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JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA
Magistrado ponente
AHP6640-2016
Radicación n° 48947
Bogotá D.C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil dieciséis (2016).
VISTOS
Dentro del término previsto en el artículo 7º de la Ley 10951 de 2006, que reglamentó el artículo 30 de la Constitución Política, se resuelve la impugnación interpuesta contra el auto de 23 de septiembre de 2016, mediante el cual el Dr. JOSELYN GÓMEZ GRANADOS, magistrado del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, negó el amparo de hábeas corpus, impetrado por los ciudadanos EDILBERT RODRÍGUEZ LÓPEZ, LUIS ANTONIO MUÑOZ BELTRÁN, LUIS EDUARDO RODRÍGUEZ, GUILLERMO GÓMEZ ORTÍZ, JOSÉ ALEXÁNDER ORTÍZ RODRÍGUEZ y EFRAÍN MORA PINZÓN.
ANTECEDENTES
1. Contra los ciudadanos EDILBERT RODRÍGUEZ LÓPEZ, LUIS ANTONIO MUÑOZ BELTRÁN, LUIS EDUARDO RODRÍGUEZ, GUILLERMO GÓMEZ ORTÍZ, JOSÉ ALEXÁNDER ORTÍZ RODRÍGUEZ y EFRAÍN MORA PINZÓN cursa un proceso penal por el delito de secuestro extorsivo agravado2.
Se destacan, por su relevancia, las siguientes actuaciones3:
1.1. El 19 de febrero de 2013 fue radicado el respectivo escrito de acusación.
1.2. El asunto fue asignado a la Juez Segunda Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca, quien, el 21 de junio del mismo año, llevó a cabo la audiencia de formulación de acusación.
1.3. Luego de varios aplazamientos, la audiencia preparatoria se realizó el 6 de febrero de 2014.
1.4. Finalmente, el juicio oral inició el 11 de marzo de la misma anualidad. Desde esa fecha han ocurrido varias incidencias que han dificultado la culminación de la actuación.
2. Los apoderados judiciales del procesado reclamaron la libertad provisional por vencimiento de términos.
3. El Juez Veintiocho Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, en la audiencia realizada el 9 de septiembre del presente año, negó el pedido de libertad provisional.
A continuación se reseñan los alegatos de las partes y las motivaciones de la decisión.
3.1. La defensa invocó la causal de libertad contenida en el numeral 6º del artículo 317 de la Ley 906 de 2004 porque, según su criterio, descontado 61 días por causas atribuibles a la defensa, desde la fecha en que se inició el juicio han trascurrido 1.218 días sin que se haya proferido sentencia o lectura del fallo.
Afirmaron que «las medidas de aseguramiento no pueden ser perpetuas y en este momento han transcurrido 1.338 días, desde que se presentó el escrito de acusación, menos 61 días por aplazamiento de la defensa y desde el 22 de febrero de 2013 en que se intentó hacer la audiencia de acusación, hasta el 10 de marzo de 2014, cuando se dio inicio al juicio oral, el cual todavía no ha finalizado…»4.
Apoyaron la solicitud en la Sentencia C-390 de 2014 y la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el plazo razonable.
Por último, manifestaron que «hubo colaboración de la bancada de la defensa para sustituir poderes para no afectar las audiencias, así como los acusados renunciaron a estar presentes en las audiencias con el mismo fin…»5
3.2. El representante del Ministerio Público respaldó la solicitud con fundamento en la aplicación del principio de favorabilidad de la norma invocada.
3.3. El delegado de la Fiscalía General, por su parte, se opuso a la petición de libertad porque, según su criterio, la Ley 1786 de 2016, solo entrará a regir en el mes de junio de 2017.
3.4. El funcionario judicial sustentó la decisión de la siguiente forma:
(…) deben tenerse en cuenta varios aspectos, entre ellos, que se trata de un caso complejo, donde hay más de tres (3) acusados, cuya competencia radica en los juzgados especializados, de otra parte téngase en cuenta que para Cundinamarca, solo existen dos (2) juzgados especializados, por lo que la carga laboral de estos despachos es bastante amplia y finalmente como lo señala la delegada fiscal la ley (sic) 1786 de 2016 solo entrará en vigencia solo (sic) a partir del mes de julio del próximo año 2017 (…)6.
