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Proceso n.° 33454
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
Magistrado Ponente:
YESID RAMÍREZ BASTIDAS
Aprobado Acta N° 134
Bogotá, D. C., mayo cuatro (4) de dos mil diez (2010).
VISTOS:
Resuelve la Sala el recurso de casación interpuesto por el defensor de Patricia del Socorro Giraldo Castaño contra la sentencia proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué, por medio de la cual la condenó, junto con otras personas, como coautora responsable del delito de rebelión.
HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL:
1. Mediante denuncia presentada por Omaira Hernández Aguilar e informes de policía judicial se enteró a la Fiscalía General de la Nación que Patricia del Socorro Giraldo Castaño y otras personas colaboraban con una facción del grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), haciendo parte de las milicias que tienen como centro de operaciones el Departamento del Tolima.
De la procesada se dijo que aprovechando su calidad de Promotora de Salud del Corregimiento San Juan de la China, ubicado en jurisdicción del Municipio de Ibagué, colaboraba con el Frente Tulio Varón suministrándoles fármacos, prestándoles los primeros auxilios a guerrilleros heridos, inscribiendo a los miembros del grupo en el Sisbén, transportando armas y municiones y custodiando tales materiales en el centro de salud.
2. Luego de ejecutado el procedimiento de “capturas masivas”1, Patricia del Socorro Giraldo Castaño fue indagada el 7 de septiembre de 2004 y al momento de resolvérsele la situación jurídica por parte de la Fiscalía Dieciséis Seccional de Ibagué, el 23 del mismo mes y año, le fue impuesta medida de aseguramiento de detención preventiva como posible coautora responsable del delito de rebelión, soportándose la decisión en las declaraciones de José Otoniel González Pinzón, Olga Lucía Quintín Quintero, Maximino Rivera Loaiza y Edwin Guillermo Zamora Hernández. La medida cautelar se suspendió por el avanzado estado de embarazo de la procesada2 y una solicitud de revocatoria presentada contra la misma fue negada3.
3. Cumplido el ciclo instructivo y cerrada la investigación, el 8 de marzo de 2005 la Fiscalía Dieciséis Seccional de Ibagué profirió en contra de la procesada resolución acusatoria como coautora del delito de rebelión, decisión contra la cual se presentaron los recursos de reposición y apelación.
4. El 11 de abril de 2005 se desató el recurso de reposición disponiéndose a favor de varios procesados la preclusión de la investigación4 y confirmándose el pliego de cargos respecto de los demás.
5. El recurso de apelación correspondió resolverlo al Fiscal Cuarto Delegado ante el Tribunal Superior de Ibagué, quien en resolución de 31 de mayo de 2005 confirmó la acusación contra Patricia del Socorro Giraldo Castaño y otros procesados, amén de declarar una nulidad parcial respecto de Ernesto Nieto y ordenar la preclusión de la investigación a favor de José Román Nieto Ospitia.
6. El juicio contra Patricia del Socorro Giraldo Castaño, Ramiro lozano Rubio, Gildardo Medina Sánchez, José Hover Lozano Rubio, Myriam Lozano Rubio, César Antonio Flórez Orozco y Guillermo Suárez Villalba, correspondió tramitarlo al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ibagué y, el 19 de diciembre de 2005, una vez cumplidas las audiencias preparatoria y de juzgamiento, condenó a Ramiro lozano Rubio, José Hover Lozano Rubio y Guillermo Suárez Villalba como autores responsable del delito de rebelión y absolvió a Patricia del Socorro Giraldo Castaño, César Antonio Flórez Orozco, Gildardo Medina Sánchez y Myriam Lozano Rubio.
7. Respecto de la procesada Patricia del Socorro Giraldo Castaño el a quo señaló que las declaraciones de José Otoniel González Giraldo Pinzón, Olga Lucía Quintín Vaquero y Edwin Guillermo Zamora Hernández, no permitían obtener certeza sobre la responsabilidad de la acusada, resultando su situación similar a lo ocurrido con Magda Mayerly Ospitia Montoya, Corregidora de San Juan de la China, de modo que la colaboración prestada al grupo guerrillero no fue voluntaria, apareciendo sí demostrada en el proceso la causal excluyente de responsabilidad prevista en el artículo 32-8 del Código Penal5.
8. La decisión del juzgador de primera instancia fue apelada por la defensa de los condenados en busca de su absolución y por la fiscalía con el propósito de obtener la condena de Patricia del Socorro Giraldo Castaño y Gildardo Medina Sánchez.
9. El Tribunal Superior de Ibagué, a través del fallo recurrido en casación, expedido el 8 de septiembre de 2009, revocó la absolución de Patricia del Socorro Giraldo Castaño y la condenó a las penas de 72 meses de prisión y multa de 100 salarios mínimos legales mensuales, al considerarla coautora del delito de rebelión. En lo demás se confirmó lo resuelto por el juzgado.
El ad quem desestimó los argumentos del juez de primera instancia y consideró que la prueba aportada al proceso6 era suficiente para demostrar la responsabilidad de la procesada y descartar la causal eximente de responsabilidad aducida7.
10. El defensor de la procesada presentó recurso de casación contra el fallo de segunda instancia, el que fe concedido por el Tribunal y en término presentada la correspondiente demanda, razón por la cual el asunto fue remitido a esta Corporación.
LA DEMANDA:
Primer cargo: Con base en la causal tercera se acusó la sentencia de haber sido proferida en un juicio viciado por violación del derecho de defensa.
Afirmó el defensor que no tuvo ninguna oportunidad de interrogar a los testigos de cargos porque los mismos nunca comparecieron a ampliar sus versiones, lo que ocurrió porque premeditadamente esquivaron el contrainterrogatorio.
Por lo anterior consideró que la irregularidad afecta la actuación desde la etapa instructiva, razón por la que pidió que se anule el proceso desde el cierre de investigación.
Segundo cargo: Alegó la causal primera al presentarse una violación indirecta de la ley sustancial por error de hecho derivado de falso raciocinio.
Señaló que las declaraciones que sirvieron de soporte al fallo de condena fueron vertidas por reinsertados o desmovilizados, quienes comparecieron al proceso movidos por dádivas, coerción y beneficios jurídicos y económicos. Agregó que tales testimonios fueron recepcionados previa preparación de los deponentes por parte de servidores adscritos a organismos de seguridad del Estado.
