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EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER
Magistrado Ponente
CP158-2018
Radicación Nº 52.563
Acta 319
Bogotá D.C., doce (12) de septiembre de dos mil dieciocho (2018).
Atendiendo lo dispuesto en el artículo 502 de la Ley 906 de 2004, procede la Sala a rendir el concepto que en derecho corresponde, en relación con el pedido de extradición del ciudadano colombiano HÉCTOR ADOLFO ACEVEDO ALZATE, efectuada por el Gobierno de los Estados Unidos de América.
ANTECEDENTES
1. Mediante Nota Verbal No. 0281 de 16 de febrero de 20181, el gobierno de los Estados Unidos de América solicitó la detención provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano HÉCTOR ADOLFO ACEVEDO ALZATE, para comparecer a juicio por un delito de tráfico de narcóticos, en razón de la acusación formal No. 17CR2896CAB, dictada el 19 de septiembre de 20172, por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California, por cuyo medio se le hizo la siguiente imputación3:
— Cargo Uno: Concierto para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína y un kilogramo y más de heroína con la intención y el conocimiento de que dichas cocaína y heroína serían importadas ilegalmente a los Estados Unidos, en violación del Título 21, Secciones 959, 960 y 963 del Código de los Estados Unidos.
La cocaína es una sustancia controlada de la Lista II, de conformidad con el Título 21, Sección 812 del Código de los Estados Unidos. La heroína es una sustancia controlada de la Lista I de conformidad con el Título 21, Sección 812 del Código de los Estados Unidos.
2. Con fundamento en lo anterior, la Fiscalía General de la Nación mediante Resolución de 16 de febrero de 2018 dispuso la captura con fines de extradición de HÉCTOR ADOLFO ACEVEDO ALZATE4, la cual le fue notificada ese mismo día5 en las instalaciones de la Estación de Policía Mártires de esta ciudad capital, lugar donde ese ciudadano se encontraba retenido desde el 9 de febrero de 2018, en razón de la captura ejecutada en cumplimiento6 de la circular roja de INTERPOL n° de control A – 1506/2-2018 y orden de detención n° 17CR2896-CAB expedida el 19 de septiembre del 20177 por las autoridades judiciales del Distrito Sur de California – Estados Unidos.
3. Por medio de la Nota Verbal No. 0540 de 9 de abril de 20188, la representación diplomática formalizó el requerimiento de extradición de HÉCTOR ADOLFO ACEVEDO ALZATE y aportó para el efecto los siguientes documentos autenticados y con la correspondiente traducción al español:
3.1. Declaración jurada rendida el 8 de marzo de 2018, por Joshua P. Jones9, Fiscal Auxiliar de la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California, quien se refiere al procedimiento del Gran Jurado para dictar acusación, describe los hechos que dieron lugar a la petición de extradición, concreta los cargos formulados, precisa tanto los elementos integrantes del delito, como la acusación en la cual se le imputan infracciones penales a ACEVEDO ALZATE.
3.2. Transcripción de las disposiciones legales correspondientes10.
3.3. Copia certificada de la Acusación Formal No. 17CR2896CAB, dictada el 19 de septiembre de 2017, por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California, en la que se realizó la mencionada imputación de cargos11.
3.4. Orden de aprehensión expedida 19 de septiembre de 2017 contra del requerido por la citada Corporación12.
3.5. Declaración jurada en apoyo rendida el 8 de marzo de 2018 por Sean Lindberg, Agente Especial de la Oficina de Administración para el Control de Drogas -DEA- de los Estados Unidos13, quien suministra información acerca de la investigación, las actividades, la forma de operar de la organización criminal de la cual hacía parte el requerido, un resumen de las pruebas contra el solicitado y la identidad de éste.
3.6. Certificación de Frances Chang, Directora Asociada de la Oficina de Asuntos Internacionales, División de lo Penal, Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América14, en la cual manifiesta que la declaración juramentada de Joshua P. Jones fue proporcionada en apoyo de la solicitud de extradición de Colombia a Estados Unidos de HÉCTOR ADOLFO ACEVEDO ALZATE, y copias fieles de las mismas se conservan en los archivos oficiales de dicha oficina en Washington D.C.
3.7. Fotocopia de la tarjeta de preparación de la cédula de ciudadanía expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia a nombre de HÉCTOR ADOLFO ACEVEDO ALZATE, documento de identidad (NUIP) 16.848.34315.
3.8. Certificación expedida por Diego Bautista Bernal, Cónsul Adjunto de Colombia en Washington16, en la que se indica que es auténtica la firma de Veda Matthews, quien para el 23 de marzo de 2018 se desempeñaba como funcionaria auxiliar de autenticaciones del Departamento de Estado.
3.9. Documentos con sus respectivos sellos y cintas de seguridad, debidamente suscritos por el Secretario de Estado Rex W. Tillerson y el Procurador de los Estados Unidos Jefferson B. Sessions III17.
