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Proceso No 18497
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
Magistrado Ponente: HERMAN GALÁN CASTELLANOS
Aprobado Acta No. 15
Bogotá, D.C., doce (12) de febrero de dos mil dos (2002)
Surtido el traslado para solicitar pruebas, la Sala se pronuncia sobre las pedidas por la Representante del Ministerio Público y el señor Defensor del retenido con fines de extradición, Tulio Trujillo Hoyos.
I ANTECEDENTES
1. La Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, mediante nota verbal 175 del 16 de febrero, elevó, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, petición de captura provisional con fines de extradición de Tulio Trujillo Hoyos, ciudadano colombiano, para que comparezca a juicio por delitos federales de narcóticos, según hechos que comenzaron en junio de 1999.
2. El Fiscal General de la Nación mediante resolución del 27 de febrero de 2001 decretó la captura con fines de extradición de Tulio Trujillo Hoyos, identificado con cédula de ciudadanía colombiana No. 70.559.465 y pasaporte expedido el 21 de abril de 1998, quien fuera capturado el 23 de marzo de 2001.
3. La solicitud de extradición fue formalizada según nota verbal No. 534 del 18 de mayo de 2001, remitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, señalando que debe obrarse de conformidad con el artículo 552 del C. de P.P. al no existir convenio aplicable.
4. Remitidas las diligencias a la Corte se les imprimió el trámite pertinente, en desarrollo del cual la Procuradora Delegada y el defensor del requerido en extradición elevaron solicitud de pruebas.
II PETICIÓN DE PRUEBAS
1. La Procuradora 4ª Delegada en lo Penal solicita se exhorte al Gobierno de los Estados Unidos de América para que remita copia debidamente traducida al castellano de las siguientes disposiciones: Secciones 841 (b) (1) y (A), 952 (a) y 960 (a) (1) del Código Penal de los Estados Unidos por hacer parte de la resolución de acusación formulada en su contra.
2. El defensor del solicitado en extradición, luego, de indicar que la Corte emite los conceptos con la ligereza que en desarrollo del trámite administrativo le corresponde y de cuestionar la figura de la extradición, reclama un análisis ponderado de la exigencia legal relativa a la equivalencia de los cargos formulados, ( “indicment”), con la resolución acusatoria de nuestro sistema jurídico, el que debe haber cobrado firmeza en aras de garantizar la precisión e inmodificabilidad de los cargos para evitar así que la persona extraditada pueda ser juzgada por hechos distintos. Agrega que de acuerdo con el sistema judicial del Estado requirente los cargos pueden ser modificados incluso después de emitido el concepto. Motivos por los cuales solicita se practiquen las siguientes pruebas:
2.1. Oficiar a la Fiscalía General de la Nación para que remita copia del expediente 6362 seguido en contra de Jairo Correa Alzate, en el cual obra el testimonio técnico de un abogado americano que indica que el “indictment” no hace referencia a hechos controvertidos y las manifestaciones del fiscal colombiano relativas a que éste no es equivalente a la resolución de acusación.
2.2. Se oficie a la Oficina de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación para que remita copia íntegra y auténtica de los documentos de soporte, dictámenes periciales, testimonios técnicos allegados al proceso penal 6263, en el que se admitió que no es lo mismo conspiración que concierto para delinquir.
2.3. Exhortar al Ministerio de Relaciones Exteriores para que por la vía diplomática se obtenga certificación del Estado requirente respecto a que los hechos referidos en un “indictement” no pueden ser controvertidos antes del juicio y expliquen las normas que la sustentan, lo anterior a efecto de demostrar que no existe la equivalencia que reclama el artículo 513 del C. de P.P.
2.4. Por medio de carta rogatoria o exhorto se solicite al Fiscal competente para el caso No. 00-00195 CB informar si el testimonio de la agente Pamela M.Mixon rendido el 3 de mayo constituye una pieza procesal que haya sido valorada por el gran jurado, de ser así deberá explicar porqué tiene una fecha posterior al “indictment” del 20 de noviembre de 2000, si hace parte del proceso o si es complementaria del “indictment”.
2.5. Para probar que el cargo por conspiración no guarda equivalencia con el concierto para delinquir, por tener elementos propios, como lo es sancionar la organización criminal independientemente del acuerdo o concierto para delinquir, y la responsabilidad que asume el miembro de la conspiración, incluso por hechos cometidos antes pide se exhorte al Gobierno de los Estados Unidos para que remita copia auténtica de la Sección 952 (a) y 960 (a ) (1), Sección 963, Sección 841 (b) (1) (A), así como de la Sección 846 , normas que se invocan en la acusación.
2.6. Exhortar al Gobierno Norteamericano para que remita certificación, la que de acuerdo con la sustentación, debe versar sobre la existencia de un temor de guerra biológica en el territorio de los Estados Unidos con lo cual al conceder la extradición el Estado Colombiano pondría en peligro uno de sus nacionales cuando está obligado a protegerlo.
