29705(03-06-09)

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Proceso No 29705

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MÁRTÍNEZ

Aprobado acta N° 161

Bogotá, D.C., tres (3) de junio de dos mil nueve (2009)

VISTOS

Realizada la audiencia de juzgamiento en el proceso adelantado contra el señor TEODOLINDO AVENDAÑO CASTELLANOS, procede la Corte a dictar sentencia de única instancia, de conformidad con las facultades previstas en los artículos 235, numeral 4° de la Carta Política y 75, numeral 6° de la Ley 600 de 2000.

FILIACION DEL PROCESADO

TEODOLINDO AVENDAÑO CASTELLANOS, nacido en Sutamerchán, Boyacá, el 1° de mayo de 1935, identificado con la cédula de ciudadanía 2’675.933 de Tuluá, hijo de Evaristo y Feliza, residente en Caicedonia, Valle del Cauca, casado con Luz Myriam Sabogal Galindo, padre de cuatro hijos, bachiller, actualmente pensionado como Congresista de la República.

HECHOS

Para el 2 de junio de 2004, se tenía previsto en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, dar inicio al primer debate del proyecto de Acto Legislativo No. 267, que introdujo reformas a la Constitución Política tendientes a permitir la reelección presidencial.

La noche anterior, 1° de junio de 2004, se llevó a cabo una reunión en la casa de la representante Clara Pinillos Abozaglo, con la asistencia de otros quince miembros de la comisión primera constitucional de la Cámara de Representantes, señores Carlos Arturo Piedrahita, Griselda Janeth Restrepo, Jorge Homero Giraldo, Dixon Ferney Tapasco, Carlos Germán Navas Talero, Luis Fernando Velasco, Rosmery Martínez Rosales, Barlahan Henao Hoyos, Telésforo Pedraza Ortega, José Luis Flórez Rivera, Joaquín José Vives Pérez, Lorenzo Almendra Velasco, Jesús Ignacio García, Yidis Medina Padilla y TEODOLINDO AVENDAÑO CASTELLANOS, todos, en ese momento opositores del proyecto de Acto Legislativo, donde decidieron suscribir un documento a la postre también firmado por Zamir Eduardo Silva y Tony Jozame Amar1, contentivo de una propuesta que habrían de presentar al día siguiente en el recinto de la Cámara2, con el fin de solicitar el archivo del proyecto objeto de debate.

Llegado el 2 de junio de 2004, trascendió a los medios de comunicación la referida reunión y la decisión adoptada por 18 de los 35 miembros de la comisión primera constitucional de la Cámara de Representantes, la cual colocaba en inminente riesgo la suerte de la iniciativa reeleccionista, como quiera que dicho grupo de parlamentarios constituían para ese momento la mayoría.

Bajo ese panorama, la sesión citada para las 9 de la mañana se postergó para el día siguiente, 3 de junio, por cuanto a la hora señalada para su inicio y hasta casi llegado el medio día no se hicieron presentes un importante número de congresistas afectos al proyecto, quienes asistieron al Palacio de Nariño a un desayuno citado para esa fecha. Porque a pesar de estar previsto que el debate se transmitiera por televisión en razón de su trascendencia, la esperada señal nunca llegó. Finalmente porque al arribo de los parlamentarios que se hallaban en el Palacio de Nariño, se generó una álgida discusión relacionada con el procedimiento que debía aplicarse para el trámite de los impedimentos manifestados.

En la tarde del mismo 2 de junio de 2004, TEODOLINDO AVENDAÑO fue visitado en su oficina del congreso por el doctor Diego Palacio Betancourt, con quien se reunió a puerta cerrada por varios minutos, hecho registrado por algunos de los periodistas presentes en el edificio del Congreso. No obstante las suspicacias que tal encuentro suscitó, ellas fueron despejadas por el Congresista quien a la salida de su despacho y en presencia del Ministro expresó enfáticamente a los periodistas y representantes presentes, que él tenía claramente fijada su Posición acerca de la reelección y que, definitivamente, no la acompañaría. También explicó que la visita del Ministro nada tenía que ver con su intención de voto en ese proyecto.

El 3 de junio de 2004, a tempranas horas de la mañana Yidis Medina dio a conocer a los medios de comunicación que se había decido a apoyar la iniciativa reeleccionista, en virtud de los ofrecimientos hechos por el Gobierno el día anterior relativos al mayor apoyo a su región en términos de inversión social.

Por su parte, TEODOLINDO AVENDAÑO se hizo presente en la sesión y contestó el llamado a lista pero posteriormente se retiró del recinto de la comisión primera a donde no regresó en el curso del debate.

Por manera que, iniciado la discusión de fondo sobre el proyecto de Acto Legislativo se presentó en primer lugar la proposición de archivo suscrita el 1º de junio de 2004 por los 18 congresistas opositores, obteniendo 16 votos a favor y 17 en contra, pues dos de sus suscriptores no la respaldaron: Yidis Medina que con base en su nueva postura la votó negativamente y TEODOLINDO AVENDAÑO quien se ausentó.

A su turno, sometido a consideración el Proyecto luego de una prolongada discusión, obtuvo 17 votos a favor, 16 en contra y un voto en blanco, correspondiente al del parlamentario ausente, TEODOLINDO AVENDAÑO CASTELLANOS.

En los días subsiguientes, TEODOLINDO AVENDAÑO explicó ante los medios de comunicación su ausencia aduciendo una emergencia familiar: el accidente automovilístico de uno de sus hijos acaecido en la ciudad de Cali, que lo obligó a viajar urgentemente a esa ciudad.

Asimismo, dio a conocer que de haber podido participar en la votación el resultado habría sido idéntico, pues para el 3 de junio de 2004 se habían disipado sus dudas en torno al proyecto de acto legislativo para la reelección presidencial, en virtud de la reunión sostenida a primera hora de ese mismo día con el representante Roberto Camacho, quien le transmitió la directriz del partido conservador de acompañar tal iniciativa, directiva que a partir de ese momento se decidió a acatar por disciplina de partido.

También hizo referencia el procesado a la reunión que tuvo con José Luis Arcila Córdoba, titular de la curul por él ocupada, quien también lo aconsejó acerca de la necesidad de apoyar el citado proyecto.

Años después se conoció por Yidis Medina que la ausencia del parlamentario AVENDAÑO CASTELLANOS, como en su propio caso su cambio de opinión respecto del proyecto, se originó en el compromiso asumido con funcionarios del gobierno, a cambio de promesa remuneratoria fruto de la cual efectivamente se dispuso para él de la Notaría 67 de Bogotá, sucediendo que el notario designado le compró ese despacho en cuatrocientos cincuenta millones de pesos a TEODOLINDO AVENDAÑO, de los cuales se pudo comprobar que recibió en sus cuentas la suma de $$ 200’604.000. Asimismo se estableció que fue favorecido con dos contratos a favor de su nuera Vania Constanza Castro.

ANTECEDENTES PROCESALES

1.- Por todo lo ocurrido los dos días previos a la sesión llevada a cabo en el seno de la Comisión Primera Constitucional de la Cámara de Representantes, así como la forma como se tramitó la recusación contra la representante Yidis Medina Padilla, el 4 de junio de 2004 el doctor Germán Navas Talero formuló denuncia penal ante la Corte Suprema de Justicia.