4. La Directora de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Cancillería mediante oficio DIAJI No. 0888 de 9 de abril de 201818, dirigido a su homólogo del Ministerio de Justicia y del Derecho conceptuó que los tratados vigentes aplicables entre las partes, corresponde a «… La “Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas”, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 1988. En ese sentido, el artículo 6, numerales 4 y 5 del precitado tratado disponen lo siguiente: (…)», y «La “Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional”, adoptada en New York, el 27 de noviembre de 2000, que en su artículo 16, numerales 6 y 7, prevé lo siguiente: (…).».
De igual manera señaló que en los aspectos no regulados por dichas Convenciones, de conformidad con los artículos 491 y 496 de la Ley 906 de 2004, el trámite se regirá por lo previsto en el ordenamiento jurídico colombiano.
5. Por su parte, la Directora de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia y del Derecho consideró completo el expediente y lo remitió a esta Sala mediante oficio No. OFI-18-0126-DAI-1100 de 11 de abril de 2018, con la correspondiente transcripción del concepto emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores19.
6. El 21 de mayo de 2018, se reconoció personería al defensor público asignado al requerido en extradición20 y ante la presentación de la solicitud de extradición simplificada21 se ordenó correrle traslado al Ministerio Público, para que de conformidad con lo previsto por el artículo 70 de la Ley 1453 de 2011, que adicionó el artículo 500 de la Ley 906 de 2004, indicara si coadyuvaba tal petición22.
7. La Procuradora Segunda Delegada para la Casación Penal coadyuvó23 la solicitud del requerido y remitió el acta de verificación del cumplimiento de garantías fundamentales del ciudadano solicitado24.
Con fundamento en ella, constató que, en efecto, HÉCTOR ADOLFO ACEVEDO ALZATE se acogió al trámite especial de la extradición simplificada, que esta manifestación la realizaba de manera libre, consciente y voluntaria, sin apremio o vicio del consentimiento, razones por las que coadyuvó la petición de trámite simplificado.
Además afirmó que se encontraban satisfechos los requisitos contemplados en el artículo 35 de la Constitución Política para que se emita concepto favorable respecto de la solicitud de extradición, toda vez que de acuerdo con la situación fáctica, el requerido es solicitado para que responda por cargos relacionados con tráfico de estupefacientes ocurridos con posterioridad al 17 de diciembre de 1997, sin que estos tengan la connotación de delito político, y dado que se encuentran tipificados tanto en la legislación colombiana, como en las leyes de los Estados Unidos.
Igualmente, señaló que no existe duda en cuanto a la plena identificación del requerido, concurre la validez formal de la documentación aportada, se satisface el principio de la doble incriminación y hay equivalencia de la providencia acusatoria con la del régimen penal colombiano.
Recordó que en caso de ser favorable el concepto emitido por esta Sala, se debe exhortar al Gobierno Nacional para que advierta expresamente que el requerido no sea procesado por hechos diferentes a los que motivan la extradición, ni sometido a pena de muerte, desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni condenado a las penas de destierro, prisión perpetua o confiscación, de conformidad con los artículos 11, 12 y 34 de la Carta Política, entre otros pedimentos. En ese sentido, también refirió el contenido de la sentencia C – 460 de 2008.
CONSIDERACIONES
1. Aspectos generales
1. Dado que el tratado de extradición suscrito el 14 de septiembre de 1979 entre Colombia y los Estados Unidos de América no es aplicable en el orden interno, en razón de la inconstitucionalidad de la Ley 27 de 1980 declarada por la Corte Suprema de Justicia en sentencia de 12 de diciembre de 198625, la expedición del presente concepto será gobernada por lo previsto en el ordenamiento jurídico colombiano.
2. De conformidad con el artículo 35 de la Constitución Política la extradición se podrá solicitar, conceder u ofrecer de acuerdo con lo que señalen los tratados públicos, o en su defecto con lo que establezca la ley.
A pesar de que en este evento se elevó petición de extradición simplificada, la competencia de la Corte permanece incólume y radica en lo preceptuado en el artículo 499 de la Ley 906 de 2004, para que ésta, una vez perfeccionado el expediente, emita concepto sobre la procedencia de entregar o no a la persona solicitada por un país extranjero.
3. La Sala acorde con lo preceptuado en los artículos 493 y 502 del Código de Procedimiento Penal emitirá el concepto que en derecho corresponde, una vez analizados los siguientes aspectos del presente asunto, a saber:
(i) Validez formal de la documentación allegada por el país requirente;
(ii) Demostración plena de la identidad de la persona solicitada;
(iii) Concurrencia de la doble incriminación;
iv) Sanción en la legislación nacional de pena privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a cuatro años;
v) Equivalencia existente entre la providencia proferida en el extranjero y, al menos, la acusación en el sistema procesal interno; y
vi) Existencia de algún motivo constitucional que impida la extradición, con especial referencia a la fecha de comisión de los hecho imputados y cometidos en el exterior, que deberán haber ocurrido con posterioridad al 17 de diciembre de 1997 y no tratarse de delitos políticos.
