Asistente Jurídico Inteligente
Selecciona un texto en la página o analiza el artículo completo.
Proceso n.º 31186
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
Magistrado Ponente
JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS
Aprobado acta Nº 019
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de enero de dos mil once (2011)
V I S T O S
La Sala resuelve el recurso de REPOSICIÓN formulado por el Fiscal 28 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en contra de su providencia del 4 de noviembre de 2009 por medio del cual negó la práctica de algunas de las pruebas solicitadas por aquél dentro del trámite de la acción de revisión que se surte respecto de la decisión de preclusión de la investigación adoptada por el Fiscal 18 Delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá a favor del entonces sindicado RAMIRO SUÁREZ CORZO.
ANTECEDENTES PROCESALES
1. Mediante auto del 16 de febrero de 2009, la Corte admitió la demanda de revisión instaurada por el Fiscal 28 Especializado de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario respecto del proceso dentro del cual el Fiscal 18 Delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá profirió resolución de cesación de procedimiento el 3 de marzo de 2005 a favor del investigado RAMIRO SUÁREZ CORZO, con ocasión de la actuación que se siguió en su contra dentro del radicado 1948-2 por el delito de concierto para delinquir agravado, por cuanto “en su condición de candidato a la alcaldía de la ciudad de Cúcuta y, posteriormente, como primera autoridad civil, sostuvo reuniones y comunicaciones telefónicas en varias oportunidades con miembros del grupo ilegal (Bloque Norte, Frente Fronterizo de las Autodefensas Unidas de Colombia), en las que ofreció y entregó apoyo a la organización al margen de la ley”.
2. Notificado el auto admisorio e incorporado a esta actuación el proceso cuya revisión se pide, a través de auto del 31 de marzo de 2009 se ordenó correr traslado a las partes por el término de 15 días para que formularan las solicitudes probatorias que estimaran pertinentes.
3. Durante el transcurso del lapso reseñado que venció el 11 de mayo del aludido año, se pronunciaron oportunamente el Ministerio Público, el fiscal accionante y el defensor de RAMIRO SUÁREZ CORZO, sujetos procesales quienes, a través de sendos memoriales petitorios, requirieron la práctica de pruebas. Por fuera del término legalmente previsto, el representante de la fiscalía aportó a la actuación las declaraciones rendidas ante esta Corporación por Jorge Iván Laverde Zapata, alias ‘El Iguano’, José Antonio Cote Rivera y Patricia Elcure Chacón el 28 de julio del año anterior.
4. A través de auto del 4 de noviembre de 2009, la Sala dispuso la práctica de algunas de las pruebas requeridas por los sujetos procesales y negó otras. Entre estas últimas se encuentran los ya mencionados testimonios rendidos el 28 de julio del mismo año, toda vez que la fiscalía los allegó con posterioridad al vencimiento del traslado destinado a la petición de pruebas.
5. Contra dicha determinación formuló recurso de reposición el Fiscal 28 Especializado adscrito a la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
ARGUMENTOS DEL RECURRENTE
El fiscal impugnante solicita a la Corte reconsiderar la admisibilidad de la prueba testifical mencionada, toda vez que ésta fue practicada el 28 de julio de 2009 dentro de la actuación seguida contra el congresista Ricardo Elcure Chacón de la cual no tenía conocimiento, de manera que se trata de una prueba sobreviniente en la que Laverde Zapata, alias ‘El Iguano’ relata las relaciones y compromisos entre Suárez Corzo y las autodefensas.
Así, precisa que “no se puede sacrificar un formalismo procesal por acto sustancial cual es una declaración que connota el cumplimiento del rito procesal a pesar de haber sido entregada en fecha muy distante al vencimiento del período probatorio de la acción de revisión.”
Por otra parte, hace énfasis en la pertinencia de las pruebas reseñadas y asegura que se refieren al vínculo o relación que el señor Ramiro Suárez Corzo sostuvo con las autodefensas Unidas de Colombia, así como los compromisos asumidos ante esa organización una vez asumiera el cargo de alcalde, al tiempo que confirman todas las manifestaciones que se han vertido en diferentes investigaciones y en distintos contextos de tiempo, modo y lugar.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
Ante todo, es imperioso destacar que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia es competente para resolver el recurso de reposición, toda vez que éste se dirige contra su decisión de negar la práctica de algunas pruebas en el trámite de la presente acción de revisión, determinación que es susceptible del recurso invocado.
El asunto que en esta oportunidad ocupa la atención de la Corte se contrae a determinar si existen circunstancias que ameriten disponer la práctica de las pruebas denegadas a través de la providencia recurrida por razón de su petición extemporánea.
Pues bien, dígase que el requerimiento probatorio que se formula dentro del trámite procesal –ya sea en el ordinario o bien en el curso de la acción de revisión- debe sujetarse a ciertos presupuestos: vale destacar entre ellos, que el requerimiento se realice dentro de los términos que la ley ha previsto para ese particular efecto; y para que la solicitud impetrada oportunamente tenga eficacia para satisfacer el fin que se propone el interesado, habrá de acreditarse la pertinencia, conducencia, utilidad y legalidad de aquello que se pide.