Iniciada investigación previa contra aquélla y luego de escuchar mediante certificación jurada a quienes votaron a favor de la propuesta de archivo, incluido TEODOLINDO AVENDAÑO, a varios funcionarios del Gobierno3 señalados de haber incidido en el cambio de la decisión de voto de Yidis Medina y en versión libre a ésta, por auto del 25 de febrero de 2005 esta Sala se inhibió de iniciar investigación formal en su contra, precisando que con fundamento en la inviolabilidad del voto y las razones que ella misma dio a los medios de comunicación para apoyar el proyecto de reforma constitucional, no se estructuraba el delito de cohecho ni alguno otro, pues los motivos de su cambio de postura estaban sustentados en su interés general por lograr recursos de inversión para su región. Tampoco se halló que adquiriera la categoría de punible lo concerniente al trámite de la recusación en su contra formulada.

2.- Esa investigación fue reabierta por la Corte el 10 de abril de 2008 luego de conocerse públicamente la entrevista que Yidis Medina ofreció al periodista Daniel Coronell dos meses después de discutido el proyecto para la reelección presidencial en su primer debate en la Cámara de Representantes, entrevista mantenida en reserva a petición de aquélla durante cuatro años, en la cual narraba la forma como fue persuadida por miembros del gobierno para apoyar el proyecto a cambio de prebendas.

En la misma decisión se dispuso extender la indagación a TEODOLINDO AVENDAÑO CASTELLANOS, en razón de la conducta por él asumida en aquélla ocasión.

3.- Por auto del 24 de abril de 2008 se abrió formalmente investigación en contra de Yidis Medina y en la misma decisión se ordenó continuar por separado la indagación preliminar contra TEODOLINDO AVENDAÑO.

En su indagatoria Yidis Medina confesó haber vendido su voto a favor del proyecto reeleccionista y explicó que idéntico comportamiento había sido desarrollado por TEODOLINDO AVENDAÑO.

4.- Ante tan graves cargos, la Corte dispuso compulsar copia de dicha indagatoria y de otras piezas procesales a esta actuación, y ordenó escuchar a Yidis Medina en declaración jurada, diligencia llevada a cabo el 15 de mayo de 2008 donde ésta se ratificó sobre su conocimiento acerca de lo ofrecimientos efectuados a TEODOLINDO AVENDAÑO para ausentarse de la sesión en la cual se votó el proyecto de acto legislativo para la reelección presidencial, la entrega de un despacho notarial en cumplimiento de la promesa anterior, su venta por parte de aquél por la suma de 450 millones de pesos y el cumplimiento de otras prebendas a favor de su hijo y nuera.

5.- Con base en lo anterior, el 16 de mayo siguiente se inició investigación en contra del ex congresista AVENDAÑO CASTELLANOS, a quien, después de escucharlo en indagatoria, se le afectó con medida de aseguramiento de detención preventiva por un concurso de delitos de cohecho propio y enriquecimiento ilícito de particulares.

6.- Perfeccionada la instrucción se calificó su mérito probatorio con resolución de acusación contra TEODOLINDO AVENDAÑO CASTELLANOS, como probable autor de los delitos de cohecho propio y enriquecimiento ilícito de particular.

LA ETAPA DEL JUICIO

Ejecutoriada la resolución acusatoria, el 28 de noviembre de 2008 se llevó a cabo audiencia preparatoria, disponiéndose de la práctica de diversas pruebas tanto a petición de la defensa como de manera oficiosa. Antes de la audiencia pública de juzgamiento se acopiaron las siguientes en razón de su naturaleza:

1. Oficio del Ministro de la Protección Social en el cual informa que el 3 de junio de 2004 a las 2:30 p.m. se llevó a cabo reunión de trabajo acerca del proyecto de ley 2364.

2. Oficio de Avianca donde se certifica que TEODOLINDO AVENDAÑO CASTELLANOS viajó en la ruta Bogotá-Armenia con fecha 3 de junio de 20045.

3. Oficio de la Presidencia de la República certificando que el 3 de junio de 2004 fue citado el Ministro de la Protección Social a una reunión para discutir un proyecto de ley; se anexan registros de ingreso a la Casa de Nariño6.

4. Oficio de RCN remitiendo un DVD contentivo de la entrevista realizada a TEODOLINDO AVENDAÑO CASTELLANOS el 10 de junio de 20047.

5. Oficio del Vicefiscal General de La Nación mediante el cual se remite copia del proceso UI0031 seguido contra Sabas Pretelt de la Vega y otros8.

6. Oficio de la Superintendencia de Notariado y registro mediante la cual remite los antecedentes de creación y funcionamiento de la Notaría 17 del círculo de Cali y los relativos al concurso de notarios9.

7. Copia de la actuación iniciada por la Fiscalía General de la Nación contra Luis Camilo O´meara Riveira y Jorge Luis Escalante Viana10.

8. Oficio de la Vicefiscalía General de la nación informando que no se encontró actuación alguna seguida contra Yidis Medina por los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos o acción de extinción de dominio11.

9. Copia de la investigación penal seguida contra Cesar Guzmán por denuncia que en su contra formuló TEODOLINDO AVENDAÑO CASTELLANOS12.

10. Oficio de LEGIS aclarando que la sigla “O.P” incluida en una comunicación anterior corresponde a una abreviatura de la expresión “Orden de Producción”13

11. Oficio de CM& remitiendo DVD contentivo de la entrevista realizada a TEODOLINDO AVENDAÑO CASTELLANOS el 2 de junio de 200414.

12. Oficio de Caracol Noticias, remitiendo DVD contentivo de la entrevista efectuada a TEODOLINDO AVENDAÑO CASTELLANOS el 4 de junio de 200415.

13. Estudio comparativo de textos mecanográficos relacionado con el pagaré P-7596482216.

14. Informe de Policía Judicial N°030 relacionado con las actividades de investigación llevadas a cabo para ubicar a quien era propietario del vehículo Mazda CEF642 para junio de 200417.

15. Remisión de copias de los procesos disciplinarios 001-105507-04, 001-173086-08, 001-171434-08 y 001-173081-0818.

16. Informe de Policía Judicial N°032 contentivo del análisis link efectuado a partir de las bases de datos suministradas por las empresas de telefonía celular TIGO y MOVISTAR correspondientes a los abonados de TEODOLINDO AVENDAÑO MACHADO y TEODOLINDO AVENDAÑO CASTELLANOS19.

17. Oficio remitiendo copia de la investigación penal que adelanta la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes contra el Presidente de la república Álvaro Uribe Vélez20.

18. Informe de Policía Judicial N°0057 referido a los documentos tributarios y financieros recaudados en relación con TEDOLINDO AVENDAÑO CASTELLANOS y Yidis Medina Padilla21.

19. Informe de Policía Judicial N°0061 que condensa los movimientos bancarios efectuados entre los años 2005, 2006 y 2007 por los señores Teodolindo Avendaño Machado, Vania Carolina Castro Varona, Luis Camilo O´meara Riveira, Jorge Luis Escalante Viana, Jorge Fonseca y Hernando Angarita Figueredo22.

20. Informe de Policía Judicial N°031 contentivo de las actividades desarrolladas para verificar si Teodolindo Avendaño Machado y Vania Castro Varona viajaron en la ruta Armenia-Bogotá-Armenia a finales de mayo y si Jorge Luis Escalante Viana viajó a la ciudad de Bogotá entre el 24 de septiembre y el 1 de octubre de 200523.

El 20 de marzo de 2009 se inició la audiencia pública de juzgamiento, ordenándose a su inicio allegar copia del fallo proferido el 16 de marzo de 2009 por el Procurador General de la Nación24 mediante el cual absolvió de los cargos disciplinarios a los señores Sabas Pretelt de la Vega, Diego Palacio Betancour, Hernando Angarita Figueredo, Jorge Noguera Cotes y José Félix Lafaurie, por hechos conexos con los debatidos en este proceso, como también se ordenó de manera oficiosa la ampliación del testimonio de Nelly Magda Nuñez quien en memorial que hizo llegar a la Sala en días anteriores al inicio de la audiencia, manifestó su intención de ampliar su declaración. Igualmente, fueron puestos a disposiciones se los sujetos procesales, el dictamen pericial y los informes de policía judicial ordenados en audiencia preparatoria, a fin de garantizar su publicidad y controversia.

