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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO
Magistrado ponente
AP3804-2015
Radicación n° 46232
(Aprobado Acta No. 232)
Bogotá, D.C., ocho (8) de julio de dos mil quince (2015).
ASUNTO
La Corte define la competencia para conocer del juicio adelantado contra Víctor Alfonso Ruiz Varela, Juan David Ortiz Estrada y Leobaldo de Jesús Lavalle Arrieta por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio y porte ilegal de armas, en atención a lo expresado por los Juzgados Penal del Circuito Especializado de Montería, Promiscuo del Circuito de Planeta Rica y Décimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá proyecto O.I.T., que se rehúsan a asumir el conocimiento del asunto.
ANTECEDENTES
Según se desprende del escrito de acusación, los hechos que dieron origen a la actuación se refieren al homicidio de tres ciudadanos, específicamente de la vendedora de minutos a celular Edilsen Mercado Roqueme ocurrido el 4 de diciembre de 2010 en el caserío de Palma Soriano del municipio de Planeta Rica; del profesor y sindicalista Manuel Esteban Tejada Ricardo, acaecido el 10 de enero de 2011 en la misma población; y del mecánico Roger Vergara Sotelo, perpetrado el 18 de enero de 2011 en la troncal de occidente de Planeta Rica.
Por los anteriores acontecimientos, la Fiscalía General de la Nación en el curso de la audiencia celebrada el 21 de marzo de 2013 en el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Montería, formuló acusación en contra de Víctor Alfonso Ruiz Varela, Juan David Ortiz Estrada y Leobaldo de Jesús Lavalle Arrieta por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado en concurso homogéneo y porte ilegal de armas, también en concurso homogéneo.
Posteriormente, por medio de resolución número 003 del 6 de marzo de 2015, la titular del Juzgado Penal del Circuito Especializado de Montería, en cumplimiento de lo dispuesto en los acuerdos PSAA07-4082 de 2007, PSAA08-4959 de 2008 y PSAA14-10178 de 2014, decidió remitir cuatro actuaciones diferentes al Juzgado Penal del Circuito Especializado adscrito al programa O.I.T., entre ellas la adelantada contra Víctor Alfonso Ruiz Varela, Juan David Ortiz Estrada y Leobaldo de Jesús Lavalle Arrieta.
A su vez, el Juzgado Décimo Penal del Circuito Especializado O.I.T., mediante auto del 16 de febrero de 2015, avocó el conocimiento del asunto únicamente en cuanto se relaciona con el homicidio perpetrado contra el profesor y sindicalista Manuel Esteban Tejada Ricardo, y los delitos de concierto para delinquir agravado y porte ilegal de armas relacionados con tales acontecimientos.
De otra parte, dispuso la ruptura de la unidad procesal y ordenó remitir las correspondientes copias al Juzgado Promiscuo del Circuito de Planeta Rica, en orden a que continuara la actuación en cuanto se relaciona con los cargos que por homicidio agravado fueron formulados en contra de los acusados por la muerte de la vendedora de minutos a celular Edilsen Mercado Roqueme y del mecánico Roger Vergara Sotelo, y por el delito de porte ilegal de armas.
Expresó que de no ser compartidos sus argumentos, proponía colisión negativa de competencias.
El Juzgado Promiscuo del Circuito de Planeta Rica, mediante pronunciamiento del 19 de mayo del año en curso, se abstuvo de asumir el conocimiento del asunto por considerar que el delito de concierto para delinquir agravado atribuido a los indiciados en la acusación, es de competencia de los Jueces Especializados, y en consecuencia, la competencia radicaría en el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Montería, a donde remitió el proceso.
Este último Despacho se negó a conocer del asunto, por considerar que su homólogo adscrito al programa O.I.T. asumió el conocimiento del proceso respecto del delito de concierto para delinquir agravado, del homicidio del profesor y sindicalista Manuel Esteban Tejada Ricardo y del porte ilegal de armas relacionado con esos hechos, y decretó la ruptura de la unidad procesal únicamente respecto de la muerte de la vendedora de minutos a celular Edilsen Mercado Roqueme y del mecánico Roger Vergara Sotelo, y del porte ilegal de armas conexo a estos hechos, sin que dicha determinación involucrara el delito de concierto para delinquir agravado.
