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Proceso No 30651
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
Magistrado Ponente:
Dr. JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ
Aprobado acta No. 027
Bogotá, D. C., cuatro de febrero de dos mil nueve.
Conceptúa la Corte sobre la solicitud de extradición del ciudadano colombiano ***********, formalizada por la Embajada de España mediante Nota Verbal No. 383/08 del 6 de agosto de 2008.
1.- LA SOLICITUD
1.1.- El Gobierno de España, por conducto de su Embajada en Colombia, mediante Nota Verbal No. 383/08 fechada el 6 de agosto de 2008, dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores, “en virtud de lo establecido en el Convenio de Extradición entre España y Colombia, de 23 de julio de 1892, y del Canje de Notas de 19 de septiembre de 1991, así como Protocolo Modificativo del Convenio de Extradición hecha en Madrid el 16 de marzo de 1999”, formalizó la solicitud de extradición del ciudadano colombiano ***, contra quien “se sigue Procedimiento sumario 75/2006, por un delito contra la salud pública y blanqueo de capitales”1 ante el Juzgado Central de Instrucción No. 4 de la Audiencia Nacional.
1.2.- De esta solicitud, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia dio traslado al Ministerio del Interior y de Justicia, y al Fiscal General de la Nación, quien, mediante Resolución de 26 de agosto de 2008, decretó la captura con fines de extradición del señor ******** “identificado con cédula de ciudadanía ******”2, la cual se hizo efectiva el 5 de septiembre siguiente en el municipio de Chía –Cundinamarca, por unidades del Departamento Administrativo de Seguridad DAS3.
1.3.- A la solicitud de extradición, la Embajada de España adjuntó, entre otros, los siguientes documentos debidamente apostillados por la Secretaría de Gobierno de la Audiencia Nacional:
1.3.1.- Copia de auto de procesamiento y prisión provisional proferido el 21 de abril de 2008 por el Juzgado Central de Instrucción No. 4 de la Audiencia Nacional con sede en Madrid, mediante el cual declara procesados a ********* y otros, contra quienes decreta su prisión provisional ordenando librar “las oportunas requisitorias interesando su busca y captura e ingreso a prisión” a disposición de dicho juzgado, con base, entre otras, en las siguientes consideraciones:
“A) DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS
“A principios del año 2003, las Brigadas Provinciales de policía judicial de Madrid y Barcelona inician una investigación conjunta sobre una organización criminal que estaría utilizando contenedores para introducir en España importantes cantidades de sustancias estupefacientes. Para llevar a cabo esta labor, los componentes de la organización constituirían empresas, o adquirirían otras ya constituidas, a las que otorgarían un objeto social que aparentase la existencia de relaciones comerciales con Sudamérica, y una vez realizados varios transportes con mercancía lícita, introducir en los siguientes sustancia estupefaciente oculta entre la mercancía legal.
“Para ello, la organización necesita tener en España personas de confianza que preparen la infraestructura precisa para realizar las importaciones, como vehículos, naves o almacenes.
“Como resultado de investigaciones policiales, estas personas responderían a los nombres de ‘****’ y ‘***’, quienes residen en Segur de Calafell (Tarragona), y se relacionarían con un tal ‘Fulgencio’, quien trabajaría en Barcelona, y se encargaría de los trámites burocráticos.
“La labor policial consigue desvelar la identidad de ‘*****’, quien es ******, con NIE ******, nacido en Colombia, el 10/04/45, quien figura como administrador de la sociedad ‘Distribuciones Cardona Cañola, S.L.
“Del mismo modo se identifica a ‘Alberto’, quien resulta ser *****, con pasaporte colombiano CC ****, nacido en Colombia el 23/08/63, quien tiene alquilada la vivienda en donde vive el hijo de ***, a quien se identifica como ****, con ****, y nacido en Lorca (Murcia) el 29/08/46.
“Ni **** ni **** tendrían trabajo conocido, resultando de los seguimientos policiales que presentan un elevado nivel de vida, a la vista de sus viajes y hoteles en donde se hospedan.
“De dichas vigilancias también se deriva que los mismos estarían buscando una nave industrial y un ‘toro’ de carga de palés.
“En base a los datos que se desprendían de esta investigación previa, el Juzgado de Instrucción No 1 de los de El Vendrell acuerda la intervención de las comunicaciones telefónicas de los investigados, resultado de las mismas que **** mantiene conversaciones con ****, nacido en Colombia el 05/07/72, con ******, quien se encuentra casado con la hermana de ****, *****, nacida en Colombia, el 09/02/71, con *****, residiendo ambos en la Urbanización Somosaguas de Pozuelo de Alarcón, Madrid.
“El día 09/07/03, en curso de un dispositivo de vigilancia, el agente con No. 81.598, escucha como *** comenta a *** que ‘tienen que ajustar el dinero, ya que llevan gastados unos 150.000 euros, y que en el banco solo les quedan 27.000 euros. Que le mandó a la ‘chacha’ 5000 euros y le entregó al ‘cuñado’ otros 30,000 euros. Que en breve ‘Cristo’ les enviará 250.000 para terminar de pagar la ‘bodega’ y la ‘maquinaria’ debiendo de remitir cuentas de todo ello ‘allá’ ’.
“Ese mismo día, sobre las 18:50 h., **** recibe una llamada de un tal ‘Cristo’, que le pregunta el nombre de la empresa titular de la cuenta, indicándole *** que se llama ‘CERIS Y CERIS’ manifestándole ‘Cristo’ que le ingresará ‘250’.
“De esta forma se conoce que **** habría constituido junto a **** la empresa ‘CERIS Y CERIS S.L.’ con CIF B 62386792, a través de la cual adquieren una nave industrial sita en el Polígono Minetes de Santa Perpetua de la Mogoda, Barcelona, poniéndose en contacto con personas que se encuentran en Sudamérica y que utilizan la mercantil ‘Metal Group Panamá S.A.’ para importar mercancía, entre la que se ocultaría la sustancia estupefaciente, siendo así que ***** daría cuenta y trabajaría a las órdenes de ****, y por encima de este se encontraría una persona a la que denominan ‘El Gerente’, quien se trataría de ****, y así se deriva de dos conversaciones mantenidas en los teléfonos móviles de ***, una a través del número 619.550.361, el día 11/07/03, a las 21.31 horas, con el ‘Gerente’ y la otra a través del número 626.972.630, el día 22/07/03, a las 11.47 horas, con *****”.
