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Proceso No 20329
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACION PENAL
Magistrado Ponente:
DR. JORGE ANÍBAL GÓMEZ GALLEGO
Aprobado Acta Nº: 106
Bogotá D.C., veintitrés de septiembre de dos mil tres.
VISTOS
Califica la Sala la demanda de casación excepcional presentada por el defensor del tercero civilmente responsable HERNANDO ROJAS DE LA CRUZ, contra el fallo de segundo grado proferido el 16 de agosto de 2002 por el Juzgado 17 Penal del Circuito de Cali, por cuyo medio confirmó con modificaciones en lo atinente a la indemnización de perjuicios, la condena impuesta al acusado por el Juzgado 22 Penal Municipal de esa ciudad como responsable del delito de lesiones personales culposas. LA DEMANDA
1. En un primer escrito, dos cargos formula el censor contra el pronunciamiento de fondo de segunda instancia obra del Juzgado 17 Penal del Circuito de Cali, ambos al amparo de la causal tercera por haberse proferido la sentencia recurrida en juicio viciado de nulidad. En posterior libelo reitera esos reproches, pero adiciona la demanda con un tercer reparo que plantea como subsidiario de los dos primeros al auspicio de la causal primera, cuerpo segundo, por errónea apreciación probatoria.
1.1. La primera censura dice relación con la violación al derecho de defensa establecida como irregularidad sustancial que genera nulidad en el Art. 306-3 del C. P. P., y que conforme al Art. 307 ibidem debió decretarse de oficio, lo que “con mayor razón” bien puede hacer la Corte en esta sede del recurso extraordinario, aduce el actor, “por tener la función del control de legalidad y constitucionalidad que se reclama para este proceso”, vicio que tuvo su origen en el hecho de que su asistido no tuvo la oportunidad de defenderse en el proceso por cuanto “desde el 15 de marzo de 1997 dejó de ser titular por venta del bus de placas VAH 530”, titularidad que asumió la compradora María Angelina Mina. Así, el nexo causal se encuentra desvirtuado, porque para el 30 de octubre del año en mención, fecha de la ocurrencia del accidente al que se contrae los autos, su defendido ya no ostentaba la calidad de propietario del rodante en cuestión; por lo tanto, “no estaba legitimado ni por activa ni por pasiva para ser demandado (…)”
En la fundamentación del cargo, afirma el demandante que a ROJAS DE LA CRUZ se le vinculó al proceso en calidad de tercero civilmente responsable a partir del 10 de febrero de 1998, calenda en la cual el Fiscal del conocimiento produjo la resolución que así lo dispuso, y como quiera que la citación para notificarle los proveídos por cuyo medio se clausuró la etapa instructiva y se calificó el sumario fue enviada a otra dirección suministrada por la parte civil, resultaron vulnerados “las formas propias y la plenitud que regenta el derecho a la defensa y el debido proceso (…)”.
En virtud del principio de remisión y conforme a lo previsto en el Art. 318 del C. de P. C., debió ordenarse el emplazamiento para realizar la respectiva notificación por edicto y proceder a nombrarle curador ad-litem, si se hubiese negado a comparecer. Ante la presencia de tal irregularidad, la nulidad es preciso declarar y ordenar la invalidación de la actuación a partir de la resolución por cuyo medio se vinculó a su defendido como tercero civilmente responsable, clama el censor, por violación del derecho de defensa y el debido proceso del tercero civilmente responsable, quien por falta absoluta de defensa técnica no tuvo representación de alguien que velara por sus intereses.
1.2. Con idéntica argumentación a la que viene de exponerse, el demandante plantea y desarrolla el segundo cargo, pero en esta ocasión por vulneración al debido proceso, apoyado en similares presupuestos fácticos y jurídicos a los utilizados para sustentar el primer reparo.
1.3. Irregular apreciación del testimonio de Luz Marina Marín, que se tradujo en un falso juicio de identidad en cuanto se le dio un alcance que no tiene “por vía del cercenamiento interpretativo”, es el tercer reparo que, como subsidiario, adicionalmente formuló el impugnante extraordinario en escrito complementario presentado dentro del término legal, tras reiterar las censuras plasmadas en su primer libelo.
En la fundamentación del cargo sostiene que en la segunda instancia se “distorsionó y desfiguró” la exposición de la citada testimoniante, con lo cual se le “restó contenido” al dicho del procesado John Jairo Castillo, cuyos descargos y la atestación de la Marín fueron la fuente de la declaración de condena, lo que aunado a la “interpretación distorsionada” del croquis levantado por el agente de tránsito Guillermo Perlaza, conllevó a la violación de los derechos fundamentales del debido proceso y acceso a la administración de justicia, así como a los principios de presunción de inocencia y favorabilidad. Seguidamente aduce el censor que si no se le hubiera dado un contenido diferente al que realmente emerge de la exposición del conductor procesado, e igualmente, si se hubiera reparado en el interés que le asistía a la testigo Marín para comprometer a aquél, seguramente se habría reconocido la existencia del caso fortuito, fuerza mayor o culpa grave de la víctima, al ser ésta quien “inició el problema” al evidenciar como pasajera ánimo agresivo.
Erró pues el fallador de segunda instancia, tras reconocer que con un debido debate probatorio se hubiera podido establecer si realmente el procesado actuó con imprudencia, o si por la conducta descuidada de la ofendida se produjo el accidente, termina sin embargo estructurando un juicio de reproche con fundamento en criterios de responsabilidad objetiva ya proscrita en nuestro medio. Por lo menos hubo lugar, deja entrever el libelista, al reconocimiento de la duda a favor del justiciable como quiera que no existió una verdadera investigación integral.
Casar la sentencia recurrida y en su lugar proferir la que deba reemplazarla ajustándola a las normas que fueron violadas, es la petición que el censor le formula a la Sala.
ALEGACIONES DE LA PARTE NO RECURRENTE
El apoderado de la parte civil se opone a las pretensiones del demandante, aduciendo que la demanda, además de no reunir los presupuestos de forma que hagan viable la impugnación extraordinaria, las irregularidades aducidas como nulidades que podrían dar lugar a la invalidación del trámite procesal censurado, no encuentran configuración en los autos.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
Respecto de la casación discrecional, la jurisprudencia de la Sala tiene establecido como exigencia consustancial a la naturaleza del excepcional instrumento, la necesidad de que el actor presente la fundamentación debida frente a los motivos que determinan la viabilidad de la admisión, relacionada con las posibilidades que para su interposición la ley otorga, ya sea para perseguir por dicha vía el desarrollo de la jurisprudencia o la garantía de derechos fundamentales presuntamente violados en las instancias, debiendo precisar clara y nítidamente la razón o razones por las cuales el Juez de casación debe intervenir necesariamente en un asunto sobre el que no concurren los presupuestos de la casación común.
De manera que si el motivo de inconformidad con el fallo de segundo grado estriba en aducir la transgresión de derechos fundamentales, como aquí acontece, el casacionista está obligado a desarrollar una argumentación lógica y coherente dirigida a mostrar la evidencia del desacierto, siendo de su cargo acreditar el desconocimiento de una garantía por haberse quebrantado la estructura básica del proceso o por la actividad del juzgador, e indicar las normas constitucionales que protegen el derecho invocado y su concreto conculcamiento con la sentencia.
Adicionalmente, el actor ha de cumplir con los requisitos establecidos en el Art. 212 de la ley 600 de 2000, primordialmente la enunciación del motivo de casación en que se apoya la demanda, con la indicación clara y precisa de sus fundamentos -señalamiento de los supuestos fácticos y jurídicos en que se finca el cargo o cargos planteados-, los cuales, inexorablemente, han de corresponder a un desarrollo de las razones en que se funda la solicitud de admisión de la impugnación extraordinaria por la vía excepcional.
En todo caso, es competencia exclusiva de la Corte, en ejercicio de su discrecionalidad, ponderar la fundamentación expuesta por la parte que acude a dicho instrumento, y decidir si admite o rechaza el trámite de la casación excepcional.
En el evento examinado, se observa que la sentencia atacada fue proferida por un Juzgado del Circuito, de lo cual se establece que contra la misma no procede la casación común; y que el sujeto procesal que invoca la discrecionalidad ejerció este derecho dentro de la oportunidad prevista en la ley, con lo que tales aspectos pueden entenderse cumplidos.