De igual manera, en garantía del derecho fundamental al debido proceso, se debe constatar que contra el requerido la justicia colombiana no haya ejercido jurisdicción sobre los hechos que fundamentan el pedido de extradición26, que no esté prescrita la acción penal o la sanción que dio lugar al pedido de extradición27 y, si es del caso, establecer si al solicitado se le aplica lo previsto en el artículo transitorio 19 del Acto Legislativo No. 01 de 201728, en donde se indica que no hay lugar a la entrega de miembros de las FARC-EP.
De conformidad con lo anterior, procede la Sala a realizar el respectivo análisis:
Validez formal de la documentación presentada
1. Tal y como lo establece el artículo 495 de la Ley 906 de 2004, la solicitud de extradición debe efectuarse por la vía diplomática y, de manera excepcional, por la consular o de gobierno a gobierno, adjuntando copia auténtica del fallo o de la acusación proferida en el extranjero, con indicación de los actos que determinan la petición, así como del lugar y fecha en que fueron ejecutados, los datos que permitan establecer la plena identidad del reclamado y la copia auténtica de las disposiciones penales aplicables al caso, documentos que deben ser expedidos en la forma prevista en la legislación del país requirente y traducidos al castellano, de ser necesario.
El artículo 251 del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012), prescribe que los documentos públicos otorgados en país extranjero por funcionarios de éste o con su intervención, se aportarán apostillados de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales ratificados por Colombia.
En el evento de que el país extranjero no sea parte de dicho instrumento internacional, los mencionados documentos deberán presentarse debidamente autenticados por el cónsul o agente diplomático de la República de Colombia en dicho país, y en su defecto por el de una nación amiga. La firma de aquél se abonará por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y si se trata de servidores consulares de un país amigo, se autenticará previamente por el empleado competente del mismo y los de éste con el cónsul colombiano.
2. Encuentra la Sala que dicho presupuesto fue observado por el Gobierno de los Estados Unidos al demandar la extradición del ciudadano colombiano HÉCTOR ADOLFO ACEVEDO ALZATE por conducto de su Embajada en Colombia.
En efecto, la solicitud se hizo por la vía diplomática y a ella se acompañó copia de la Acusación Formal No. 17CR2896CAB, dictada el 19 de septiembre de 2017, por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California, así como la orden de arresto librada por ese Tribunal contra el requerido; decisiones en las que se indican los actos que sustentan la petición de entrega, el lugar y las fechas de su ejecución, mientras que en los restantes documentos son precisados tales datos y se ofrece la información necesaria para establecer la plena identidad de la persona requerida.
Lo anterior se corrobora al confrontar el contenido de las declaraciones juradas rendidas en apoyo, el 8 de marzo de 2018, por el Fiscal Auxiliar Joshua P y el Agente Especial de la -DEA Sean Lindberg, ya referidas en este concepto, quienes reseñan los pormenores de la investigación y posterior acusación, la relación de los cargos y la normatividad aplicable al caso, los cuales están contenidos en el Código de los Estados Unidos.
3. Dichos documentos a su vez obran certificados y autenticados por las autoridades del Estado requirente y están traducidos al español. Además, aparece la refrendación efectuada por el Cónsul Adjunto de Colombia en Washington, lo que de conformidad con el artículo 251 del Código General del Proceso, permite suponer que se expidieron conforme a las leyes del país solicitante, por tanto, este requisito se satisface.
Plena identidad de requerido en extradición
1. Esta exigencia se contrae a constatar si la persona requerida (acusada o condenada) en el país extranjero, es la misma sometida al trámite de extradición, lo cual implica conocer su verdadera identidad.
El requisito se entenderá satisfecho cuando existe plena coincidencia entre el individuo solicitado y aquél cuya entrega se encuentra en curso de resolver.
2. De acuerdo con las Notas Diplomáticas n° 0281 y 0540 de febrero 16 y abril 9 de 2018, la Embajada de los Estados Unidos solicitó la detención provisional y formalizó el pedido de extradición de HÉCTOR ADOLFO ACEVEDO ALZATE, respectivamente, informando al Ministerio de Relaciones Exteriores que el requerido es ciudadano Colombiano, nacido el 12 de mayo de 1983 y titular de la cédula de ciudadanía colombiana No. 16.848.343, misma persona a la que se refiere la Acusación Formal No. 17CR2896CAB, dictada el 19 de septiembre de 2017, por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California.
Encuentra la Sala que, en efecto, en la tarjeta de preparación de la cédula de ciudadanía expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil, aportada a la petición de extradición, los datos señalados para HÉCTOR ADOLFO ACEVEDO ALZATE coinciden en su totalidad, con los ya referidos.
Ahora, de la documentación reunida en Colombia con ocasión de la captura se infiere que se trata de la misma persona a que alude aquella petición, sin que haya lugar a cuestionar los demás datos exigidos para dar por acreditada la exigencia bajo examen.
Tal supuesto de coincidencia de identidad se constata además con los datos registrados en el acta de los derechos del capturado de fecha 9 de febrero de 2018, cuya aprehensión fue realizada con fines de extradición, la constancia de buen trato, así como en los datos aportados en los memoriales mediante los cuales confirió poder al abogado que lo representa y dijo renunciar al trámite ordinario.