III CONSIDERACIONES
1. Debe precisarse, desde ya, que de conformidad con lo señalado de manera expresa por el artículo 520 del Código de Procedimiento Penal, el concepto que se demanda de la Corte Suprema de Justicia en el presente trámite de extradición debe estar fundamentado en: la validez formal de la documentación presentada, la demostración plena de la identidad del requerido en extradición, el principio de doble incriminación, la equivalencia de la providencia proferida en el extranjero y el cumplimiento de lo previsto en los tratados públicos, cuando definan la relación entre los Estados.
Además, que según lo dispuesto por el artículo 508 ibídem incisos 2° y 3° del Código de Procedimiento Penal la extradición no procede por delitos políticos ni cuando el requerido es colombiano por nacimiento y verse la solicitud sobre hechos cometidos con
anterioridad al 16 de diciembre de 1997, fecha en la que se promulgó el Acto Legislativo No. 01 de 1997 y que varía la posibilidad de
conceder la extradición de nacionales. También habrá de considerarse que tratándose del análisis de la validez formal de la documentación que se aporta por el Estado requirente, cuando el trámite se rige por las normas del Código de Procedimiento Penal ante la ausencia de Convenio o Tratado, se encuentra limitado a que la documentación allegada para solicitar la extradición cumpla los requisitos de forma, es decir, que haya sido aportada atendiendo las formalidades propias del país que formula la solicitud, sin que pueda examinarse su trascendencia y alcances.
2. En lo concerniente con la práctica de pruebas en el curso de este trámite, en forma reiterada la Sala ha señalado que la procedencia y conducencia de las pruebas está determinada exclusivamente por la aptitud que tengan para demostrar o negar los hechos sobre los cuales la Corte debe fundar su concepto. En este evento ante la no existencia de convenio entre los Estados debe orientarse por la regulación definida en el Código de Procedimiento Penal, es decir, que para los efectos de este trámite deberán estar encaminadas a demostrar que no se encuentran dadas las exigencias formales señaladas por el artículo 520 ibídem.
Conclúyese, entonces, que es improcedente el examen de aspectos sustanciales de la petición que se formula, pues se trata de una solicitud elevada por vía diplomática, en cuyo trámite no pueden desconocerse los principios que orientan las relaciones entre los Estados y los propósitos que se persiguen con este mecanismo jurídico de cooperación internacional tendiente a combatir el delito
mas allá de las fronteras del Estado en el que se cometieron las conductas transgresoras del respectivo ordenamiento jurídico, nivel en el cual resulta inadmisible entrar a cuestionar la validez o alcances de las imputaciones que se formulan, pues el concepto que se reclama de la Corte, reitérase, es meramente formal.
Bajo estos parámetros se examinará la conducencia de la pruebas solicitadas por el Defensor del requerido con fines de extradición y por la Procuradora Delegada.
2.1. Como el Ministerio Público al unísono con la defensa solicitan se alleguen los textos de las normas presuntamente desconocidas por el reclamado con fines de extradición se procederá por la Sala al examen de este punto.
La formalización de la solicitud de extradición es el marco definitorio de los cargos por los cuales se requiere a la persona en extradición, documento que tiene carácter diplomático, por lo tanto, debe ser considerado como un acto de política exterior no sujeto a cuestionamiento diferente al que se hayan cumplido las formalidades propias, es decir, que se encuentre debidamente traducido al castellano y certificada la calidad de los funcionarios que lo remiten, por tal razón las normas que deben ser acompañadas junto con la documentación deberán referirse a los cargos por los cuales se eleva la solicitud de extradición.
En este evento, se observa que mediante nota verbal diplomática No.534 del 18 de mayo del 2001 (fls. 96 y s.s. de la carpeta anexa) se solicita la extradición del ciudadano colombiano Tulio Trujillo Hoyos a quien se acusa de infringir el Código de los Estados Unidos:
Cargo Uno. Concierto para importar a los Estados Unidos una sustancia controlada en violación de las Secciones 963 y 952 (a)
Cargo dos. Concierto para poseer una sustancia controlada (cocaína) con la intención de distribuirla en violación de las Secciones 846 y 841 (a) (1).
Cargo tres. Posesión de cocaína con la intención de distribuirla, en violación del Título 21 Sección 841 (a)(1).
En la declaración jurada del Fiscal Adjunto, George F. May, aportada en apoyo de la solicitud de extradición se indican y transcriben las normas relevantes de los Estatutos Federales vigentes cuando los delitos por los que se le acusa fueron cometidos, son del Título 21 del Código de los Estados Unidos, la Sección 963 para el cargo 1 atentado y conspiración para importar, Sección 846 atentado y conspiración para poseer con la intención de distribuir para el cargo 2, y la Sección 841 (a) (1) para el cargo tres. A su vez, el auto de acusación (fl. 40 carpeta anexa) señala que el cargo 1 se condensa todo en la violación de la Sección 963, el cargo 2 en la Sección 846 y el cargo 3 en la Sección 841(a) (1), e indicándose en cada uno de ellos que la sanción es la prevista por la Sección 841 (b) (1) (a), disposición que fuera igualmente transcrita.