En las sesiones de la audiencia llevadas a cabo los días 24, 25, 26 y 27 de marzo, se interrogó al procesado y se escucharon los testimonios de María Claudia Salgado, Juan David Ortega, Jorge Luis Arcila, Jaime Mejía y Vania Castro, así como la ampliación de las declaraciones de Magda Nelly Nuñez, Gilberto Avendaño Sabogal y Yidis Medina Padilla.

Agotada la etapa probatoria del juicio, se resolvió acerca de las solicitudes de la defensa dirigida a que se ampliara uno de los informes de policía judicial, petición denegada por improcedente.

En la sesión programada para el 1 de abril intervino el Procurador Delegado presentando sus alegatos finales, al paso que el defensor presentó renuncia a su cargo pretextando presuntas violaciones al derecho de defensa; ante esta eventualidad la Sala, a petición del procesado, postergó la audiencia hasta el 13 de abril siguiente a fin de que éste buscara nuevo defensor de confianza.

En esta última fecha el procesado designó defensor y vocero, solicitándose prórroga de la audiencia hasta por sesenta días para preparar la defensa, petición a la cual accedió la Sala sólo parcialmente otorgando un plazo de tres semanas.

En consecuencia, se programó la continuación de la audiencia para el 4 de mayo, pero en esa fecha fue el vocero quien presentó renuncia alegando no contar con suficiente tiempo para la preparación de su intervención; asimismo, el procesado no concurrió a la audiencia allegándose de la Penitenciaría Central de la Picota una incapacidad médica por diez días.

La audiencia se reprogramó para el 13 de mayo pero no se llevó a cabo en esa fecha por cuanto el procesado solicitó nuevo aplazamiento. Finalmente la intervención del procesado y su defensor se llevaron a cabo el 18 de mayo de 2009.

LA INTERVENCIÓN DE LOS SUJETOS PROCESALES

1. El Procurador Primero Delegado para la investigación y el Juzgamiento Penal.

Solicitó a la Corte el proferimiento de sentencia condenatoria en contra de TEODOLINDO AVENDAÑO CASTELLANOS como autor doloso de los delitos de cohecho propio y enriquecimiento ilícito, en cuanto halló reunidas las dos certezas requeridas para proferir decisión de tal naturaleza: prueba completa de la materialidad de los delitos y de la autoría y responsabilidad del acusado.

Para fundamentar esa petición, destacó el Procurador que en el proceso se acreditaron varios hechos jurídicamente relevantes, a saber: (i) que para el 3 de junio de 2004, políticos, gobierno y medios tenían puesta su atención en el primer debate del proyecto de acto legislativo que permitía la reelección presidencial; (ii) que el 27 de abril anterior el partido conservador convino apoyar esa iniciativa, incluido TEODOLINDO AVENDAÑO CASTELLANOS, no obstante lo cual en la noche del 1 de junio en casa de la representante Clara Pinillos suscribió un compromiso formal en el sentido de votar por el archivo del proyecto; (iii) que este último hecho trascendió el 2 de junio, sucediendo a la vez que por incidencias menores el debate, previsto para iniciarse ese día, no se lleva a cabo; (iv) que poco antes del debate, el 3 de junio de 2004, el señor AVENDAÑO desapareció del recinto de la Cámara, alegando ante Roberto Camacho que le había surgido una emergencia familiar que imponía su viaje precipitado a la ciudad de Cali. Y, (v) que en la madrugada del 4 de junio las fuerzas en la votación se invirtieron: Yidis Medina Padilla retiró su apoyo a la propuesta de archivo del proyecto y TEODOLINDO AVENDAÑO no votó. De esa secuencia surge un primer interrogante: ¿TEODOLINDO AVENDAÑO omitió ese deber funcional porque recibió promesa remuneratoria o por causa verdadera?

A pocos meses de esa ausencia, su patrimonio empieza a engrosarse de manera extraña, recibiendo a sus cuentas y a las de su esposa dineros provenientes de Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, por valores de nueve millones, veinte millones en un solo día, otros por diecisiete millones, hasta completar entre 2005, 2006 y 2007 una suma superior a doscientos millones de pesos. Es ahí donde surge otro interrogante: ¿TEODOLINDO AVENDAÑO dijo la verdad cuando indicó que ese dinero correspondía a préstamos para su campaña o fue el precio del delito anterior o fue producto de la venta de la Notaría?

En el juicio se vino abajo la justificación brindada por el procesado para ausentarse, por cuenta de Gilberto Avendaño y Vania Castro, en tanto se demostró el cúmulo de mentiras que rodearon la alegación de la calamidad doméstica. A través de esos testimonios quedaron claros muchos aspectos:

En primer término que el joven no sufrió ni un rasguño en el accidente y cuando habló con su padre así se lo hizo saber; igualmente, que desde el día siguiente al accidente el carro estaba en el taller de la aseguradora, estaba además asegurado y la doctora Vania había iniciado los trámites para que le fuera reparado el daño, apoyada por su esposo, un abogado de 44 años. “Y quiere (el procesado) que la Corte crea que era muy importante que su suegro viajara a Cali, para arreglarle el valor de unos transportes en taxi, porque la aseguradora terminó pagándolo todo y el deducible fue pagado cuatro meses después… ¿qué consistencia lógica puede tener la alegada calamidad domestica si por teléfono o por cajero electrónico podía atender los gastos del taxi?”.

Para nada dijo la doctora Vania que por el accidente automovilístico se estuviera desbaratándose su matrimonio, como se ha querido traer a la audiencia; la única presión que le hizo a su cónyuge fue la de decirle que si él no llamaba a su papá para que le respondiera por los taxis, ella lo hacía; de manera que no hubo calamidad doméstica, ni lo que en un memorial del defensor se llamaba “la inmensa angustia que obligó a Avendaño Castellanos a no votar esa noche”.

Acaso TEODOLINDO voló enseguida a Cali? No. Tomó un vuelo a Armenia y de allí a Caicedonia, a su casa, donde ni siquiera se comunicó con su hijo que en su imaginación estaba grave. Sólo el 4 de junio llegó a Cali, hizo menudos arreglos económicos y esa es toda la trascendencia de su visita.

Dijo Vania Castro en su declaración que por aquella época atravesaban por una difícil situación económica; no obstante, en la resolución de acusación la Corte indicó consignaciones diferentes a nómina en Bancafé, por parte de Teodolindo Avendaño Machado su hijo, el 21 de abril de 2005 de $1’700.000 y el 19 de julio $1’700.000. Vania afirmó, además, que en 2004 su bufete estaba en pleno funcionamiento y que su esposo tampoco estaba desempleado. Entonces, de qué manera se suscitó la angustia?

Igual sucede desde la óptica del Representante Roberto Camacho; nadie ignoraba que la propuesta para lograr la reelección presidencial estaba seriamente comprometida y un político avezado como él no podía ser tan indiferente a la suerte de ese debate, diciéndole a uno de los votantes de indudable trascendencia, que se fuera a Cali; lo mínimo que podía decirle era que esperara unas cuantas horas ya que habían pasado varios días desde el accidente y no se había reportado ninguna lesión ni leve, ni grave, en Gilberto Avendaño Sabogal. Igual sucede con José Luis Arcila, pues si era tan acérrimo defensor de la reelección presidencial por razones de peso ¿cómo iba a permitir arriesgar el éxito del proyecto con la ausencia de su suplente?

