30735(04-03-09)

2009

Asistente Jurídico Inteligente

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Proceso No 30735  

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  

          SALA  DE  CASACIÓN  PENAL              

          Magistrado Ponente:   

          ALFREDO GOMEZ QUINTERO   

          Aprobado Acta No. 61   

Bogotá D.C., cuatro (04) de marzo de dos mil  nueve (2009)   

VISTOS  

De conformidad con el artículo 500 de la Ley  906  de  2004,  conceptúa  la  Corte la solicitud de extradición del ciudadano  venezolano    JUAN    CARLOS    VEGA    identificado  con  la cédula de ciudadanía venezolana número V 15  615  815, elevada por el Gobierno de los Estados Unidos de América a través de  su Embajada en Colombia.   

ANTECEDENTES  

El   ciudadano   venezolano   JUAN  CARLOS  VEGA  es  requerido para que  comparezca  en  juicio  por  delitos  federales  de  narcotráfico ante la Corte  Distrital  de  los  Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, atendiendo a  la   segunda   resolución  de  acusación  sustitutiva  núm.  06  –  10008 CR Moore (s) (s) dictada el 24  de octubre de 2006.   

El Gobierno de los Estados Unidos de América  a  través  de  su Embajada en Colombia elevó la solicitud de captura con fines  de  extradición  mediante la nota diplomática número 2466 del 27 de agosto de  2008  y la formalizó con la nota diplomática número 2928 del 21 de octubre de  2008.   

La petición fue remitida mediante oficio No.  OAJE  2145 del 22 de octubre de 2008 por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica  (E.)  del  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores  al Ministro del Interior y de  Justicia,   señalando   que  “En  atención  a  lo  establecido   en   nuestra  legislación  procesal  penal  interna,  me  permito  manifestarle  que  por no existir Convenio aplicable al caso es procedente obrar  de   conformidad  con  el  ordenamiento  procesal  penal  colombiano”.   

Con   oficio   No.   OFI  08  –  32680  DIJ 0100 del 27 de octubre de  2008  el señor Viceministro de Justicia envió los antecedentes a la Sala Penal  de  la  H.  Corte  Suprema  de Justicia, con la finalidad de que la Corporación  emita el correspondiente concepto.   

La  nota diplomática 2928 que formalizó la  petición  de  extradición  refiere que el señor JUAN  CARLOS  VEGA  está  llamado  a  responder  en  juicio  criminal  por  concierto  para  poseer  con  la  intención  de distribuir cinco  kilogramos  o más de cocaína y posesión con la intención de distribuir cinco  kilogramos  o  más de cocaína en los Estados Unidos, conductas imputadas en la  segunda   resolución   de   acusación   sustitutiva   núm.   06  –  10008 CR Moore (s) (s) dictada el 24  de  octubre  de  2006  por  la  Corte  Distrital  de  los Estados Unidos para el  Distrito  Sur  de  la  Florida,  que refiere hechos sucedidos después del 17 de  diciembre de 1997.   

1)   Los  hechos  referidos  en la nota  diplomática   

“…desde aproximadamente marzo de 2005, y  continuando  hasta  abril  de  2006,  el  acusado JUAN  CARLOS  VEGA  trabajó como parte de una organización  internacional de tráfico de narcóticos cuyos   

miembros  se  concertaron  para  importar y  distribuir   cocaína   en  los  Estados  Unidos.   Los  métodos  de  esta  organización   han   sido   revelados,  en  parte,  a  través  de  una  fuente  confidencial,  así como de conversaciones grabadas que involucran a miembros de  la organización.   

La   organización   del   tráfico   de  narcóticos    con   la  que  JUAN  CARLOS  VEGA  estaba   asociado   utilizaba   embarcaciones   para  transportar  la cocaína.  Una de las embarcaciones con la que trabajaba la  organización  para  transportar  la  cocaína  era  la  motonave  D’   Mary.   En  junio  de  2005,  VEGA   y  su  padre,  el  coacusado  OMAR  IGNACIO  lamberte  Ledesma,  quien  dirigía  la organización,  viajaron     a     Aruba     para     reparar    la    motonave    D’   Mari.   Ese  mismo  mes,  la  motonave  D’ Mari se encontró con lanchas rápidas fuera de la costa de Aruba y  fue  cargada  con  cocaína,  la  cual  luego  fue  ocultada en un compartimento  secreto.    El  Servicio de guardacostas de los Estados Unidos abordó  posteriormente  la  motonave D’ Mary e incautó 1 700 kilogramos de cocaína que  se   encontraba   oculta   en   el   compartimento  secreto.   JUAN     CARLOS     VEGA,   vía  radio,  le  suministró  a  la  motonave  D  ‘  Mary las  coordinadas  que  ésta utilizó para encontrarse con las lanchas rápidas fuera  de  la costa de Aruba de las que obtuvo la cocaína que finalmente fue incautada  y que tenía como destino los Estados Unidos”.   

