Asistente Jurídico Inteligente
Selecciona un texto en la página o analiza el artículo completo.
Proceso n.º 35075
CORTE SUPREMA DE JUSTICIASALA DE CASACIÓN PENAL
Magistrado PonenteJORGE LUIS QUINTERO MILANÉS
Aprobado acta N° 361
Bogotá, D. C., cuatro (4) de noviembre de dos mil diez (2010).
VISTOS
La Sala define la competencia para continuar el trámite del juicio oral que se sigue en contra de JAIME IVÁN GONZÁLEZ VÉLEZ por la conducta punible de actos sexuales con menor de catorce años agravada, en concurso homogéneo y sucesivo, de conformidad con la petición formulada ante el Juez 12 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín por la Fiscal 27 Seccional de la misma ciudad.
HECHOS Y ANTECEDENTES PROCESALES
Según lo relató la menor A…E…J… en entrevista realizada el 5 de diciembre de 2007, a partir del mes de diciembre de 2006 y hasta abril de 2007 fue sometida a abusos sexuales por parte de JAIME IVÁN GONZÁLEZ VÉLEZ, en episodios que tuvieron lugar en sendas fincas ubicadas en los municipios de Caucasia y La Pintada (Antioquia).
Una vez librada y cumplida la orden de captura en contra de GONZÁLEZ VÉLEZ, el 18 de noviembre de 2008 -a instancias del la Fiscal 27 Seccional de Medellín- la Juez 14 Penal Municipal de la misma ciudad con Función de Control de Garantías impartió legalidad a la privación de la libertad, le imputó a JAIME IVÁN GONZÁLEZ VÉLEZ la conducta punible de actos sexuales con menor de 14 años en concurso homogéneo y sucesivo (artículo 209 del Código Penal) –imputación a la cual no se allanó- y lo afectó con medida de aseguramiento de detención preventiva en centro carcelario.
El escrito de acusación fue presentado por la fiscalía el 17 de diciembre de 2008 y el 11 de febrero de 2009 se celebró la audiencia de formulación de acusación ante el Juez 12 Penal con Funciones de Conocimiento. En ella, el funcionario judicial, tras reconocer la condición de víctima de la abuela de la menor, dio traslado a los intervinientes para que se pronunciaran sobre el cumplimiento de los requisitos legales del escrito de acusación, como también para que expresaran su opinión sobre causales de “nulidad, incompetencia o recusaciones”, sin que aquellos presentaran objeción alguna (minuto 5 + 30’’ del CD que contiene el registro sonoro de la diligencia).
En este momento de la diligencia, la Fiscal anunció que luego de formular la acusación solicitaría la conexidad de hechos (artículo 51-4 de la Ley 906 de 2004), toda vez que algunos de éstos, respecto de la misma víctima, ocurrieron en Medellín y otros en los municipios de Caucasia y La Pintada; enseguida procedió a adicionar el escrito de acusación con la enunciación de otros medios de convicción que haría valer en el juicio. Enseguida, la fiscal delegada formuló acusación en contra de JAIME IVÁN GONZÁLEZ VÉLEZ por el comportamiento punible de actos sexuales con menor de catorce años agravado (artículos 209, 211-2, en concordancia con el 31 del Código Penal), y descubrió los elementos materiales probatorios.
Cumplido lo anterior, el 17 de febrero de 2009 se llevó a cabo la audiencia preparatoria y el 19 de junio siguiente se dio inicio al juicio oral con la negativa del acusado de allanarse a los cargos y la presentación de la teoría del caso por parte de la fiscalía. La vista pública se reanudó el 3 de agosto de 2010 y continuó los días 4 y 5 del mismo mes, con la práctica probatoria. En la última de las fechas mencionadas, el funcionario judicial fijó el día 20 de septiembre para continuar con la diligencia; llegado el día y hora dispuestos, la fiscal interviniente anunció la incompetencia del juez de conocimiento, tal como enseguida se detalla.
Manifestación de incompetencia.