Precisa que “en el mes de agosto se tuvo conocimiento de la recepción de un contenedor procedente de Panamá, concretamente de la empresa ‘Metal Group Panamá’ dirigido a la empresa ‘CERIS Y CERIS’.
“Así el día 22 de agosto, dicho contenedor llegó al domicilio de la empresa ‘CERIS Y CERIS’, siendo descargado con un torito por ***. Ese mismo día se acercaron a la misma nave *** y ***, junto con otro individuo sin identificar. Sin embargo, gracias a las escuchas telefónicas, los investigadores tenían conocimiento que los primeros envíos serían de prueba y no se introduciría sustancia estupefaciente”.
Agrega que “el día 04 de septiembre de 2003 llegó un segundo contenedor a la empresa ‘CERIS Y CERIS’, similar al anterior. Sin embargo, por problemas de documentación, este contenedor sí que fue inspeccionado por las autoridades portuarias. Esto causó bastante nerviosismo entre los procesados, ya que se produjeron numerosas llamadas a través de los teléfonos intervenidos, la mayoría entre **** y ****, aunque también participa del intercambio de informaciones ***, (a) ***.
“Además, cuando al hablar del contenedor utilizarían lenguaje simulado, como por ejemplo ‘cheque’, ‘apertura de cuenta’, etc.
“*** comunica a **** que ha dado una vuelta por la nave y por casa del abogado y que todo se encuentra tranquilo.
“***, por su parte comenta en una llamada que se va a ir a un hotel dos o tres días, lo que coincidiría en el período en el que se realiza la descarga del contenedor.
“Todo ello indicaría que en este segundo contenedor había llegado sustancia estupefaciente”.
“Ese día, los funcionarios con carnés profesionales números 89.085 y 57.931, pudieron apreciar, en la nave de ‘CERIS Y CERIS’ , cómo *** y su hijo **** se encargaron de descargar el contenedor. También acudió al lugar ***. La descarga del contenedor transcurrió con normalidad hasta que **** y su hijo se quedaron solos. En ese momento, ambos se introdujeron en el interior de la nave y cerraron las puertas, permaneciendo en su interior durante aproximadamente una hora. Tras esto, se produjo una llamada a través del número 649.347.432, sobre las 16.40 horas, en la que *** indica a **** que todo está tranquilo, que no ha visto nada raro, llegando a decir que ‘los coches que hemos visto por aquí son todos de por aquí’. En un momento de esta conversación le dice que ya vio ‘las dos cosas esas’.
“En base a todo lo anterior, se desprendería que en este contendor podrían haber preparado algún hueco oculto para introducir poca cantidad de sustancia estupefaciente, a modo de prueba, y es por eso que mostraban los implicados nerviosismo ante la inspección de las autoridades portuarias”.
Menciona además que “se tuvo conocimiento que un tercer contenedor estaría a la espera de ser importado con fecha de seis de octubre, con número de identificación ‘MAEU 6062645’, enviado de nuevo por la empresa ‘Metal Group Panamá’. Ante la sospecha fundada que este tercer contenedor traería droga, se solicitó a la autoridad judicial la entrega vigilada del mismo. Dicho contenedor fue trasladado a la nave de ‘Ceris y Ceris’ el día 14/10/03, debido a que por problemas de documentación fue inspeccionado por el Servicio de Aduanas, siendo de nuevo descargado por *** y su hijo ***, con la visita de ****, al lugar durante una hora. Sin embargo, al contrario del modus operandi que adoptaron con la descarga del anterior contenedor, ambos abandonan el lugar tras sacar la mercancía legal del mismo”, y “a partir de entonces se cambia la infraestructura creada en torno a ‘Ceris y Ceris’, llegando a prescindir de los servicios de los colaboradores *** e ***, a la par que se producen cada vez más contactos entre **** y *****”.
Indica que “el día 23 de octubre de 2003, sobre las 19:32 horas, **** habla con alguien conocido como ‘*** o ****’. **** le comenta que ha habido un gran problema en Brasil y que una parte de la organización ha tenido una ‘pérdida’, entendiendo esto como una aprehensión. Le comenta que han detenido a parte de la red y que se han incautado dos contenedores, uno que traía 500 kilogramos y el otro 437 kilogramos. **** le muestra su deseo de retirarse a tiempo”.
“Ese mismo día, el 23-1003 a las 22h.49’, ****, que estaba en Madrid y se disponía a salir de viaje inmediatamente, llama a su hijo **** (669.106.260) y se lamenta de los sucesivos ‘inconvenientes’ que han tenido, entre ellos se refería al de Brasil al que se había referido ‘****’, ya que dice ‘y tres con este’. Los inconvenientes que cuenta son hasta cinco, al tiempo que se queja del gasto en abogados que ello le genera.
“Realizadas las gestiones pertinentes para averiguar alguna aprehensión producida en Brasil que se correspondiese con lo mencionado por los implicados. La respuesta llaga por medio del escrito de Relaciones Internacionales con fecha 22/03/04, en que se comunicaba la respuesta del Agregado de Brasil, en el que se ponía en conocimiento de los investigadores que el día 22/10/03 fue intervenido por parte de la Policía Federal de Brasil un total de 811.5 kilogramos de cocaína, con destino para Europa”.
Indica que “el día 07-07-06 se detectó la intención de **** de viajar a España acompañado de la persona a la que conocen como ***. Se averiguó asimismo que Leonidas viajó bajo la identidad de **** y que se iba a alojar en el hotel HN Lagasca de Madrid.
“En virtud de esta información el 08-07-06 se estableció un dispositivo de vigilancia en los alrededores del hotel, donde a las 11:45 horas fue localizado ****, el cual portaba un pasaporte venezolano con número 1304503 a nombre de ****, nacido en Santander, (Colombia) el 08-12-48.
“Le acompañaba ****, que portaba pasaporte venezolano número ****, con los siguientes datos nacido en San Antonio Táchira (Venezuela el 25-03-70).