2)  La captura  

Atendiendo la solicitud de captura con fines  de  extradición  de  la  primera  nota diplomática, el 28 de agosto de 2008 el  Fiscal  General  de  la  Nación  profirió  la  resolución  de  captura contra  JUAN    CARLOS    VEGA,  identificado  con  la  cédula  de ciudadanía venezolana número 15 615 815, la  que  se  produjo  por agentes del Departamento Administrativo de Seguridad en la  ciudad de Bogotá ese mismo día (Fls. 10 – 24).   

Actualmente,  el  ciudadano  solicitado  se  encuentra  privado  de  su libertad en la penitenciaría de máxima seguridad de  Cómbita    –   Boyacá  – Colombia.   

3)  Los cargos – acusación del Tribunal  requirente   

De conformidad con la segunda resolución de  acusación   sustitutiva   núm.  06  –  10008  CR  Moore  (s)  (s) proferida por la Corte Distrital de los  Estados  Unidos  para  el  Distrito  Sur  de  la  Florida,  que  materializa  la  imputación, los cargos son los siguientes:   

“Los  Estados  Unidos  de América contra  JUAN  CARLOS  VEGA  Alias  “Juan Carlos Lamberti”.   

… El gran Jurado imputa:  

“Cargo 1  

Iniciándose  en  marzo  de  2005, o en una  fecha  aproximada,  y  en  forma  continua  hasta  abril  de  2006,  o una fecha  aproximada,    los    acusados…    JUAN    CARLOS  VEGA   Alias   “Juan  Carlos  Lamberti”…,  con  conocimiento  de causa e intencionalmente combinaron, concertaron, conspiraron y  acordaron  uno  con otro, y con otras personas conocidas y desconocidas del gran  jurado,  para  poseer  con  intenciones de distribuir una sustancia controlada a  bordo  de  una  nave  sujeta  a  la  jurisdicción  de  los  Estados  Unidos, en  violación  al  Título  46  del  Apéndice  del  Código de los Estados Unidos,  Sección  1903(a),  re-codificado  como  Título  46  del Código de los Estados  Unidos,   Sección  70503(a);   todo,  en  violación  al  Título  46  del  Apéndice  del  Código  de  los  Estados Unidos, Sección 1903(j), recodificado  como    Título    46    del   Código   de   los   Estados   Unidos,   Sección  70506(b).   

De  conformidad  con  el  Título  46  del  Apéndice  del  Código  de  los Estados Unidos, Sección 1903(g), re-codificado  como  Título  46  del  Código  de  los Estados Unidos, Sección 70506(a), y el  Título  21 del Código de los Estados Unidos, Sección 950(b)(1)(B), además se  alega  que  esta  violación abarcó cinco (5) kilogramos o más de una mezcla y  sustancia que contenía una cantidad perceptible de cocaína.   

Cargo         2.   

Iniciándose  en  marzo  de  2005, o en una  fecha  aproximada, y en forma continua hasta el 25 de junio de 2005, o una fecha  aproximada,    los    acusados…    JUAN    CARLOS  VEGA Alias “Juan Carlos   

Lamberti”…, con conocimiento de causa e  intencionalmente   poseyeron   con   intenciones  de  distribuir  una  sustancia  controlada  a bordo de una nave sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos,  en  violación  al  Título  46 del Apéndice del Código de los Estados Unidos,  Sección  1903(a),  re-codificado  como  Título  46  del Código de los Estados  Unidos,  Sección  70503(a),  y el Título 18 del Código de los Estados Unidos,  Sección 2.   