3.5. Por último, la defensa formuló el recurso de reposición, frente al cual el Juez mantuvo la decisión.
4. El 22 de septiembre del presente año, los procesados invocaron la protección del derecho fundamental al hábeas corpus porque, según su opinión, están privados ilegalmente o en una prolongación ilícita de su libertad.7
Sostienen que la negativa del Juez Veintiocho Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá constituyó una vía de hecho «por defecto procedimental absoluto, ante la actuación arbitraria, caprichosa que desborda el ámbito funcional en forma manifiestamente contraria al ordenamiento no solo jurídico sino del bloque de Constitucionalidad en lo que compete a los tratados internacionales sobre el plazo razonable»8
Atribuyeron a esa decisión los siguientes defectos:
i) Falta o nula motivación.
ii) Desconocimiento de la sentencia C-390 de 2014 de la Corte Constitucional; los precedentes T-84957 de mayo de 2016 y T-80488 de julio de 2015 de la Sala de Casación penal de esta Corporación y los pronunciamientos de la H. Corte Interamericana de Derechos Humanos.
iii) No haber dado prelación al bloque de constitucionalidad, «en unión al artículo 3º de la Ley 906 de 2004, situado en los tratados internacionales, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos y otros tantos»
5. Correspondió el conocimiento de la acción constitucional al Dr. JOSELYN GÓMEZ GRANADOS, magistrado del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca.
DECISIÓN IMPUGNADA
El a quo, a través de auto de 23 de septiembre de 2016, negó la solicitud de hábeas corpus porque, según su criterio:
i) Las partes no agotaron los recursos ordinarios establecidos, en tanto no se hizo uso de la apelación contra la decisión que negó la libertad por vencimiento de términos.
ii) No se evidencia la configuración de una vía de hecho susceptible de ser corregida en cuanto, para el caso en concreto, la causal invocada por los accionantes no se encuentra en vigencia debido a la prórroga prevista en la Ley 1786 de 2016, «por tratarse de un proceso ante justicia especializada y en contra de más de tres acusados»9.
Apoyó esa última motivación en los precedentes CSJ AP, 13 jul 2016, rad. 35691, AP4481-2016 y CSJ AP, 22 agos 2016, rad. 48682, AP5408-2016.
LA APELACIÓN
Aunque todos los accionantes manifestaron su deseo de impugnar la decisión, solo JOSÉ ALEXÁNDER ORTÍZ RODRÍGUEZ y EFRAÍN MORA PINZÓN esgrimieron las razones de su inconformidad.
Según los impugnantes, el auto de primer grado no se ocupó de los argumentos relacionados con el plazo razonable el cual había sido «hincado» en los tratados internacionales, el bloque de constitucionalidad y en la jurisprudencia citada en el escrito de la acción10.
Agregaron que «… ni nosotros ni los abogados (…), ni aquí en el habeas corpus, menos en la audiencia de solicitud de libertad por vencimiento de términos, palpamos ni manipularon (sic) lo atinente a la Ley 1760 de 2014, siempre estamos dirigidos y gobernados AL PLAZO RAZONABLE, con soporte en los artículos 93, 94, 224, aunado a lo anterior a los objetivo (sic) de la misma en los artículos 28, 29 y 228 de la Constitución»11.
Por último, argumentaron el carácter cautelar, no sancionatorio, excepcional y provisional de la medida de aseguramiento12.
CONSIDERACIONES
1. Sobre la competencia.
El suscrito Magistrado es competente para conocer del recurso interpuesto contra la decisión a través de la cual se negó la solicitud de hábeas corpus formulada por los ciudadanos EDILBERT RODRÍGUEZ LÓPEZ, LUIS ANTONIO MUÑOZ BELTRÁN, LUIS EDUARDO RODRÍGUEZ, GUILLERMO GÓMEZ ORTÍZ, JOSÉ ALEXÁNDER ORTÍZ RODRÍGUEZ y EFRAÍN MORA PINZÓN, de acuerdo con lo señalado por el numeral 2º del artículo 7º de la Ley 1095 de 2006, donde se dispone que «cuando el superior jerárquico sea un juez plural, el recurso será sustanciado y fallado integralmente por uno de los magistrados integrantes de la Corporación, sin requerir la aprobación de la sala o sección respectiva. Cada uno de los integrantes de la Corporación se tendrá como juez individual».
