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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
Magistrado Ponente
JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO
Aprobado acta N° 317
Bogotá, D. C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil trece (2013).
MOTIVO DE LA DECISIÓN
La Sala se pronuncia sobre la competencia para resolver la petición del señor Jorge Andrés Medina Torres de que se le conceda la libertad en atención a que habría cumplido el máximo lapso de la sanción que le correspondería dentro del trámite del denominado proceso de justicia y paz.
Lo anterior, según solicitud que en auto del 12 de septiembre de 2013 hiciera una Magistrada con funciones de Control de Garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, a cuyo despacho fue repartida la petición y quien es del criterio que el asunto corresponde resolverlo a su similar del Tribunal de Medellín.
ANTECEDENTES
1. Por información de la Fiscalía se tiene que el señor Medina Torres ingresó a las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, en el municipio de San Roque (Antioquia) y estuvo vinculado a los Bloques Metro (delinquiendo en San Roque), Córdoba y Norte (en la zona bananera: Magdalena, Ciénaga, Aracataca, Fundación), desde 1999 hasta el 29 de agosto del 2002, cuando fue capturado sindicado de un secuestro por el cual fue condenado.
2. El 22 de agosto de 2007 el Gobierno Nacional lo postuló, como desmovilizado individual, para acogerse al procedimiento de justicia y paz de la Ley 975 del 2005.
3. Ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Medellín, la Fiscalía le imputó 13 hechos cometidos en Montería (por el Bloque Córdoba de las AUC) y por ellos se le impuso medida de aseguramiento.
4. En escrito del 21 de agosto de 2013, el señor Medina Torres solicitó a la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá le concediera la libertad por cuanto habría cumplido la pena alternativa que le correspondería.
5. En audiencia del 12 de septiembre de 2013 una Magistrada de Control de Garantías de esa Corporación se declaró incompetente al concluir que lo era su homólogo de Medellín, por cuanto los cargos imputados y por los cuales se decretó medida de aseguramiento ocurrieron en Córdoba, cuyo conocimiento corresponde a Medellín.
El asunto se remitió a la Corte para que defina sobre la competencia para decidir el reclamo en sede de control de garantías.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1. De conformidad con los artículos 32.4 y 54 de la Ley 906 del 2004 a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia le corresponde definir la competencia, cuando, como en el asunto estudiado, la postulación de quien declara no serlo, la Magistrada de Control de Garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, afirma que lo es su similar de Medellín.
2. De esas disposiciones deriva irrefutable que cuando quiera que un juez declare su incompetencia para conocer determinado caso, debe enviar las diligencias al superior funcional común, tanto suyo como del que considere que sí lo sea.
Como la magistrada de garantías de Bogotá es del criterio que la solicitud debe ser resuelta por su homólogo de Medellín, deriva que, en efecto, el incidente corresponde dilucidarlo a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
3. Asiste razón a la funcionaria de Bogotá, en tanto quien reclama su libertad fue postulado como desmovilizado del Bloque Córdoba de las AUC, cuya área de delincuencia era precisamente esa región.
Lo anterior se confirma cuando la Fiscalía de Montería acudió ante el Magistrado de Control de Garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín (al cual, por decisión de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, le fue asignada competencia por conocer los hechos acaecidos en Córdoba) a reclamar y lograr imputar al señor Medina Torres cargos por 13 hechos delictivos cometidos en esa región en su condición de integrante de las AUC, Bloque Córdoba, respecto de los cuales, a su vez, se impuso medida de aseguramiento.
En verdad que al postulado se lo investiga por otras actividades ejecutadas en la región de influencia del Bloque Norte que correspondería conocerlas a la Sala de Justicia y Paz de Barranquilla, pero sucede, según informa la Fiscalía, que respecto de ellas ni siquiera se ha señalado audiencia para imputar cargos.
Así, la petición de libertad corresponde decidirla al funcionario judicial que ha impuesto medida de aseguramiento.
4. El conocimiento del asunto se asignará a los Magistrados de Control de Garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín.
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,
RESUELVE
Asignar a los Magistrados de Control de Garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín la competencia para resolver la petición de libertad que, por haber cumplido la pena alternativa, hace el señor Jorge Andrés Medina Torres.
Comuníquese y cúmplase.
JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ
JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO
EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ MUÑOZ
GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO
JAVIER ZAPATA ORTIZ
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria