   contra   del   procesado  GAVIRIA  GONZÁLEZ   y  el 3 de noviembre siguiente se dio  lectura,  mediante  el cual fue condenado a la pena de 14 años de prisión como  autor  y  penalmente  responsable  del  concurso  de los delitos imputados en la  acusación.   

Mediante pronunciamiento del 13 de febrero de  2007,  la  Sala  Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín,  revocó  la  decisión  proferida  por  el  Juzgado  15°  Penal  de Circuito de  Conocimiento  de esa capital y, en su lugar, absolvió al procesado GAVIRIA    GONZÁLEZ   de   los   cargos  imputados,  contra  la  cual se interpuso el recurso extraordinario de casación  por  parte  del  Fiscal  107  Delegado  ante los Juzgados Penales de Circuito de  Medellín.    

LA DEMANDA  

El  recurrente  promueve  3 cargos contra la  sentencia  de  segunda instancia, al amparo de la causal 3 de casación, los dos  primeros   por   falso   juicio   de   identidad   y,   el  tercero,  por  falso  raciocinio.   

1.- CARGO PRIMERO, FALSO JUICIO DE IDENTIDAD  EN LA APRECIACIÓN DEL TESTIMONIO DE GLORIA ISABEL GÓMEZ MEJÍA.   

Señala  el  recurrente  que  el  Tribunal  tergiversó  el  testimonio  de  GLORIA  ISABEL  GÓMEZ  MEJÍA,  para  lo  cual  transcribe   el   aparte   pertinente   de   la   declaración  rendida  por  la  testigo.   

Sostiene que el Tribunal, en la sentencia de  segunda  instancia,  arribó  a  conclusiones  que  real  y  objetivamente no se  desprenden  de  lo  dicho por la testigo en el juicio oral, ni su comportamiento  en  la  entrevista,  dado  que,  no se puso en ningún momento en discusión que  GLORIA  ISABEL  entró  al  lugar  de los hechos detrás de BIBIANA y MARY CRUZ,  además,  que  “GLORIA ISABEL si puede dar mas fe y  ser  mas  confiable, en la información que tiene que ver con la forma en la que  fue  sorprendido  el  procesado  dentro  de la habitación, esto es, con su ropa  exterior  e  interior  debajo  de  las  rodillas  y  exhibiendo  el pene erecto,  situación  de  la  que  no  puede  dar fe y ser confiable la testigo MARY CRUZ,  porque  esta  misma  sostuvo  en el testimonio en juicio que cuando entró en la  habitación  no  prestó  su  atención  al  señor sino al niño, porque era lo  único que le interesaba.”   

Asegura,  así  mismo,  que el testimonio de  MARY  CRUZ  es  ambivalente,  pues  sostiene  que  para  ingresar con BIBIANA no  forzaron  la puerta y que fue el procesado quien les abrió; sin embargo, afirma  que  cuando golpearon para ver que era lo que pasaba con el llanto de los niños  “BIBIANA  tuvo  que coger la puerta a PATADAS (¿no  es esta una forma de forazamiento?)”.   

Insiste  en  que el fallador distorsionó el  contenido  del testimonio de GLORIA INÉS GÓMEZ calificándolo de ambivalente y  desechándolo,  sin  tomarlo en su integridad, para acoger, a cambio, el de MARY  CRUZ  GARCÉS  que  es  el verdadero ambivalente y poco confiable, para concluir  que  “a la habitación Nro. 15, lugar de los hechos,  las  testigos  habían  ingresado,  sin  tener  que  forzar  la puerta, y que al  procesado   lo   habían  visto  con  los  boxer  puestos  y  al  niño  con  el  pañal”,  situación  que  permitió  a  la  Sala de  Decisión  Penal,  afirmar  que  no  se  había  desvirtuado  la  presunción de  inocencia.   

Señala, entonces, que si no se hubiera dado  la  distorsionada  valoración  al  testimonio  de  GLORIA ISABEL GÓMEZ MEJÍA,  recobraría   contundencia   la  integridad  de  la  prueba  presentada  por  la  Fiscalía.   