“Ante la evidente falsedad del mismo se procedió a su detención y se extendieron las diligencias por los delitos de asociación ilícita y falsedad en documentos.
“Entre los efectos intervenidos a **** además del pasaporte se encontraban una cédula de ciudadanía venezolana con número *****, un permiso de conducir con la misma numeración y una tarjeta de crédito número 3756 884231 31050 todo a nombre de ****”.
Precisa que “finalmente, el 23-07-06, ante los numerosos indicios de que el contenedor transportaba sustancia estupefaciente y al tener confirmada su llegada el 25-07-06, para un mejor desarrollo de las investigaciones y sobretodo para proceder a las detenciones con la celeridad necesaria para (evitar) que los implicados evadan la acción de la justicia se solicitó mandamiento de inspección del contenedor número N0WU5901790”.
“Se inició la inspección por el techo del contenedor al observar que se hallaba parcialmente hundido y los remaches de sujeción habían sido manipulados. Tras levantar el techo se descubre que en el mismo se halla construido un doble fondo en el que se hallan una especie de tablones creados a partir de la unión por medio de papel de celofán de diez paquetes de unos 20×15 colocados en dos filas. Que estos paquetes tenían la presentación típica de los de cocaína, y al comprobar el contenido de algunos de ellos tenían en su interior una sustancia blanca que al realizar las pruebas colorimétricas (droga-test) dio positivo a la cocaína.
“Una vez inspeccionado el total del techo se hallaron 50 tablones con un total de 500 paquetes de kilogramo supuestamente de cocaína, con un peso bruto total aproximado de 513 kilogramos, incluido el envoltorio, siendo realizado el pesaje en una báscula industrial de Frío Puerto. Según el informe policial, el valor de la droga incautada, vendida por kilogramos (28.000 euros kilogramo) alcanzaría un precio de 14 millones de euros”, aclara que “tras ello se procedió a la detención, como presuntos implicados en los hechos de las siguientes personas: ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****”.
Asimismo, en relación con el “Delito de Blanqueo”, sostiene que “al tener conocimiento las agentes policiales que tanto *** como *** pretendían realizar una operación de tráfico de estupefacientes, y que la misma se realizaría mediante la compra de una sociedad española, cuyo objeto social esté relacionado con la metalurgia, la cual se encargaría de realizar varias importaciones de chatarra desde Panamá, hasta el momento en que se considerase oportuno realizar una importación de una importante cantidad de cocaína oculta entre la mercancía legal, se procedió a la investigación de este extremo, a fin de determinar si para su realización se procedería al blanqueo de capitales procedentes de anteriores operaciones ilícitas.
“Para el establecimiento de toda la infraestructura que requería esta operación, ****, necesitaba el apoyo de ciudadanos españoles y la financiación de los gastos ocasionados”.
Anota que “la forma de colaboración de estas personas así como la forma de financiación se pudo detectar gracias a diversas conversaciones registradas en el teléfono 619.550.361.
“A través de estas conversaciones y otras gestiones de investigación, se pudo ir observando como **** daba instrucciones para la compra de una sociedad mercantil que fuese utilizada como ‘tapadera’ donde encubrir una futura importación de sustancia estupefaciente. Al frente de esta sociedad se encontraría como administrador ****, el cual se encargaría del alquiler de un local y la apertura de una cuenta bancaria en el Banco Popular a nombre de la sociedad y donde él figuraría como autorizado.
“De esta forma fue comprada la mercantil CERIS Y CERIS SL, con CIF B-623886792, cuyo objeto social (actividad inmobiliaria) fue cambiado por el de ‘la importación, exportación, comercialización, distribución y venta de productos metalúrgicos”.
Menciona asimismo, que “por otro lado, para dar apariencia de legalidad a la infraestructura establecida en la provincia de Tarragona, la organización utilizaría la empresa CARNS CARPO S.L., la cual se habría encargado del alquiler de la nave y sería la titular de las futuras importaciones que realicen *** y ***.
“Carns Carpo S.L., con CIF B-61110292, es una empresa constituida en 1996 que tiene por objeto social ‘la fabricación, manipulación, distribución y comercialización de toda clase de embutidos y productos cárnicos’, teniendo como domicilio social la Calle Momssen Antón No. 7 de Sant Adriá de Besos (Barcelona). El administrador único de dicha sociedad es ****. Por los datos obtenidos en la Agencia Tributaria y Seguridad Social, se ha podido comprobar que esta sociedad tiene una actividad económica real, ideal para la importación de sustancia estupefaciente, y que no levanta tantas sospechas como CERIS y CERIS SL, sociedad instrumental con escasa actividad y cuyo objeto de negocio (la importación de chatarra) sería altamente ruinoso, pues se trata de una materia prima que se puede encontrar en abundancia en cualquier país.
“Al igual que ocurría con CERIS y CERIS SL, CARNS CARPO SL. también estaría recibiendo fondos para la financiación de futuras importaciones de sustancia estupefaciente.
“Por otro lado, aunque CERIS y CERIS SL ya no será utilizada para la realización de estas importaciones, sí se continuó utilizando durante un período para la financiación de gastos de la organización: renting de los coches, seguros sociales, así como pagos a ***** su padre **** y ****. Todo ello se observa según las conversaciones registradas en los diferentes teléfonos intervenidos así como en los movimientos bancarios de la cuenta que CERIS y CERIS SL tiene abierta en el Banco Popular”.
En cuanto a los cargos imputados al requerido ****, precisa el pronunciamiento que “bajo las órdenes directas de los máximos dirigentes de la organización, *** y ***, se encargaría de ordenar todos los preparativos que eran precisos para la ilícita importación de droga, creando y adquiriendo sociedades instrumentales que disimularan el operativo, alquilando naves y realizando pruebas, siendo todo ello financiado por los dirigentes de la organización, e impartiendo órdenes al restos de los miembros de la misma en España”.
Respecto de la calificación jurídica de las conductas imputadas, indica que al requerido se le atribuya la realización de: “a) Delito de tráfico de drogas que causan grave daño a la salud, previsto y penado en los artículos 368; 369, 2º, 6º y 10º, 370, 3º. b) Delito de blanqueo de capitales, previsto y penado en los artículos 301 y 302 del Código Penal”.