Cuestionó que el Tribunal le haya dado credibilidad a Omaira Hernández Aguilar, cuando la misma reconoció trabajar como informante de la Policía Nacional, lo que rompe el argumento de naturalidad y espontaneidad de su exposición.
Señaló que el ad quem omitió valorar las retractaciones de los testigos que hicieron parte de la subversión y que ahora trabajan en organismos de inteligencia estatal.
Controvirtió lo referente a José Otoniel González Pinzón porque a pesar de reclamarse como exguerrillero, en realidad nunca lo fue, como lo reconoció la Fiscalía.
Destacó la incoherencia de los testigos acusadores porque ni siquiera se pusieron de acuerdo en el nombre del guerrillero que supuestamente era el amante de la procesada. Resaltó que a pesar del papel relevante que le dan a la actuación a favor de las FARC de Patricia del Socorro Giraldo Castaño, ni siquiera la mencionaron los acusadores en sus primeras declaraciones sino que la refirieron en exposiciones posteriores.
Resaltó que los testigos que ponderaron el buen comportamiento familiar y social de la acusada, la existencia de una relación con una pareja permanente y estable, así como su alarma por la sindicación que se le hizo, como ocurrió con el Párroco de San Juan de la China y una funcionaria de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, fueron tachados de interesados y de poca credibilidad sin ningún sustento.
Concluyó que la desatención de las reglas de la sana crítica llevó a que el Tribunal inobservara la existencia de un complot entre autoridades y reinsertados de las FARC, lo que impidió aplicar el artículo 238 del Código de Procedimiento Penal y la consiguiente sentencia absolutoria a favor de la procesada.
Tercer cargo: Con base en la causal primera de casación adujo una violación indirecta de la ley sustancial por falta de aplicación de la regla que impone absolver las dudas en favor del acusado.
Señaló que las pruebas aportadas al proceso no tienen la fuerza necesaria para soportar la sentencia de condena decretada, porque de las mismas lo único que surge es incertidumbre sobre la responsabilidad de Patricia del Socorro Giraldo Castaño.
Argumentó que en asuntos como el presente, en el que aparecen testimonios sospechosos, se debe reconocer la existencia del principio referido al in dubio pro reo.
Concluyó reclamando que se case la sentencia y se absuelva la acusada.
CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO:
Luego de que la Sala declarara la demanda ajustada en sus aspectos formales8 el Procurador Primero Delegado para la Casación Penal rindió concepto9, así:
Cargo primero: Señaló que no le asiste razón al libelista porque, si bien el principio de contradicción es un elemento integral del derecho de defensa, no se limita a la posibilidad de contrainterrogar a los testigos en tanto los mismos pueden ser rebatidos mediante otras pruebas.
Recordó que en la sistemática procesal de 2000 la apreciación probatoria se rige por el principio de permanencia, de donde se tiene que si un sujeto procesal no participó en la recolección de la misma y posteriormente no es posible que se reciba de nuevo o se amplíe, se establece la posibilidad de desvirtuarla con nuevas pruebas y su crítica en los espacios previos a la adopción de las decisiones de fondo.
Cargo segundo: Expresó que no podía prosperar el cargo porque el censor se limitó a exponer su particular punto de vista sin demostrar los postulados de la sana crítica vulnerados.
Señaló que no se demostró que los testimonios de cargo hubiesen sido manipulados, y que la posible relación sentimental entre un policial que coordinó las actividades investigativas y la fiscal del caso, no se ata a elemento de juicio alguno dirigido a vincular procesalmente de manera injusta a Patricia del Socorro Giraldo Castaño.
Resaltó que las alegadas malas relaciones entre la testigo Olga Lucía Quintín Quintero y la procesada no aparecen demostradas porque de ello solamente hizo alusión esta última.
En referencia a que la acusada tenía varios amantes destaca que solamente Olga Lucía Quintín Quintero hizo mención a “Míller”, sin que aparezcan otras versiones en el proceso como lo señala el demandante.
Dijo que el Tribunal acertó al considerar probada la participación delictiva de Patricia del Socorro Giraldo Castaño en el delito de rebelión porque los testigos fueron concordantes cuando le atribuyeron la ejecución de unas actividades específicas por cuenta de la guerrilla, como tramitar el Sisbén o prestar asistencia sanitaria a sus integrantes, comprarles medicinas y entregarles información relevante para el accionar subversivo.
Tercer cargo: Consideró que el reproche erigido en la falta de aplicación de la regla que ordena resolver a favor del sindicado toda duda tampoco debe prosperar, porque carece de sustento al no ser precisados y discutidos los elementos probatorios objeto de equivocada apreciación probatoria.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE:
1. Primer cargo: El censor expresó que se había vulnerado el derecho de defensa al impedirse en el curso del proceso que se interrogara por parte de la defensa a los testigos de cargo.
1.1. La Sala observa que los principales testigos de cargo fueron recogidos en la indagación preliminar, momento procesal en el que, bien se sabe, se pretende establecer la existencia del delito y los posibles responsables, razón que ontológicamente impide la presencia de la defensa en tanto no se ha determinado quiénes son los eventuales responsables del punible que se investiga.
1.2. Es cierto que el principio de contradicción adquiere plenitud en materia de testigos y lo ideal -en aras de la más fina protección material y técnica del derecho de defensa- sería que en todo caso se tuviera certeza de poder contrainterrogarlos personal y directamente, por parte del imputado y su defensor, pero dicho anhelo choca en veces con la realidad, que enseña muchas excepciones, como cuando el testigo fallece, enferma, desaparece, cambia de lugar de residencia o se halla en el extranjero o por cualquier razón le es imposible asistir al debate directo y personal10.
1.3. Además, como lo recordó el Agente del Ministerio Público, la jurisprudencia ha precisado que el ejercicio del derecho de contradicción no se funda exclusivamente en la posibilidad de contrainterrogar, su espectro es mucho más amplio, por cuanto incluye presentar otros medios en oposición a los esgrimidos en contra, impugnar las decisiones que valoran los elementos de juicio, entre otras opciones, que también comportan el cabal ejercicio del contradictorio, posibilidades que fueron exploradas por la parte defensiva en este caso11.
1.4. En el presente asunto resulta evidente que la defensa de manera diligente solicitó pruebas, interrogó testigos, elaboró alegaciones en cada momento procesal y en general intervino a favor de la procesada, lo que permite concluir que ejerció cabalmente el derecho de defensa e hizo manifiesto el principio de contradicción que le es propio.