De  conformidad  con  el  Título  46  del  Apéndice  del  Código  de  los Estados Unidos, Sección 1903(g), re-codificado  como  Título  46  del  Código  de  los Estados Unidos, Sección 70506(a), y el  Título  21 del Código de los Estados Unidos, Sección 950(b)(1)(B), además se  alega  que  esta  violación abarcó cinco (5) kilogramos o más de una mezcla y  sustancia  que  contenía una cantidad perceptible de cocaína.  (Folios 33  – 37 del antecedente).   

4)   Legislación  penal de los Estados  Unidos   

Con la solicitud, el país requirente aportó  copia  de  las  normas penales del Código de los Estados Unidos que fundamentan  jurídicamente cada uno de los cargos:   

Título 46 del Código de los Estados Unidos,  Sección  1903.   Naves  de  los  Estados  Unidos  o  naves  sometidas a la  jurisdicción de los Estados Unidos.   

Título 46 del Código de los Estados Unidos,  Sección    1904.     Incautación    y   extinción   de   dominio   sobre  bienes.   

Título  21,  Código de los Estados Unidos,  Sección  960 (a)(1).  Actos prohibidos, ilícitos…traer o poseer a bordo  de una embarcación aeronave o   

vehículo  una  sustancia  controlada…  5  kilogramos  o  más  de  una  mezcla  o  sustancia  que  contenga  una  cantidad  perceptible de… cocaína.   

Título  18,  Código de los Estados Unidos,  Sección 2.  Autores   

Título  18,  Código de los Estados Unidos,  Sección 3282.  Delitos no conminados con pena de muerte.   

Título 21 del Código de los Estados unidos,  Sección  812(c)(Lista  II)(a)(4)…cocaína,  sus  sales,  isómeros ópticos y  geométricos   y   sales   de  isómeros…  o  cualquier  compuesto,  mezcla  o  preparación  que  contenga cualquier cantidad de cualquiera de las sustancias a  las que se hace referencia en este párrafo.   

Título  21,  Código de los Estados Unidos,  Sección 853.  Extinción penal del derecho de dominio.   

Título  28,  Código de los Estados Unidos,  Sección 2461(c) decomiso civil o penal de bienes.   

Título  46,  Código de los Estados Unidos,  Sección 70506.  Penas.   

Título  46,  Código de los Estados Unidos,  Sección   70503.    Prohibiciones.   SE  prohíbe  que  un  individuo  fabrique,   de  forma  conciente  o  intencional,  o  distribuya,  o  posea  con  intención  de  fabricar  o  distribuir, una sustancia controlada a bordo de (1)  una  nave  de  los  Estados Unidos, o que esté sujeta a la jurisdicción de los  Estados Unidos.   

Título  46,  Código de los Estados Unidos,  Sección 70507.  Incautación, confiscación.   

5.            Actuación  ante  la  Corte  Suprema  de  Justicia   

Por  la  Secretaría  de  la Sala se corrió  traslado  de  la  solicitud  de extradición y de las pruebas que fundamentan la  petición  con la finalidad de que los sujetos procesales (Defensor y Ministerio  Público)  solicitaran  pruebas;  Por auto del 4 de febrero de 2009 la Sala  negó  las  pruebas  que  solicitó  la  defensa  técnica (Fls. 25 – 35).   

6.        Alegaciones      de  conclusión   

6.1.   El  defensor insistió en que el  país  solicitante  no  aportó “una sola prueba que permita asegurar la plena  identidad”  del  requerido  y  reiteró que “…el ciudadano venezolano Juan  Carlos   Vega   detenido   en   la   Penitenciaría   de  Cómbita  –  Boyacá  no  es  la  persona  que se  pretende   como   plenamente   identificada  dentro  del  presente  trámite  de  extradición”,  luego,  requirió que el concepto de la Corte sea desfavorable  y  que  conceda la libertad al detenido con fines de extradición.  (Folios  40 – 43).   