Además, un funcionario de la Policía Nacional constató la plena identidad de ACEVEDO ALZATE, a través de confrontación dactiloscópica hecha entre las huellas tomadas al momento de su captura y las obrantes en el informe de consulta web expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil y que se anexara al pedido de extradición29.
En esa medida, no hay duda alguna en cuanto a la plena identidad de la persona pedida en extradición, y su correspondencia con quien se encuentra privado de la libertad por cuenta de esta actuación, máxime cuando durante el presente trámite nunca fue cuestionada la misma.
Equivalencia de la providencia proferida en el extranjero
1. Como lo ha reiterado en diversas oportunidades la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, se cumple con el requisito en mención al acatar lo previsto en el numeral 2° artículo 493 de la Ley 906 de 2004, el cual prevé «que por lo menos se haya dictado en el exterior resolución de acusación o su equivalente».
2. En el presente evento, el 19 de septiembre de 2017, la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California profirió la Acusación Formal No. 17CR2896CAB, contra HÉCTOR ADOLFO ACEVEDO ALZATE para comparecer a juicio por un delito de tráfico de narcóticos, acto que en el sistema procesal penal colombiano equivale al escrito de acusación previsto en el artículo 337 de la Ley 906 de 2004, con lo cual el requisito legal en estudio se estima acreditado.
3. Si bien dichas providencias no son idénticas, guardan similitudes que las tornan equivalentes, pues contienen un pliego de cargos del cual se debe defender el acusado en juicio y a su vez, constituye presupuesto procesal para la iniciación de la etapa de juzgamiento, que culmina con el respectivo fallo de mérito. En éste se consigna una relación detallada de los hechos con especificación suficiente de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron y la calificación jurídica de la conducta, con indicación de las disposiciones sustanciales aplicables.
Por lo anterior, este presupuesto también se cumple a cabalidad.
Principio de doble incriminación
1. De acuerdo con lo contemplado en el numeral 1º del artículo 493 de la Ley 906 de 2004, para conceder la extradición es indispensable que el hecho que la motiva esté previsto en Colombia como delito y que el mismo se encuentre reprimido con una sanción privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a cuatro años.
2. La Corte ha señalado que para establecer si la conducta que se le imputa al requerido en el país solicitante es considerada como delito en Colombia, debe hacerse una comparación entre las normas que allí sustentan la sindicación, con las de orden interno para establecer si éstas también recogen los comportamientos contenidos en cada uno de los cargos.
Tal confrontación se hace con la normatividad que está en vigor al momento de rendir el concepto, puesto que lo emite dentro del trámite de un mecanismo de cooperación internacional, razón por la cual la aplicación del principio de favorabilidad que podría argüirse como producto natural de la sucesión de leyes no entraría en juego, por cuanto las domésticas no son las que operarán en el extranjero.
Lo que determina el concepto es que, sin importar la denominación jurídica, el acto desarrollado por el ciudadano cuya extradición se demanda sea igualmente considerado como punible en el territorio patrio.
3. En este sentido, se tiene que el ciudadano colombiano HÉCTOR ADOLFO ACEVEDO ALZATE es requerido para que comparezca a juicio ante la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California, donde es sujeto de la Acusación Formal No. 17CR2896CAB, de 19 de septiembre de 2017, en la que se le imputan los siguientes cargos:
ACUSACIÓN FORMAL
El gran jurado acusa:
Comenzando en una fecha desconocida por el gran jurado y continuando hasta, e incluyendo, el 19 de septiembre de 2017, en los países de Guatemala, Colombia y en otros lugares, el acusado HÉCTOR ADOLFO ACEVEDO ALZATE, alias “Mono BDG”, alias “Juan BDG”, alias “Carlos BCG”, quien entrara por primera vez a los Estados Unidos en el Distrito Sur de California, a sabiendas e intencionalmente conspiró con otras personas que el gran jurado conoce y desconoce para distribuir y hacer que se distribuya una sustancia controlada, a saber: 5 kilogramos y más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, una sustancia controlada de categoría II, y un kilogramo y más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable de heroína, una sustancia controlada de Categoría I; con la intención y a sabiendas que dicha cocaína y heroína sería importada a los Estados Unidos
ACTO MANIFIESTO
Para promover dicha asociación delictuosa y para efectuar los objetivos de la misma, se cometió el siguiente acto manifiesto, entre otros:
El 6 de junio de 2017, o alrededor de esa fecha, en el país de Colombia, el acusado HÉCTOR ADOLFO AVECEDO ALZATE poseyó con la intención de distribuir aproximadamente 48 Kilogramos de cocaína.
Todo en infracción de las Secciones 959, 960 y 963 del Título 21 del Código de los Estados Unidos
Debe tenerse en cuenta que de la Nota Verbal No. 0281 de febrero 16 de 2018diciembre de 2017, a través de la cual se formalizó la solicitud de extradición, se deduce la presunta existencia de una organización internacional dedicada al tráfico de narcóticos que operaba en Colombia y otros países de América Central, transportando cargamentos de cantidades múltiples de cocaína para finalmente ser distribuida ilícitamente en los Estados Unidos.