2. Las causales de libertad provisional como casos de especificación del «derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable o a ser puesto en libertad».
En las providencias CSJ STP 11 mayo 2016, rad. 84957, STP6017-2016 y CSJ AP, 22 agosto 2016, rad. 48682, AP5408-2016, se ha insistido en la necesidad de diferenciar los dos ámbitos que involucra la garantía fundamental de toda persona a ser juzgada dentro de un plazo razonable. Por un lado, la duración del proceso, en conjunto, hasta que se produzca una decisión judicial definitiva y, por otro, la permanencia del sujeto en detención preventiva mientras se adelanta la investigación o juzgamiento.
En los precedentes reseñados también se ha destacado que el «derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable o a ser puesto en libertad», tiene una conexión primaria con la presunción de inocencia porque, en casos extremos, la detención o prisión provisional de la persona procesada podría ser equivalente a la condena fijada para el delito por el cual se le procesa y, en consecuencia, traducirse en una anticipación de la pena.
Además, esa garantía fundamental se encuentra reconocida en el Artículo 29 de la Constitución Política y los artículos 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos13 y 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos14, que al ser instrumentos internacionales sobre derechos humanos debidamente ratificados por el Estado colombiano, integran el bloque de constitucionalidad15.
Aunque la norma constitucional y las disposiciones convencionales, en tanto están referidas a los conceptos «dilaciones injustificadas» y «plazo razonable», no indican un término concreto, cuantificado en días, meses o años, el Estado colombiano ha cualificado los mecanismos legales tendientes a superar esa indeterminación.
En concordancia, las causales de libertad por vencimiento de términos, contenidas en los numerales 4, 5 y 6 del artículo 317 de la Ley 906 de 2004, creadas o modificadas por las Leyes 1760 de 2015 y 1786 de 2016, constituyen un caso de especificación de esa garantía convencional16, en tanto regulan los «términos perentorios»17 entre diferentes actuaciones procesales y las consecuencias jurídicas relacionadas con la libertad del procesado, en caso de su incumplimiento.
Esa es la razón por la cual se afirmó, en la providencia CSJ AP, 22 agosto 2016, rad. 48682, AP5408-2016, que tales normas, sin lugar a dudas, también tienen un carácter sustancial.
Por otro lado, en la sentencia de tutela CSJ STP 11 mayo 2016, rad. 84957, STP6017-2016, se aclaró que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, cuando está en juego la libertad de las personas, la indeterminación de los términos conduce a la violación de los principios y derechos constitucionales.18 Además, que el legislador ordinario, y probablemente también el constituyente, carece de competencia para derogar el «derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable o a ser puesto en libertad», por ser esa una garantía fundamental contenida en el bloque de constitucionalidad.
En ese contexto, corresponde a los jueces constitucionales, de control de garantías o de hábeas corpus, evaluar si la dilación denunciada es injustificada y, por tanto, el tiempo de la detención preventiva resulta desproporcionada, conforme a la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos sobre el «plazo razonable» y de la Corte Constitucional en relación con el concepto «dilaciones injustificadas» contenido en el artículo 29 de la Constitución Política.
En conclusión, en el marco del Estado social de derecho colombiano, el respeto estricto de las causales de libertad por vencimiento de términos y la evaluación de las circunstancias que dieron lugar a la prolongación de la actuación judicial, en los casos de indeterminación legal —total o parcial, definitiva o temporal —del «derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable o a ser puesto en libertad», constituyen un imperativo de orden constitucional.
En ese sentido, cuando el funcionario judicial acude a criterios diferentes a los previstos en el Código de Procedimiento Penal para negar el pedido de libertad o se apoya en la inexistencia de una norma sobre la materia, incurre en la vulneración de las garantías fundamentales del procesado y en una inaceptable denegación de justicia.
