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Proceso No 10175
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACION PENAL
Magistrado ponente:
Dr. EDGAR LOMBANA TRUJILLO
Aprobado Acta No. 74
Bogotá, D.C., once (11) de julio de dos mil dos (2002).
Decide la Sala el recurso extraordinario de casación interpuesto en defensa de GILDARDO RODRÍGUEZ GALLO contra la sentencia de fecha agosto 25 de 1994, por medio de la cual el Tribunal Superior de Ibagué confirmó la de primera instancia proferida por el Juzgado 8º Penal del Circuito de esa misma ciudad, despacho que condenó al mencionado procesado a la pena de veinticinco (25) años de prisión como autor del delito de homicidio cometido en Gustavo Alberto Merchán Lesmes.
HECHOS
De la sentencia impugnada se sabe que pasadas las diez de la noche del 20 de marzo de 1993, cuando Javier Giovanni Medina Vergara, Esmeralda Hernández, Miss Mery Hernández, y Dagoberto García Gallo departían amigablemente en la esquina de la calle 16A, con carrera 4ª sur, barrio Yuldaima de la ciudad de Ibagué, al grupo se acercó GILDARDO RODRÍGUEZ GALLO, en compañía de Ricardo o Richard Edwir Parada Guarnizo, quien agredió al primero de los mencionados y luego extrajo una pistola con la que le amenazó. En este instante, como intervino García Gallo para sugerirle que evitara problemas, el atacante dirigió el arma esgrimida contra su rostro.
Entre tanto, en el lugar apareció Gustavo Merchán Lesmes, apodado “Chiqui”, quien le propinó un puntapié a Parada Guarnizo generando el reclamo de RODRÍGUEZ GALLO. Merchán Lesmes reaccionó entonces golpeándolo levemente en el pie y le replicó que el asunto no le incumbía. En respuesta, GILDARDO adujo tener una pistola e interrogó a Merchán Lesmes acerca de si quería que le disparara, accionando después el arma cuando su interlocutor manifestó “pélela”. La herida causada a la víctima en estos sucesos determinó su deceso.
ACTUACION PROCESAL
1. La Fiscalía 24 Permanente de Ibagué practicó el levantamiento del cadáver, recaudó algunas declaraciones y en resolución de marzo 21 de 1993 abrió la investigación, en la que ordenó vincular en indagatoria a GILDARDO RODRÍGUEZ GALLO, alias “Gulumbo”.
Posteriormente, la Fiscalía 3ª adscrita a la Unidad Primera de Vida asumió la instrucción, obtuvo la captura del imputado RODRÍGUEZ GALLO, a quien escuchó en injurada, y resolvió su situación jurídica el 21 de mayo 1993 afectándolo con detención preventiva por el delito de homicidio.
Clausurado el sumario y agotado el traslado para alegar, el instructor calificó su mérito probatorio el 8 de septiembre de 1993, con resolución de acusación en contra del sindicado como autor del delito imputado en la medida de aseguramiento, decisión que mantuvo la Fiscalía 4ª Delegada ante el Tribunal Superior de Ibagué en pronunciamiento de octubre 28 siguiente, al resolver la apelación interpuesta y sustentada en oportunidad por la defensa.
2. El Juzgado 8º Penal del Circuito de Ibagué adelantó la etapa de la causa, acopió algunos medios de prueba, entre ellos, la evaluación psiquiátrica del incriminado, en la que se dictaminó que para la fecha de los hechos se encontraba en estado de embriaguez agudo grado I, que en todo no le impedía conocer la ilicitud de su conducta y determinarse con esa comprensión. Después celebró la audiencia pública y en fallo de mayo 2 de 1994, condenó al procesado RODRÍGUEZ GALLO a la pena privativa de la libertad atrás reseñada.
El 25 de agosto del mismo año, el Tribunal Superior de Ibagué confirmó integralmente la sentencia del a quo a través del pronunciamiento objeto del recurso extraordinario que decide ahora la Corte.
LA DEMANDA
Al amparo de la causal primera de casación del artículo 220 del anterior estatuto procesal penal, el impugnante acusa la violación de los artículos 5º, 38 y 325 del Código Penal preexistente a los hechos investigados, proveniente de error cometido por los juzgadores “en la apreciación de varias pruebas allegadas de manera legal al proceso”.
En el capítulo intitulado “Demostración del cargo único enunciado”, el censor puntualiza una serie de hechos que estima le brindan sustento a la censura, planteados en los términos a continuación reseñados.