1.3.2.- Auto proferido el 30 de junio de 2008 por el Juzgado Central de Instrucción No. 4 de la Audiencia Nacional con sede en Madrid, por medio del cual se “acuerda proponer al Gobierno Español interesar la extradición del acusado ****; nacido el 23/08/63 en Colombia, con pasaporte Colombiano CC ***, del Gobierno de Colombia país donde se encuentra dicho procesado”4.
1.3.3.- Preceptos del Código Penal español aplicables al caso5, específicamente los artículos 1 (Principio de legalidad); 2 (irretroactividad de las normas penales); 4 (Prohibición de analogía, principio de legalidad. Suspensión de ejecución por petición de indulto), 5 (principio de culpabilidad); 7 (momento de comisión de los delitos); 8 (concurso aparente de normas penales): 10 (concepto de delito); 15 (consumación); 15 (tentativa, desistimiento y arrepentimiento); 17 (Conspiración y proposición para delinquir); 18 (provocación a delinquir y apología); 22 (circunstancias agravantes); 27 (responsable criminalmente); 28 (autor); 29 (cómplice); 32 (concepto y tipos de penas); 33 (Clasificación de penas); 35 ( clases de penas); 36 (la prisión); 61 (pena para delitos consumados); 62 (pena para delitos tentados); 63 (pena para el cómplice); 76 (límites legales del cumplimiento efectivo de la pena); 109 (obligación de reparar daños y perjuicios causados); 110 (formas de responsabilidad civil); 127 (comiso de los efectos e instrumentos del delito); 130 (extinción de la responsabilidad penal); 131 (plazos de prescripción de los delitos y faltas); 132 (cómputo de la prescripción); 133 (plazos de prescripción de la pena); 301 (blanqueo de capitales); 302 (circunstancias de agravación); 368 (elaboración y tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas); 369 (circunstancias de agravación); 370 (aumento de penas) del Código Penal. De igual manera los artículos 14 (reglas de competencia); 384 (auto de procesamiento); 383 bis (suspensión en el cargo); 824 (solicitud de extradición); 825 (requisito para solicitar la extradición), 826 (casos en que puede pedirse la extradición); 827 (procedencia de la petición de extradición) y 828 (juez competente para pedir la extradición) de la Ley de enjuiciamiento criminal, entre otras disposiciones.
1.4.- De acuerdo con lo previsto por el artículo 496 del Código de procedimiento penal (Ley 906 de 2004), el Ministerio de Relaciones Exteriores dio traslado de la documentación al Ministerio del Interior y de Justicia y conceptuó, además, que “el Convenio aplicable al presente caso es la Convención de Extradición de Reos vigente entre los dos Gobiernos, suscrita el 23 de julio de 1892 y aprobada por ley 35 de 1892 y el Protocolo Modificatorio del Convenio de Extradición hecho en Madrid el 16 de marzo de 1999 y aprobada por la Ley 876 del 2 de enero de 2004”.
Agregó que “debe tenerse en cuenta que, la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias sicotrópicas firmada en Viena el 20 de diciembre de 1988 y aprobada por la Ley 67 de 1993, en su artículo 6º y en especial el numeral 2º dispone: “Cada uno de los delitos a los que se aplica el presente artículo se considerará incluido entre los delitos que den lugar a extradición en todo tratado de extradición vigente entre las Partes. Las partes se comprometen a incluir tales delitos como casos de extradición en todo tratado de extradición que concierten entre sí”6.
Asimismo el Ministerio de Relaciones Exteriores dio traslado de la solicitud al Fiscal General de la Nación. Esta autoridad, mediante Resolución de 26 de agosto de 2008, decretó la captura de **** “identificado con cédula de ciudadanía ****”, la cual se hizo efectiva el día 5 de septiembre de 2008 en el municipio de Chía-Cundinamarca, por miembros del Departamento Administrativo de Seguridad DAS7
1.5.- El Ministerio del Interior y de Justicia, por su parte, adjunto al oficio 29560 fechado el 30 de septiembre de 2008, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 499 del Código de Procedimiento Penal de 2004, dio curso ante la Corte de la solicitud de extradición, y documentos anexos, presentada por el Gobierno de España a través de su Embajada en Colombia8.
2.- Una vez resuelto lo atinente a la defensa técnica, la Corte dispuso el traslado que para pedir pruebas prevé el artículo 500 del Código de Procedimiento Penal de 20049, durante el cual ninguno de los intervinientes en el trámite hizo uso de este derecho.
3.- Mediante providencia de dos de diciembre de la anualidad anterior, se dispuso correr el respectivo traslado para presentar alegatos de conclusión10.
4.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN.
Durante el término de traslado para presentar alegatos previos al Concepto de la Corte, sólo hizo uso de este derecho el Procurador Primero Delegado para la Casación Penal, toda vez que la defensa guardó silencio.
4.1.- Del Procurador Delegado.
Después de hacer referencia a que como el Ministerio de Relaciones Exteriores conceptúa que la normativa aplicable al caso es el Tratado de Extradición celebrado entre España y Colombia el 23 de julio de 1892, así como el Protocolo Modificativo del Convenio de Extradición hecho en Madrid el 16 de marzo de 1999, como lo manifiesta también el país requirente en la respectiva nota diplomática, considera que aquél es el marco jurídico que regula el asunto en estudio.
En cuanto tiene que ver con las exigencias formales de la solicitud, manifiesta que todos los documentos allegados por la Embajada de España, incluidas las disposiciones penales aplicables al caso, están debidamente autenticados y en idioma castellano, lo que la Procuraduría estima suficiente para encontrar cumplido ese primer requisito.
Además, el requerido en extradición, señor ******, es la misma persona que fue capturada y en este momento se encuentra detenida con fines de extradición, razón por la cual se satisface el requisito relacionado con la identificación del requerido en extradición.
Respecto del delito que motiva la solicitud de extradición anota que **** es requerido en España para ser juzgado por los delitos de tráfico de drogas y sustancias estupefacientes y blanqueo de capitales, los cuales se encuentran tipificados en los artículos 368 y 301 del Código Penal Español y en los artículos 376 y 323 del Código Penal colombiano.