En la sesión del juicio oral que tuvo lugar el pasado 20 de septiembre, dentro de la cual se encuentra avanzada la práctica probatoria, la Fiscal 27 Seccional de Medellín expresó que por cuanto los hechos tuvieron lugar en los municipios de La Pintada y Caucasia, el juez de conocimiento de Medellín no es el competente para conocer del juicio, lo cual generaría una nulidad. Por lo anterior, le pidió al funcionario judicial que remitiera la actuación al tribunal competente, a fin de que se pronunciara sobre la nulidad que se avizora en la actuación.
El juez de conocimiento admitió la posibilidad de no ser el territorialmente competente para continuar con el trámite del proceso y anunció la eventualidad de proponer ‘colisión de competencia’ ante los jueces del territorio donde ocurrieron los hechos, dado lo traumático que resultaría terminar el proceso con el vicio anunciado por la fiscalía.
Así las cosas, el Juez 12 Penal del Circuito de Conocimiento de Medellín dispuso no continuar con la audiencia y, a través de auto del 21 de septiembre, resolvió remitir la actuación con destino a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia “para que proceda a resolver lo relativo a la definición de competencia, conforme lo consagra el artículo32-4 del C. de P.P.”
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en atención a lo normado en el artículo 32-4 de la Ley 906 de 2004, en asocio con el 54 del mismo estatuto, es competente para definir la competencia cuando –entre otros casos allí previstos- se trata de dirimir la competencia entre juzgados pertenecientes a diferentes distritos judiciales.
Tal es el caso que aquí se presenta, en la medida en que el despacho que viene conociendo de esta actuación –el Juzgado 12 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento- pertenece al Distrito de Medellín, mientras que sus homólogos de Caucasia y La Pintada integran el Distrito Judicial de Antioquia, corporaciones de las cuales la Corte es superior jerárquico común.
2. De manera reiterada, la Sala ha precisado1 que la intención del legislador al consagrar la figura de la definición de competencia fue la de crear un mecanismo ágil y expedito que permitiera al superior funcional, en caso de incertidumbre frente a este presupuesto procesal, dilucidar a cuál funcionario judicial debe asignársele la competencia, reduciendo significativamente el trámite en términos de pasos y tiempo, frente al anterior instituto de la colisión de competencia, previsto en la Ley 600 de 2000.
3. En lo referente al objeto de esta decisión, es necesario precisar que la petición de la fiscalía formulada dentro de la sesión de la audiencia pública que se celebró el 20 de septiembre de 2010 consistió en la nulidad, supuestamente originada en la incompetencia territorial del Juez 12 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín.
No obstante lo anterior, el aludido funcionario judicial dio curso al trámite de la definición de competencia, con el fin de que sea esta Colegiatura la que resuelva cuál es el juez que habrá de continuar con el curso de la vista pública.
Pues bien, para la Sala fue acertada la decisión del juez de tramitar la petición de la fiscal como una definición de competencia y no como una nulidad, pues la invalidez pregonada por la interviniente tendría vocación de concretarse solamente como consecuencia del cambio del funcionario de conocimiento en virtud de la posible incompetencia territorial, pues en tal caso se desconocería el principio orientador de la inmediación en la práctica de la prueba, cardinal del proceso acusatorio.
4. No obstante, desde ya la Corporación anticipa su postura en el sentido de que la competencia para continuar con el trámite del proceso se mantendrá en el Juzgado 12 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín.
La conclusión anunciada se sustenta en que en este caso opera la prórroga de competencia en el funcionario que viene conociendo de la actuación, dado que en la audiencia de formulación de acusación el juez no manifestó su incompetencia ni los intervinientes la alegaron; tampoco en este caso la incompetencia que se pregona proviene del factor subjetivo (procesado aforado) ni involucra a un funcionario de superior jerarquía.