1. Aduce el demandante, en primer lugar, que la muerte violenta de Merchán Lesmes ocurrió “dentro de una real y verdadera riña que se generalizó por la intervención del mismo victimado al atacar sin fórmula de juicio y físicos puntapiés”, primero a Richar Edwir Parada Guarnizo, a quien dejó inconsciente, y luego al procesado RODRÍGUEZ GALLO. En la sentencia atacada, agrega, se aceptó dicha circunstancia.
2. Plantea más adelante que el sindicado para el momento de los sucesos se encontraba en estado de ebriedad, sin que la misma hubiese alcanzado el “grado de trauma o trastorno mental” generador de inimputabilidad, como fue dictaminado en el examen psiquiátrico al cual fue sometido.
3. Enseguida pone de manifiesto que RODRÍGUEZ GALLO reñía con Javier Giovanni Medina Vergara por los favores amorosos de la joven Hilda Johana Sánchez Garzón, y utilizaba una pistola para intimidar, pero que se abstuvo de accionarla. En fin, acepta que su asistido llevaba para el momento de los hechos un arma de fuego.
4. Reitera que el occiso Gustavo Alberto Merchán Lesmes no hacía parte del grupo que integraba Medina Vergara, pues compareció intempestivamente en el lugar para agredir violentamente en un comienzo a Parada Guarnizo, y después a RODRIGUEZ GALLO, aunque en forma más leve. Se propiciaron en tal instante los reclamos y desafíos que concluyeron cuando aquél disparó la pistola.
5. Argumenta finalmente, que a las diligencias “se allegaron varios testimonios de los cuales se deduce que el procesado obró sin intención de matar”, y a partir de tal aserto, compendia a continuación los elementos de juicio, que en su opinión, soportan esta última conclusión.
Con tal orientación argumentativa transcribe entonces algunos apartes de las declaraciones rendidas por Alberto Hernández Ávila, Dagoberto García Gallo, Javier Giovanni Medina Vergara y Richard Edwir Parada Guarnizo, referidas a las circunstancias que rodearon los sucesos. Invoca el resultado del examen de alcoholemia efectuado al acusado, así como la versión de la joven Lina Carola Urueña Suárez en cuanto atestiguó que la víctima era un reconocido futbolista, quien gozaba del aprecio y el reconocimiento de los habitantes de los barrios del sur de Ibagué.
Después, a la manera de conclusión, el libelista afirma que las pruebas anteriores “no fueron suficientemente evaluadas” en la sentencia recurrida; y deduce de ellas además, que el procesado al accionar el arma no tuvo la intención de matar, pues ninguna manifestación hizo en relación con dicho propósito, máxime que en este preciso instante estaba afectado por el licor y su espíritu “exasperado por los reclamos que minutos antes le hacía a Javier Giovanni Medina y por el ataque aleve de “Chiqui” a Parada Guarnizo”.
Así las cosas, aduce el casacionista, “la intención de matar, en cuanto materialización del dolo, no aparece probada en el curso del proceso y más cuando los hechos son la culminación de una riña callejera, primero entre el procesado y su rival de amores y luego entre el hoy occiso y Richard Edwir Parada Guarnizo”. Además, porque la “presencia del arma en poder del procesado es realmente un misterio y jamás se probó que el inculpado fuera experto en el manejo de tales artefactos”.
Plantea a renglón seguido que los juzgadores condenaron a RODRÍGUEZ GALLO por el resultado, sin tener en cuenta su estado de ánimo ni las específicas circunstancias en las que se desarrollaron los sucesos, de las cuales se deduce “que se presenta la forma de culpabilidad denominada preterintención”, de aplicación tratándose del homicidio de conformidad con los artículos 38 y 325 del anterior Código Penal, normas que se dejaron entones de aplicar en el caso de autos.
Con los anteriores argumentos, el demandante solicita a la Corte que case la sentencia impugnada y profiera el fallo de sustitución correspondiente.
ALEGATO DEL NO RECURRENTE
El apoderado de la parte civil reconocida en las presentes diligencias expresa que el Tribunal confirmó el análisis de las pruebas allegadas, no diversas de las invocadas por el recurrente en el libelo, dando como resultado la condena.
Reseña las consideraciones con apoyo en las cuales la Fiscalía y el Ministerio Público coligieron en su momento la intención del procesado, y destaca que en autos se encuentra establecido que la ingestión de alcohol no le impedía conocer la ilicitud de su conducta. Por lo tanto, ningún asidero tienen las tesis de la legítima defensa, la riña imprevista o de los homicidios culposo y preterintencional.
Posteriormente, presenta el recuento de las pruebas a partir de las cuales se acredita que la intención del acusado RODRIGUEZ GALLO era causar la muerte a la víctima, para aseverar, en últimas, que no existe error alguno en la apreciación de las pruebas allegadas al proceso, ni la acusada violación de los artículos 5º, 38 y 325 del Código Penal. En consecuencia, pide a la Corte no casar la sentencia impugnada.
CONCEPTO DE LA PROCURADURÍA
El Procurador Tercero Delegado advierte que el actor no especificó si los desaciertos atribuidos al sentenciador correspondían a los errores de hecho o de derecho. No obstante, como el demandante señala que los dislates recayeron sobre las pruebas legalmente practicas, tal planteamiento descarta de entrada la posible alegación del falso juicio de legalidad, en tanto que la otra expresión del error de derecho, el falso juicio de convicción sólo tiene cabida de manera excepcional en el recurso extraordinario, porque la desaparecida tarifa probatoria fue reemplazada por el sistema de la sana crítica. Así pues, por exclusión, debe colegirse que el impugnante pretende plantear la existencia de errores de hecho en la apreciación de las pruebas, producto de los falsos juicios de existencia o de identidad.
En todo caso, el censor no precisó los yerros cometidos por el fallador, pues se limitó a recordar algunos aspectos de las declaraciones que estima mal apreciadas, para concluir que demuestran la intención de lesionar, no de matar, que acompañó la acción del inculpado. Adicionalmente, revisado el texto de la sentencia atacada y comparado con los testimonios citados en el libelo, fuerza colegir que su contenido no fue tergiversado, ni omitido el análisis de algunas pruebas, o que otras hubieran sido supuestas.
Por otra parte, lo que advierte en el fallo impugnado, en opinión del Delegado, es que el ad quem descartó la realización de la conducta a título de preterintención, no sólo porque la actitud del acusado fue agresiva, habiendo dado manifestaciones de la intención homicida frente a Medina y a Merchán, sino también por el sitio donde causó la herida mortal a la víctima.
Además, el sentenciador ad quem examinó los medios demostrativos en sus reales contenidos, de manera que ningún error cometió al deducir la intención homicida, mientras que en la sentencia de primer grado, que integra unidad jurídica con la censurada, se partió de la misma base fáctica restándole toda trascendencia para derivar la responsabilidad culposa o preterintencional, en razón a la manifestación externa de la intención homicida.
En síntesis, a juicio de la Delegada, los jueces de instancia acertaron cuando dedujeron la especie dolosa en la culpabilidad y en inadmitir la preterintencional. Por ello, sugiere a la Sala no casar la sentencia recurrida.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
La demanda presentada en defensa del acusado RODRÍGUEZ GALLO, que corresponde a un alegato propio de las instancias, desconoce de manera ostensible las exigencias que gobiernan el recurso extraordinario de casación, a tal extremo, que si bien al amparo de la causal primera, cuerpo segundo, el impugnante acusa la falta de aplicación de los artículos 38 y 325 del anterior Código Penal, derivada de errores de apreciación probatoria, ningún esfuerzo argumentativo realiza con miras a plantear y demostrar, en su realidad y trascendencia, que los falladores incurrieron en dislates de tal orden al estimar los elementos de persuasión que sustentan la sentencia de condena recurrida.
Por tal motivo, la censura resulta imprecisa respecto de la categoría del yerro atribuido al Tribunal y si bien, como afirma el Procurador Delegado, podría entenderse que el impugnante acusa las expresiones del error de hecho, en cuanto predica de manera abstracta la equivocada estimación de los medios demostrativos allegados de manera legal al proceso, no por ello la sustentación del cargo es menos precaria y deficiente, pues finalmente no intenta estructurar siquiera alguna de las expresiones que le son propias a esta modalidad de desatino.
En efecto, nada hace el recurrente con miras a acreditar que los juzgadores desacertaron al contemplar materialmente las pruebas, bien porque hubiesen ignorado alguna de las incorporadas a los autos o supuesto otras – falsos juicios de existencia por omisión y suposición -, ora como consecuencia de la tergiversación, adición o cercenamiento de su significación objetiva haciéndoles producir efectos que no se desprenden de ellas – falso juicio de identidad – y, menos aún, por verificar que al determinar su mérito persuasivo resultaran transgredidas grosera o burdamente las reglas de la sana crítica, como método establecido en la ley para la valoración probatoria.
En contraste, el demandante sin precisar la especie del yerro acusado o los medios de prueba que habrían sido equivocadamente apreciados, como tampoco la estimación que de ellos resultaba correcta, ni su trascendencia frente a la declaración de justicia contenida en el fallo impugnado, a tal punto que habría determinado una decisión distinta y favorable a su asistido, se limita a reseñar una serie de circunstancias que admite incluso fueron consideradas en forma certera por los juzgadores, concretamente, la discusión en medio de la cual RODRÍGUEZ GALLO disparó el arma, el motivo de la misma, y su estado de alicoramiento para la época de los sucesos, que en todo caso no configuró una situación de inimputabilidad de acuerdo con el dictamen de psiquiatría forense, para esbozar después la tesis del homicidio preterintencional para la cual reclama prevalencia respecto de las conclusiones probatorias de los sentenciadores.