Así, en aquel pedido formal se precisó:
Una investigación realizada por las fuerzas del orden reveló que desde una fecha desconocida hasta septiembre de 2017, Héctor Adolfo Acevedo Alzate se desempeñó como traficante de narcóticos que operaba en Colombia, quien suministraba, distribuía y coordinaba con una gran red de asociados el contrabando de miles de kilogramos de narcóticos, incluyendo cocaína y heroína, desde Colombia, a través de Centroamérica, hacia México para su transporte y distribución en los Estados Unidos. EL 9 de marzo de 2017, comunicaciones interceptadas legalmente revelaron que Acevedo Alzate habló sobre la ruta de viaje de una embarcación pesquera cargada con cocaína. Específicamente Acevedo Alzate suministró coordenadas de GPS para que una embarcación pesquera transfiriera el cargamento de cocaína a una embarcación costarricense. La cocaína fue posteriormente incautada pesaba aproximadamente 410 kilogramos. Adicionalmente, durante el curso de esta investigación autoridades de las fuerzas del orden incautaron legalmente más de 32.000 kilogramos de cocaína, 90.5 kilogramos de heroína y aproximadamente cuatro millones de dólares de los Estados Unidos en utilidades provenientes de la venta de narcóticos”
Tal relato fáctico coincide con el soporte al pliego de cargos que figura en las declaraciones juradas suministradas que dan cuenta de datos acerca de la estructura de la organización transnacional dedicada al tráfico de estupefacientes, informando que la investigación dejó entrever que el aquí requerido en extradición ACEVEDO ALZATE era sujeto activo de la misma.
Además, respecto de los elementos de conocimiento que permitían determinar la participación del acusado en la mencionada organización criminal, precisó el agente de la DEA lo siguiente:
RESUMEN DE LAS PRUEBAS
7. En base a una información revelada a través de comunicaciones interceptadas legalmente, información proporcionada por un acusado cooperador (en adelante CD, por sus siglas en inglés) y una fuente confidencial (en adelante CS, por sus siglas en inglés) las autoridades del orden público se enteraron que “Mono BDG”, “Juan BDG”, “Carlos BDG”, “BDG”, “Juan”, “Bodega” y “Mono Bodega” eran apodos usados por ACEVEDO. De acuerdo con CD y CS, cada uno de ellos conoce personalmente a ACEVEDO y cada uno de ellos les dijo a las autoridades del orden público que conocen a ACEVEDO que es un narcotraficante, en base al historial del narcotráfico de CD y CS.
8. De acuerdo a CD y CS, cas uno se comunicaba con ACEVEDO accediendo a un dispositivo usado por ACEVEDO. Cuando se comunicaban con ACEVEDO, el alias de ACEVEDO “BDG” aparecía como el nombre de usuario. CD y CS confirmaron que, en cada instancia, el “BDG” con quien ellos hablaban era de hecho ACEVEDO, porque ACEVEDO respondía a su nombre verdadero y hacía referencia a temas que eran familiares para ambas partes.
9. En base a comunicaciones interceptadas legalmente desde el dispositivo usado por ACEVEDO, usando el nombre de usuario “BDG” e identificándose también a sí mismo como “Juan”, autoridades del orden público identificaron a ACEVEDO como la fuente de suministro de embarques con múltiples toneladas de cocaína y embarques de heroína de Colombia a Guatemala y de ahí a México para su posterior distribución en los Estados Unidos. Además de las conversaciones relacionadas con narcóticos mantenidas con los cómplices usando el mismo dispositivo con el cual ACEVEDO se comunicaba con CD y CS, las comunicaciones interceptadas legalmente revelaron también fotografías de ACEVEDO que fueron transmitidas por el nombre de usuario “BDG”.
10. El 9 de marzo de 2017, las autoridades del orden público estadounidense interceptaron legalmente a ACEVEDO en uno de los dispositivos que CS usaba para comunicarse con ACEVEDO. ACEVEDO habló sobre la ruta de viaje de una embarcación pesquera que llevaba un cargamento de cocaína. Específicamente, ACEVEDO proporcionó las coordenadas de GPS de un barco pesquero para transferir el cargamento de cocaína a un barco receptor costarricense. En base a la información obtenida a partir de las comunicaciones interceptadas legalmente, el 3 de abril de 2017, la Guardia Costera de Costa Rica decomisó legalmente aproximadamente 410 kilogramos de cocaína del barco receptor costarricense, aproximadamente a 130 millas náuticas al sur oeste del Golfo Dulce, Costa Rica. En el día en que se hizo el decomiso, las comunicaciones interceptadas legalmente revelaron una conversación entre “Carlos BDG”, un apodo conocido y un nombre de usuario usado por ACEVEDO y un cómplice. Durante el intercambio de mensajes, “Carlos BDG” y el cómplice hablaron sobre el decomiso de la cocaína. La investigación reveló que ACEVEDO usó este dispositivo en otra ocasión para transmitir una fotografía de sí mismo a un cómplice,
11. Antes del decomiso del 3 de abril de 2017, comunicaciones interceptadas legalmente revelaron que, entre el 20 de marzo de 2017 y el 5 de abril de 2017, ACEVEDO y los cómplices hablaron acerca de enviar la embarcación cargada de cocaína a Costa Rica con el propósito de vender la cocaína a organizaciones mexicanas.