Precisa entonces que “el requisito de los delitos que dan lugar a la extradición, en criterio de la Procuraduría, también se cumple toda vez que, de un lado, las conductas atribuidas al requerido aparecen relacionadas en el párrafo 1 del artículo 3 de la Convención de Viena, y del otro, esas mismas conductas se encuentran tipificadas como delito tanto en España como en Colombia, independientemente de su denominación jurídica, el bien jurídico protegido o los criterios de interpretación en torno a su definición legal.
Respecto del tema de la “extradición de nacionales colombianos”, anota que de conformidad con el inciso primero del artículo II del Tratado de Extradición “si bien existe la posibilidad de no extraditar a los nacionales colombianos, como ocurre en el caso que nos ocupa, esta facultad sólo compete al Presidente de la República, el que, como máximo director de las relaciones internacionales, podrá abstenerse de concederla por motivos de conveniencia o soberanía nacionales”.
Después de manifestar que en el presente caso no se configura tampoco ninguna de las causas previstas en el artículo IV de la Convención, que impedirían la extradición, pues no se tiene constancia de que los hechos hubieren sido juzgados en Colombia, y tampoco se aprecia que haya operado el fenómeno de la prescripción, concluye entonces que se dan los presupuestos contenidos en el Tratado de Extradición suscrito entre la República de Colombia y el Reino de España, por lo que estima que la Corte debe emitir concepto favorable a la solicitud de extradición del ciudadano ****.
No obstante encontrar acreditados los requisitos formales exigidos para conceptuar favorablemente a la solicitud de extradición, el Procurador Delegado considera que el ejecutivo, en caso de que decida concederla, deberé exigir que el señor ****, no vaya a ser juzgado por hechos cometidos con anterioridad al 16 de diciembre de 1997, ni por un hecho anterior diverso al que motiva la extradición, ni sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua o confiscación, todo ello de acuerdo con los artículos 11, 12 y 34 de la Carta Política, y 494 de la Ley 906 de 2004.
Considera que además deberá exhortarse al Gobierno Nacional para que en caso de que conceda la extradición, se exija al Gobierno de España tener en cuenta el tiempo que éste lleva retenido provisionalmente en Colombia con ocasión de este trámite de extradición, en el evento que llegare a ser condenado.
Con fundamento en lo anterior, sugiere a la Corte emitir concepto favorable sobre la petición de extradición del ciudadano colombiano ****11.
SE CONSIDERA:
1.- El artículo 35 de la Carta Política, modificado por el artículo 1º del Acto Legislativo No. 01 de 1997, establece que la extradición se solicitará, concederá u ofrecerá de acuerdo con los tratados públicos y a falta de éstos el Gobierno procederá según lo establecido en la ley.
De conformidad con esta disposición, cuando el Gobierno Nacional en ejercicio de su competencia señala el instrumento o los instrumentos internacionales por los que se rige el asunto, es este marco normativo el que delimita el concepto de la Corte.
2.- En este caso, el Gobierno Nacional conceptuó que el instrumento internacional aplicable es la Convención de Extradición de Reos vigente entre los dos Gobiernos (de Colombia y España), suscrita el 23 de julio de 1892 y aprobada por Ley 35 de 1892, y el Protocolo Modificativo del Convenio de Extradición hecho en Madrid el 16 de marzo de 1999, y aprobado por la Ley 876 del 2 de enero de 2004, por lo que ese será el régimen a tener en cuenta para los efectos del presente concepto, sin perjuicio de advertir que, de conformidad con el concepto del Ministerio de Relaciones Exteriores, también debe tenerse en cuenta que la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas firmada en Viena el 20 de diciembre de 1988 y aprobada por la Ley 67 de 1993, establece que cada uno de los delitos a los que se aplica se considerará incluido en todo tratado de extradición vigente entre las Partes.
2.1.- El artículo I de la Convención celebrada entre las República de Colombia y el Reino de España, establece que los dos gobiernos “se comprometen a entregarse recíprocamente los individuos condenados o acusados por los tribunales o autoridades competentes de uno de los dos Estados contratantes, como autores o cómplices de los delitos o crímenes enumerados en el Artículo 3º y que se hubieren refugiado en el territorio del otro”.
2.2- De conformidad con lo dispuesto por el artículo II, “ninguna de las Partes contratantes queda obligada a entregar sus propios ciudadanos o nacionales, ni los individuos que en ella se hubieren naturalizado antes de la perpetración del crimen”.
“Ambas partes se comprometen, sin embargo, a perseguir y juzgar, conforme a sus respectivas leyes, los crímenes o delitos cometidos por nacionales de la una Parte contra las leyes de la otra, mediante la oportuna demanda de esta última y contra que dichos delitos o crímenes se hallen comprendidos en la enumeración del Artículo 3º.
“La solicitud será acompañada, en ese caso, de los objetos, documentos, antecedentes, declaraciones y demás informes necesarios”.
2.3.- Precisa el artículo III (modificado por el artículo 1º de la ley 876 de 2004) que “la extradición procederá con respecto a las personas a quienes las autoridades judiciales de la Parte Requirente persiguieren por algún delito o buscaren para la ejecución de una pena privativa de libertad no inferior a un (1) año. A este efecto, será indiferente el que las leyes de las Partes clasifiquen o no al delito en la misma categoría de delitos o usen la misma o distinta terminología para designarlo.
“El juzgamiento o enjuiciamiento de las personas solicitadas en extradición se realizará siempre de conformidad con los procedimientos establecidos por la ley interna del Estado Requirente”.
2.4.- Según el artículo IV, no habrá lugar a la extradición en los siguientes casos:
2.4.1.- “Cuando se pida por un crimen o delito por el cual el individuo reclamado sufre o ha sufrido ya la pena, o que ha sido juzgado y absuelto en el territorio de la otra Parte contratante”.
2.4.2.- “Si se ha cumplido la prescripción de la acción o de la pena, según las leyes del país a quien el reo sea reclamado”.
2.5.- De conformidad con el artículo V, no habrá lugar a la extradición por delitos políticos o por hechos conexos con ellos, “y se estipula expresamente que el individuo cuya extradición se haya concedido no podrá ser perseguido, en ningún caso, por delito político anterior a la extradición”, agregando que no se reputará, sin embargo, delito político el atentado contra la vida del Soberano o Jefe de uno de los dos Estados contratantes, o sus sucesores llamados por la ley o las instituciones a reemplazarlo, cuando este atentado constituya el crimen de homicidio o envenenamiento.