No acontece igual, sin embargo, en lo referente a la obligación de fundamentar la solicitud frente al motivo aducido como requisito de procedencia para invocar el ejercicio de la discrecionalidad por la Corte, como tampoco con los presupuestos de claridad y precisión que en la sustentación de las censuras se exige, y su conexión con aquéllos en orden a demandar la admisión del medio de impugnación extraordinario.
Si bien del libelo de cuyo aspecto formal se ocupa la Corte cabe desentrañarse que lo que el demandante procura es la protección de derechos constitucionales fundamentales objeto del quebranto argüido -el debido proceso y el derecho de defensa-, no es claro en precisar las razones de hecho y de derecho que lo llevan a una tal proposición, en cuanto mal puede pretender sustentar con similar argumentación, en uno y otro caso, el resquebrajamiento de la estructura básica del proceso y la afectación del derecho de defensa, sin mostrar de qué manera la instrucción y el juzgamiento se vinieron a menos en razón de la pretextada irregularidad, y en qué consistió la orfandad defensiva -material y técnica- alegada, pues, como lo tiene dicho la Corte, si bien el segundo se deriva del primero, ambos han sido claramente diferenciados por la ley y la jurisprudencia pues éste constituye un vicio de estructura en tanto aquél lo es de garantía, por lo que su postulación y desarrollo necesariamente deben tener por sustento postulados diferentes, sin descartarse que aunque existen irregularidades que al mismo tiempo pueden llegar a comprometer los dos derechos, el censor no pone en evidencia que éste sea uno de esos casos.
De todas maneras, olvidó el censor que su deber consistía en definir las irregularidades y comprobarlas cabalmente, para dejar así establecido que el debido proceso había sido trastocado tan gravemente, y el derecho de defensa de su asistido afectado a tal punto, que no había remedio distinto a la invalidación del trámite.
Amén de los defectos de técnica y fundamentación que vienen de reseñarse, nada informa el actor en relación con la actividad adelantada por los funcionarios de instrucción y juzgamiento en orden a lograr la comparecencia de su defendido al proceso para notificarlo de las decisiones adoptadas, por lo tanto, la propuesta quedó en el mero enunciado.
Con todo y esos desaciertos, de suyo suficientes para inadmitir al trámite la casación discrecional, la formulación y desarrollo del cargo que por errónea apreciación probatoria plantea el libelista, lo presenta con total desapego del carácter técnico, lógico y rogado que la casación ostenta, en cuanto tampoco se percató de que la postulación de la causal primera resulta incompatible con aducir la violación de garantías fundamentales denunciable al amparo de la tercera, pues mientras aquélla supone la validez del juicio, ésta lo niega e impide que se dicte el respectivo fallo de sustitución, lo cual evidencia el contradictorio desarrollo de la censura, haciéndose aún más patente el contrasentido al pedir que se case la sentencia acusada por ser violatoria de normas de derecho sustancial, y en su lugar “dictar la sentencia que deba reemplazarla”, sin que se logre entender si lo que persigue es que se absuelva a su asistido, o si por el contrario lo que demanda es que se decrete la ineficacia del trámite por la violación de garantías fundamentales, eventualidades sobre las que el Juez de Casación no podría optar sin transgredir el principio de limitación que rige su actuación.
Como quiera que el actor omite fundamentar clara y concretamente los motivos que lo llevaron a invocar el ejercicio de la discrecionalidad por la Corte, y como tampoco desarrolla un cargo específico que corresponda a aquéllos, el libelo debe inadmitirse.
En mérito a lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal,
RESUELVE
INADMITIR la demanda de casación discrecional presentada a nombre de HERNANDO ROJAS DE LA CRUZ por su defensor, de acuerdo con las motivaciones plasmadas en el cuerpo de este proveído.
Contra la presente decisión procede el recurso de reposición.
Cópiese, notifíquese y devuélvase al Tribunal de origen. Cúmplase.
YESID RAMÍREZ BASTIDAS
HERMAN GALÁN CASTELLANOS CARLOS A. GÁLVEZ ARGOTE
JORGE ANÍBAL GÓMEZ GALLEGO ÉDGAR LOMBANA TRUJILLO
ÁLVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN MARINA PULIDO DE BARÓN
JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS MAURO SOLARTE PORTILLA
TERESA RUIZ NÚÑEZ
Secretaria