Así, debe tenerse en cuenta que del relato fáctico descrito en la citada acusación como en las declaraciones juradas rendidas en apoyo a la extradición, se deduce la presunta participación de HÉCTOR ADOLFO AVECEDO ALZATE en una organización transnacional dedicada al tráfico de narcóticos, cuya finalidad era la importación y distribución de cocaína en los Estados Unidos de América, siendo uno de los encargados de suministrar el estupefaciente.
Ahora bien, textualmente prevén las disposiciones del Código de los Estados Unidos (Penas) por las cuales es solicitado en extradición HÉCTOR ADOLFO AVECEDO ALZATE que:
Título 21, Sección 959 (2016)
Posesión, fabricación o distribución de una sustancia Controlada.
(a) Fabricación o distribución con propósitos de importación ilícita. Será ilícito para cualquier persona que fabrique o distribuya una sustancia controlada de la categoría I o II o flunitrazepam o un químico enumerado, con la intención, a sabiendas, o con causa razonable para creer que dicha sustancia o químico serían importados ilegalmente a los Estados Unidos o a aguas a una distancia de 12 millas de la costa de los Estados Unidos. …
…
Sección 960 del Título 21 del Código de los Estados Unidos
(a) Actos Ilícitos.
Cualquier persona que –
(1) Contrariamente a la sección 952… de este Título, a sabiendas o intencionalmente, importa o exporta una sustancia controlada… será castigada como se dispone en la subsección (b) de esta sección-
(b) Sanciones
(1) En el caso de una infracción de la subsección (a) de esta sección que involucre: […]
(A) 1 kilogramo o más de una mezcla o sustancia que contenga una cantidad detectable de heroína
(B) 5 kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contenga una cantidad detectable de… ii) cocaína, sus sales, isómeros ópticos y geométricos, y sales o isómeros…
La persona que cometa tal violación será sentenciada a un período de reclusión mínimo de 10 años o máximo la cadena perpetua
Debidamente precisada la imputación fáctica y jurídica realizada a HÉCTOR ADOLFO AVECEDO ALZATE se tiene que los cargos atribuidos en la Acusación Formal No. 17CR2896CAB, dictada el 19 de septiembre de 2017, por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California, concretadas en el tráfico de narcóticos correspondencia en la legislación penal colombiana con los artículos 376 (modificado por el artículo 11 de la Ley 1453 de 2011) y 384 numeral 3º del Código Penal, que tipifica el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado, el cual prevé:
Artículo 376. El que sin permiso de autoridad competente, introduzca al país, así sea en tránsito o saque de él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre a cualquier título sustancia estupefaciente, sicotrópica o drogas sintéticas que se encuentren contempladas en los cuadros uno, dos, tres y cuatro del Convenio de la Naciones Unidas sobre sustancias sicotrópicas, incurrirá en prisión de ciento veintiocho (128) a trescientos sesenta (360) meses y multa de mil trescientos treinta y cuatro (1.334) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes…
Artículo 384. Circunstancias de agravación punitiva. El mínimo de las penas previstas en los artículos anteriores se duplicará en los siguientes casos:
[…] 3. Cuando la cantidad incautada sea superior a mil (1.000) kilos si se trata de marihuana; a cien (100) kilos si se trata de marihuana hachís; y a cinco (5) kilos si se trata de cocaína o metacualona o dos (2) kilos si se trata de sustancia derivada de la amapola.
En esa medida, queda demostrado que el cargo por el que es requerido AVECEDO ALZATE contenido en la Acusación Formal No. 17CR2896CAB, dictada el 19 de septiembre de 2017, por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California, satisface el requisito establecido en los artículos 493 y 502 del Código de Procedimiento Penal, relativo a la doble incriminación, por cuanto describe conductas que son delictivas en Colombia, las cuales tienen una sanción privativa de la libertad cuyo mínimo no es inferior a cuatro años, por lo que se verifica cumplida la exigencia de la doble incriminación en el presente asunto.
Cuestiones adicionales
De los motivos constitucionales impedientes de la extradición
1. El artículo 35 de la Carta Política30 establece que la extradición se podrá solicitar, conceder u ofrecer de acuerdo con los tratados públicos y en su defecto con la ley, por delitos considerados como tales dentro de la legislación penal interna, que no ostenten el carácter de políticos y hayan sido cometidos en el exterior desde el 17 de diciembre de 1997.
Obsérvese que las imputaciones y su sustento dejan entrever con facilidad que los actos desplegados por el requerido y por la organización delincuencial de la que hacía parte, según las autoridades norteamericanas, traspasaron las fronteras nacionales, con el objetivo de distribuir las sustancias prohibidas en los Estados Unidos.
De lo expuesto en los cargos que se le atribuyen al reclamado en la Acusación Formal No. 17CR2896CAB, se evidencia que las conductas imputadas a HÉCTOR ADOLFO AVECEDO ALZATE, habrían ocurrido no solo en Colombia, sino adicionalmente en otros países, según se indica en la documentación allegada a este trámite, y por ello es razonable sostener que el hecho fue cometido en el exterior.