El cargo no prospera.
2. Segundo cargo: Este reparo se contrae a considerar que el ad quem incurrió en una violación indirecta de la ley por error de hecho por falso raciocinio, modalidad de dislate que se estructura cuando una prueba legal y regularmente allegada a la actuación -pese a ser apreciada por el fallador en su exacta dimensión fáctica-, al asignarle el mérito persuasivo transgrede los postulados de la lógica, las leyes de la ciencia o las reglas de la experiencia.
2.1. El error por desconocimiento de las reglas de la sana crítica propuesto por el libelista, como atinadamente lo describió el Procurador Delegado, quedó limitado a una exposición sobre el particular punto de vista del postulante del cargo y su confrontación con las valoraciones del juez colegiado de segundo grado.
2.2. Omitió el demandante establecer las reglas de la experiencia, de la lógica o de la ciencia que se pudieron vulnerar o desconocer en cada uno de los reproches que elaboró respecto de cuestiones apenas comentadas o aludidas de manera accidental en el proceso, como la posible relación sentimental de un investigador con la fiscal acusadora, las disputas entre testigos de cargos y la procesada, o las afirmaciones sobre los amantes de esta.
2.3. Para acreditar la existencia de un falso raciocinio, lo ha dicho de manera reiterada la jurisprudencia de la Sala, era menester que el libelista demostrara que los razonamientos probatorios con fundamento en los cuales se edificó la decisión se apartan ostensiblemente de la razón y sus conclusiones obedecen tan solo al capricho o liberalidad del fallador, de donde resulta imposible hablar de falso raciocinio cuando simplemente se presenta una apreciación probatoria que no se comparte12.
El cargo se desestima.
3. Tercer cargo: Está soportado en la inaplicación del principio procesal que obliga a absolver cuando existen dudas sobre la responsabilidad del procesado.
3.1. Contrariamente a lo expuesto y concluido por el Delegado de la Procuraduría, el demandante en el reproche denunciado con fundamento en la causal primera de casación, cuerpo segundo, aun cuando no observó un lenguaje ortodoxo para identificar los vicios, depurada su argumentación de algunas imprecisiones, alcanza a articular la proposición de errores típicos de aquella senda de violación13.
3.2. El estudio que sigue se concentrará en (i) establecer los hechos demostrados, (ii) resaltar lo expresado por el ad quem, enseguida se procederá a (iii) analizar y valorar las pruebas cuestionadas para fijar lo que se deriva de ellas, consideradas en su conjunto y en forma particular, e inmediatamente (iv) se determinará la existencia de la duda probatoria alegada.
3.3. Para determinar la procedencia del cargo se tendrá en cuenta la prueba aportada al proceso, la que a juicio de la Sala permite afirmar que en el sub examine están demostrados sin discusión los siguientes hechos:
(i). En el corregimiento de San Juan de la China, jurisdicción del municipio de Ibagué, Tolima, desde mediados de los años noventa empezaron a hacer presencia hombres armados que se identificaron como miembros de las FARC-EP14.
(ii). Los hombres armados precisaron a la comunidad de San Juan de la China y se conoció por las autoridades que hacían parte de las columnas guerrilleras Tulio Varón, Jacobo Prías Álape y Frente XXI15.
(iii). Todos los miembros de la agrupación ilegal se denominan guerrilleros, pero propiamente dichos son guerrilleros quienes se encuentran conviviendo en campamentos y exhiben uniformes policiales o militares y armas, los que les permiten ser reconocidos por las comunidades en donde ejercen influencia; y otros miembros del grupo armado ilegal que actúan en la clandestinidad son los milicianos y los afiliados del PC3, encargados de prestar una colaboración esencial en cuestiones de logística e inteligencia al grupo rebelde y del desarrollo político del aparato de poder; y un tercer grupo es el de los auxiliadores, responsables de labores más accesorias y menos esenciales en los propósitos del grupo irregular16.
(iv). La Estación de Policía instalada en San Juan de la China fue atacada y con motivo de ello retirada la presencia permanente que la Policía Nacional tenía en la zona17.
(v). La estancia de los irregulares y la realización constante de actividades por parte de los mismos, su “domiciliación” permanente y el control e imposición de sus reglas de convivencia, llevó a que los vecinos de San Juan de China aceptaran con resignación que vivían en un área calificada como “zona roja”18.
(vi). La presente investigación se inició con base en la denuncia formulada por Omaira Hernández Aguilar y los informes rendidos por diferentes autoridades, los cuales fueron producto de labores de inteligencia e investigativas que incluyeron entrevistas a desertores o desmovilizados del grupo irregular y a algunas de sus víctimas19. La declaración de la citada Omaira fue recibida el 7 de noviembre de 2002 y en el curso de ella no hizo mención alguna a Patricia del Socorro Giraldo Castaño20.
(vii). La primera noticia procesal que existe sobre una persona llamada Patricia Giraldo como miliciana y promotora de salud la da José Otoniel González Pinzón el 23 de abril de 200421. Posteriormente se habla de Patricia N. como enfermera vinculada al grupo ilegal con la función de atender a los compañeros heridos. El desmovilizado Jhonys José Elles Imitola dijo:
Distinguí a PATRICIA es combatiente de base, es la enfermera del TULIO VARÓN, ella es acuerpadita, blanquita, cabello indio, como de 1.64 de estatura, tenía 19 años de edad22,
y Maximino Rivera Loaiza, quien la describe con rasgos similares a los que narraron González Pinzón y Olga Lucía, dice que ella es la Corregidora23.
(viii). El GAULA informó que existía una tal Magnory que se desempeñaba como enfermera de la guerrilla24. Y el CTI señaló que Magnory Lozano Oviedo era la encargada de atender a los guerrilleros heridos25.
(ix). El informe policial 176, de 26 de marzo de 2004, sustentado en estudios de inteligencia hace una extensa relación de supuestos colaboradores de la guerrilla de las FARC.
(x). Las declaraciones de José Otoniel González Pinzón, Omaira Giraldo Pinzón y Olga Lucía Quintín Vaquero, son las únicas aportadas al proceso que dan cuenta de la colaboración de Patricia del Socorro Giraldo Castaño con el grupo armado ilegal FARC y que fueron tomadas como sustento del fallo de condena26.