2.- CARGO SEGUNDO, FALSO JUICIO DE IDENTIDAD  EN    LA   APRECIACIÓN   DEL   TESTIMONIO   DE   FRANCISCO   JAVIER   JARAMILLO  OCHOA.   

Luego   de   transcribir   apartes  de  la  declaración  del  Médico  Forense  FRANCISCO  JAVIER  JARAMILLO  OCHOA y de la  sentencia  de  segunda  instancia que hacen referencia al mencionado testimonio,  expresa  su  disenso  con lo afirmado por el Tribunal, por cuanto el profesional  al  hacer  referencia al tiempo de recuperación de una lesión de 15 a 20 días  fue  tomado equivocadamente por el fallador, como el tiempo en que se produjeron  dichas  lesiones  o  huellas,  pues,  a  su juicio, como se trata de procesos de  evolución  histológica,  se  refiere  al  tiempo  en  que  médicamente  se ha  considerado  que  permanece  latente  una  lesión; por esa razón el médico no  estaba  llamado a especificar el momento o el día concreto de la ocurrencia del  acto.   

Puntualiza  que  en  el  presente  caso  el  juzgador  distorsionó  el  medio probatorio, porque puso a decir al perito, que  esa  lesión   no  había sido ocasionada el día de los hechos. Agrega que  sin  más  consideraciones  a esa prueba pericial, pasó a efectuar el análisis  de  otros  medios  probatorios,  olvidando  extrañamente, la existencia de otra  lesión o huella.   

Considera  el  Fiscal  recurrente  que  la  ambigüedad  del  Tribunal, en la sentencia de segunda instancia, de aceptar las  conclusiones  del  dictamen  médico  legal  sexológico  y del perito JARAMILLO  OCHOA  y de la Fiscalía en el debate oral, pues al mismo tiempo lo olvidó y no  lo   tuvo   en   cuenta   a   la  hora  de  evaluar  la  prueba,  para  terminar  tergiversándolas.   

Asegura,   entonces,   que   el   fallador  distorsionó  y  cercenó  el  contenido  del  testimonio  de  JARAMILLO  OCHOA,  haciéndole  decir  más  de  lo  que encerraba y desconociendo algunos aspectos  sustanciales  del  mismo  “prevalido  de este medio  probatorio  y  teniendo  en cuenta equivocada y parcialmente el tema de la fecha  de  la  causa  de la hipotonía anal, construyó un contraindicio, a todas luces  inexistentes,  concluyó  infundadamente  que  el  abuso sexual no se produjo la  noche de los hechos por parte del procesado.”   

Agrega  que  si  no  se  hubiera  dado  la  infortunada  valoración  por  parte  del  ad-quem,  al  testimonio  del médico  FRANCISCO  JAVIER  JARAMILLO recobraría contundencia la integridad de la prueba  presentada por la Fiscalía.   

3.-  TERCER  CARGO,  FALSO  RACIOCINIO EN LA  VALORACIÓN DEL TESTIMONIO DE BELMAN ABAY ARCILA ÚSUGA.   

Dice  el  censor  que  el  Tribunal,  en  la  sentencia  de  segunda  instancia,  le  imprimió  una particular importancia al  testimonio  de  BELMAN  ABAY  ARCILA  USUGA  administradora  del  hotel en donde  sucedieron  los  hechos  “por  solo  referir  a una  escena  anterior a la intervención de las testigos BIBIANA BELTRÁN y MARY CRUZ  GARCES  (olvida  la  Sala del Tribunal mencionar a GLORIA ISABEL GÓMEZ), cuando  NÉSTOR  HUGO  GAVIRIA,  el  procesado,  estaba  solo  con los niños y a puerta  cerrada  y  que  ella  había  subido al segundo piso, porque unos huéspedes la  habían  alertado  del  llanto  del niño, y entonces ella por una ventana vio a  NESTOR  HUGO parado viendo televisión, el niño brincando en la cama y la niña  también  en  la  cama,  que  todo estaba normal y por eso se devolvió. Que por  ello,  concluye  el Tribunal, ninguna de las testigos vio al acusado abusando de  sus    hijos    ni    tampoco    desnudo   completamente   sino   en   boxer   y  pantaloncillos…”   