TEODOLINDO AVENDAÑO, que en abril de 2004 acompañó la decisión de su partido de apoyar la reelección sin expresar ninguna duda acerca de su constitucionalidad, quiere hacer creer a la Corte que para el 1 de junio si concibió razones de derecho constitucional para no estar de acuerdo con ella; que al día siguiente lo proclamó de manera categórica y pública ante los medios de comunicación, como se mostró en el video puesto de presente en la audiencia, recibiendo a continuación nutridos aplausos. Dijo: “yo no soy reeleccionista”. Y viene a decir que porque conversó con el doctor Arcila Córdoba decidió, otra vuelta adicional más, que votaría a favor de la reelección por disciplina de partido, pero a la postre desaparece del debate sin causa verdadera, para concretar así la conducta dar así cumplimiento a lo que el artículo 405 del C.P.

En cuanto a la segunda, el enriquecimiento ilícito de particular, el ingreso de doscientos millones de pesos fue explicado por el señor AVENDAÑO como fruto de los préstamos que le hizo su muy buena amiga en los corrido de tres años, para que financiera su aspiración a la Cámara, donde surge la primera objeción pus se sabe que Yidis Medina no es prestamista, que soporta un alto pasivo y que, además no estaba en una candidatura del Valle siendo oriunda de Barrancabermeja. Pero aun considerando en gracia de discusión que si le asistiera interés “… iba a prestarle a un hombre que ya no era joven, con esposa e hijos, tamaña suma, sin un sólo documento que dejara noticia histórica de la acreencia, sin un título valor, sin intereses, prestarle así a un hombre de 73 años, con eventuales herederos conocidos?”.

Y pese a que en este proceso se recibió declaración del contador Jaime Mejía, conociéndose que el señor AVENDAÑO estaba abrumado por las deudas, dijo él que le había pagado estos préstamos a Yidis. Cómo iba a hacerlo si no tenía capacidad de pago?

Además, en sus agendas de los años 2005 y 2006 extrañamente anotó datos de notarías y de sus ingresos, como los del Notario 67 de Bogotá e innumerables citas con él programadas y las explicaciones que dio frente a esas evidencias son insuficientes, lo cual conduce directamente a la negociación de la notaria 67 de Bogotá y revela una dimensión negativa de la conducta del procesado desde le punto de vista ético.

Las explicaciones que brindó acerca de estos temas son inconsistentes y constituyen un paso más y decisivo rumbo a desvirtuar la presunción de inocencia. Dijo así, invocando nuevamente al fallecido Roberto Camacho, que éste lo había presentado con Luis Camilo O´meara en el club de ejecutivos de Bogotá y que sólo eso fue su trato con esta persona, pero más tarde, al preguntársele en la ampliación de indagatoria por qué tenía los datos personales de él, entre ellos su número de cédula, recordó tardíamente que en otra ocasión se vieron, esta vez en un aeropuerto, donde le puso a su orden la Notaria. Y cabe preguntarse, “…cuál es el conocido lejano que después de una ligera presentación si es que la hubo por parte del doctor Roberto Camacho en el club de ejecutivos en Bogotá hacia octubre de 2005 en un cruce rápido en un aeropuerto le da a un conocido muy lejano teléfono dirección de residencia pero sobre todo cedula de ciudadanía?”. Pero aun si eso se le creyera, cómo explicar entonces el estudio de las llamadas cruzadas entre Teodolindo Avendaño y Luis Camilo Omeara, sin controversia posible?

Y aquí vino la señora Nelly Magda Núñez, a explicar que como empleada de la Notaría 67 vio allí al señor AVENDAÑO en sus visitas al Notario, narración que hizo con precisiones minuciosas y concretas atendibles, como que al acusado le gustaba el tinto con poquita azúcar. Y expresó también cómo mintió la primera vez que declaró, por el pánico que cundió ante las revelaciones de Yidis Medina, fruto de las cuales en la Notaria se pensaba que todos se iban a quedar sin puesto. En todo caso, como mintió en su primera declaración, se hace acreedora a la compulsa de copias para que se le investigue por falso testimonio, lo cual se solicita. La misma testigo es veraz en cuanto tienen que ver con las consignaciones que efectuó al procesado, de hecho reposa en el proceso copia de ellas.

Entonces descartada por inverosímil la tesis del acusado de un préstamo sin constancia alguna por parte de Yidis Medina Padilla, lo que si tiene absoluta armonía y concordancia con estas consignaciones por 200 millones de pesos en favor de Teodolindo Avendaño y de su esposa Luz Miriam Sabogal es el relato que hace Yidis Medina sobre el pagaré con el que se negoció la notaria 67 de Bogotá cuya copia ella aporta al proceso, por cuatrocientos cincuenta millones de pesos, cincuenta de ellos pagaderos a la vista, suma que precisamente se completó para esa fecha a través de varias consignaciones llegadas a la cuenta del procesado.

No es extraño que quien firmó como codeudor, Jorge Luis Escalante, hubiera aportado una copia en blanco de este pagaré. Bien pudo suceder que se aprovisionara de ella antes de que el Notario firmara, como seguro de vida en caso de que algún problema, como el presente se suscitara. En todo caso, el pagaré original, dijo Yidis, quedó en manos de TEODOLINDO AVENDAÑO y con alta probabilidad era el documento que con tanta urgencia buscó su hijo Gilberto luego del allanamiento que la Corte practicó, en esa conversación que fue interceptada y puesta de presente en el juicio.

Adicionalmente, la Corte demostró que a las cuentas del procesado ingresaron dineros directamente girados por el Notario O´meara Riveira, consignaciones cuyo origen no puede ser otro que la negociación de la Notaría. Si Yidis Medina participó o no en la compra de la Notaría o sólo intervino en auxilio de TEODOLINDO AVENDAÑO, es asunto que como lo dijo la Corte en la resolución de acusación, debe definirse dentro de los procesos que se adelantan por estos mismos hechos en la Fiscalía General de la Nación.

Derruida así la presunción de inocencia y estando firmes y concordes las pruebas incriminatorias debe proferirse sentencia de condena.

2. El procesado

A partir del postulado según el cual el cohecho se sucede entre dos partes: una que ofrece y otra que recibe, afirma el procesado que la versión que dio Yidis Medina, se encuentra desvirtuada a través de las declaraciones de quienes supuestamente habrían hecho los ofrecimientos, a saber, sabas Pretelt de la Vega, Diego Palacio Betancour y Hernando Angarita Figueredo. Entonces, agrega, en su modesta apreciación si las personas que ella sindica de haber hecho los ofrecimientos niegan bajo la gravedad del juramento haber incurrido en la conducta denunciada, cómo puede hablarse de cohecho?

La falsedad de las afirmaciones de Yidis Medina surge además de su tardía denuncia, presentada sólo cuatro años después. Acudió a artimañas, fraguadas con antelación, para perjudicarlo, valiéndose de las consignaciones que le hizo producto de préstamos personales, como si fueran la prueba del pago por la Notaria. De haber aceptado alguna negociación ilegal, no habría suministrado sus cuentas ni la de su esposa, para no dejar rastro del delito, ni habría admitido un pago gota a gota. Esos dineros sí eran préstamos y de ello hay prueba en el proceso: una letra de cambio del año 2005 que le firmó al señor Darío Zuluaga para pagarle precisamente a Yidis parte de los dineros prestados. Los demás créditos se los canceló a través de préstamos que le hacían las personas que le colaboran en Caicedonia, como Miguel Fernández.

Lastimosamente no se logró allegar el testimonio de la señora Clara Inés Martínez quien fue secretaria en la oficina de la señora Yidis Medina, a quien le consta cómo él iba a esa oficina a pagarle a Yidis esos préstamos.