La solución que impartirá la Sala encuentra apoyo en los artículos 54 y 55 de la Ley 906 de 2004, concordantes con el 339 del mismo estatuto, cuyo contenido literal se cita enseguida:
“ ARTÍCULO 54. TRÁMITE [de la definición de competencia]. Cuando el juez ante el cual se haya presentado la acusación manifieste su incompetencia, así lo hará saber a las partes en la misma audiencia y remitirá el asunto inmediatamente al funcionario que deba definirla, quien en el término improrrogable de tres (3) días decidirá de plano. Igual procedimiento se aplicará cuando se trate de lo previsto en el artículo 286 de este código y cuando la incompetencia la proponga la defensa.
ARTÍCULO 55. PRÓRROGA. Se entiende prorrogada la competencia si no se manifiesta o alega la incompetencia en la oportunidad indicada en el artículo anterior, salvo que esta devenga del factor subjetivo o esté radicada en funcionario de superior jerarquía.
En estos eventos el juez, de oficio o a solicitud del fiscal o de la defensa, de encontrar la causal de incompetencia sobreviniente en audiencia preparatoria o de juicio oral, remitirá el asunto ante el funcionario que deba definir la competencia, para que este, en el término de tres (3) días, adopte de plano las decisiones a que hubiere lugar.
PARÁGRAFO. Para los efectos indicados en este artículo se entenderá que el juez penal de circuito especializado es de superior jerarquía respecto del juez de circuito.
ARTÍCULO 339. TRÁMITE [de la audiencia de formulación de acusación]. Abierta por el juez la audiencia, ordenará el traslado del escrito de acusación a las demás partes; concederá la palabra a la Fiscalía, Ministerio Público y defensa para que expresen oralmente las causales de incompetencia, impedimentos, recusaciones, nulidades, si las hubiere, y las observaciones sobre el escrito de acusación, si no reúne los requisitos establecidos en el artículo 337, para que el fiscal lo aclare, adicione o corrija de inmediato.
Resuelto lo anterior concederá la palabra al fiscal para que formule la correspondiente acusación.
El juez deberá presidir toda la audiencia y se requerirá para su validez la presencia del fiscal, del abogado defensor y del acusado privado de la libertad, a menos que no desee hacerlo o sea renuente a su traslado.
También podrán concurrir el acusado no privado de la libertad y los demás intervinientes sin que su ausencia afecte la validez” (la Sala subraya los apartes relevantes).
Se desprende de la interpretación conjunta de las normas reseñadas que es en la audiencia de formulación de acusación donde al juez de conocimiento le asiste la oportunidad para advertir su incompetencia y a las partes alegarla (artículo 339). Si así lo hicieren, el funcionario habrá de remitir la actuación con destino a quien deba definirla, conforme el trámite señalado en el artículo 54.
Pero si la oportunidad procesal aludida cursa sin que los intervinientes hagan manifestación alguna respecto de la competencia del juez, ésta se entenderá prorrogada, solución que solamente tiene dos excepciones bien lógicas: cuando la incompetencia provenga del factor subjetivo (es decir, cuando el investigado goce de fuero), o bien cuando la competencia le corresponda a un funcionario de mayor jerarquía. Si alguna de estas dos hipótesis llegare a sobrevenir, entonces no opera la figura de prórroga de la competencia, sino que será necesario dar trámite al incidente de definición de competencia, lo cual puede tener lugar, según lo especifica el artículo 55, en la audiencia preparatoria, o bien en la del juicio oral.
Lo anterior encuentra su razón de ser precisamente en que la audiencia de formulación de acusación –más exactamente cuando el juez de conocimiento les corre traslado a los intervinientes para que se pronuncien sobre causales de incompetencia, impedimentos, recusaciones, nulidades y los requisitos del escrito de acusación- es la oportunidad destinada para purgar y poner remedio a las irregularidades procesales existentes, para que así el juicio se inicie libre de anomalías.
Ahora bien, nada obsta, como bien lo advirtió el Juez 12 Penal del Circuito de Medellín al dar inicio a la vista pública, para decretar las nulidades sobrevinientes en etapas posteriores; pero en lo que atañe a la competencia del funcionario judicial, se tiene que la oportunidad para cuestionarla es la audiencia de formulación de acusación. Y si allí no se hiciere, la competencia ha de entenderse prorrogada, salvo en los dos casos ya detallados.
