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SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS N.º 2
LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA
Magistrado ponente
STP1205-2020
Radicación n.° 108910
Acta 021
Bogotá, D. C., cuatro (4) de febrero de dos mil veinte (2020).
VISTOS:
Resuelve la Corte la impugnación presentada por el apoderado judicial de JUAN CARLOS GÓMEZ GIRALDO, contra la sentencia de tutela proferida el 20 de noviembre de 2019 por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que negó el amparo de sus derechos fundamentales presuntamente vulnerados por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá.
Al trámite fue vinculado el Juzgado 12 Laboral del Circuito de esa ciudad, así como todas partes e intervinientes en el proceso ordinario laboral bajo radicado 201700447-00.
FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN:
Según se establece de la actuación, JUAN CARLOS GÓMEZ GIRALDO promovió demanda ordinaria laboral contra la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S. A., la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Colfondos S. A. y la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-, con el propósito de que se declarara la nulidad del traslado del Régimen de Ahorro Individual con solidaridad (RAIS) al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) y, en consecuencia, se ordenara que la única afiliación válida era la efectuada a esta última entidad.
En su criterio, existió un vicio del consentimiento debido al incumplimiento del deber de información por parte de la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S. A. y la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Colfondos S. A.
El 12 de febrero de 2019, el Juzgado 12 Laboral del Circuito de Bogotá declaró la nulidad de la afiliación al Régimen de Ahorro Individual con solidaridad (RAIS) y, por ende, ordenó el retorno del accionante al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM).
Apelada la anterior determinación por la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S. A. y la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Colfondos S. A., el 24 de septiembre siguiente, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá la revocó y, en su lugar, no accedió a declarar la nulidad del traslado solicitado.
En criterio del accionante, tal determinación incurrió en defecto fáctico y sustantivo, por cuanto era más favorable acceder a la prestación pensional en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) y, además, no le fue informado que el valor de su mesada pensional podría ser inferior a la que recibiría en la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-.
Por tal razón, acudió ante la jurisdicción constitucional en procura del amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y la igualdad. Consecuente con ello, solicitó que se deje sin efectos la providencia cuestionada.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA:
Por auto del 9 de octubre de 2019, la Sala de Casación Laboral admitió la acción de tutela y notificó la iniciación del trámite a los accionados.
Dentro del trámite, se aceptó el impedimento manifestado por el Magistrado Fernando Castillo Cadena, por encontrarse inmerso en la causal consagrada en el numeral 1° del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal.
La Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S. A., adujo que el accionante suscribió de manera libre y voluntaria el formulario en el que manifestó haber recibido toda la asesoría para el traslado de régimen. Por ende, estimó que no ha vulnerado las garantías fundamentales alegadas por éste.
La Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones- se opuso a la prosperidad de la solicitud de amparo, dado que el interesado recurrió en casación y, por ello, el asunto deberá resolverse ante esa Corporación judicial.
A su turno, la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Colfondos S. A. adujo que el accionante se opuso a la prosperidad de la solicitud de protección constitucional. Resaltó que la decisión controvertida se ofrece razonable y ajustada a derecho y, en ese orden, no se cumplen ninguno de los presupuestos especiales que hacen procedente la acción de tutela contra providencias judiciales.
La Sala de Casación Laboral negó el amparo solicitado tras advertir incumplido el requisito de subsidiariedad, señaló que el escenario natural para dirimir la controversia es el recurso extraordinario de casación, que aún no ha sido resuelto. Agregó que la parte actora no acreditó la materialización de un perjuicio irremediable que habilite el pronunciamiento del juez constitucional.
El apoderado judicial del accionante impugnó el fallo de primera instancia. Reiteró los argumentos expuestos en la demanda de tutela.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE:
Esta Sala es competente para desatar la segunda instancia, de conformidad con el artículo 1º del Acuerdo número 001 del 15 de marzo de 2002 emitido por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, en armonía con el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.
Pretende el demandante someter la decisión emitida en segunda instancia en el proceso ordinario laboral 201700447-00, a un nuevo control por parte del juez constitucional, ahora a través de un procedimiento de amparo.
Sin embargo, la controversia no puede ser resuelta mediante la acción de tutela, en atención a su carácter residual y subsidiario. En contraste, los reproches expuestos corresponden a aspectos que deben alegarse y definirse dentro del proceso ordinario laboral, mediante la aplicación e interpretación normativa por parte del funcionario natural.
Asumir una posición como la pretendida por el demandante implicaría desconocer las decisiones que en ejercicio de sus funciones emiten las autoridades competentes en el trámite de los procesos todavía en curso, adelantados conforme a la normativa aplicable en cada caso. Además, contrario a lo señalado por el actor, no está acreditada una situación que haga forzosa la intervención del juez constitucional.
En el asunto bajo examen, se estableció durante la actuación que, contra la determinación del 24 de septiembre de 2019, mediante la cual el Tribunal accionado revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, no accedió a declarar la nulidad del traslado, la parte actora promovió el recurso extraordinario de casación, cuya concesión aún no ha sido definida por esa Corporación judicial. Así las cosas, la actuación se encuentra en trámite, específicamente, a la espera de la concesión o negativa del recurso.
Es en ese estadio procesal, ante el funcionario competente, donde debe el demandante presentar las peticiones y argumentos encaminados a remediar cualquier situación que estime desconocedora de sus garantías, tal y como lo viene haciendo sin que el juez constitucional pueda interferir en ese asunto porque, se repite, el proceso se encuentra en curso.
Por último, es necesario indicar que la parte actora no acreditó, ni lo advierte la Corte, las condiciones de «inminencia, urgencia, gravedad e impostergabilidad» (Cfr. CC Sentencia T – 081 de 2013) que caracterizan el perjuicio irremediable y, por tanto, no es posible soslayar el ejercicio de los mecanismos legales de defensa con que cuenta.
Se confirmará, por consiguiente, el fallo impugnado.
En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión de Tutelas n.° 2 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
RESUELVE:
1. CONFIRMAR el fallo del 20 de noviembre de 2019 proferido por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia que negó la acción de tutela interpuesta por el apoderado judicial JUAN CARLOS GÓMEZ GIRALDO.
2. NOTIFICAR este proveído conforme al artículo 16 del Decreto 2591 de 1991.
3. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA
PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria
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