La determinación disciplinaria adoptada por el Procurador General de la Nación a favor de los Ministros, tiene especial importancia porque en ella se hace un análisis crítico del testimonio de la señora Medina, el cual debe valorarse teniendo en cuenta sus múltiples inconsistencias y contradicciones tales como que los dos hablaron el 3 de junio de 2004, cuando lo cierto es que su relación surgió sólo en marzo de 2005; que ese día él estuvo en compañía del ministro Diego Palacio, cuando en esa fecha viajó a Armenia; que se habían visto el 4 de junio, fecha para la cual esta en la ciudad de Cali; que su permanencia en Bogotá era para llevarlo a votar siempre que fuera necesario, pero si ello fuera así sencillamente no habría viajado ese día.

La voluntad del parlamentario es inviolable. Se le ha reprochado haber firmado una proposición de archivo y luego retirarse, olvidándose que él estaba en libertad hasta último momento de cambiar de criterio, porque en eso consiste la inviolabilidad del voto y de las opiniones. Por eso ante las observaciones que le hicieron miembros de su partido, libremente cambió de postura.

Finaliza su intervención haciendo una cita de la obra de Fray Marino de Malatesta acerca de la crítica testimonial, cuyas orientaciones solicita sean tenidas en cuenta al momento de fallar.

3. El defensor

Solicita a la Sala absolver a TEODOLINDO AVENDAÑO CASTELLANOS, con fundamento en las siguientes consideraciones:

3.1. Partiendo de la premisa de que los congresistas son inviolables por las opiniones y los votos que emitan en ejercicio del cargo (Artículo 185 Constitución Política), como así lo ha reconocido la jurisprudencia de la Sala25, trae a consideración un concepto jurídico rendido por el profesor Carlos Alberto Jaramillo Restrepo26, para sostener que la conducta imputada a título de cohecho no tiene relevancia jurídico-penal. Las razones dogmáticas de tal postura son las siguientes:

3.1.1. El acto que se dice fue negociado por parte del doctor TEODOLINDO, es un acto que si bien es propio del cargo está dentro de un marco estrictamente facultativo cuya motivación no es susceptible de valoración a la luz del derecho sino de la moral y de la ética, por lo que ni el hacerlo o no hacerlo, ni su contenido en cuanto se haga, comporta un deber oficial.

3.1.2. Esa libertad que tiene el Congresista para votar o no votar o para hacerlo en uno u otro sentido, agrega, se compadece con el modelo de representación fiduciaria propio de los modernos Estados donde aquél actúa con autonomía, modelo aplicado en nuestra legislación, la ley 5ª de 1992, artículos 122, 263, 264, 265, 268, 269, 270-4, 271 y 296-6.

3.1.3. Con apoyo en citas doctrinarias y jurisprudenciales se enfatiza que el cohecho propio representa un pacto mediante el cual por dinero, dádiva o promesa remuneratoria, se omite o retarda el acto que el servidor público está obligado a ejecutar o se realiza de modo contrario a sus deberes oficiales. Así las cosas, todo indica que en vista de que el acto de votar por parte del doctor TEODOLINDO no constituía un acto funcional al que se estuviere obligado por constituir un deber legal, su omisión apenas sí sería representativa en consideración a su motivación, que de tenerse como probada, constituiría una falta a la ética, generadora de responsabilidad política y objeto de regulación por un plexo normativo diferente del ordenamiento jurídico penal, a saber la ley 5ª de 1992.

3.2. En lo que respecta al delito de enriquecimiento ilícito de particular, si la Corte partiera de la tesis atrás expuesta, esto es, la inexistencia del delito de cohecho propio, la conducta habría de adecuarse al tipo penal del enriquecimiento ilícito de servidor público, por haberse verificado el incremento dentro de los dos años siguientes al retiro del cargo, siempre que además se cumplieran sus demás requisitos.

De no acogerse la tesis de la atipicidad del cohecho propio, la Corte debería reflexionar acerca de su posición sobre el concurso entre el cohecho y el enriquecimiento ilícito de particulares, puesto que en última instancia, por ser connatural al cohecho el incremento patrimonial representado, el punir dicho incremento real o potencial pudiere ser representativo de obrar desconociendo el principio del non bis in ídem -artículo 8°, Código Penal.-.

3.3. Las sindicaciones hechas por Yidis Medina en contra de TEODOLINDO AVENDAÑO, por supuestos ofrecimientos a partir de los cuales había logrado adjudicación de ambulancias y otros bienes de servicio comunitario, como también el de una Notaría, no pueden ni deben tener credibilidad en tanto que el análisis sencillo de la situación demuestra que era ella quien tenía injerencia en la Notaría 67 de Bogotá.

Tampoco, agrega, hay prueba objetiva de la supuesta oferta gubernamental hecha a TEODOLINDO AVENDAÑO: en primer término, no pudo establecerse el contenido de la reunión que éste sostuvo con el Ministro de la Protección Social. Además, nada en el proceso, salvo las versiones de Yidis Medina y César Guzmán, permiten inferir razonablemente quién o quiénes a nombre del Gobierno Nacional hicieron tales ofrecimientos, en qué se concretaron y cómo se consolidaron. Nada descarta que el Ministro sólo hubiese pido el apoyo al proyecto, sin hacerle ofrecimientos.

El cambio de parecer y opinión del procesado en cuanto a la forma de votar el proyecto fue animado finalmente, como lo señaló en indagatoria, por la obediencia y disciplina exigida por la bancada congresional del Partido Conservador, y la Directiva de dicho Partido Político, cuyos miembros pactaron la acogida y respaldo de la reelección presidencial.

Tampoco cabe dentro de la simple lógica, que TEODOLINDO AVENDAÑO hubiera acogido una gaseosa propuesta para comprar su conciencia, ofreciéndole la detentación de una notaría que por entonces no existía, pues como se sabe ella se creó en el decurso de 2005.

La Corte ha otorgado crédito a Yidis Medina en el sentido de que la ausencia de TEODOLINDO AVENDAÑO se ideó a instancia del Ministro Palacio Betancour, pero se ha olvidado que TEODOLINDO AVENDAÑO ha sido enfático en sostener que con su voto o sin él el resultado del debate hubiese sido el mismo, porque para ese momento ya se había decidido a apoyar la iniciativa. El indicio que se derivó de su ausencia es altamente contingente: no se ha probado con certidumbre que la ausencia del procesado no estuviera motivada por el caso fortuito que se viene de mencionar.

En capítulo separado se adentra el defensor en exponer las contradicciones en las cuales ha incurrido Yidis Medina respecto a la forma en la cual fue abordada para que cambiara su voto en el trámite del proyecto citando sus distintas intervenciones procesales y en la declaración que dio al periodista Daniel Coronell. Asimismo, emprende igual ejercicio en cuanto a los hechos declarados por esta persona en relación con TEODOLINDO AVENDAÑO, señalando en esencia que Yidis miente por las siguientes razones:

3.3.1. Sostuvo que TEODOLINDO AVENDAÑO el día de la votación permaneció con Diego Palacio, que no viajó a ningún lado y que al otro día se reunió con ella. Todo ello está desvirtuado pues Teodolindo sí viajó el 3 de junio a la ciudad de Armenia y el 4 se desplazó a Cali, además que sería ilógico que TEODOLINDO se hubiera expuesto el 4 de junio públicamente reuniéndose en las propias instalaciones del congreso para que los demás congresistas pudieran advertir que su inasistencia a la sesión de la comisión primera no obedecía a la situación de fuerza mayor presentada el día anterior.