Puntualiza que esa forma de ver las cosas por  parte  del  Tribunal,  se  aparta  de  la  máxima  de  la  experiencia  de  que  “LA REALIDAD ES DINÁMICA, Y QUE CON TODA SEGURIDAD  SE  OBSERVA  UNA  COSA  Y  DESPUÉS  OTRA”  pues  de  valorarse  correctamente  la  narración  brindada  por  la  testigo BELMAN ABAY  ARCILA  ÚSUGA el fallo sería diferente, porque el hecho de que esta testigo no  hubiera  visto  la  misma  escena  que  vieron  las otras declarantes, no quiera  significar  que  el  hecho  no sucedió por cuanto la deponente estuvo cerca del  lugar  en   otro  momento,  de  manera  que  este  testimonio  no  se puede  acreditar,  como  equivocadamente  lo  hizo  el  Tribunal,  atribuyéndole  gran  importancia  para  sostener  su  conclusión  de  que  no  se presentó el abuso  sexual.   

Agrega  que  de  apreciarse correctamente la  máxima  de  la  experiencia  se  debe reconocer que los hechos ocurrieron en el  momento  en  que  las  otras  testigos se percataron de ellos y no cuando BELMAN  ABAY  subió  al segundo piso a dar un vistazo y no vio nada anormal, pues está  claro  que  ella estuvo cerca del lugar en momentos diferentes; en consecuencia,  no  podía  el Tribunal sacar conclusiones de la inexistencia del hecho a partir  de   la   limitada   percepción   de   la  testigo  MELBAN  ABAY,  “bien   hubiera   hecho,  por  esa  vía  corroborar  que  en  la  habitación  Nro.  15,  se  presentó  un escándalo y que cuando posteriormente  subió  por  segunda  vez, allí estaban la testigos Bibiana BELTRAN, MARY CRUZ,  GLORIA  ISABEL  GÓMEZ,  y otras personas que acudieron a ayudar, y que también  estaba  el  procesado con sus dos niños, y se comentaba lo del posible abuso en  ese  momento,  hasta  el  punto  de  que  el  asunto mereció la presencia de la  policía…”   

Sostiene,  entonces, que ese desconocimiento  de  la  mencionada  regla  de  la  experiencia  y  de  los postulados de la sana  crítica,  produjo  un  desacierto  a  favor del acusado, que de no haberse dado  recobraría contundencia la prueba presentada por la Fiscalía.   

En consecuencia, solicita casar la sentencia  y   declarar   la   certeza  de  la  responsabilidad  del  acusado  NÉSTOR         HUGO         GAVIRÍA         GONZÁLEZ.   

CONSIDERACIONES DE LA CORTE  

1.-  Reiteradamente  la jurisprudencia de la  Sala  ha  sostenido  que  la  posibilidad  de que la Corte admita una demanda de  casación,  se  afianza  en  el estricto cumplimiento de los requisitos formales  establecidos  en los artículos 183 del Código de Procedimiento Penal, esto es,  que  debe  señalar  de  manera  precisa  y concisa las causales invocadas y sus  fundamentos;  y,  184  inciso  2°  ibídem  que prevé como aspectos para su no  selección,  la  carencia  de  interés,  la  omisión en el señalamiento de la  causal,  la  abstención  en  el  desarrollo  de  los  cargos  o  de  la notoria  impertinencia para cumplir alguna de sus finalidades.   

Por consiguiente, la demanda que sustente el  recurso  de  casación  necesariamente  debe caracterizarse por permitir colegir  sin  temor  a equivocaciones los errores cometidos en las instancias, razón por  la  cual  el  reproche a la sentencia acusada debe ser de objetiva comprensión,  porque  así  lo  exige  la  naturaleza y alcance de las normas que gobiernan la  impugnación extraordinaria.   