En consecuencia, adujo que la competencia para conocer de estos delitos corresponde al Juzgado Promiscuo del Circuito de Planeta Rica, motivo por el cual remitió la actuación a esta Corporación, en orden a que se decida lo pertinente.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1. La Sala es competente para conocer de la definición de competencia dentro del proceso que se adelanta contra Víctor Alfonso Ruiz Varela, Juan David Ortiz Estrada y Leobaldo de Jesús Lavalle Arrieta por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio y porte ilegal de armas, en virtud de lo dispuesto en los artículos 32, numeral 4° y 54 de la Ley 906 de 2004, pues se trata de un evento que involucra jueces de diferente distrito judicial.
2. Lo primero que se advierte es el trámite equivocado impartido al asunto por la Juez Décimo Penal del Circuito Especializado O.I.T. y por los demás funcionarios que han intervenido en el mismo, toda vez que si consideraban que no eran competentes para continuar conociendo del proceso, lo procedente era remitirlo a su superior funcional encargado de definir lo pertinente, acorde con las previsiones del artículo 54 de la Ley 906 del 2004, y no enviarlo, como inadecuadamente lo hicieron, a quien consideraban correspondía conocer del mismo, pues han debido tener en cuenta que el instituto de la definición de competencia regulado en la ley 906 de 2004, es connatural al sistema penal acusatorio y difiere de la colisión de competencia prevista en las legislaciones anteriores.
Así, el artículo 54 del Estatuto Procesal Penal de 2004 regula el trámite del incidente de definición de competencia señalando que “…cuando el juez ante el cual se haya presentado la acusación manifieste su incompetencia, así lo hará saber a las partes en la misma audiencia y remitirá el asunto inmediatamente al funcionario que deba definirla, quien en el término improrrogable de tres (3) días decidirá de plano. Igual procedimiento se aplicará cuando se trate de lo previsto en el artículo 286 de este código y cuando la incompetencia la proponga la defensa…”, motivo por el cual, es claro que tratándose del fenómeno de definición de competencia, existe un procedimiento especial regulado en las disposiciones en referencia.
Las mencionadas circunstancias ponen de manifiesto que la dinámica con la cual se adelantó la definición de competencia fue errada, pese a lo cual tal dislate no tiene la entidad de desquiciar la estructura del proceso ni de conculcar las garantías de los implicados, en cuanto finalmente dicha falencia se suplió con el envío del expediente a la Corte por parte del Juzgado Penal del Circuito Especializado de Montería.
3. Ahora bien, en torno al punto sobre el cual versa la discusión, esto es determinar la autoridad encargada de conocer de la etapa de juzgamiento en el presente asunto, se tiene que el artículo 51 de la Ley 906 de 2004 regula las distintas modalidades en que puede aparecer la conexidad y de manera concreta los numerales 2º, 3º y 4º, indican la existencia de este fenómeno cuando se presenta un concurso de conductas punibles:
“…2. Se impute a una persona la comisión de más de un delito con una acción u omisión o varias acciones u omisiones, realizadas con unidad de tiempo y lugar.
3. Se impute a una persona la comisión de varios delitos, cuando unos se han realizado con el fin de facilitar la ejecución o procurar la impunidad de otros; o con ocasión o como consecuencia de otro.
4. Se impute a una o más personas la comisión de uno o varios delitos en las que exista homogeneidad en el modo de actuar de los autores o partícipes, relación razonable de lugar y tiempo, y, la evidencia aportada a una de las investigaciones pueda influir en la otra…”.
De igual manera, el artículo 52 de la normatividad citada establece los criterios para fijar la competencia si se está en presencia de delitos conexos, y precisa que “…cuando se trate de conexidad entre hechos punibles de competencia del juez penal de circuito especializado y cualquier otro funcionario judicial, corresponderá el juzgamiento a aquél…”.
En el presente caso se advierte que por razones de conexidad fáctica el representante de la Fiscalía General de la Nación presentó escrito de acusación en contra de Víctor Alfonso Ruiz Varela, Juan David Ortiz Estrada y Leobaldo de Jesús Lavalle Arrieta por el homicidio de la vendedora de minutos a celular Edilsen Mercado Roqueme; del profesor y sindicalista Manuel Esteban Tejada Ricardo; y del mecánico Roger Vergara Sotelo, acontecimientos por los cuales les atribuyó presunta participación en los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado en concurso homogéneo y porte ilegal de armas, también en concurso homogéneo, en cuanto el actuar delictivo fue ejecutado por una banda criminal, con amplias ramificaciones y dedicada a la perpetración de diversos delitos, entre los cuales se encuentran los homicidios anteriormente relacionados.
La competencia para conocer del delito de concierto para delinquir agravado atribuido a los acusados, la radica el legislador en los Jueces Penales del Circuito Especializado, lo cual no es objeto de discusión entre los Juzgados trabados en conflicto.