2. De la misma manera, es claro que la acusación hace expresa indicación de los actos que determinaron la solicitud de extradición, así como de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se cometieron los delitos, los cuales se ejecutaron con posterioridad al 17 de diciembre de 1997, pues según la acusación ya citada y las declaraciones en apoyo rendidas por el Fiscal Litigante y Agente especial de la DEA, el concierto para importar y distribuir en los Estados Unidos 5 kilogramos o más de cocaína se materializó incluso en el primer semestre de 2017.
3. Por otra parte, refulge evidente que los cargos atribuidos a ACEVEDO ALZATE no son de naturaleza política, pues atentan contra la seguridad y la salud pública.
Ahora, en relación con las circunstancias que inhiben la procedencia de la extradición, tales como, el respeto por el principio de non bis in ídem; que no esté prescrita la acción penal o la sanción que dio lugar al pedido de extradición y; la prohibición de conceder la extradición respecto de los integrantes del grupo subversivo de las FARC-EP; en la actuación no se tiene conocimiento y tampoco existe evidencia de que se configure alguna de estas circunstancias, como para que por tal causa no haya lugar a la extradición del reclamado.
Además, el requerido ni su defensa han hecho manifestación alguna sobre el particular, de donde fundadamente se infiera que alguna de estas circunstancias se presenta.
Por tanto, no aparece motivo constitucional o legal impediente de la misma.
Obsérvese que la Acusación Formal por la que es requerido el ciudadano colombiano por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California, también incluye la siguiente intención de extinguir el dominio, al señalar:
Avisos de decomiso Penal
1. Todos los alegatos antedichos se vuelven a alegar y por referencia se incorporan plenamente en este documento con el propósito de dar aviso del decomiso a favor de los Estados Unidos de América, de conformidad con las disposiciones de la Sección 853 del Título 21 del Código de los Estados Unidos.
2. Como resultado de la comisión del delito grave que se alega en esta acusación formal, siendo dicha infracción punible con la reclusión por más de un año y de conformidad con las Secciones 853 (a)(1) y 853 (a)(2) del título 21 del Código de los Estados Unidos, el acusado HÉCTOR ADOLFO AVECEDO ALZATE alias “Mono BDG”, alias “Juan BDG”, alias “Carlos BCG” tras ser condenado, cederá a los Estados Unidos todos sus derechos, escrituras, e interés en toda y cualquier propiedad constituida o derivada de cualquier ganancia que el acusado obtuvo, directa o indirectamente, como resultado del delito, y toda y cualquier propiedad usada o que se tenía la intención de usarse de cualquier manera, o en parte para cometer y facilitar la comisión de la infracción que se alega en esta acusación formal.
Al respecto, debe precisar la Sala que tales afirmaciones no pueden ser entendidas en estricto sentido como un cargo, por tanto éste no comporta imputación alguna, sino el anuncio de la consecuencia patrimonial que la declaratoria de responsabilidad acarrea respecto de los bienes involucrados en los delitos, por cuya comisión se acusa al requerido, siendo por tanto dicho tema ajeno a la solicitud de extradición, razón por la cual, no se encuentra comprendido dentro de los aspectos a analizar en el concepto a emitir por parte de la Sala.
Decisión
Los anteriores razonamientos permiten tener por acreditadas las exigencias legales para conceptuar de manera favorable a la solicitud de extradición formalizada por el Gobierno de los Estados Unidos de América a través de su Embajada en nuestro país, respecto del ciudadano colombiano HÉCTOR ADOLFO ACEVEDO ALZATE identificado con el , documento de 16.848.343 por los cargos incluidos en la Acusación Formal No. 17CR2896CAB, dictada el 19 de septiembre de 2017, por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California.
En este momento, considera la Corte pertinente, en aras de proteger los derechos fundamentales del requerido, y tal como lo requirió la Representante del Ministerio Público, prevenir al Gobierno Nacional, para que en el evento en que acceda a la extradición de ACEVEDO ALZATE, advierta al Estado solicitante garantizarle a éste la permanencia en el país extranjero y el retorno al de origen en condiciones de dignidad y respeto por la persona humana, cuando el extraditado llegare a ser sobreseído, absuelto, declarado no culpable o eventos similares, incluso después de su liberación por haber cumplido la pena que le fuere impuesta en razón del cargo que motivó la solicitud de extradición.
Del mismo modo, atendiendo lo dispuesto en el artículo 494 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno Nacional puede subordinar la concesión de la extradición a las condiciones consideradas oportunas y exigir que el solicitado no sea juzgado por hechos diversos de los que motivaron el requerimiento, ni sometido a sanciones distintas de las impuestas en la eventual condena, ni a penas de muerte, destierro, prisión perpetua o confiscación, desaparición forzada, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, por el país solicitante, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 12 y 34 de la Constitución Política de Colombia y como lo sugiere la Procuraduría General de la Nación a través de su Delegada.