2.6.- A tenor de lo establecido por el artículo VIII, la solicitud de extradición ha de presentarse por la vía diplomática y apoyada en los siguientes documentos:
2.6.1.- Copia autorizada de la sentencia, si se trata de un criminal condenado y evadido.
2.6.2.- Cuando se refiera a un individuo acusado o perseguido, se requerirá copia autorizada del mandamiento de prisión o auto de proceder expedido en su contra, o de cualquier otro documento que tenga la misma fuerza de dicho auto y precise igualmente los hechos denunciados y la disposición que les sea aplicable.
2.6.3.- Las señas personales del reo o encausado, hasta donde sea posible, para facilitar su busca y arresto.
2.7.- Precisa el artículo X (modificado por el artículo 1º de la ley 876 de 2004) que “si la extradición fuere solicitada concurrentemente por varios Estados, bien por el mismo hecho o por hechos diferentes, la Parte requerida resolverá teniendo en cuenta todas las circunstancias y especialmente la gravedad relativa y lugar de los delitos, las respectivas fechas de las solicitudes, la nacionalidad de la persona reclamada y la posibilidad de una ulterior extradición a otro Estado”.
2.8- El artículo XII establece que “si el individuo reclamado estuviere condenado, acusado o perseguido por crimen o delito cometido en el país donde se refugió, su extradición será diferida hasta que termine la causa criminal o se extinga la pena que se le hubiere impuesto”.
2.9.- El artículo XV prevé que “cuando el delito por el que se solicita la extradición sea punible con pena de muerte con arreglo a las leyes del Estado requirente y las leyes del Estado requerido no permitan la imposición de tal sanción, se rehusará la extradición, a menos que, antes de concederse la extradición, el Estado requirente garantice a satisfacción del Estado requerido que no impondrá tal pena”.
3.- Acorde entonces con lo establecido en el instrumento internacional aplicable, procede entonces la Corte a verificar el cumplimiento íntegro de las previsiones allí contenidas, no sin antes advertir que la competencia de la Corte para conceptuar en el trámite de extradición se establece de lo previsto por los artículos 490 y siguientes del Código de Procedimiento Penal de 2004, y en especial de lo dispuesto por el artículo 502 ejusdem, según el cual ha de fundamentar el concepto “cuando fuere el caso, en el cumplimiento de lo previsto en los tratados públicos” -como así ha sido entendido por el Ministerio del Interior y de Justicia al disponer el envío del diligenciamiento a esta Corporación-, y como la decisión final corresponde emitirla al Gobierno nacional mediante resolución administrativa, procederá entonces a establecer si se cumplen o no las exigencias previstas en la Convención de extradición celebrada el 23 de julio de 1892 entre la República de Colombia y el Reino de España, y el Protocolo Modificatorio hecho en Madrid el 16 de marzo de 1999 en relación con la solicitud de extradición respecto del ciudadano colombiano ****.
3.1.- Validez formal de la documentación:
El artículo VIII de la Convención de Extradición entre Colombia y el Reino de España, encuentra cabal aplicación en este asunto, toda vez que la solicitud fue presentada por la vía diplomática, como quiera que se formalizó ante el Ministerio de Relaciones Exteriores por parte de la Embajada de España en Colombia.
Además, de la documentación adjunta se establece lo siguiente:
3.1.1.- **** está siendo procesado por las autoridades judiciales de España, quienes han dictado en su contra medida de prisión provisional, ordenando su captura e ingreso e prisión, por lo que en este caso son exigibles únicamente los documentos referidos en los ordinales 2º y 3º del artículo VIII de la Convención aplicable.
3.1.2.- La Legación Diplomática, ha enviado copia auténtica del auto de procesamiento proferido por el Juzgado Central de Instrucción No. 4 de la Audiencia Nacional con sede en Madrid el 21 de abril de 2008 en el Sumario 75/06, en el que asimismo se decreta la prisión provisional y donde se precisan los hechos denunciados – a los cuales párrafos arriba se ha hecho referencia.
En el escrito de acusación también se indica cuáles son las disposiciones de derecho interno español que le son aplicables a los hechos que han generado la petición, al mencionar que los hechos imputados son calificados jurídicamente como “Delito de tráfico de drogas que causan grave daño a la salud, previsto y penado en los artículos 368; 369, 2º, 6º y 10º , 370, 2º y 3º ” y Delito de blanqueo de capitales, previsto y penado en los artículos 301 y 302 del Código Penal”.
Se menciona además, que uno de los presuntos autores penalmente responsables es *****, quien “bajo las órdenes directas de los máximos dirigentes de la organización, *** y ****, se encargaría de ordenar todos los preparativos que eran precisos para la ilícita importación de droga, creando y adquiriendo sociedades instrumentales que disimularan el operativo, alquilando naves y realizando pruebas, siendo todo ello financiado por los dirigentes de la organización, e impartiendo órdenes al resto de los miembros de la misma en España”.
En la documentación enviada se precisa que el imputado es de nacionalidad colombiana, responde al nombre de ****, nacido en Colombia el 23 de agosto de 1963, y se identifica con pasaporte colombiano CC****.
Tal información resulta suficiente para acreditar el tercer requisito que contiene el artículo VIII de la Convención aplicable, pues la exigencia allí contenida se limita a que el gobierno del Estado requirente entregue “las señas personales del reo o encausado, hasta donde sea posible, para facilitar su busca y arresto”.
Como quiera que esta documentación fue presentada por vía diplomática, se halla exenta del requisito de legalización, conforme lo dispone el artículo segundo del Protocolo Modificatorio a la Convención de Extradición entre la República de Colombia y el Reino de España.
En razón de lo anterior, la Corte tendrá los documentas allegados al trámite por la vía diplomática, como aptos para servir de prueba de aquello que ellos contienen.
3.2.- Identificación del requerido en extradición.