6.2.    El  Delegado  del  Ministerio  Público  solicitó  que conceptúe favorablemente la extradición del ciudadano  venezolano  porque  los antecedentes remitidos por los Estados Unidos satisfacen  a  cabalidad  los condicionamientos legales;  señaló que los cargos a que  se  refiere  la acusación en los Estados Unidos se adecuan al tipo de tráfico,  fabricación  o  porte  de  estupefacientes  previsto  en  el  artículo 376 del  Código  Penal;   finalmente, precisó que ninguna duda existe en relación  con  la  identidad  de  JUAN  CARLOS  VEGA.    (Folios   44   – 56)   

CONSIDERACIONES  DE LA  SALA   

1.   Como no  existe  tratado  de  extradición  entre el país solicitante y la República de  Colombia,  tal  como  lo expresó el señor Jefe de la Oficina Asesora Jurídica  del  Ministerio  de Relaciones Exteriores en el oficio No. OAJ.E. 2145 del 22 de  octubre  de  2008, se aplica la Ley procesal penal en éste trámite, pues todas  las  conductas  objeto  de  imputación  se  cometieron  con  posterioridad a la  entrada  en  vigencia  del  nuevo  Código  de  Procedimiento  Penal1 (a partir del  1°  de enero de 2005;  conc. Art. 530 ib.).  Por ello, la Corte emite  concepto  de  conformidad  con  lo  establecido  en  los artículo 501 y 502 ib.   

2.    La  extradición  de  ciudadanos  extranjeros  (como  es  el  caso  de  JUAN   CARLOS  VEGA  identificado  con  la  cédula  de identidad venezolana V 15 615 815, nacido el 17 de diciembre de 1980  en  El  Vigía,  Estado  de  Mérida  –  Venezuela,  es permitida de conformidad con el artículo 35 inc. 1  de  la  Carta  Política,  modificado por el artículo  1° del Acto Legislativo No. 1 de 1997.   

A partir de la vigencia de la reforma a la  Constitución  Política  es jurídicamente posible conceder la extradición por  delitos  cometidos  en  el  exterior  considerados como tales en la legislación  penal  colombiana, salvo que  se  trate  de  delitos políticos y de conductas cometidas con anterioridad a la  promulgación del acto   

legislativo (Diario Oficial No. 43.195 del  17  de  diciembre de 1997).  Ninguna de las excepciones se verifica en este  trámite.   

3.    La   validez   formal  de  la  documentación  presentada  por  el  país solicitante  (art. 495 de la Ley  906 de 2004):   

El   Tribunal   de   justicia  requirente  acompañó   la   solicitud   de   los   siguientes   documentos  traducidos  al  castellano:   

3.1.   Copia de la segunda resolución  de  acusación  sustitutiva  núm.  06 –  10008  CR  Moore  (s)  (s) dictada el 24 de octubre de 2006 por la  Corte  Distrital  de  los  Estados  Unidos  para  el  Distrito Sur de la Florida  (Folios 33 – 37)   

3.2.   Copia  de  la  orden de captura  expedida  por  la  Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de  la Florida. (Fl. 31).   

3.3.   Copia  de las disposiciones del  Código  Penal  de  los  Estados  Unidos relativas a los cargos contenidos en la  resolución de acusación.  (Anexo Prueba A, folios 39 – 50).   

3.4.   Declaraciones juradas de Ivonne  Rodríguez  Sharck,  Fiscal  Auxiliar de los Estados Unidos para el Distrito Sur  de  Florida,  asignada  a la Unidad de Narcóticos, asignado a la investigación  contra  Omar  Ignacio  Lamberte  Ledesma  y  otros.   (Folios  51  – 57), y  declaración  jurada  del  señor James D. Lawson, Agente Especial, empleado por  la  Oficina  Federal  de  Investigaciones  F.B.I.,  investigador de narcóticos,  asignado a la investigación.  (Fls. 27 – 29)   

3.5.   Una  fotografía del ciudadano  solicitado en extradición.  (fl. 25).   

Esos  documentos fueron certificados el 18  de   septiembre   de   2008   por   el  señor  Thomas  C.  Black,  Director   Asociado   de  la  Oficina  de  Asuntos  Internacionales,  División  de  lo  Penal,  del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de  Norteamérica,  quien  afirmó  que  copia  fiel  de  ellos  se mantienen en los  archivos  oficiales  del  Departamento  de  Justicia  en  Washington.  (Fl.  58)   

El señor Michael B. Mukasey, Procurador de  los  Estados  Unidos,  con  fecha  del  18  de septiembre de 2008 certificó que  efectivamente  el  señor  Thomas C. Black  se  desempeña  en  el cargo de Director Asociado de la Oficina de  Asuntos  Internacionales, División de lo Penal, del Departamento de Justicia de  los Estados unidos de Norteamérica (Fl. 59)   