3. Criterios que debe tomar en cuenta el juez constitucional, de control de garantías o de hábeas corpus, en los casos en los que existe indeterminación legal —total o parcial, definitiva o temporal—del plazo razonable.
La jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos19 ha decantado tres criterios de análisis para evaluar las circunstancias justificativas en los casos en los que se ha censurado la prolongación de una actuación judicial, los cuales se enuncia a continuación:
(i) la complejidad del asunto, (ii) la actividad procesal del interesado y (iii) la conducta de las autoridades nacionales.
La Corte Constitucional, por su parte, en la sentencia C-300 de 1994, al efectuar el análisis sobre el concepto «dilaciones injustificadas», contenido en el artículo 29 de la Constitución, expuso un listado, no taxativo, de criterios que deben «deducirse en cada caso concreto con base en pautas objetivas» cuando se evidencia la «ausencia de determinación legal»:
… la complejidad del asunto, el tiempo promedio que demanda su trámite, el número de partes, el tipo de interés involucrado, las dificultades probatorias, el comportamiento procesal de los intervinientes, la diligencia de las autoridades judiciales etc.
Ese listado recoge, en líneas generales, los criterios señalados por la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Por último, la actividad del procesado y su apoderado judicial se evalúan desde el supuesto de que solo son reprochables las maniobras dilatorias y en ningún caso el legítimo derecho a la defensa20. El análisis del comportamiento de los demás intervinientes y la diligencia de las autoridades, en cambio, se enfoca a develar las estrategias encaminadas a prolongar el suplicio de quien, de forma anticipada, ha sido condenado21 o a censurar los casos evidentes de negligencia judicial.
ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO
1. Cuestión preliminar.
En el marco del proceso penal por el delito de secuestro extorsivo agravado adelantado en contra de los accionantes, la audiencia de juicio inició el 11 de marzo de 2014 y, a la fecha, no se ha celebrado la diligencia de lectura de fallo.
El Juez Veintiocho Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá y el Magistrado a quo, atinaron al señalar que, en el presente caso, no está vigente la causal sexta de libertad provisional, porque la Ley 1786 de 2016 prorrogó esa disposición por un año más, desde el 1º de julio de 2016, «respecto de procesos ante justicia penal especializada, en los que sean tres (3) o más los acusados contra quienes estuviere vigente la detención preventiva, o cuando se trate de investigación o juicio de actos de corrupción de los que trata la Ley 1474 de 2011 o de cualquiera de las conductas previstas en el Título IV del Libro Segundo de la Ley 599 de 2000 (Código Penal)»
Sin embargo, ambos se equivocaron en cuanto entendieron que, tras esa constatación, la acción era improcedente y, por ello, allí culminaba la actividad judicial, obviando que frente a la indeterminación, en este caso temporal, del plazo razonable, corresponde al juez constitucional, de control de garantías o de habeas corpus, acudir a los criterios señalados en el numeral 4º up supra, con el fin de evaluar si el derecho de los accionantes ha sido vulnerado.
La ausencia de un pronunciamiento judicial sobre ese específico punto del debate, sumado a la trascendencia del asunto, habilita la intervención del juez constitucional de habeas corpus.
2. El Problema jurídico.
Los impugnantes insisten en la procedencia de la libertad provisional porque, afirman, la autoridad accionada desconoció la garantía fundamental del plazo razonable reconocida en la Constitución, los tratados internacionales y la jurisprudencia sobre la materia.
Dado que respecto del proceso adelantado en contra de los accionantes existe una indeterminación temporal del plazo razonable que debe trascurrir entre el inicio de la audiencia de juicio oral y la diligencia de lectura de fallo o su equivalente, debido a la prórroga de la vigencia de la causal sexta de libertad provisional del artículo 317 de la Ley 906 de 2004, prevista en la Ley 1786 de 2016, el problema jurídico de la acción constitucional es el siguiente22:
¿De conformidad con la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de la Corte Constitucional Colombiana, es razonable el lapso trascurrido, en el presente caso, entre el inicio de la audiencia de juicio oral y la fecha de formulación de la acción de hábeas corpus?