De lo actuado se establece que la persona privada de la libertad con ocasión del presente trámite, corresponde al ciudadano Colombiano *****, nacido el 23 de agosto de 1963 en Bogotá, e identificado con la cédula de ciudadanía número ****, y es la misma persona a la que se refieren el auto de procesamiento y prisión provisional proferido por el Juzgado Central de Instrucción Número 4 de la Audiencia Nacional con sede en Madrid, dentro del procedimiento sumario 75/06 y la misma mencionada en la nota verbal mediante la cual el gobierno de España, a través de su Embajada en Colombia, formalizó el pedido ante las autoridades colombianas.
De manera que la información aportada con la demanda de extradición que presentó el Gobierno de España y la recaudada durante el trámite de la solicitud, demuestran la plena identidad del requerido, máxime si en la actuación obra el dictamen emitido por un detective dactiloscopista del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, en el que después de efectuar cotejo dactiloscópico se establece que las huellas tomadas a la persona detenida, con las aportadas por la Registraduría Nacional, corresponden a la misma persona de nombre *****, C.C. ***, nacido el 23 de AGOSTO DE 1963 en Bogotá, hijo de *** y ***12, y tampoco se ha presentado discusión sobre dicho particular por parte de la defensa técnica o material.
3.3.- Delito por el que se solicita la extradición.
El trámite de las extradiciones entre la República de Colombia y el Reino de España se rige, según lo ha conceptuado el Ministerio de relaciones exteriores, por la Convención de Extradición de Reos entre Colombia y el Reino de España del 23 de julio de 1892, aprobada por la Ley 35 de 1892, y, como resulta apenas obvio, por el Protocolo Modificatorio a la citada Convención, suscrito en Madrid el 16 de Marzo de 1999, aprobado en Colombia mediante la Ley 876 de 2004, la cual fue declarada conforme a los dictados de la Carta Política por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-780 de 2004, proferida el 18 de agosto de ese mismo año.
De esta manera, el Convenio aplicable al caso establece que la extradición resulta procedente cuando la persona requerida es perseguida por algún delito o para la ejecución de una pena privativa de la libertad no inferior a un año, de conformidad con lo dispuesto en los artículos I y III de dicho tratado, para cuyo efecto “será indiferente el que las leyes de las Partes clasifiquen o no al delito en la misma o distinta terminología para designarlo”.
Los hechos que motivaron la solicitud de extradición de ****, según el Juzgado Central de Instrucción No. 4 de la Audiencia Nacional con sede en Madrid, consistieron en que “a principios del año 2003, las Brigadas Provinciales de Policía Judicial de Madrid y de Barcelona, inician una investigación conjunta sobre una organización criminal que estaría utilizando contenedores para introducir en España importantes cantidades de sustancias estupefacientes. Para llevar a cabo esta labor, los componentes de la organización constituirían empresas, o adquirirían otras ya constituidas, a las que se otorgarían un objeto social que aparentase la existencia de relaciones comerciales con Sudamérica, y una vez realizados varios transportes con mercancía lícita, introducir en los siguientes sustancia estupefaciente oculta entre la mercancía legal”. Estas conductas, han sido consideradas como constitutivas de los delitos de (i) tráfico de drogas que causan grave daño a la salud, definidos por los artículos 368, 369 y 370 del Código Penal español, el cual establece penas de prisión de 3 a 9 años y; (ii) blanqueo de capitales, de que tratan los artículos 301 y 302 ejusdem, que prevén penas de prisión de seis meses a seis años. Tales comportamientos, aparecen definidos en el Código Penal colombiano así: (i) En el artículo 376 como tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, con pena de prisión 8 a 20 años y; (ii) en el artículo 323 como lavado de activos, con pena de prisión de 6 a 15 años, con lo cual se satisface el presupuesto relativo al quantum punitivo para que la extradición resulte procedente.
Por dichos motivos, la Corte emitirá concepto FAVORABLE respecto de la demanda de extradición que formula el Gobierno español, pues, además, en esta actuación se cumple la totalidad de los requisitos establecidos por el instrumento internacional aplicable al caso.
Esto último, en razón de que la conducta por la que se solicita la extradición no corresponde a delito político o conexo con él, no existe constancia en la actuación de que el requerido en extradición, señor **** haya cumplido o esté cumpliendo pena en Colombia por el delito que motiva la solicitud, o haya sido juzgado y absuelto en este país por dicha conducta, ni en el caso de suponerse cometido el hecho en Colombia, la acción penal estaría prescrita, pues de acuerdo con la legislación colombiana (artículo 83 del Código penal) la acción penal prescribe en veinte años durante la fase de instrucción, tiempo que no ha transcurrido desde la fecha de realización de la conducta punible por la cual es solicitado (29 de mayo de 2004), y en 10 años durante la de juzgamiento, el cual aún no se ha iniciado, pues no se ha proferido auto de apertura de juicio oral.
3.5.- Finalmente, es de anotar que asiste razón al Ministerio Público cuando considera que a partir de la expedición del Acto legislativo No. 01 de 1997, la nacionalidad no constituye circunstancia limitante a la extradición, pues si bien el artículo II de la Convención por la que se rige el asunto establece que “Ninguna de las Partes contratantes queda obligada a entregar sus propios ciudadanos o nacionales”, es lo cierto que el instrumento internacional no prohíbe a las Partes contratantes la extradición de sus propios ciudadanos o nacionales, sino que prevé simplemente la posibilidad de negarse a concederla por esta causa, y cuando esto suceda, “ambas partes, se comprometen, sin embargo, a perseguir y juzgar, conforme a sus respectivas leyes, los crímenes o delitos cometidos por nacionales de la una Parte contra las leyes de la otra, mediante la oportuna demanda de esta última, y con tal que dichos delitos o crímenes se hallen comprendidos en la enumeración del Artículo 3º”.
4.- EL CONCEPTO.
La Corte es del criterio que el Gobierno colombiano puede extraditar al ciudadano colombiano **** por razón de los delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales de que trata el auto de procesamiento proferido el 21 de abril de 2008 por el Juzgado Central de Instrucción Número 4 de la Audiencia Nacional con sede en Madrid, dentro del Procedimiento Sumario 75/2006, conforme lo solicita el Gobierno de España, pues se satisfacen los requisitos preestablecidos a estos efectos, como viene de demostrarse.