Con idéntica orientación argumentativa, esto es, de mera confrontación de criterios, el libelista transcribe seguidamente apartes de las declaraciones rendidas por Alberto Hernández Ávila, Dagoberto García Gallo, Javier Giovanni Medina Vergara y Richard Edwir Parada Guarnizo, a la vez que alude al resultado del examen de alcoholemia practicado al inculpado y a la versión de Lina Carola Urueña Suárez, sin afirmar que los juzgadores en su apreciación hubiesen incurrido en algún desatino, sino simplemente porque tales elementos demostrativos, en su opinión, al no atribuirle al sindicado en los instantes previos o concomitantes al disparo una manifestación homicida, permiten colegir que RODRÍGUEZ GALLO obró sin intención de matar, quien únicamente quería lesionar a su víctima.
Pasa por alto el censor además, que con apoyo en estas mismas pruebas y en el testimonio de Miss Mary Hernández Ávila, el a quo en la sentencia de primera instancia que integra unidad jurídica con la impugnada, reconstruyó las circunstancias a partir de la cuales aseguró que “efectuado el disparo a brevísima distancia, cuando los protagonistas del insuceso estaban cuerpo a cuerpo y uno armado del mortífero instrumento y el otro inerme y sin mediar el más insignificante forcejeo entre ellos, habiéndose dirigido el arma hacia una zona vital de la víctima no puede menos que colegirse el inconfundible propósito homicida que animó al autor de tal hecho…” (fs. 351 y 352, cd. 1).
Por el mismo sendero transitaron los análisis del Tribunal, que en la providencia recurrida, excluyendo la hipótesis de la preterintención alegada por la defensa concluyó:
“…recuérdese no mas los testimonios a que hemos hecho referencia, especialmente el de DAGOBERTO GARCÍA GALLO, quien sostiene que al acercarse, RODRÍGUEZ, señalando a JAVIER GIOVANNI MEDINA VERGARA, aseguró que lo mataría…procediendo no solo a patearlo, sino a apuntarle con la pistola en la cabeza, apuntándole a él también, comportamiento este no imprudente, sino claramente significativo de un propósito criminal, de un deseo de matar. Y no terminó ahí el obrar del procesado, sino que al ‘pasar’ GUSTAVO ALBERTO, cruza la calle para hablar con él, fl. 7, anunciándole que tenía una pistola que – muestra – y que dispara luego de preguntarle si quería que le pegara un tiro…Actuar no culposo, sino intencional o de propósito obviamente concretado en la destrucción de la vida de MERCHÁN LESMES, no siendo tampoco de recibo la preterintención de que habla la defensa…” (f. 36 cd, Tribunal).
A estos presupuestos fácticos tenidos como soporte de la sentencia impugnada, el censor los descalifica simplemente porque no coinciden con su personal e interesada tesis, para la cual reclama prevalencia sin intentar demostrar que los juzgadores incurrieron en algún error de apreciación probatoria, perdiendo de vista que ante planteamientos de esta naturaleza en la sede extraordinaria, prevalece el criterio de los falladores por estar precedida la sentencia de segunda instancia de la doble presunción de acierto y legalidad.
En estas condiciones, entonces, el cargo no prospera. Por lo tanto, el fallo impugnado no se casará.
Resta agregar que la aplicación retroactiva favorable de las disposiciones contenidas en el actual estatuto punitivo – Ley 599 de 2000-, frente a las normas preexistentes a los hechos investigados y con sujeción a las cuales se profirió la condena, si hubiere lugar a ella, le compete al Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de conformidad con las previsiones del artículo 79-7º del actual estatuto procesal penal.
Contra esta providencia no procede recurso alguno.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
NO CASAR la sentencia impugnada.
Cópiese, comuníquese y devuélvase al Tribunal de origen. Cúmplase,
ÁLVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN
FERNANDO ARBOLEDA RIPOLL JORGE E. CÓRDOBA POVEDA
HERMAN GALÁN CASTELLANOS CARLOS A. GÁLVEZ ARGOTE
JORGE ANÍBAL GÓMEZ GALLEGO ÉDGAR LOMBANA TRUJILLO
CARLOS E. MEJÍA ESCOBAR NILSON PINILLA PINILLA
TERESA RUIZ NÚÑEZ Secretaria