3.3.2. No pudo existir ofrecimiento previo de notarías, porque para el año 2004 se ignoraba cuáles de esos despachos quedarían vacantes en el 2005. Además, Yidis no le mencionó a Daniel Coronell, en su entrevista, dádiva de dicha naturaleza y las gestiones que ella adelantó para hacerse a la Notaría de Barrancabermeja, las efectuó en el 2005, como así lo admitió tanto ella como César Guzmán.

3.3.3. Si TEODOLINDO supuestamente acudió al Ministerio del Interior para discutir los términos en los que le entregarían una notaria, no es lógico que Hernando Angarita haya llamado a Yidis para decirle que había la posibilidad de darle una notaria a Teodolindo.

3.3.4. Yidis Medina supuestamente fue quien asumió todos los trámites para lograr que le cumplieran el ofrecimiento de la Notaria a Teodolindo situación absurda, porque nadie se ofrecería a involucrarse en actividades ilícitas sin obtener nada a cambio.

3.3.5. Las consignaciones a las cuentas de TEODOLINDO AVENDAÑO se realizaron por Cesar Guzmán Areiza desde las ciudades de Barrancabermeja y Barranquilla, lo que demuestra que los recursos los conseguía YIDIS o sus allegados, los consignaba en las cuentas del Dr. TEODOLINDO o su esposa y con ello los involucraba perversamente en la empresa criminal montada para obtener presión hacia el Gobierno Nacional. No tendría sentido que la señora Medina Padilla hubiera recibido el dinero de manos del doctor Angarita en la ciudad de Bogotá y lo trasladara a Barranquilla o Barrancabermeja para que se realizaran las transacciones. Así, por ejemplo, Milton Contreras afirmó haber consignado a las cuentas de TEODOLINDO un dinero que Yidis le traspasó a su cuenta previamente, porque según ella estaba fuera de Bogotá y no podía hacer esa transacción.

3.3.6. Si la ideas de los funcionarios del gobierno era quedarse con la Notaría, como lo dijo Yidis, no hubieran permitido que fuera Yidis Medina quien buscara a la persona idónea para el cargo. Además, como se habían creado 13 o 14 notarías, ellos podían quedarse con cualquiera y no con la TEODOLINDO, menos aun valiéndose de un tercero con quien no tenían una relación de amistad o confianza suficiente para encargarle el desarrollo de una actividad ilícita.

A modo de conclusión, esgrime el defensor:

“… De los hechos anteriores se concluye que en el año 2004 no hubo ofrecimiento de ninguna notaría, porque solamente en el año 2005 la Superintendencia elabora un documento que contiene las recomendaciones (más de un año después de la aprobación del acto legislativo que permitió la reelección), por necesidad del servicio, de crear notarias en diferentes lugares del país. Resulta imposible que el Gobierno haya hecho ofrecimientos en el 2004 sobre algo que desconocía, porque la creación de notarías no es caprichosa, ni discrecional, sino que depende de los estudios técnicos que realice la Superintendencia del ramo.”

3.3.7. Jorge Luis Escalante quien aparece firmando como codeudor del pagaré, bajo la gravedad del juramento manifestó no haber respaldado esa deuda y no conocer a las personas que aparecen en el titulo valor que aportó Yidis Medina a la Corte. Igualmente aportó copia del mismo pagaré pero firmado en blanco, extendido para respaldar una préstamo que ella le hizo a principios de 2005 (minuto 12:18 en adelante). La certificación que expidió Legis confirma que el pagaré que firmó Escalante Viana a Yidis Medina fue elaborado en marzo de 2005 y, por tanto, es posible que este título valor hubiera estado al mercado para el momento en que Yidis le hizo el préstamo a Jorge Luis Escalante, ya que el testigo no da fecha exacta, sino una época aproximada. Además, Jorge Luis Escalante no conoce a Luis Camilo O´meara, ni a Teodolindo Avendaño, motivo por el cual no resulta lógico que aparezca respaldando una obligación de personas con las que no tiene ninguna relación.

3.3.8. HERNANDO ANGARITA negó haber tenido conocimiento de la creación de la Notaria 67 y de la designación de Luis Camilo O´meara como notario y calificó de absurda la versión de Yidis Medina que lo involucraba en la compra de ese despacho.

3.3.9. Lo afirmado por YIDIS MEDINA en el sentido de haberse ofrecido a TEODOLINDO AVENDAÑO una notaria en Bogotá es totalmente falso, carece de toda validez suponer que esa designación efectuada en noviembre de 2005, a los dieciocho meses de haberse tramitado el proyecto de acto legislativo, haya tenido ocurrencia por razón de los ofrecimientos realizados a ella y a Teodolindo Avendaño para que apoyaran el proyecto de reelección presidencial.

3.3.10. Todos los trámites para la creación de es notaria se realizaron desde la Superintendencia de Notariado y Registro, por manera que TEODOLINDO AVENDAÑO no tuvo ninguna injerencia en ello.

CONSIDERACIONES

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia es competente para proferir sentencia dentro de la causa que se sigue en contra del señor TEODOLINDO AVENDAÑO CASTELLANOS, de conformidad con lo previsto en los artículos 235 de la Constitución Política y 75-7 del Ordenamiento Procesal, por cuanto uno de los delitos por los cuales se radicó en juicio criminal -el cohecho propio- se halla inescindiblemente ligado al ejercicio de la función congresional que desempeñó27, mientras que el segundo –enriquecimiento ilícito de particular-, está vinculado al primero en relación de conexidad sustancial.

En efecto, ha señalando esta Corporación que si bien el artículo 235 de la Constitución Política establece que el fuero sólo se mantendrá para las conductas punibles cometidas con ocasión de las funciones desempeñadas, tal preceptiva se aplica respecto de aquellos delitos comunes que se cometan aisladamente y sin relación alguna con la función, “[…] Distinto acontece cuando en el proceso que se adelanta contra funcionarios con fuero, se advierte la presencia de alguno de los supuestos a que hace alusión el artículo 90 del estatuto procesal punitivo, caso en el cual, por virtud del mandato legal, se impone adelantar las investigaciones de manera conjunta.”. 28

Así sucede en el presente caso, porque si bien el delito de enriquecimiento ilícito de particular vulnera un bien jurídico que no guarda relación con la función congresional desempeñada entre agosto de 2003 y agosto de 2004 por el señor AVENDAÑO CASTELLANOS, lo cierto es que los hechos que dan lugar a estimarlo configurado tienen relación con el cohecho propio que también se le reprocha, en la medida que uno se habría cometido con ocasión o como consecuencia del otro, supuesto que encaja en la hipótesis recogida por el numeral 3º del artículo 90 de la Ley 600 de 2000, conocido bajo la denominación de conexidad hipotática.

Como punto de partida del análisis que debe emprender la Sala, ha de tenerse en cuenta que conforme al artículo 232 del estatuto procesal penal, a diferencia del grado de conocimiento requerido para imponer en contra de un procesado medida de aseguramiento -posibilidad-, o para proferir resolución de acusación -probabilidad-, para dictar fallo de condena es necesario que de las pruebas obtenidas en las diversas fases del proceso se llegue a la certeza acerca de la realización de la conducta punible objeto de reproche como de la responsabilidad del acusado, conclusión que debe surgir de la valoración de los medios de prueba en conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana crítica, según lo demanda el artículo 238 ejusdem.

Con ese derrotero y tomando como punto de partida la acusación emitida por esta Corporación en contra del señor AVENDAÑO CASTELLANOS, por razones de método se abordará el examen separado de cada una de las conductas punibles que se le reprochan.

1. El delito de cohecho propio

El artículo 405 del Código Penal lo define en los siguientes términos:

“El servidor público que reciba para sí o para otro dinero u otra utilidad, o acepte promesa remuneratoria, directa o indirectamente, para retardar u omitir un acto propio de su cargo, o para ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales, incurrirá en prisión de cinco (5) a ocho (8) años, multa de cincuenta (50) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años”.