Pues bien, en el caso que ocupa la atención de la Sala, es necesario partir del presupuesto -que no niega el fiscal peticionario- que en verdad aquel formuló el requerimiento probatorio por fuera del término legalmente previsto para ello. No obstante, aduce –al efecto de revertir la negativa de la Sala sobre la inadmisión de los elementos de juicio aportados de forma extemporánea- que los aludidos testimonios fueron allegados una vez se produjeron dentro de un proceso que se surte ante esta Corporación, de suerte que se trata de una prueba sobreviniente, no conocida en el lapso durante el cual corrió el traslado para elevar las peticiones probatorias.
Dígase, entonces, que la concepción de la causal escogida por el accionante -esto es aquella referente a la aparición de prueba no conocida al tiempo de los debates (artículo 220-3 de la Ley 600 de 2000), que permite afirmar que la decisión de cuya revisión se trata contiene un ingrediente de injusticia material- supone que el hecho nuevo bien pudo haber tenido ocurrencia con posterioridad a la sentencia.
Pero, precisa la Corte, el que la causal de revisión seleccionada lleve inherente la aparición de hechos o pruebas nuevas posteriores, o bien no conocidas al tiempo del debate procesal, no significa que los elementos de juicio que se pretendan aducir a la acción de revisión puedan ser introducidos en cualquier tiempo, pues así como tiene lugar dentro del proceso ordinario, también los medios de convicción susceptibles de hacer valer dentro de la acción de revisión deben ser necesariamente aportados dentro de términos definidos: éste es precisamente uno de los límites que se imponen al derecho de aducción probatoria, el cual se constituye en una de las facetas del derecho de defensa, en el entendido de que no todo momento del proceso es idóneo para aportar la prueba, pues esa garantía procesal –así como muchas otras- no puede entenderse como si su ejercicio fuese absoluto, sino que su práctica debe estar regulada y sujeta a límites temporales.
Por lo tanto, aún en el evento en que los testimonios que el fiscal peticionario pretende se admitan en esta acción bien pudieron ser allegados inmediatamente después de su producción, y también que no fueron conocidos al tiempo del traslado para formular la práctica probatoria, de todos modos no puede perderse de vista que aún dentro de la acción de revisión, y frente a la prueba y hechos nuevos, existen precisos límites temporales para efectuar la solicitud de pruebas. De no ser así, se admitiría la introducción sin ningún límite temporal de elementos de juicio a la acción de revisión, lo cual conduciría al desquiciamiento del debido proceso que impone la fijación de límites nítidos a las etapas procesales que sirven de fundamento para la validez de las subsiguientes.
No es pues que con el razonamiento anterior la Sala avale el sacrificio de lo material ante lo procesal, tal como lo lamenta el memorialista; por el contrario, al confirmar el sentido de la decisión impugnada –como en efecto lo hará- habrá de mantener la vigencia de los fundamentos del debido proceso, garantía dentro de la cual debe entenderse la regulación de las facultades que ejercen los sujetos procesales para la obtención de sus particulares pretensiones.
Además, de lo anterior, dígase que en el curso del término probatorio, al fiscal le asistió y en verdad ejerció la oportunidad de requerir la práctica de pruebas sobre el hecho que con los elementos de juicio denegados (entre ellos, la declaración de Jorge Iván Laverde Zapata, alias el iguano) pretende acreditar, esto es, la relación de Ramiro Suárez Corzo con grupos armados al margen de la ley. Fue así como en la providencia del 4 de marzo, la Colegiatura accedió a lo pedido por el Procurador Delegado y, en consecuencia, solicitó copia de las decisiones de fondo que se hubieren emitido en el proceso adelantado por el homicidio de Alfredo Enrique Gómez Martínez, así como de las versiones que en ella existieren del mentado Jorge Iván Laverde Zapata. Así mismo, la Corporación encontró pertinente y útil allegar a esta actuación las versiones juradas e injuradas de numerosos ciudadanos, entre ellos del mismo Laverde Zapata, tal como lo requirió el Fiscal Delegado de la Unidad de Derechos Humanos y Derechos Internacional Humanitario.
De esta manera, estima la Sala, se garantiza, dentro de los límites legalmente definidos, el derecho del accionante para acceder a la prueba encaminada a satisfacer sus pretensiones.
En estas condiciones, la Sala no encuentra suficientes los argumentos del impugnante para reponer la determinación recurrida. Por lo tanto, mantendrá su negativa a la práctica probatoria requerida por aquel.
Una vez en firme la determinación reseñada, córrase el traslado común de 15 días a los sujetos procesales para que procedan conforme lo dispuesto en el artículo 225 de la Ley 600 de 2000.
En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL,
R E S U E L V E
PRIMERO: NO REPONER el auto del 4 de noviembre de 2009, en lo referente a la negación de la práctica probatoria allí dispuesta.
SEGUNDO: Conforme lo regula el artículo 190 del Código de Procedimiento Penal de 2000, contra la anterior determinación no procede recurso alguno.
TERCERO: En firme la determinación reseñada, a través de la Secretaría de la Sala córrase a los sujetos procesales el traslado de que trata el artículo 225 de la Ley 600 de 2000, para los fines allí previstos.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.
JAVIER ZAPATA ORTIZ
JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO
SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ ALFREDO GÓMEZ QUINTERO
MARIA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS AUGUSTO J. IBAÑEZ GUZMÁN
JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA
TERESA RUIZ NUÑEZ
Secretaria