Es  evidente que son, entonces, las causales  de  casación  las  que dimensionan la forma en que se afianza la denuncia sobre  la  inconstitucional  e  ilegalidad de la sentencia impugnada; por consiguiente,  la   admisibilidad  al  trámite  y  la  prosperidad  de  la  pretensión  queda  condicionada,  se  repite,  a  la  demostración  del  interés en el censor, la  correcta  selección  de  las  causales,  la  coherencia  de los cargos que a su  amparo  pretenda  aducir  y  la  debida  fundamentación fáctica y jurídica de  éstos,  además  de la necesidad de acreditar de qué manera, con su estudio se  cumplirán uno o varios de los fines de la casación.   

Desde  esa  perspectiva, la Corte bien puede  inadmitir  o  no  seleccionar las demandas formalmente correctas cuando advierta  que  su  pronunciamiento no es imprescindible para los fines de la casación; de  igual   manera,   también  puede  ocurrir  que  ante  una  demanda  formalmente  incorrecta,  la  Corte  vislumbre  la  necesidad  de  decidir de fondo el asunto  atendiendo  la  preceptiva  del  artículo  184-3 de la Ley 906 de 2004 y con el  propósito    de    mantener    la   intangibilidad   de   los   fines   de   la  casación.   

2.-  En  el presente caso, es inocultable el  distanciamiento   del   recurrente   de   las   bases   jurídicas,  lógicas  y  argumentativas  inherentes  al  recurso  extraordinario  de  casación,  para la  presentación  y  desarrollo  de  los  cargos,  pues como puede observarse en el  escrito  presentado,  no  sólo  en  la motivación de los mismos trascendió el  ámbito  del  sentido  de  la violación anunciada, sino que, además, no logró  precisarlo;  y,  arbitrariamente,  disiente  del ejercicio dialéctico efectuado  por  los  juzgadores de instancia atribuyéndole quebrantos en la contemplación  de   las   pruebas   y   en   la   aplicación   de   las   reglas  de  la  sana  crítica.   

En  efecto,  en  relación  con el primero y  segundo  cargo  propuesto  en  la demanda con base en lo señalado en el numeral  3°  del  artículo  181  del  Código Procedimiento Penal, que lo enuncia en un  supuesto  error  de hecho por falso juicio de identidad en la valoración de los  testimonios  de  GLORIA  INÉS GÓMEZ MEJÍA y FRANCISCO JAVIER JARAMILLO OCHOA,  adviértase,  inicialmente,  que el recurrente plantea su disenso sobre la forma  como  el  Tribunal en la sentencia de segunda instancia abordó el estudio de la  prueba  incorporada,  apartándose  del criterio jurisprudencial de esta Sala de  la  Corte,  en torno a la estructuración del error de hecho por falso juicio de  identidad,  en  el  que se ha indicado que la demostración del cargo debe tener  siempre  como referente el contenido de la sentencia y que es a partir de lo que  allí  se  dijo  y,  no  de  las  convicciones  personales  del  actor, que debe  constituirse  el ataque, con indicación de la forma como fueron distorsionadas,  tergiversadas,  adicionadas  o  cercenadas los medios probatorios, pues no basta  con  transcribir  los  apartes  pertinentes  y  aducir  la  infracción  en  que  incurrieron,  si, en últimas, lo que se pretende sacar avante la personal forma  de entender el contenido de los medios probatorios.   

Así  mismo, no resulta ajena a esa forma de  desarrollar   la  censura  del  tercer  cargo  promovido  al  amparo  del  falso  raciocinio,  pues  si  bien  es  cierto  aduce  como fundamento del yerro que le  atribuye  al  Tribunal  en  la  sentencia  de  segundo  grado,  la máxima de la  experiencia   referente   a  que  “la  realidad  es  dinámica”, no logró demostrar, bajo tal enunciado,  que  el  juzgador  de  segundo grado pretermitió tal regla de la sana crítica,  pues  enfoca  el  desarrollo  de  la censura, en su personal apreciación de los  hechos   con   miras,  no  sólo  a  contradecir  las  reflexiones  dialécticas  efectuadas   por   el  Tribunal,  sino,  a  descalificar  el  testimonio  de  la  administradora    del    hotel    “El    Carretero”   BELMAN   ABAY   ARCILA  USUGA.   

Bajo  tales  parámetros  es evidente que el  actor  al  acusar  la sentencia de segunda instancia proferida por la Sala Penal  del  Tribunal  Superior  del  Distrito  Judicial  de  Medellín,  de incurrir en  errores  de  hecho  por falsos juicios de identidad y raciocinio, no observó el  compromiso   formal  de  postular  sus  planteamientos  con  la  claridad  y  la  precisión  requeridas  en  la  ley  y desarrolladas por la jurisprudencia, dado  que,  corresponde  al  casacionista señalar los derroteros dentro de los cuales  orienta   la   acusación,   demostrando  los  yerros  atribuidos  al  fallo  y,  particularmente,  en  este  caso, como la acusación se refiere a la valoración  probatoria,    debió,    entonces,    señalar    de    que    manera    fueron  quebrantadas.   

Adicionalmente, la demanda se caracteriza en  el  desarrollo de los cargos por la discrepancia de la argumentación jurídica,  pretendiendo  que  la  teoría  del  caso  fundamentado  sobre  la  versión que  suministró  una  de  las  testigos,  que  no  compareció  en  el  juicio  oral  prevalezca  sobre  la  que,  en su momento, expuso el Tribunal, reproduciendo la  sentencia  de  MAUROIS: “lo que está de acuerdo con  nuestro  deseo  personal  parece  razonable,  lo  que  está  en  desacuerdo nos  enfurece.”   

Es  evidente,  entonces,  que  el  censor no  cumplió  en  la  demanda presentada con las exigencias de claridad y precisión  que  exige  el  extraordinario  recurso  de  casación,  pues  el actor no sólo  omitió  acreditar  el  error probatorio denunciado, sino que, a la vez, bajo la  misma  ilación  de  la  censura, indebidamente transitó por el sendero por los  diversos  sentidos del error de hecho, sin tener en cuenta que cada uno de ellos  responde  a distintos motivos y que su demostración tiene un enfoque diferente,  lo  que  exige que se formulen  en capítulos separados; empero, ninguna de  sus  denuncias  logró  fundamentarlas  y  demostrarlas adecuadamente en orden a  socavar  las  conclusiones  a  las  que  arribó  el  Tribunal para, finalmente,  declarar   que   la   presunción  de  inocencia  que  le  asiste  al  procesado  GAVIRIA  GONZÁLEZ  no  fue  desvirtuada por la Fiscalía.   

Son  insuficientes,  entonces,  las  bases  jurídicas,  lógicas  y argumentativas con las que fundamenta la demanda y como  quiera  que  el recurso de casación está regido, entre otros, por el principio  de  limitación,  los plurales errores que presenta no pueden ser remediados por  la   Sala,  en  tanto  que  no  le  corresponde  subsanar  los  desaciertos  del  recurrente,   para   complementar,   adicionar   o   corregir   su   escrito  de  impugnación.   

De  esta manera, es claro, que las censuras  carecen  de  la  connotación  para  que la Sala pueda seleccionar la demanda y,  además,  no  se  advierte que con ocasión a la sentencia impugnada o dentro de  la   actuación   haya   existido   violación  de  los  derechos  o  garantías  fundamentales,  como  para superar los defectos de la demanda y decidir de fondo  según  lo impone la preceptiva del inciso 3º del  artículo 184 de la Ley  906 de 2004.   

Por las consideraciones antes señaladas, la  Sala inadmitirá la demanda mediante el presente pronunciamiento.   