En tales condiciones, lo expuesto por el Juzgado Décimo Penal del Circuito Especializado –Programa de Descongestión OIT- con sede en Bogotá, en el sentido de que la competencia de los despachos de su especialidad es taxativa, no sirve de fundamento para rehusar la competencia parcial, es decir en lo relacionado con los homicidios de Edilsen Mercado Roqueme y de Roger Vergara Sotelo, ni para decretar la ruptura de la unidad procesal, pues además de no subsumirse para este efecto en alguna de las causales establecidas en el artículo 531
de la Ley 906 de 2004, desconoce las previsiones del artículo 52 de la misma normatividad, el cual, como se dijo, dispone que cuando se trate de conexidad entre hechos punibles de competencia del juez penal del circuito especializado y cualquier otro funcionario judicial, corresponderá el juzgamiento al primero.
4. Ahora bien, remitiéndonos al contenido de los Acuerdos PSAA07-4082 de junio 22 de 2007, PSAA08-4443 del 14 de enero de 2008, PSAA08-4924 de junio de 2008, PSAA08-4959 de julio 11 de 2008, PSAA09-6093 de julio 14 de 2008, y PSAA10-7011 de 2010 emitidos por el Consejo Superior de la Judicatura mediante los cuales creó los Juzgados de Descongestión del “Programa OIT”, se concluye que corresponde a los despachos judiciales allí mencionados el conocimiento de los procesos en que el sujeto pasivo de la conducta punible sea un sindicalista, sin que en aparte alguno de la normatividad en cita se haga referencia a que tal aspecto constituye causal de ruptura de la unidad procesal, motivo por el cual mal podría extenderse ese requisito por vía de interpretación judicial, en cuanto no corresponde al juez extralimitarse al valorar el contenido normativo de la ley o lo que haga sus veces, pues conforme a las reglas de interpretación cuando el sentido de la norma sea claro no se desatenderá su tenor literal so pretexto de consultar su espíritu.
Así las cosas, no resultan de recibo las apreciaciones de la Juez Décimo Penal del Circuito Especializado OIT, pues no se puede perder de vista que para efectos de determinar el funcionario competente, es necesario tener en cuenta las específicas regulaciones del ordenamiento jurídico procesal en torno al tema, sin que sea viable en consecuencia acudir a la analogía, eventualidad que pondría en riesgo la seguridad jurídica en torno al Juez Natural.
5. Por lo anterior, se concluye que el conocimiento del presente asunto corresponde al Juzgado Décimo Penal del Circuito Especializado –Programa de Descongestión OIT- con sede en Bogotá, a donde se enviará el diligenciamiento a fin de que se continúe con el trámite dispuesto por el legislador.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
RESUELVE
1. DECLARAR que la competencia para conocer de este proceso corresponde al Juzgado Décimo Penal del Circuito Especializado –Programa de Descongestión OIT- con sede en Bogotá, a donde se remitirá el expediente.
2. Comunicar la decisión adoptada a los Juzgados Promiscuo del Circuito de Planeta Rica y Penal del Circuito Especializado de Montería, para su información.
Contra esta decisión no procede ningún recurso.
Comuníquese y cúmplase
JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO
JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ
FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO
EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER
GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ
EYDER PATIÑO CABRERA
PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR
LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO
Nubia Yolanda Nova García
Secretaria
1 ARTÍCULO 53. RUPTURA DE LA UNIDAD PROCESAL. Además de lo previsto en otras disposiciones, no se conservará la unidad procesal en los siguientes casos:
1. Cuando en la comisión del delito intervenga una persona para cuyo juzgamiento exista fuero constitucional o legal que implique cambio de competencia o que esté atribuido a una jurisdicción especial.
2. Cuando se decrete nulidad parcial de la actuación procesal que obligue a reponer el trámite con relación a uno de los acusados o de delitos.
3. Cuando no se haya proferido para todos los delitos o para todos los procesados decisión que anticipadamente ponga fin al proceso.
4. Cuando la terminación del proceso sea producto de la aplicación de los mecanismos de justicia restaurativa o del principio de oportunidad y no comprenda a todos los delitos o a todos los acusados.
5. Cuando en el juzgamiento las pruebas determinen la posible existencia de otro delito, o la vinculación de una persona en calidad de autor o partícipe.
PARÁGRAFO. Para los efectos indicados en este artículo se entenderá que el juez penal de circuito especializado es de superior jerarquía respecto del juez de circuito.