4.1. Aclaración final.-
En atención a lo manifestado por el Ministerio Público sobre el particular, debe advertirse que atañe al Gobierno Nacional, si en ejercicio de su competencia lo estima, subordinar la concesión de la extradición a las condiciones que considere oportunas, exigiendo en todo caso, que el solicitado no vaya a ser juzgado por un hecho anterior diverso del que motiva la extradición, ni sometido a penas o tratos crueles inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua o confiscación, o a castigos diferentes a los que se le hubieren impuesto en la condena, y si la legislación del Estado requirente pena con la muerte el injusto que motiva la extradición, la entrega se hará bajo la condición de que tal pena sea conmutada, en orden a lo contemplado en el artículo 512 del Código de Procedimiento Penal de 2000, y lo dispuesto por los artículos VI y XV de la Convención de Extradición celebrada el 23 de julio de 1892 entre la República de Colombia y el Reino de España y el Protocolo Modificatorio hecho en Madrid el 16 de marzo de 1999.
De la misma manera a él compete hacer los pronunciamientos referentes a la reciprocidad.
De igual modo, la Corte considera pertinente precisar, en orden a garantizar los derechos fundamentales del requerido, que -si el Gobierno Nacional lo considera pertinente-, el Estado requirente deberá garantizar la permanencia en el país extranjero y el retorno al de origen, en condiciones de dignidad y respeto por la persona humana, cuando el extraditado llegare a ser sobreseído, absuelto, declarado no culpable o eventos similares, incluso después de su liberación por haber cumplido la pena que le fuere impuesta en la sentencia de condena en razón de los cargos que motivaron la solicitud de extradición y por los cuales ésta hubiere sido concedida.
Asimismo, el Gobierno Nacional ha de advertir a su homólogo del Estado requirente, que en el presente evento la persona solicitada en extradición ha permanecido privada de la libertad en detención preventiva por razón de este trámite.
Además, la Sala ha de indicar que en virtud de lo dispuesto por el numeral 2º del artículo 189 de la Constitución Política, le corresponde al Gobierno, encabezado por el señor Presidente como supremo director de la política exterior y de las relaciones internacionales, realizar el respectivo seguimiento a los condicionamientos que se impongan a la concesión de la extradición y determinar las consecuencias que se derivarían de su eventual incumplimiento.
Así mismo, al Gobierno Nacional le corresponde condicionar la entrega a que el país reclamante, de acuerdo a sus políticas internas sobre la materia, le ofrezca posibilidades racionales y reales para que el requerido pueda tener contacto regular con sus familiares más cercanos, considerando que el artículo 42 de la Constitución Política de 1991 reconoce a la familia como núcleo esencial de la sociedad, garantiza su protección y reconoce su honra, dignidad e intimidad, lo cual se refuerza con la protección que a ese núcleo también prodigan la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 17 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el 23.
Además, el Gobierno Nacional debe hacer las exigencias que estime convenientes en orden a que en el Estado reclamante se le reconozcan todos los derechos y garantías inherentes a la persona del solicitado, en especial las contenidas en la Carta Fundamental y en el denominado bloque de constitucionalidad, es decir, en aquellos convenios internacionales ratificados por Colombia que consagran y desarrollan derechos humanos (artículo 93 de la Constitución, Declaración Universal de Derechos Humanos, Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), en virtud del deber de protección a esos derechos que para todas las autoridades públicas emana del artículo 2º ibídem.13
En mérito de lo expuesto y con las precisiones consignadas, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL,
CONCEPTÚA FAVORABLEMENTE a la extradición del ciudadano colombiano ****, solicitada al Gobierno de Colombia por su homólogo de España, por razón de los delitos de tráfico de drogas que causan grave daño a la salud y blanqueo de capitales, de que trata el auto de procesamiento y prisión provisional proferido el 21 de abril de 2008 por el Juzgado Central de Instrucción No. 4 de la Audiencia Nacional con sede en Madrid, dentro del Procedimiento Sumario 75/2006, conforme lo solicita el Gobierno de España.
Por la Secretaría de la Sala, comunicar esta determinación al requerido ****, a su defensor, al Agente del Ministerio Público y al Fiscal General de la Nación para lo de su cargo en relación con la persona detenida preventivamente con fines de extradición.
Devolver el expediente al Ministerio del Interior y de Justicia para los trámites subsiguientes de ley.
JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA
JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ
ALFREDO GÓMEZ QUINTERO MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS
AUGUSTO J. IBÁÑEZ GUZMÁN JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS
YESID RAMÍREZ BASTIDAS JAVIER DE JESÚS ZAPATA ORTIZ
TERESA RUIZ NÚÑEZ
Secretaria
1 Fl. 166 Carpeta anexa
2 Fls. 169-173 Carpeta anexa
3 Fls. 189-190 Carpeta anexa
4 Fls. 158-160 Carpeta anexa
5 Fls. 3-22 y ss. anexo
6 Fls. 168 Carpeta anexa
7 Fls. 180-182
8 Fls. 1 cno. Corte
9 Fl. 12 cno. Corte
10 Fl. 19 cno. Corte
11 Fls. 25-40 cno. Corte
12 Fls. 184 -190 Carpeta anexa
13 Así, con arreglo al artículo 29 de la Carta; a los artículos 9 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 5-3.6, 7-2.5, 8-1.2(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)(h).3.4.5, 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 9-2.3, 10-1.2.3, 14-1.2.3,5, y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Gobierno Nacional debe condicionar la entrega de un compatriota, si concede la extradición, a que se le respeten al extraditado –como a cualquier otro nacional en las mismas condiciones- todas las garantías debidas a su condición de justiciable, en particular, a que tenga acceso a un proceso público sin dilaciones injustificadas, a que se presuma su inocencia, a que cuente con un intérprete, a que tenga un defensor designado por él o por el Estado, a que se le conceda el tiempo y los medios adecuados para que prepare la defensa, a presentar pruebas y controvertir las que se aduzcan en contra, a que su situación de privación de la libertad se desarrolle en condiciones dignas, a que la eventual pena que se le imponga no trascienda de su persona, a que la sanción pueda ser apelada ante un tribunal superior, a que la pena privativa de la libertad tenga la finalidad esencial de reforma y readaptación social.