La documentación que sustenta la solicitud  fue  avalada  por  la  señora  Condoleezza  Rice,  Secretaria  de Estado de los  Estados  Unidos,  quien  la autenticó el 19 de Septiembre de 2008 y le fijó el  sello   del   Departamento   de   Justicia  de  los  Estados  Unidos   (Fl.  98)   

Los  antecedentes fueron presentados por la  señora  Annie  R.  Maddux,  el  22  de  septiembre  de  2008 ante el Cónsul de  Colombia  en  la ciudad de Washington, quien firmó y remitió el antecedente al  Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (Fl.  100)   

En  ese  orden,  los  documentos  públicos  otorgados  en  un  país  extranjero  por  uno  de  sus  funcionarios  o  con su  intervención,  presentados  debidamente  autenticados  por  el cónsul o agente  diplomático  de  la  República (o, en su defecto, por el de una nación amiga)  hacen   presumir  que  se  otorgaron  de  acuerdo  con  la  ley  del  respectivo  país.   (Cfr. artículo 259 del Código de Procedimiento Civil, modificado  por el Decreto 2282 de 1989)   

Por  ello, la Sala de Casación Penal de la  Corte  Suprema de Justicia encuentra que la documentación aportada por el país  requirente es formalmente válida.   

4.           La  identidad del solicitado.   

En la nota diplomática que materializó la  solicitud   se   dio   cuenta   que   el   ciudadano   venezolano   JUAN CARLOS VEGA también   

conocido      como     “Juan   Carlos   Lamberti”  también  conocido  como  “Juan  Carlos Ávila”   es  ciudadano de Venezuela, nacido  el  17  de  diciembre  de  1980,  en  Venezuela,  es  portador  de la cédula de  ciudadanía venezolana número V 15 615 815.   

Esa misma identificación presentó ante la  autoridad  que  lo  capturó  (D.A.S.  –      Bogotá),     y     registró     los     siguientes     datos  biográficos:   

Nombre    y    apellido:                                           JUAN    CARLOS  VEGA   

Identificación:                                                                Cédula   de   identidad   venezolana   V   15   615  815   

Fecha             de  nacimiento:      17 de diciembre de 1980   

Lugar             de  nacimiento:       Vigía,         Estado        de        Mérida        – Venezuela.   

Hijo  de:                             Madre:     Edicta     Helena     Vega,     Padre:  desconocido   

Estado  civil:                      Unión   libre   con  Diana  Ivone  Rodríguez   Cufiño   

Profesión:                                                                          Soldador y constructor   

Residente  en:                   Calle     79     bis     56     B     –    18,    barrio   San   Fernando,  Bogotá   

Teléfono:                                            2 31 98 41 de Bogotá.   

El Departamento Administrativo de Seguridad  D.A.S.  – Bogotá, mediante  pericia  dactiloscópica,  realizó  cotejo  entre  las  impresiones  de  origen  dactilar   obrante   en  el  registro  decadactilar  formato  DAS  a  nombre  de  JUAN  CARLOS  VEGA,  con  la  reproducción   digital   del   registro  decadactilar  obrante  en  la  tarjeta  decadactilar     AFIS     DAS     código     22/20/00041424B,     estableciendo  dactiloscópicamente  que  las huellas corresponden entre sí.  (Folios 16,  17 y 18).   

Además  de  ello  JUAN  CARLOS VEGA, se identificó ante la Corte Suprema  de  Justicia  con  el  número de cédula de ciudadanía número V. 15 615 815.,  según  memorial  poder  que  otorgó  a su abogado de confianza el pasado 12 de  noviembre de 2008  (Folio 10 del cuaderno de la Corte).   

A  partir  de  ello concluye la Sala que la  identidad  del  ciudadano venezolano solicitado en extradición está plenamente  acreditada.   De  esa  manera  responde  negativamente  la  alegación  del  defensor.   

5.     Principio   de   la   doble  incriminación.   

Tiene  por  objetivo  confirmar  que  la(s)  conducta(s)  que  se  imputa(n)  al  requerido  en el país solicitante también  están  consagradas  como  delito  en  la  ley  penal  colombiana y que tenga(n)  señalada  como  pena  la de prisión, que en ningún caso sea inferior a cuatro  (4)   años;    además   de   ello,   exige  determinar  que  por  lo  menos  se  haya  dictado  en  el  exterior  resolución de  acusación   o   su  equivalente”.   (Art.  493  ib.)   