De manera que –insiste la Corte- solamente cuando concurre alguna de las dos hipótesis legalmente consagradas que impiden prorrogar la competencia (dentro de las cuales no está previsto el factor territorial) es que procede -en la audiencia preliminar o, como en este caso, en la vista pública- la modificación de la competencia.
5. En el caso que ocupa la atención de la Colegiatura, surge nítido que en la audiencia de formulación de acusación ni el juez de conocimiento advirtió, como tampoco lo alegaron los intervinientes, motivo alguno de incompetencia, pues así se extrae del registro sonoro que se transcribió en el acápite de antecedentes procesales relevantes.
Es cierto, sí, que la fiscalía anunció que en una etapa posterior del acto público –una vez formulara la acusación- solicitaría la conexidad de hechos, dado que algunos habían ocurrido en Medellín y otros más en los municipios de La Pintada y Caucasia.
Pero también resulta evidente, tras revisar registro de la diligencia, que dicha pretensión nunca se concretó; más aún, véase que la pretensión de la fiscalía –que, se reitera, no concretó- era la de que se decretara la conexidad procesal, lo cual sólo tendría sentido con el fin de obviar los inconvenientes procesales derivados de juzgar en Medellín hechos ocurridos en otros municipios.
Así las cosas, únicamente le está dado a la fiscalía denunciar en este estado procesal la incompetencia del juez que ha venido conociendo el presente asunto sobre la base de que ésta provenga del factor subjetivo, o bien si la competencia recae en un servidor judicial de mayor jerarquía, hipótesis que a las claras aquí no se configuran.
Por lo tanto, comoquiera la oportunidad legal para proponer la incompetencia del funcionario judicial transcurrió sin objeción alguna de parte de la fiscalía y la incompetencia que se reclama se deriva del factor territorial y no del subjetivo, ni involucra jueces de mayor jerarquía, entonces el Juez 12 Penal del Circuito del Medellín con Funciones de Conocimiento es el competente para continuar y llevar hasta su fin el trámite de este proceso en su primera instancia.
Dicha solución, naturalmente, impide que se configure la nulidad que en su momento sugirió la fiscal, en consideración a que, por una parte, el principio de inmediación no se ve afectado y, por la otra, en este momento de la actuación –una vez más- ya no es procedente cuestionamiento alguno contra la incompetencia territorial.
Cuestión final.
Por último, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia debe llamar la atención de manera vehemente a los intervinientes para que en este proceso que se adelanta por hechos de especial sensibilidad, y en perjuicio de un individuo que goza de especial protección desde la Constitución Política, no se haga nugatorio el principio de celeridad, no solamente en beneficio del procesado, sino también de las víctimas, quienes por lo dilatado de este trámite se ven enfrentadas a los indeseables efectos de la revictimización.
Por lo tanto, esta Corporación les reitera a los intervinientes los deberes que consagra el artículo 140 de la Ley 906 de 2004, en especial el que les impone actuar con lealtad, asistir cumplidamente a las citaciones judiciales y abstenerse de incurrir en maniobras dilatorias e inconducentes, naturalmente sin perjuicio del legítimo ejercicio del derecho a la defensa de sus pretensiones.
En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL,
R E S U E L V E
DECLARAR que la competencia para continuar y culminar en primera instancia la actuación que se sigue contra JAIME IVÁN GONZÁLEZ VÉLEZ se mantiene en el Juez 12 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín, despacho al que regresarán las diligencias.
Contra esta providencia no procede ningún recurso.
Cópiese y cúmplase.
MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS
COMISIÓN DE SERVICIO
JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ
COMISIÓN DE SERVICIO
ALFREDO GÓMEZ QUINTERO AUGUSTO J. IBÁÑEZ GUZMÁN
PERMISO
JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA
JAVIER ZAPATA ORTIZ
TERESA RUIZ NÚÑEZ
Secretaria
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto del 29 de enero de 2009, radicación No. 31141