Así mismo, debe condicionar la entrega de HÉCTOR ADOLFO ACEVEDO ALZATE a que se le respeten –como a cualquier otro nacional en las mismas condiciones – todas las garantías debidas a su condición de justiciable, en particular a que tenga acceso a un proceso público sin dilaciones injustificadas, se presuma su inocencia, cuente con un intérprete, tenga un defensor designado por él o por el Estado, se le conceda el tiempo y los medios adecuados para que prepare la defensa, presente pruebas y controvierta las que se aduzcan en contra, a que su situación de privación de la libertad se desarrolle en condiciones dignas, a que la eventual pena que se le imponga no trascienda de su persona, a que la sentencia pueda ser apelada ante un tribunal superior, a que la pena privativa de la libertad tenga la finalidad esencial de reforma y readaptación social Artículos 29 de la Constitución; 9 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 5-3.6, 7-2.5, 8-1.2 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h).3.4.5, 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 9-2.3, 10-1.2.3, 14-1.2.3,5, y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).
Además, de que no puede ser condenado dos veces por el mismo hecho, por mandato de la Carta Política, ni dársele una denominación jurídica distinta a la misma circunstancia fáctica y, en caso de condena, se tendrá en cuenta el tiempo que el pretendido estuvo privado de la libertad en Colombia como parte de la respectiva sanción.
Igualmente, el Gobierno debe condicionar la entrega a que el país solicitante, conforme a sus políticas internas sobre la materia, le ofrezca posibilidades racionales y reales para que el extraditado pueda tener contacto regular con sus familiares más cercanos, habida cuenta que la Constitución de 1991, en su artículo 42, reconoce a la familia como núcleo esencial de la sociedad, y garantiza su protección, lo cual se refuerza con la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 17) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 23).
Por todo lo anterior, de conformidad con lo establecido por el numeral 2º del artículo 189 de la Constitución Política, al Gobierno Nacional, en cabeza del señor Presidente de la República como supremo director de la política exterior y de las relaciones internacionales, le corresponde hacer estricto seguimiento del cumplimiento por parte del país requirente de los condicionamientos atrás referenciados y establecer, así mismo, las consecuencias de su inobservancia.
CONCEPTO FAVORABLE
Por lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, CONCEPTÚA FAVORABLEMENTE a la solicitud de extradición del ciudadano colombiano HÉCTOR ADOLFO ACEVEDO ALZATE, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.848.343, cuyas demás notas civiles y condiciones personales fueron constatadas en el cuerpo de este pronunciamiento, por los cargos atribuidos en la Acusación Formal No. 17CR2896CAB, dictada el 19 de septiembre de 2017, por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California.
Por la Secretaría de la Sala se comunicará esta determinación al requerido, a su defensor, a la representante del Ministerio Público, así como al Fiscal General de la Nación para lo de su cargo en relación con el detenido preventivamente con fines de extradición.
Finalmente, se devolverá la actuación al Ministerio de Justicia y del Derecho para los trámites legales pertinentes.
LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA
Presidente
JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA
JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO
FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO
EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER
EYDER PATIÑO CABRERA
PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR
LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria
1 Carpeta adjunta, Fl 43.
2 Carpeta adjunta, Fl 83.
3 Ibídem, Fls 58 – 59.
4 Ibídem, Fls 2 – 5.
5 Ibídem, Fls 10 y 13.
6 Ibídem, Fl 14.
7 Ibídem, Fl 87.
8 Ibídem, Fl 54 y siguientes.
9 Ibídem, Fls 67 – 72.
10 Ibídem, Fls 74 – 81.
11 Ibídem, Fls 82 – 85.
12 Ibídem, Fl 87.
13 Ibídem, Fls 89 – 93.
14 Ibídem, Fl 66.
15 Ibídem, Fl 95.
16 Ibídem, Fl 62.
17 Ibídem, Fls 63 – 65.
18 Ibídem, Fl 51.
19 Cuaderno CSJ, Fls 1 – 2.
20 Cuaderno CSJ, Fl 12. En el trámite, ACEVEDO designó apoderado de confianza, fl 18.
21 Ibídem, Fl 21.
22 Ibídem, Fl 25.
23 Ibídem, Fl 31 – 34.
24 Ibídem, Fl 35-37.
25 Gaceta Judicial CLXXXVII-2, n.° 2426, pág. 580-604.
26 Cfr. CSJ CP 30 may. 2014, rad. 42951, CP068-2014; CP 12 nov. 2014, rad. 42711, CP188-2014 y 11 feb. 2015, rad. 44786, CP012-2015, entre otras.
27 En la providencia CSJ, AP, 10 junio 2015, rad. 44912, referida al trámite de una solicitud de extradición formulada por el Gobierno de los Estados Unidos, la Sala advirtió que «si la pretensión del abogado apunta a acreditar el fenómeno jurídico de la prescripción de la acción penal, es claro que su eventual constatación no es un tema que demande la práctica de prueba alguna y, de ser el caso, tendría que ser objeto de pronunciamiento en el respectivo concepto de fondo».
28 “Por medio del cual se crea un título de disposiciones transitorias de la constitución para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera y se dictan otras disposiciones”.
29 Carpeta adjunta, Fl 24.
30 Modificado por el artículo 1° del Acto Legislativo No. 01 de 1997.