(x).a-. Se cuestiona que los declarantes José Otoniel González Pinzón y Edwin Guillermo Zamora Hernández, hayan sido en alguna época guerrilleros. Su calidad de desertores o desmovilizados de las FARC o de desplazados27 queda en entredicho por la mismas autoridades al certificar que tales personas no figuran en sus listas de guerrilleros, desmovilizados, desertores o informantes28.
(x).b-. Olga Lucía Quintín Vaquero afirmó que Patricia del Socorro Giraldo Castaño era la mujer de alias “Míller”, jefe de finanzas de la columna guerrillera Tulio Varón29, en tanto su compañero José Otoniel González Pinzón informó que la procesada andaba con alias “Gerardo”30.
(x).c.- De José Otoniel González Pinzón y Olga Lucía Quintín Vaquero se dijo que eran unos vividores, ladrones profesionales, malas pagas31, que trabajaron en la región como partijeros, que utilizaron la guerrilla para coaccionar a ciudadanos de la región y que nunca se les conoció un vínculo con el grupo armado ilegal32. También se informó que estuvieron en la región hasta mitad del año 2003, que Olga Lucía dijo que habían matado a José Otoniel, luego de lo cual se desaparecieron33.
(x).d-. Mediante oficio de 10 de diciembre de 2004 la Policía Nacional con sede en Ibagué certificó que Olga Lucía Quintín Vaquero y Leticia Alejandra Ortiz Hernández no aparecían registradas en las bases de datos como colaboradoras contra los grupos subversivos34, lo que fue corroborado por las autoridades policiales de Manizales35 y Armenia36.
(xi). Los otrora levantados en armas y ahora desmovilizados Luis Alfonso Naranjo Castellanos, Jhonys José Elles Imitola, William Lombana Castillo, Leyer García Murillo, Arley García Murillo, José Ferney Gómez Villamil, así como las presuntas víctimas Leticia Alejandra Ortiz Hernández, Jorge Saúl Santos Salamanca y Margie Nataly Ampudia Suárez, no mencionaron en sus declaraciones ni vincularon con grupos ilegales a Patricia del Socorro Giraldo Castaño, a pesar de haber manifestado que sus actividades ilegales y legales las desplegaron en San Juan de la China37.
(xii). Las declaraciones de los testigos de cargo fueron generales e imprecisas en la primera oportunidad que se les recibió. Posteriormente ampliaron y entraron en detalles sobre los nombres completos de las personas que colaboraban con el grupo armado ilegal e inclusive de memoria entregaron datos sobre las placas de vehículos utilizados para el efecto38.
(xiii). Leticia Alejandra Ortiz Hernández contó que Omaira Hernández Aguilar, su progenitora, mantiene relaciones amorosas con un investigador policial de apellido Normaza. Agregó en su declaración que dicho agente de la autoridad le manifestó
que tenía que declarar contra todos ellos (refiriéndose a los procesados de San Juan de la China) y me dijo que si no los conocía que el me decía los nombres y que los metiera en la declaración39.
(xiv). Dijo el desmovilizado Luis Alfonso Naranjo Castellanos, alias “Edwin” y apodado Chiquitín, que “a uno de guerrillero raso no lo dejan” tener contacto con los milicianos40, y a pesar de mencionar a varias personas como colaboradoras de la guerrilla no hizo cita alguna de Patricia del Socorro Giraldo Castaño 41. Respecto de la obtención de medicamentos contó que los compraban en las farmacias de Luis Moreno42.
(xv). Martha Cecilia Rozo, Blanca Janeth González, Diana Rocío Cardona, Myriam Aminta Garzón y Giovanny Moreno, expresaron que la procesada era una persona dedicada a servir a la comunidad, que no le conocían vínculo alguno con grupos irregulares y que tenía un hogar que compartía con su compañero permanente Jorge Albeiro Osorio Castillo43, datos que son corroborados en términos generales por agricultores, ganaderos, comerciantes, conductores, profesores y vecinos de San Juan de la China44.
(xvi). La procesada narró en su indagatoria que Olga Lucía Quintín Vaquero maltrataba a uno de sus hijos menores y que por ello le hizo un llamado de atención para que mejorara su conducta porque de lo contrario la reportaría al Bienestar Familiar, hecho que fue corroborado con las declaraciones de Martha Cecilia Rozo Alba45, Blanca Yaneth González46 y Óscar José Millán Silva47.
(xvii). Los informantes o desmovilizados Edwin Guillermo Zamora Hernández48, Leyer García Murillo49 y Arley García Murillo50, se retractaron de sus afirmaciones iniciales y terminaron afirmando que respecto de sus acusaciones iniciales realmente no les constaba nada, y aclararon que las personas señaladas como colaboradores de la guerrilla en realidad también eran víctimas del conflicto, que los procesados habían sido señalados como colaboradores de la guerrilla por el simple hecho de vivir en su zona de influencia.
3.4. El Tribunal consideró que Patricia del Socorro Giraldo Castaño prestaba una colaboración voluntaria a la guerrilla y por tanto no existió la denomina insuperable coacción ajena. Y señaló:
Nótese que José Otoniel González Pinzón -fl. 91 cdno. 2, Omaira Hernández Aguilar -fl. 110 cdno. 2- y Olga Lucía Quintín Baquero -fl. 116 cdno. 2-, incriminan a Patricia del Socorro Giraldo Castaño, a quien conocen como la promotora de salud de San Juan de la China y como colaboradora de la guerrilla, señalando que se ocupaba de tramitar el SISBEN a guerrilleros, de prestarles asistencia en salud a quienes lo requieran, como igualmente de atender a sus heridos en combate. Destaca José Otoniel González Pinzón: “ella en asuntos de medicinas las compra aquí en Ibagué porque se le facilita, lo mismo con los secuestros, ella utiliza las visitas que hace a las casas y la información que recibe la pasa a los campamentos, se trata con WALTER, con JHON JAIRO, con la MOROCHA y RICARDO cuando estaban vivos, de aquí de Ibagué les ha entrado armamento y municiones…”.
Igualmente enfatiza Olga Lucía Quintín Baquero, recuerda “…ella anda con la guerrilla para arriba y para abajo, ella era la mujer de MILLER el FINANCIERO del Tulio Varón. Esta vieja hace inteligencia acá en Ibagué, como trabaja en el SISBEN se le facilita, en el centro de salud se queda la guerrilla, desde que no haya tropa…”.
Deviene contundente el señalamiento que estos testigos hacen de Patricia del Socorro Giraldo como asidua colaboradora del grupo subversivo refiriendo de manera categórica y circunstanciada su rol dentro de esta organización, dando cuenta de que su actuación resultaba protagónica dentro de las escenas descritas, por lo que contrario a lo aducido por el a quo, su responsabilidad en el delito no tiene duda51.
3.5. Los razonamientos anteriores producidos por el juez colegiado no tuvieron en cuenta la serie de cuestionamientos e incertidumbres que generan las declaraciones y posteriores ampliaciones de testimonio rendidas por José Otoniel González Pinzón, Omaira Hernández Aguilar y Olga Lucía Quintín Baquero, confrontadas entre sí y frente al resto de pruebas acopiadas en la instrucción por la Fiscalía y en el juicio ante el a quo.
(i). No se explica, y seguramente por ello no se hace mención, que la denunciante Omaira Hernández Aguilar no aludió en su denuncia, de 7 de noviembre de 2002, a Patricia del Socorro Giraldo Castaño, y que fue en posteriores diligencias que con asombrosa capacidad de evocación -por lo poco creíble- la vincula con el grupo armado ilegal.
Y no se puede decir que en esa primera oportunidad no hubo motivo o razón para hacer referencia a la procesada porque cuando se refirió a las afiliaciones de guerrilleros al Sisbén, informó que de ello se encargaban Luis N. y Alfonso Suárez. Fue en declaración muy posterior cuando afirmó que la acusada realizaba tales trámites a favor de la guerrilla.
En esas exposiciones posteriores tiene que registrarse como sospechoso que la denunciante precisa nombres de personas que en la primera ocasión no recordó, extendió la lista de colaboradores o milicianos de la guerrilla detallando cada una de sus actividades ilícitas, justificó su colaboración con la justicia como mero cumplimiento de un deber ciudadano y negó recibir cualquier tipo de colaboración o dádivas por parte de entidad gubernamental alguna.
Frente a lo dicho por esta testigo juega un decisivo papel que milita en contra de su credibilidad la relación amorosa que por la época mantenía con un servidor público de apellido Normaza, vinculado a la Policía Nacional, encargado de adelantar las actividades de inteligencia contra el grupo subversivo, y que de acuerdo con lo expresado por Leticia Alejandra Ortiz Hernández, hija de Omaira, se entrevistó con las declarantes y les ofreció darles toda la información que él tenía para involucrar en el delito de rebelión a numerosos vecinos de San Juan de la China52.
Y tampoco resultó cierto que Omaira con su colaboración para con la justicia solamente buscara el bien común porque al hacer parte de las personas protegidas por la autoridad estaban recibiendo algunos beneficios autorizados por la ley, los que negó haber obtenido seguramente creyendo que con ello perdía valor su dicho, situación que produce como efecto el derrumbe de su credibilidad justamente porque al mentir en materia tan ostensible poco se puede aceptar del resto de sus manifestaciones.
Y si a lo anterior se ata que Leticia Alejandra contó que junto con su mamá tenían la intención de tener como fuente de ingresos su colaboración con el Ejército, el CTI y la fiscalía, la espontaneidad, autonomía y carencia de interés de sus testimonios pierde todo soporte, haciéndose sospechoso y carente de valor lo expuesto por Omaira Hernández Aguilar.
(ii). En cuanto a la valoración del testimonio rendido por Olga Lucía Quintín Baquero, se presentan circunstancias similares a las expuestas en precedencia que llevan a darle poco crédito a la acusación que hace contra Patricia del Socorro Giraldo Castaño.
De un lado afecta gravemente la credibilidad de la deponente el haber afirmado que la procesada era amante de alias Míller, porque en el proceso se estableció que Patricia del Socorro tiene una relación estable con Jorge Alberto Osorio Castillo, de quien para la época de las acusaciones esperaba un hijo. Esto indica que en su testimonio Olga Lucía se apegó estrictamente a un libreto que le fue entregado por alguien interesado en las resultas del proceso, o que simplemente está mintiendo sobre lo que dice saber de la procesada o, en últimas, que se refiere a otra persona y por tanto la acusada no es la responsable de los hechos delictivos que le atribuye.
La última de las hipótesis planteadas cobra fuerza cuando se constata que según informe del CTI53 Magnory Lozano Oviedo era la encargada de atender a los guerrilleros heridos, y en lo declarado por Jhonys José Elles Imitola, para quien “Patricia” era una combatiente de base54.
Y el problema previo que existió entre Olga Lucía y Patricia del Socorro, derivado del maltrato que la testigo le propinaba a uno de sus hijos menores55, se convirtió en motivo de animadversión de la primera para con la segunda, erigiéndose tal hecho en pauta que mengua la veracidad de lo declarado por quien resultó siendo testigo de merito para el Tribunal. Y,
(iii). Respecto de la veracidad de lo narrado por José Otoniel González Pinzón las dudas son mayores.
De una parte, es el único testigo que a lo largo del proceso señala que la procesada se uniformaba de guerrillera -con botas y pistola-, afirmación que resulta en un todo contraevidente para alguien que supuestamente cumple la función de miliciano, porque para cumplir dicha actividad debe proceder de manera clandestina, ocultando la identidad y guardando un perfil muy bajo.
Igualmente, todo indica que este personaje nunca hizo parte de la organización guerrillera que tiene entre sus zonas de influencia el corregimiento de San Juan de la China, porque quienes lo conocieron dan cuenta de su condición de partijero y agricultor, su mala reputación por no pagar las deudas, su condición de mal vecino, su ánimo pendenciero al levantar falsas imputaciones para obtener réditos con la guerrilla, y, lo más importante, el consenso existente en torno a que nunca lo vieron portando armas o uniformes que permitieran identificarlo como partícipe directo de las actividades de una organización ilegal, escenario que se refuerza con las contradictorias certificaciones expedidas por diferentes autoridades. De lo anterior lo que se vislumbra es la presencia de una persona que se aprovecha de las condiciones de orden público que aún afectan muchas zonas rurales del país, y que, en busca de solucionar su calamitosa situación, acude ante las autoridades para obtener beneficios a cuenta de declaraciones testimoniales falsas.
3.6. La Sala precisa que en asuntos como el presente, para poder obtener una aproximación a la verdad utilizando como medio las declaraciones de quienes se proclaman como guerrilleros desertores, desmovilizados o informantes, es menester tener presente la clandestinidad, compartimentación y verticalidad que imperan como reglas esenciales para la subsistencia de los grupos guerrilleros56.
Es bien sabido que a través de la historia las organizaciones guerrilleras han tenido el secreto como arma principal que impide o dificulta el accionar del Estado para su destrucción, sometimiento o desarticulación, de modo que resulta ser la confidencialidad la más exitosa de las estrategias de combate que les permite preservar su organización, entre otras. Y en tal propósito no solamente ocultan su estructura de los contradictores sino de la misma población civil
La clandestinidad cumple un papel de protección hacia afuera, impidiendo que la ubicación física de la organización sea conocida por el Estado. Y la compartimentación, que opera como medida de carácter interno, busca preservar la clandestinidad: la verdad siempre aparece fraccionada, es conocida únicamente en la medida de la participación individual del combatiente-miliciano, en el desarrollo de las tareas. En caso de acciones exitosas por parte del Estado, se garantiza que el daño no sea total sino parcial, lo que significa que, por ejemplo, la detención de uno de sus miembros no afecta a otras instancias o células, permaneciendo intactas para continuar desarrollando toda su actividad criminal clandestina.
Lo anterior lleva a que se mire con reserva a los testigos que en su exposición declaran sobre todos los asuntos de la organización clandestina, tales como vías utilizadas para el aprovisionamiento y obtención de víveres, fuentes humanas que satisfacen las necesidades logísticas, vehículos utilizados para la movilización de los miembros de la organización, identidad de los milicianos que haciendo parte de la población civil contribuyen con la causa, civiles que simpatizan o colaboran con el accionar de los irregulares, personal entrenado para atender los primeros auxilios de los ilegales heridos y suministro de armas y municiones57.
Al examinar lo narrado por los testigos que le sirvieron al Tribunal para hacer el juicio de responsabilidad en contra de la procesada se desconoció el contexto, se desatendieron los principios que imperan en el desarrollo de las actividades clandestinas que ejecutan las organizaciones guerrilleras y se aceptó como cierto lo que resulta imposible a la luz de la experiencia: ninguno de los proclamados desmovilizados que declararon ante la justicia estaba en capacidad de tener toda la información que suministraron, lo que refuerza la hipótesis que derrumba sus exposiciones: fueron entrenados o aconsejados para que testificaran lo que narraron en el presente proceso.
La única condición para llegar a tener por ciertas o verídicas unas declaraciones testimoniales rendidas por desmovilizados, reinsertados o exguerrilleros sin mando o carentes de responsabilidades superiores58, cuando sus exposiciones empece de ser tan extensas y coincidentes en tanto detalle, nombres y datos en general, la daría el hecho de que los individuos hayan estado adscritos a la misma célula o escuadra subversiva, cuestión que no aparece establecida en el proceso y que brilla por su ausencia, lo que unido a la puesta en entredicho de la antigua condición de guerrillero o que no se haya confesado la pertenencia al grupo armado ilegal, hace que los testigos resulten sencillamente increíbles o cuando menos muy sospechosos.
3.7. Los hechos que la Corte declaró como demostrados permiten establecer que el Tribunal erró en sus valoraciones probatorias porque privilegió unas declaraciones carentes de coherencia y vertidas por testigos sospechosos, interesados en el éxito de la tarea emprendida por las autoridades dirigida a mostrar resultados frente a la delincuencia organizada, desestimando la copiosa prueba testimonial aportada que impide la obtención de certeza sobre la responsabilidad de la procesada en el delito materia de acusación.
3.8. De lo anterior se sigue que el análisis que hizo el ad quem al problema jurídico planteado no pasó de ser una artificiosa argumentación que descuidó examinarlo desde el contexto y frente a la totalidad del acervo, porque ninguna duda cabe al observar los hechos probados que los testimonios de cargo no sirven para superar mínimos niveles de incertidumbre sobre la vinculación de la procesada con el delito materia de acusación.
3.9. La prueba aportada al proceso no catapulta la existencia de certeza alguna sobre la participación y responsabilidad de la procesada en actividades contrarias al orden constitucional y legal vigente; al contrario, todo indica que las actividades que ha tenido que realizar Patricia del Socorro a favor del grupo armado ilegal que opera en San Juan de la China, se han producido gracias a la capacidad de intimidación de los hombres armados y al miedo que ellos producen sobre los miembros de la comunidad, quienes al verse desprotegidos de una acción efectiva del Estado y con el propósito de preservar su vida, integridad personal y bienes, se ven compelidos a cumplir las órdenes que se dan desde el avasallador poder de las armas que exhiben los ilegales.
3.10. En síntesis, y como quedó evidenciado en los párrafos supra, el ad quem mediante una estimación probatoria viciada se equivocó al indicar que los medios de prueba unívocamente señalaban a la procesada como responsable del delito de rebelión al militar en las filas de una organización levantada contra el régimen constitucional y legal vigente, porque la apreciación fidedigna e integral de aquellos no permite arribar a esa conclusión, resultando perentorio, entonces, como lo indicó el fallador de primer grado, favorecer a Patricia del Socorro Giraldo Castaño con la consecuencia impuesta por la aplicación del principio de in dubio pro reo, dado que la presunción constitucional de inocencia que la cobija no puede ser removida con los elementos de convicción obrantes en el proceso, motivo por el que la sentencia condenatoria de segunda instancia será casada, dejando vigente el fallo absolutorio de primer grado59.
3.11. La consecuencia de lo reseñado es casar la sentencia demandada y dejar como fallo de reemplazo el proferido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ibagué, de 19 de diciembre de 2005. De acuerdo con lo expuesto se absuelve a Patricia del Socorro Giraldo Castaño del cargo de rebelión materia de la acusación que en su contra elevara la Fiscalía General de la Nación, decisión que impone cancelar la orden de captura que existe en su contra.
A mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y parcialmente de acuerdo con el criterio de la Procuraduría,
RESUELVE:
1°. CASAR el fallo demandado, en el sentido de revocar la sentencia condenatoria proferida en contra de Patricia del Socorro Giraldo Castaño.
2°. CONFIRMAR, en consecuencia, el fallo absolutorio de primera instancia proferido a su favor por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ibagué.
3°. Por la secretaría de esta Corporación, cancélese la orden de captura vigente en contra de Patricia del Socorro Giraldo Castaño.
4°. DECLARAR que contra la presente sentencia no proceden recursos.
Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase al Tribunal de origen.
MARIA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS
JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ
ALFREDO GÓMEZ QUINTERO AUGUSTO J. IBÁÑEZ GUZMÁN
JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS YESID RAMÍREZ BASTIDAS
JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA JAVIER ZAPATA ORTIZ
TERESA RUIZ NÚÑEZ
Secretaria.
1 Actividad estratégica contra los grupos armados ilegales promovida y defendida por el Gobierno Nacional, pero criticada por diferentes organismos internacionales que las calificaron de violatorias de garantías y derechos fundamentales.
2 Por el mismo delito también fueron acusados Gabriel Peña Moncada, José Vidal Peña Moncada, Ramiro lozano Rubio, Gildardo Medina Sánchez, Ángel María Moreno Melo, Luis Edison Moreno Prieto, José Hover Lozano Rubio, José Román, Nieto Ospitia, Myriam Lozano Rubio, César Antonio Flórez Orozco, Ernesto Nieto y Guillermo Suárez Villalba. Y se precluyó la investigación a los procesados Pedro Jesús Martínez, Alexander Nieto Triana, Darnelly Bonilla Castro, David Heredia Guerrero, Magnory Lozano Oviedo, Ramiro de Jesús Ospina Hurtado, Magda Mayerly Ospitia Montoya, Édgar Cuellar Ibáñez, Miguel Cuéllar Ibáñez, Sebastián Heredia Martínez y José Millán Silva.
3 Resolución de 21 de diciembre de 2004 (Folios 105 a 108 del cuaderno 8°).
4 Fueron favorecidos con tal pronunciamiento Luis Edinson Moreno Prieto, Ángel María Moreno Melo, Gabriel Peña Moncada y José Vidal Peña Moncada (Folios 26 a 60 del cuaderno 11).
5 Folios 22 y siguientes del fallo proferido por el Juzgado.
6 Hizo referencia exclusiva a los testimonios de José Otoniel González Pinzón, Olga Lucía Quintín Vaquero y Edwin Guillermo Zamora Hernández (folios 49 a 51 del fallo demandado).
7 Folios 44 a 51 de la sentencia del Tribunal.
8 Auto de 5 de febrero de 2010.
9 Recibido en la secretaría de la Sala el 25 de marzo de 2010.
10 Véase: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de 2 de octubre de 2001, radicación 15286.
11 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de 3 de agosto de 2005, radicación 22290.
12 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencias de casación de 26 de junio de 2002, radicación 11451 y 10 de noviembre de 2005, radicación 23451, entre otras.
13 Se retoman las expresiones utilizadas por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de casación de 2 de diciembre de 2008, radicación 29091.
14 Así lo indican los diferentes informes rendidos por las autoridades militares, policiales y de policía judicial que hacen parte del presente proceso.
15 Informe del CTI de 4 de agosto de 2004, folios 48 y siguientes, c.o. 4.
16 Véanse las declaraciones de Leyer García Murillo (folios 214-224 c.o. 1), quien indica que los milicianos y miembros del Partido Comunista Colombiano Clandestino son secretos o trabajan bajo cubierta, no se conocen entre sí y sus identificaciones solamente son conocidos por los comandantes, y de Luis Alfonso Naranjo (folio 46 c.o. 3), quien señala que a los guerrilleros rasos no les es permitido tener contacto con los milicianos. Y lo informado por Leticia Alejandra Ortiz Hernández (folio 216 c.o. 6) y Omaira Hernández Aguilar (folio 207 c.o. 6), quienes explican las diferencias y actividades que desarrollan unos y otros miembros de la subversión.
17 Hechos ocurridos el 30 de marzo de 1998 (Véase el reporte periodístico de los folios 95 y 96 del c.o. 3).
18 Ángel María Moreno Melo dijo que San Juan de la China es zona roja (folio 120 c.o. 8) y Jorge Vidal Peña Moncada (folio 81 c.o. 8) contó que desde la toma del puesto policial los guerrilleros se convirtieron en la autoridad del lugar. Luis Enrique Rodríguez Molano señaló que allí es normal venderle bienes a los miembros de la guerrilla (folio 24 c.o. 7) y Pastor Sandoval expresó que la guerrilla los reunía para advertirles que ellos mandaban en la región (folio 77, c.o. 7). El CTI indicó que “los habitantes de dicha región deben convivir y regirse por las órdenes que dictan estos delincuentes” (folio 8 c.o. 3).
19 Así lo indica expresamente la resolución acusatoria (folio 188 y s.s. c.o. 9). Y a folios 2 a 12 del c.o. 3 se dice que han aportado información las siguientes personas: Omaira Hernández Aguilar (desplazada certificada por el Programa de Protección a Víctimas y Testigos), Leticia Alejandra Ortiz Hernández (hija de la antes citada), Olga Lucía Quintín Baquero (desplazada por la subversión), José Otoniel (compañero de la antes citada, desmovilizado de la guerrilla), Máximo Rivera Loaiza (desplazado), Leyer García Murillo (desmovilizado, instructor político de la subversión), Arley García Murillo (desmovilizado), José Ferney Gómez Villamil (desmovilizado), Jorge Raúl Santos Salamanca (desplazado), Margie Nataly Ampudia Suárez (desplazada), Luis Alfonso Naranjo (desmovilizado) y Jhonys José Elles Imitola (desmovilizado).
20 Folios 1-8 c.o. 1.
21 Folios 89-92 c.o. 1.
22 Ampliación de declaración de rendida por Jhonys José Elles Imitola el 31 de agosto de 2004, folio 145 c.o. 3. En el informe policial 176, de 26 de marzo de 2004, se habla de Patricia N., Promotora de Salud (folios 29 y 43 c.o. 1). El policial Pedro Nel Orjuela Casas dijo que la referencia de “Patricia” la dio José Otoniel González Pinzón (f. 62 c.o. 1)
23 Folio 119 c.o. 1, y agrega que su papá se llama Pedro Nel. (folio 120 c.o. 1).
24 Folio 81 c.o. 6.
25 Folio 245 c.o. 8.
26 Fallo del Tribunal, folios 59-50.
27 Ana Dolores Montoya González dijo que nunca se enteró que los citados fueran desplazados (folio 174 c.o. 8)
28 Mediante oficio de 9 de diciembre de 2004 un oficial del Batallón Rooke de Ibagué informó que las citadas personas no figuran como informantes o colaboradores (f. 255 c.o. 7); en el mismo sentido el 21 de agosto de 2004 certificó el CTI (Primero a folios 55-60 c.o. 4 y luego a folios 84-89 c.o. 4). Fue sólo hasta el 18 de enero de 2005 que se informó por el Ministerio de Defensa que José Otoniel González Pinzón era desmovilizado desde el 22 de agosto de 2003 (folios 182-185 c.o. 8).
29 Folio 116-117 c.o. 1.
30 Folio 134 c.o. 1.
31 Óscar José Millán Silva contó que no le pagaron unos muebles que le mandaron a hacer y que al cobrarles lo amenazaron con la guerrilla (folios 293-298 c.o. 8).
32 Declaraciones de Rafael Humberto Rengifo Donado (folios 49 y 262 del c.o. 7) y Ana Dolores Montoya González (folio 174 c.o. 8), entre otras.
33 Véase la declaración de Óscar José Millán Silva, folios 293-294 c.o. 8.
34 Folio 52 c.o. 8.
35 Folio 72 c.o. 8.
36 Folio 92 c.o. 8.
37 Omaira Hernández Aguilar en su detallada denuncia de 7 de noviembre de 2002, recibida en la Sección de Policía Judicial Sijin, de Ibagué, no hizo mención alguna a Patricia del Socorro (Folios 291 a 298 c.o. 8). Y Edwin Guillermo Zamora Hernández en su ampliación de testimonio de 5 de octubre de 2004 afirmó que no le constaba ninguna actividad ilícita realizada por la procesada (Folio 152 c.o. 5).
38 Así ocurre, por ejemplo, con Omaira Hernández Aguilar (diligencia de 27 de octubre de 2004, folios 200-213 c.o. 6), Leticia Alejandra Ortiz Hernández (diligencia de 27 de octubre de 2004, folios 214-218 c.o. 6), José Otoniel González Pinzón (declaración de 23 de abril de 2004, folios 89-92 c.o. 1) Olga Lucía Quintín Vaquero (declaración de 30 de abril de 2004, folios 112-117 c.o. 1), José Ferney Gómez Villamil (declaración de 3 de agosto de 2004, folios 255-257 c.o. 1) y Jorge Saúl Santos Salamanca (declaración de 10 de agosto de 2004, folios 263-266 c.o. 1).
39 Folio 289 c.o. 8.
40 Folio 46 c.o. 3.
41 Folios 45 a 51 c.o. 3.
42 Folios 276 a 277, c.o. 4.
43 Información corroborada por los datos civiles de la procesada consignados en las diligencias de captura (folio 258 c.o. 3) y en la indagatoria (folio 18 c.o. 8).
44 Véanse las declaraciones de Ángela Rosa González Peñuela (folio 28 c.o. 7), Nelly Peñuela González (folio 30 c.o. 7), Miguel Ángel Gutiérrez Cortés (folio 41 c.o. 7) Nubia Sofía Herrera Romero (folios 42 y 45 c.o. 7), Luis Eduardo Díaz Aguillón (folio 52 c.o. 7), Gregorio Chía Niño (folio 55 c.o. 7) y Benjamín Páez Polanía (folio 274 c.o. 6), entre otros.
45 Folio 115 c.o. 8.
46 Folios 117-118 c.o. 8.
47 Narró que un hijo de Olga Lucía llegó azotado con ortiga y le dio posada una noche, llevando el menor al otro día a donde Patricia del Socorro, la promotora de salud (folios 293-294 c.o. 8)
48 Declaración de 5 de octubre de 2004, folios 149 y s.s. c.o. 5.
49 Declaración de 7 de septiembre de 2005, folios 10 y s.s. c.o. 2 del juicio.
50 Declaración de 15 de septiembre de 2005, folios 57 y s.s. c.o. 2 del juicio.
51 Folios 49 y 50 de la sentencia de segunda instancia.
52 Resulta cuestionable observar que el aleccionamiento de testigos por parte de servidores públicos vinculados a los organismos de seguridad del Estado no es un hecho aislado ni poco frecuente, como se desprende del fallo proferido el 16 de marzo de 2004 por el Juzgado Penal del Circuito de Guamo, Tolima (Folios 199 a 227 del c.o. 10).
53 Folio 245 c.o. 8.
54 Folio 145 c.o. 3.
55 Destaca la Sala que, contrario a lo que afirma el Procurador Delegado, en el proceso sí existe evidencia sólida y veraz sobre el antecedente que se describe. Véase el punto 3.2. (xvi).
56 Todas las organizaciones guerrilleras de filiación marxista-leninista-maoista se rigen por tales principios organizativos. Para citar un solo ejemplo, el investigador César Augusto Castaño señala que el Partido Comunista Colombiano Clandestino “PC3 en su naturaleza es cerrado, sus militantes deben pasar por un riguroso proceso de selección, con la obligación de mantener siempre un bajo perfil… Basta observar sus estatutos para comprender su… estructura… de carácter clandestino y compartimentado… Las mismas Farc definen al Movimiento Bolivariano, como un movimiento amplio, sin reglamentos, sin discriminación… Su base la constituyen núcleos clandestinos” («Dos estructuras funcionales», en http://www.semana.com/noticias-opinion-on-line/dos-estructuras-funcionales/105962.aspx (26/04/2010).
57 La declaración de Leyer García Murillo, guerrillero detenido en una cárcel, es bastante descriptiva sobre el particular.
58 La información plena de las actividades desplegadas por individuos pertenecientes a los grupos ilegales ni siquiera la pueden suministrar sus jefes más importantes. Como prueba de ello obsérvese que los cabecillas de los grupos paramilitares han solicitado reunirse en las cárceles con personal subalterno que hizo parte de sus estructuras ilegales para reconstruir el accionar de la organización armada ilegal, y eso que tales aparatos de poder por contar con el patrocinio, solidaridad o aquiescencia de agentes estatales no practicaban con total severidad las reglas de clandestinidad y compartimentación, como sí ocurre con los grupos guerrilleros.
59 Las valoraciones que ahora se hacen coinciden en lo sustancial con lo expuesto por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en la sentencia de 2 de diciembre de 2008, radicación 29091.