Teniendo  en cuenta que contra la decisión  de  inadmitir la demanda presentada por el Fiscal 107 Delegado ante los Juzgados  Penales  de  Circuito  de  Medellín,  procede  el  mecanismo  de insistencia de  conformidad  con  lo establecido en el artículo 186 de la Ley 906 de 2004, cuyo  trámite  no  fue  regulado,  la  Sala  ha  definido  las  reglas que habrán de  seguirse       para       su       aplicación5,   como  a  continuación  se  precisa:   

a).- La insistencia es un mecanismo especial  que  sólo  puede ser promovido por el demandante, dentro de los cinco (5) días  siguientes  a  la  notificación  de la providencia por medio de la cual la Sala  decide  inadmitir  o  no  seleccionar  la  demanda  de  casación, con el fin de  provocar  que  ésta  reconsidere  lo  decidido.  También  podrá ser provocado  oficiosamente,  en el mismo término, por alguno de los Delegados del Ministerio  Público  para  la  Casación  Penal,  a  menos  que  el recurso no hubiera sido  interpuesto  por el Procurador Judicial, el Magistrado disidente o el Magistrado  que  no  haya  participado en los debates y suscrito la providencia inadmisoria.   

b).-  La  solicitud  de  insistencia  puede  elevarse  ante  el  Ministerio  Público,  a  través  de  sus Delegados para la  Casación  Penal, o ante uno de los Magistrados que hayan salvado voto en cuanto  a  la  decisión  mayoritaria  de  inadmitir  la  demanda  o  ante  uno  de  los  Magistrados que no haya intervenido en la discusión.   

         

c).-   Es   potestativo   del  Magistrado  disidente,  del  que  no  intervino en los debates o del Delegado del Ministerio  Público  ante  quien  se  formula  la insistencia optar por someter el asunto a  consideración  de  la  Sala o no presentarlo para su revisión. En este último  evento   informará  de  ello  al  peticionario  en  un  plazo  de  quince  (15)  días.   

d).-  El  auto  a través del cual se   inadmite  la  demanda  de  casación  trae  como  consecuencia  la firmeza de la  sentencia  de  segunda  instancia  contra  la  cual  se  formuló  el recurso de  casación,  salvo  que  la  insistencia prospere y conlleve a la admisión de la  demanda.   

Atendidas  las  razones expuestas, la Corte  Suprema de Justicia en Sala de Casación Penal,   

RESUELVE  

INADMITIR la demanda de casación presentada  por   el   Fiscal  107  Delegada  ante  los  Juzgados  Penales  de  Circuito  de  Medellín,  por las razones  expuestas en la parte motiva de esta providencia.   

Contra  la  presente  decisión  procede la  insistencia  de conformidad con el inciso 2° del artículo 184 de la Ley 906 de  2004.   

Devuélvase     al     Tribunal    de  origen.   

CÓPIESE,   COMUNÍQUESE   Y   CÚMPLASE   

ALFREDO GÓMEZ QUINTERO  

SIGIFREDO   ESPINOSA  PÉREZ                                                                                   MARÍA     DEL  ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS   

ÁLVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN                                              JORGE  LUIS  QUINTERO MILANÉS   

YESID   RAMÍREZ  BASTIDAS                                                                                  JULIO  ENRIQUE SOCHA SALAMANCA   

MAURO   SOLARTE   PORTILLA                                            JAVIER ZAPATA ORTIZ    

TERESA    RUIZ  NÚÑEZ   

Secretaria    

1  CÓDIGO  DE  LA  INFANCIA  Y  LA  ADOLESCENCIA,  ARTÍCULO  47  NUMERAL  8°: SE  PRESCINDE  DEL  NOMBRE  DE LOS MENORES PRESUNTAMENTE AFECTADOS DEBIDO A QUE ESTA  PROVIDENCIA PUEDE SER PUBLICADA.   

2  Ibídem.   

3  Ibídem.   

4  Ibídem.   

5 CORTE  SUPREMA DE JUSTICIA. Auto, 24322 diciembre 12 de 2005.     

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