3. Solución del problema jurídico.
Entre el inicio de la audiencia de juicio oral —11 de marzo de 2014— y la fecha de presentación de la acción constitucional —22 de septiembre de 2016— han trascurrido 2 años, 6 meses y 11 días. Ese lapso se observa, prima facie, excesivo porque durante todo ese tiempo los procesados han estado privados de la libertad, con fundamento en una medida de aseguramiento, por definición, provisional y excepcional.
Sin embargo, la libertad demandada no deviene de esa constatación preliminar porque, a diferencia de los asuntos reglados por un término específico, en los casos de indeterminación del plazo razonable el objeto del análisis son las circunstancias relacionadas con la duración excesiva de la actuación.
Revisadas las actas de las audiencias en el marco del juicio oral, adelantado por la Juez Segunda Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca, se constató lo siguiente:
3.1. El delito involucrado, secuestro extorsivo agravado, involucra la responsabilidad penal de los 6 acusados y más de 800 horas de audio provenientes de interceptaciones.
El Código de Procedimiento Penal prevé, de ordinario, que este tipo de asuntos debe concluir en un lapso no superior a 300 días, sin embargo, la complejidad del proceso se evidencia en la realización de 17 audiencias de continuación del juicio oral en las cuales se ha recibido más de 35 testimonios, algunos interrogatorios y contrainterrogatorios y, a la fecha, no ha concluido la fase probatoria, puesto que falta por acopiar las declaraciones de los procesados, en caso de que renuncien a su derecho a guardar silencio.
La principal dificultad probatoria ha derivado de la inasistencia de los testigos en la audiencia de juicio oral, situación atribuible tanto a la Fiscalía como a la defensa. En las últimas diligencias las partes han tenido que renunciar a algunos testigos para poder continuar con la actuación.
3.2. En cinco oportunidades no fue posible continuar con la audiencia o esta fue suspendida por solicitud de algunos de los defensores, quienes se excusaron por problemas de salud o compromisos previos23.
Se destaca que los procesados renunciaron a asistir a la diligencia con el fin de dar continuidad a la actuación y, en varias oportunidades, los apoderados judiciales sustituyeron los poderes entre ellos para, de esa forma, evitar el aplazamiento de la diligencia.
Adicionalmente, la audiencia se aplazó dos veces por solicitud del Delegado de la Fiscalía.24 También porque los procesados no fueron trasladados por el Centro Carcelario o la Oficina de Servicios Judiciales no libró los oficios a tiempo25.
3.3. El juzgado de conocimiento, por su parte, ejecutó las siguientes actividades:
i) En varias oportunidades programó la continuación de la audiencia para ser realizada en una semana completa. Solo logró realizar sesiones de tres días en los meses de marzo, abril y mayo de 2014 y de dos días en los meses de marzo, julio, septiembre, noviembre y diciembre de 2015 y febrero, mayo y agosto de 2016, debido a las solicitudes de aplazamiento y la inasistencia de algunos testigos.
ii) Actúo oportunamente en lo concerniente al traslado de los procesados e implementó el sistema de audiencias virtuales con el fin de garantizar su participación.
iii) Llamó al orden a la defensa y al Delegado de la Fiscalía por las inasistencias que dieron lugar a los aplazamientos o retrasos de las audiencias y,
iv) Requirió al superior jerárquico de un testigo renuente para que informara su ubicación, aunque la Fiscalía renunció a la recepción de esa declaración con posterioridad.
Conforme a esa reseña, el tiempo que ha tomado el juicio oral se debe, principalmente, a los aplazamientos por causa de la inasistencia de algunos testigos, los problemas de salud y compromisos previos de varios intervinientes, situación atribuible a las partes por igual.
Se observa que la Juez Segunda Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca, en más de tres ocasiones, programó las diligencias en días consecutivos y tales convocatorias no superaron en promedio los tres meses de diferencia, en una clara demostración de su voluntad de concluir prontamente la audiencia de juicio oral.
Finalmente, aunque los procesados y sus apoderados judiciales hicieron lo posible para evitar los aplazamientos, tales como la renuncia de los procesados a asistir a las diligencias y la sustitución de los poderes, esa situación no es suficiente, porque como se ha señalado anteriormente, es necesario que de la revisión del expediente surja, con toda claridad, una o varias circunstancias, no imputable a los acusados, en las que se evidencie la negligencia de la autoridad judicial o que tornen en irrazonable la excesiva duración de la actuación.
4. En conclusión, se confirmará la decisión impugnada.
En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,
RESUELVE
1. CONFIRMAR la decisión impugnada, por las razones expuestas.
2. ADVERTIR que contra el presente auto no procede recurso alguno.
3. COMUNICAR esta decisión a los Juzgados Veintiocho Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá y Segundo Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca.
Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al Tribunal de origen
JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA
Magistrado
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria
1 Diario oficial No. 46.440, del 2 de noviembre de 2006.
2 CUI No. 11001-60-00-100-2012-00099
3 La reseña de esas actuaciones se basa en el informe de 22 de agosto de 2016 presentado por la Juez Segunda Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca. Fls. 30-31.
4 Acta de audiencia preliminar de solicitud de libertad por vencimiento de términos. Fl. 36.
5 Ibídem. Fl. 37
6 Ibídem. Fl. 37
7 Fls. 11-22.
8 Fl. 18
9 Fl. 48.
10 Fl. 60.
11 Fl. 67
12 Fl. 68
13 Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución de fallo. –Resalta el Despacho-
14 Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio. –Resalta el Despacho-
15 CST STP, 20 abril 2016, rad. 85216, STP4883-2016
16 Esa afirmación no se opone a la tesis de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, según la cual, el plazo razonable para la prisión preventiva «no puede ser establecido en abstracto» y tampoco «ser considerada razonable en sí misma solamente porque así lo establece la ley» — Informe Nº 2/97, 11.3.1997, punto 18.—, porque en manera alguna se ha dicho que la razonabilidad de la duración de la medida de aseguramiento o su reconocimiento esté condicionada a las razones o la voluntad del legislador. En cambio, se resalta que la expedición de esas normas soluciona, de manera aproximada, la indeterminación que ha contribuido a la ineficacia material de esa garantía convencional.
17 Cfr. Sentencia C-390 de 2014.
18 Sentencia C-390 de 2014.
19 Caso de las Hermanas Serrano Cruz vs. El Salvador; Caso Tibi, supra nota 20, párr. 175; Caso Ricardo Canese. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111, párr. 141; y Caso 19 Comerciantes, supra nota 15, párr. 190. En igual sentido cfr. Wimmer vs. Germany, no. 60534/00, §23, 24 February 2005; Panchenko v. Russia, no. 45100/98, § 129, 08 February 2005; y Todorov v. Bulgaria, no. 39832/98, § 45, 18 January 2005.
20 Sobre la conducta del procesado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el punto 60 del informe del caso No. 11.778 del 13.4.1999, aclaró que «… corresponde hacer una distinción entre el derecho del peticionario a utilizar los mecanismos procesales a su disposición, su falta de cooperación en el proceso y la obstaculización deliberada. La Comisión ya ha establecido que la demora sólo puede ser imputable al acusado si éste ha abusado de su derecho a utilizar los resortes procesales disponibles, con la intención de atrasar el procedimiento».
21 CSJ STP 11 mayo 2016, rad. 84957
22 Aunque también argumentaron el carácter cautelar, no sancionatorio, excepcional y provisional de la medida de aseguramiento, la razonabilidad y proporcionalidad de ese instituto no fue expuesto en el escrito de hábeas corpus. El debate giró, al igual que en la solicitud ante el Juez de Control de Garantías, en torno al derecho a la libertad provisional con fundamento en la garantía constitucional y convencional al plazo razonable.
23 12 de mayo, 23 y 24 de abril, 9 de mayo y 11 de agosto de 2014 y 23 de mayo de 2016.
24 5 de mayo de 2015 y 23 de mayo de 2016.
25 21 de abril y 6 de mayo de 2014.