Los  cargos  (arriba  transcritos)  de  la  segunda   resolución   de   acusación   sustitutiva   núm.   06  –  10008 CR Moore (s) (s) proferida por  la  Corte  Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de la Florida se  tipifican  –en la ley penal  colombiana-  como  concierto  para delinquir y tráfico, fabricación o porte de  estupefacientes:   

De  hecho  las  conductas  descritas  en el  primer   cargo,   de   “combinarse,   concertarse,  conspirar  y acordar” con otras personas para cometer  delitos (en este caso traficar cocaína) implican el concierto.   

Mientras que, la incriminación del segundo  cargo     “poseer…    con    intenciones    de  distribuir”  un  (1)  kilogramo  o  más de cocaína  corresponde   a   la   conducta   de   tráfico,   fabricación   o   porte   de  estupefacientes.    De  esta  manera,  la  Sala  comparte  parcialmente  el  Criterio  del  Ministerio  Público  que  sólo  halló  correspondencia  en  la  imputación con el artículo 376 del Código Penal.   

Ambas  conductas  están  tipificadas en el  Código  Penal Colombiano en los artículos 340 modificado por el artículo 8 de  la  ley  733  de  2002  y  modificado  por  la  Ley  1121  de 2006, artículo 19  (concierto   para  delinquir)  y  artículo  376  modificado  por  el  artículo   

14  de  la  ley  890  de  2004  (tráfico,  fabricación  y  porte  de  estupefacientes),  penadas  en la ley colombiana con  prisión  que en todos los casos supera los cuatro (4) años (art. 493 del C. de  P.P.).   

6.           Equivalencia de acusación de los Estados  Unidos con la acusación del sistema penal colombiano   

El  llamamiento  a  juicio  (resolución de  acusación)  que  suministró  el  gobierno  solicitante  con  la resolución de  acusación sustitutiva   

núm.       06       –  10008  CR Moore (s)(s), contiene una  narración   precisa   en   aspectos  fáctico,  jurídico  y  personal  de  los  comportamientos  investigados, con sus circunstancias de lugar, tiempo, modo que  los  especifican,  y  permite  al  requerido  encarar la defensa antes de que se  profiera sentencia de mérito.   

La  resolución de acusación en el sistema  penal  colombiano  es la providencia que establece el marco jurídico y fáctico  que determina el juzgamiento.   

En suma, la Sala observa que la resolución  de  acusación  sustitutiva  núm.  06 –  10008  CR  Moore  (s)  (s) proferida por la Corte Distrital de los  Estados  Unidos  para  el  Distrito Sur de la Florida que materializa los cargos  contra        el        ciudadano        requerido        es        equivalente a la resolución de acusación  del sistema procesal penal colombiano, aunque no haya identidad   

formal  y  material entre ambas decisiones,  pues  de  lo  que  se  trata  es de establecer que son la materialización de la  acusación de la que se debe defender el procesado en el juicio.   

7.  Las condiciones que debe imponer el  gobierno si autoriza la extradición:   

Ante la eventual determinación positiva del  Gobierno  Nacional,  en  todo  caso respetando la órbita de su competencia como  supremo   director   de  las  relaciones  internacionales,  la  Corte  considera  pertinente   recordar   que  debe  someter  la  extradición  a  los  siguientes  condicionamientos al país requirente:   

7.1.  Excluir  las  penas  de  muerte,  la  condena  a  prisión  perpetua,  el  sometimiento a  desaparición   forzada,   torturas,   tratos   o  penas  crueles,  inhumanos  o  degradantes,  ni  a  la  sanción de destierro, o confiscación para los delitos  autorizados,  pues  esas  condenas  están  excluidas del ordenamiento jurídico  colombiano  de  conformidad  con  los  fundamentos de la Constitución Política  (artículos 11, 12 y 34).   

7.2.  Recordar  al  país  solicitante  que  el  señor  JUAN     CARLOS    VEGA    ha    permanecido     privado    de    libertad   por  virtud   de   este   trámite,  y  que  ese término debe  ser  tenido en cuenta como parte de  la    condena,    si   esa   fuere   la   determinación   del   Juez   que   lo  requiere.   