Se trata de un tipo penal de conducta alternativa en cuanto la prohibición se eleva tanto por recibir dinero u otra utilidad, como por aceptar promesa remuneratoria, para asegurar una de las siguientes tres finalidades, erigidas como elemento normativo del tipo: (i) retardar un acto propio del cargo; (ii) omitirlo; o (iii) ejecutar uno contrario a sus deberes.

Como en este asunto la conducta imputada al procesado en la resolución acusatoria fue la segunda, esto es, aceptar promesa remuneratoria, con miras a que omitiera un acto propio del cargo, sólo de ella se ocupará la Sala.

A este respecto, teniendo en cuenta que la defensa sustenta su petición absolutoria, entre otros argumentos, en la presunta atipicidad de la conducta reprochada al procesado, con ocasión del carácter meramente facultativo de la actuación que se dice omitida, la Corte se ocupara en principio de esta temática, en tanto de prosperar tornaría inane el examen de los distintos elementos objetivos y subjetivos del tipo penal imputado.

Sostiene la defensa, en esencia, que como la Ley 5ª de 1992 establece que a los congresistas les asiste el derecho de asistir con voz y voto a las sesiones de la comisión a la cual pertenecen y de la Corporación legislativa de la que hacen parte, el acto de votar o no hacerlo es simplemente facultativo, motivo por el cual de convenirse con que TEODOLINDO AVENDAÑO hubiera efectivamente negociado su ausencia del debate en la sesión del 3 de junio de 2004 “… la susodicha negociación no tuvo por objeto un acto respecto del cual existiera el deber jurídico de efectuarlo, y por ende la conducta no sería representativa de negociación ninguna de la función pública, quedando en consecuencia por fuera de la imagen rectora del tipo en referencia”, no obstante que pudiera reprocharse desde el punto de vista ético y en el marco de las acciones de carácter administrativo contempladas por la Ley 5ª de 1992.

Desde ya la Corte debe puntualizar que dicha tesis no está llamada prosperar.

En primer término, es de elemental entendimiento que al Congreso de la República compete reformar la Constitución y hacer las leyes, como así lo prescribe la Constitución Política en sus artículos 114 y 374, por manera que la función que de manera preferente ejercen los congresistas es la de intervenir en las distintas fases aprobatorias de las leyes o modificatorias de la carta suprema.

Esa competencia-función, es ejercida por los Congresistas a través de su participación en los debates y viene a materializarse a través del voto, por manera que este último tiene innegable vínculo funcional.

A su turno, es la propia Ley 5ª de 1992 la que se encarga de regular la participación de los Congresistas a los debates estableciendo un estricto régimen a fin de garantizar su presencia en ellos. Así, el artículo 268-1 de dicha normatividad establece como uno de los deberes que a ellos compete el de “… asistir a las sesiones del Congreso pleno, las Cámaras Legislativas y las comisiones de las cuales formen parte” y el artículo 271 establece puntuales sanciones por la inasistencia injustificada del Congresista a las sesiones, sin perjuicio de la pérdida de la investidura, como otra de las consecuencias que acarrea el incumplimiento de este deber.

Así las cosas, cuando la Ley 5ª de 1992 establece que al Congresista le asiste el derecho de participar en los debates de la comisión a la cual pertenece y de las plenarias con voz y voto, no hace cosa diferente que salvaguardar positivamente el ejercicio de la función legislativa que se desarrolla precisamente en esos dos escenarios.

El incumplimiento de esos deberes anejos al cargo, cuando ello deviene como producto de promesa remuneratoria, indudablemente constituye comportamiento adecuable al delito de cohecho propio.

De allí que en el curso del proceso la Corte haya precisado en diversas ocasiones a la defensa que el reproche contra el señor AVENDAÑO se ha efectuado por haber cedido la dignidad de las funciones de su cargo ante los ofrecimientos que se le hicieron para dejar de cumplirlas.

También se ha mencionado cómo la Corte no desconoce las múltiples razones que pueden llevar a un congresista a ausentarse de un debate, que pueden ir desde la irresponsabilidad frente la importancia de los asuntos de su competencia, hasta otras verdaderamente trascendentes o comprensibles como la postura de una bancada frente al tema en discusión. Pero, otra cosa, muy distinta, es vender la función y eso es lo que sanciona la ley como delito, lo cual, debe entenderse, puede suceder por acción u omisión. En el primer caso, se manifiesta a través de un voto que no es reflejo de su conciencia sino del negocio que le precede, y en el segundo, el compromiso asumido es abstenerse de votar, como sucedió en este evento.

Por lo demás, la alegada tesis de la inviolabilidad del voto a la cual acuden tanto el defensor, como el procesado, para sostener la atipicidad de la conducta que la Corte imputó bajo el epígrafe de cohecho propio, resulta extraña a la naturaleza de los supuesto fácticos en los que se apoya el juicio de reproche en este asunto, por cuanto éstos se refieren a la aceptación de promesa remuneratoria a cambio de omitir el acto propio del cargo, y no, como equivocadamente se entiende, por haber desistido en el empeño de votar el proyecto para la reelección presidencial, en uno u otro sentido.

Claro que el señor AVENDAÑO CASTELLANOS podía tomar la decisión soberana de votar a favor o en contra de esa iniciativa, eso no admite discusión. Lo que sucede es que su cambio repentino de postura frente al tema, vinculado al compromiso previo de apoyar el archivo del proyecto, ha servido como hecho indicador de los compromisos previos adquiridos con anterioridad, como adelante se verá.

En todo caso, no sobra recordar que la inviolabilidad del voto, como ha sido precisado por esta Corporación y también por la Corte Constitucional, no constituye patente de corzo para la comisión de ilícitos. Así lo precisó esa alta Corporación en sentencias SU 062 de 2001, en los siguientes términos:

“… Si la garantía institucional busca fundamentalmente preservar la independencia del Congreso, y el ejercicio libre de la actividad jurisdiccional y de control político, es claro que no deben quedar abarcados por la inviolabilidad, hechos punibles que desbordan totalmente esta función, como el de recibir dádivas o promesas para el cumplimiento de la actividad parlamentaria, o ilícitos relacionados con el cumplimiento de tareas administrativas como la apropiación de bienes que les han sido encomendados en ejercicio del cargo”.

En consecuencia, descartada la tesis de la defensa acerca de la imposibilidad de adecuación del comportamiento atribuido al procesado, se impone el análisis de los elementos que lo conforman de cara a las pruebas recaudadas en el proceso, a fin de establecer si se encuentran reunidos los requisitos para proferir en su contra sentencia condenatoria.

Con ese propósito, bien está precisar en primer término que obra prueba demostrativa de la calidad de servidor público ostentada por el señor TEODOLINDO AVENDAÑO CASTELLANOS para la época de los hechos que se le reprochan, en tanto que como segundo renglón de la lista a la Cámara de Representantes encabezada por José Luís Arcila Córdoba por la circunscripción del Valle del Cauca, ocupó dicha curul entre el 1 de agosto de 2003 y el 1 de agosto de 2004 en virtud de la licencia concedida a su titular por ese mismo periodo.

En virtud de ello, como el doctor Arcila Córdoba era uno de los integrantes de la comisión primera constitucional de la Cámara de Representantes, el procesado AVENDAÑO CASTELLANOS lo reemplazó en dicha comisión de carácter permanente, que al tenor de lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley 754 de 2002, se encuentra integrada por “[…] diecinueve (19) miembros en el Senado y treinta y cinco (35) en la Cámara de Representantes…”, a quienes compete conocer, entre otras iniciativas legislativas, de las siguientes: “[…] reformas constitucionales; leyes estatutarias; organización territorial; reglamentos de los organismos de control; normas generales sobre contratación administrativa; notariado y registro; estructura y organización de la administración central nacional…”.