Colígese de lo anterior que las normas que involucran todas y cada una de las conductas que se le atribuyen al solicitado con fines de extradición, Tulio Trujillo Hoyos, fueron aportadas, y que obrando manifestación en tal sentido de uno de los funcionarios del Estado Requirente no puede la Sala entrar a cuestionar la validez de su afirmación, por cuanto tal manifestación está contenida en la declaración jurada vertida por el Fiscal Adjunto para el caso ante la Juez de primera Instancia del Tribunal Distrital de los Estados Unidos, para el Distrito Sur de Alabama, certificación que se encuentra contenida en el instrumento refrendado por el Director de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América y hace parte de la documentación autenticada, legalizada y traducida que sirvió de fundamento a este trámite.
Por consiguiente, se hace innecesario reclamar del Estado requirente normas cuya transcripción se encuentra ya aportada junto con la documentación a que se viene haciendo referencia, máxime cuando la echada de menos por la Procuradora Delegada ya obra en la actuación, así como algunas de las solicitadas por la defensa, específicamente, las Secciones 963, 846 y 841 (b) (1) (a), que condensan las infracciones imputadas y su correspondiente sanción.
2.2. Como quiera que las pruebas señaladas en el escrito petitorio de la defensa como primera, segunda, tercera y cuarta, en su contexto, están encaminadas a cuestionar la no equivalencia entre el “indictment” y la resolución acusatoria su análisis se hará en forma conjunta.
La inconducencia de las pruebas reclamadas con tal propósito es claramente manifiesta, por cuanto, con ellas se pretende reafirmar el criterio jurídico del petente sobre la no equivalencia de la decisión enjuiciatoria proferida en el Estado requirente y la resolución acusatoria de nuestro sistema jurídico, cuestión que es estrictamente jurídica y no se encuentra sujeta a prueba y cuyo análisis corresponde asumir a la Corte al momento de rendir el concepto.
No otra finalidad persigue la solicitud referida a que se aporte el testimonio técnico del abogado americano y el concepto emitido por el Fiscal que orientó el proceso 6362 y el traslado de pruebas periciales y conceptos técnicos del proceso 6263 que nada tienen que ver con el asunto que se tramita, para debatir si guarda o no correspondencia el cargo de conspiración con la figura del concierto para delinquir, aspectos que no trascienden mas allá del debate jurídico frente al cual como pruebas ninguna relevancia tienen. Igual suerte debe correr la solicitud de procura de ilustración sobre el trámite judicial que se cumple en el Estado requirente, aspecto que ninguna consideración puede merecerle a la Sala, en tanto, no puede ser materia de examen, por cuanto, desbordaría la competencia que se le atribuye para emitir un concepto sobre el cumplimiento de exigencias formales, adentrándose en el examen sustancial de las normas por aplicar.
Del mismo modo, la pretensión relativa a que se explique si la declaración juramentada aportada por la agente especial PAMELA M. MIXON es una pieza procesal considerada o no por el gran jurado,
resulta inconducente en este trámite. Este cuestionamiento debe formularse al interior del respectivo proceso penal que se sigue en contra del señor Trujillo Hoyos, en el que tendrá la oportunidad de aclarar este tipo de interrogantes, que ninguna incidencia tiene en este asunto, por cuanto, se reitera, al estar orientada la solicitud de extradición por los rituales propios de la vía diplomática ningún cuestionamiento resulta permitido para las afirmaciones que contengan los documentos que se aportan, pues a este nivel las relaciones entre los Estados se encuentran basadas en la buena fe y la autonomía. Las manifestaciones de sus funcionarios judiciales hacen parte del ejercicio de la soberanía al interior de su territorio, que administran justicia de acuerdo con el sistema legal que los rige (“locus regit actum”).
Finalmente, ninguna trascendencia jurídica para el caso tiene la petición relativa a aportar una certificación sobre la situación política que vive el Estado requirente en orden a definir la viabilidad de la solicitud de extradición que se eleva, aspecto que no atañe al concepto que se demanda de la Corporación motivo por el cual deberá ser negada.
III DECISIÓN
Las razones aducidas resultan suficientes para concluir que debe ser negada la solicitud de práctica de pruebas elevada por la Procuradora 4ª Delegada en lo Penal, como las pedidas por el defensor del requerido con fines de extradición, Tulio Trujillo Hoyos.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Penal,
RESUELVE:
Negar la práctica de las pruebas solicitadas por la Procuradora Delegada y el defensor del requerido con fines de extradición, Tulio Trujillo Hoyos.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ÁLVARO O. PÉREZ PINZÓN
FERNANDO ARBOLEDA RIPOLL JORGE E. CÓRDOBA POVEDA
HERMAN GALÁN CASTELLANOS CARLOS A. GÁLVEZ ARGOTE
JORGE ANÍBAL GÓMEZ GALLEGO EDGAR LOMBANA TRUJILLO
CARLOS E. MEJÍA ESCOBAR NILSON PINILLA PINILLA
TERESA RUIZ NÚÑEZ
Secretaria