Igualmente  y  en  orden  a  garantizar los  derechos  fundamentales  del  ciudadano  extranjero  requerido,  si  el Gobierno  Nacional  lo  considera  pertinente  debe condicionar la entrega a que el Estado  requirente  garantice la permanencia en los Estados Unidos y el retorno al país  de  origen  (o  a Colombia que autoriza la extradición si así lo solicitare el  procesado)  en  condiciones  de  dignidad  y respeto por la persona humana en el  evento  de  que  el  extraditado(a)  fuere  sobreseído,  absuelto, declarado no  culpable  o  eventos  similares,  incluso  después  de su liberación por haber  cumplido  la  condena,  en  razón  de  los cargos que motivaron la solicitud de  extradición y por los cuales se concede.   

7.3.   El  Gobierno  Nacional debe condicionar la entrega del ciudadano venezolano a que se  le  respeten  todas  las  garantías  debidas a su condición de justiciable, en  particular,   a   que   tenga  acceso  a  un  proceso  público  sin  dilaciones  injustificadas,  a que se presuma su inocencia, a que cuente con un intérprete,  a  que  tenga un defensor designado por él o por el Estado, a que se le conceda  el  tiempo  y  los  medios  adecuados  para  que prepare la defensa, a presentar  pruebas  y  controvertir  las  que  se aduzcan en contra, a que su situación de  privación  de  la  libertad  se  desarrolle  en  condiciones  dignas,  a que la  eventual pena que se   

le  imponga  no trascienda de su persona, a  que  la  sanción  pueda  ser  apelada  ante un tribunal superior, a que la pena  privativa  de la libertad tenga la finalidad esencial de reforma y readaptación  social  (Artículos  29  de  la  Carta;  9  y 10 de la Declaración Universal de  Derechos  Humanos;  5-3.6,  7-2.5,8-1.2(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)(h).3.4.5,  9  de la  Convención  Americana  de  Derechos  Humanos; 9-2.3, 10-1.2.3, 14-1.2.3,5, y 15  del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).   

7.4.   Igualmente,  el  gobierno debe condicionar la entrega a que el país reclamante,  conforme a sus políticas internas sobre la   

materia,  ofrezca  al  ciudadano  requerido  posibilidades  racionales y reales para que pueda tener contacto regular con sus  familiares   más   cercanos;    la  Constitución  Política  de  Colombia  (artículo  42)  reconoce  a  la  familia  como núcleo esencial de la sociedad,   

garantiza  su  protección  y  reconoce  su  honra,  dignidad  e  intimidad, lo cual se refuerza con la protección adicional  que  a  ese  núcleo familiar le otorgan la Convención Americana sobre Derechos  Humanos   (artículo  17)  y  el  Pacto  Internacional  de  Derechos  Civiles  y  Políticos (artículo 23).   

Cumplidos  los  requisitos  del  Código de  Procedimiento   Penal   y  establecido  que  los  acontecimientos  imputados  al  ciudadano  solicitado  ocurrieron  también  en país extranjero, la  CORTE  SUPREMA  DE  JUSTICIA,  SALA DE CASACIÓN PENAL   emite   CONCEPTO  FAVORABLE  al  pedido  de  extradición del ciudadano venezolano JUAN   CARLOS  VEGA  identificado  con  la  cédula  de ciudadanía venezolana número 15 615 815 elevada por el Gobierno de  los    Estados    Unidos   de   América   a   través   de   su   Embajada   en  Colombia.   

Comuníquese   esta   determinación   al  ciudadano  solicitado,  a su defensor, al Ministerio Público y al señor Fiscal  General de la Nación para lo de sus competencias.   

Devuélvase  el expediente al Ministerio de  Justicia y del Derecho para lo de ley.   

JULIO      ENRIQUE     SOCHA  SALAMANCA   

JOSÉ       LEONIDAS       BUSTOS  MARTÍNEZ                  SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ   

             

        ALFREDO      GÓMEZ  QUINTERO                      MARÍA   DEL   ROSARIO   GONZÁLEZ   DE  LEMOS    

AUGUSTO   J.  IBAÑEZ  GUZMÁN                               JORGE LUIS QUINTERO MILANES   

              

YESID           RAMÍREZ  BASTIDAS                                             JAVIER ZAPATA ORTÍZ   

                                                                   Excusa justificada   

Teresa Ruiz Núñez  

Secretaria    

1Cfr.  concepto de extradición del 12/09/2006 rad. núm. 25721     

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