Consecuentemente, al integrar para los primeros días de junio de 2004 la comisión primera constitucional de la Cámara, le competía a TEODOLINDO AVENDAÑO CASTELLANOS participar en el primer debate del proyecto de Acto Legislativo que por esos días se tramitaba, dirigido a eliminar la prohibición hasta ese momento prevista en la Constitución Política, que impedía al Presidente de la República postularse para ocupar continua o discontinuamente esa misma dignidad.

En cuanto hace con la conducta prohibida, consistente en la aceptación de promesa remuneratoria para omitir un acto propio del cargo, la Corte la encuentra demostrada en grado de certeza a partir de la actividad probatoria desarrollada tanto en la fase instructiva como en la del juicio.

En efecto, como se dijera en la resolución acusatoria proferida en este asunto, las circunstancias antecedentes, concomitantes y subsiguientes a la sesión llevada a cabo el 3 de junio de 2004 en la comisión primera constitucional de la Cámara de Representantes, confluyen a demostrar que TEODOLINDO AVENDAÑO no se ausentó motivado por una emergencia familiar, como lo ha venido pregonando, sino en cumplimiento al compromiso adquirido para no participar en dicho debate, es decir, para omitir un acto propio de su cargo, a cambio de la promesa remuneratoria que como se verá le fue cumplida posteriormente.

En este sentido, está plenamente demostrado que mediante actos externos TEODOLINDO AVENDAÑO expresó, a pocas horas de iniciarse el debate, su tajante posición en el sentido de no acompañar la iniciativa modificatoria de la Constitución Política, en punto a permitir la reelección presidencial.

De ello da buena cuenta su asistencia a la reunión llevada a cabo en la noche del 1° de junio de 2004, promovida por un número significativo de Representantes a la Cámara integrantes para ese entonces de la comisión primera constitucional, donde se selló el pacto para presentar al día siguiente, 2 de junio de 2004, una proposición sustitutiva a través de la cual se solicitaba el archivo del proyecto.

En este sentido, aunque el procesado ha pretendido minimizar los alcances de ese acto, sosteniendo en sus distintas intervenciones que a él no lo vinculaba lo decidido en la noche del 1 de junio de 2004 como quiera que los congresistas sólo definen su postura en desarrollo de los debates en el seno del Congreso, la Corte no puede menos que replicar tal aserto pues esa reunión no fue un simple encuentro social donde varios contertulios compartieran pensamientos.

Ciertamente, sus asistentes llegaron a un acuerdo con indudables efectos jurídicos, pues en un documento que sería presentado al día siguiente en la comisión primera a título de proposición sustitutiva, condensaron un texto del siguiente tenor: “Proponemos a la Comisión Primera Constitucional de la H. Cámara de Representantes archivar el proyecto de acto legislativo Nº 267/04 Cámara- 012/04 Senado “Por la cual se reforman algunos artículos de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”29.

Como lo dio a conocer el doctor Joaquín José Vives Pérez en declaración rendida ante la Corte30, el referido pacto quedó sellado mediante la suscripción de un documento donde reposa la firma del señor AVENDAÑO CASTELLANOS y de los diecisiete congresistas más asistentes a ese acto privado, el cual se radicó al día siguiente ante la Comisión primera de la Cámara en calidad de proposición sustitutiva al proyecto de reforma a la Constitución Política31.

De suma importancia resulta que esa propuesta fuera avalada por 18 de los 35 miembros de la comisión primera constitucional de la Cámara de Representantes, es decir, por un grupo de parlamentarios que conformaban en ese momento una mayoría capaz de determinar el archivo del proyecto, siempre y cuando se mantuvieran unificados en esa posición.

Por manera que ese documento firmado en la noche del 1 de junio de 2004 vinculaba a sus suscriptores, al menos en cuanto se constituían todos ellos en proponentes del archivo del proyecto, siendo de esperarse que salieran en su defensa a la hora del debate y que, obrando en consecuencia, votaran a favor de la iniciativa por ellos promovida.

Ese acuerdo llamado a obtener el archivo del proyecto en primer debate, fue ampliamente difundido al día siguiente, 2 de junio de 2004, apareciendo incluso publicada en el diario “El Tiempo” una fotografía de los firmantes de la proposición de archivo acompañada de una nota periodística en donde se reseñaba, en esencia, los motivos que les asistía para ello32, lo cual sin duda alertó a los defensores del proyecto.

Y ciertamente, los acontecimientos subsiguientes son indicativos de que funcionarios del gobierno actuaron positivamente en orden a disolver la mayoría opositora, dinámica que en si misma no sería merecedora de reproche alguno, de no ser porque probatoriamente se acreditó que ese propósito fue alcanzado por virtud de las prebendas ofrecidas y aceptadas por dos de aquéllos parlamentarios, a saber, Yidis Medina Padilla y TEODOLINDO AVENDAÑO CASTELLANOS: la primera para que cambiara su intención de voto en aquella trascendental sesión; el segundo para que se ausentara del debate, con lo cual se sumaba un voto a los defensores del proyecto -que pasaban de diecisiete a dieciocho- y se le restaban dos a los opositores del mismo.

En efecto, consta en la trascripción de la sesión de la comisión primera constitucional de la Cámara del 2 de junio de 2004, aun cuando la sesión estaba programada para las diez de la mañana no fue posible que se diera inicio a ella porque a esa misma hora los congresistas de la bancada de gobierno fueron citados a un desayuno en la casa de Nariño, por intermedio de la asesora de la Secretaría General de la Presidencia de la República María Claudia Salgado Rodríguez33, quien lo convocó por instrucciones de su jefe Alberto Velásquez, para entonces Secretario General de la Presidencia de la República.

Adicionalmente, la asesora Salgado Rodríguez admitió34 que para ese momento ya se conocía la posición asumida por Yidis Medina y TEODOLINDO AVENDAÑO y que “… fue una inquietud que se ventiló en la reunión de Palacio, más de inquietud de los miembros de su bancada, porque ellos habían asumido una posición en su convención, pero no recuerdo, ellos eran los que estaban inquietos porque había sido una posición de su bancada”.

Como es apenas obvio, la reunión programada en momentos en que debía empezar a sesionarse, sumada a otro evento inesperado como fue la tardanza inexplicable en disponer de los medios necesarios para la transmisión televisiva del debate, terminó por otorgar un conveniente compás de espera que llevó al aplazamiento de la discusión de fondo para el día siguiente.

Esa tarde del 2 de junio, mientras se disolvía la sesión apenas habiendo discutido lo relativo a los impedimentos manifestados por varios miembros de la comisión primera, se suscitaron dos inesperados encuentros, coincidentes con la “inquietud” que a los miembros de la bancada de gobierno generaba la postura de Yidis Medina y de TEODOLINDO AVENDAÑO.

La primera fue citada por Iván Díaz Mateus a una reunión en la oficina 515 del Congreso, a la cual también concurrió el Ministro del Interior y de Justicia Sabas Pretelt de la Vega.

El segundo, TEODOLINDO AVENDAÑO CASTELANOS, que tampoco concurrió a la cita de Palacio en horas de la mañana, fue visitado por el Ministro de la Protección Social Diego Palacio Betancour, también en su oficina del Congreso, encuentro narrado por Germán Navas Talero en la denuncia formulada ante esta Corporación, en los siguientes términos:

“[…] Sorpresivamente fuimos informados que el Ministro de la Protección Social estaba a puerta cerrada con el parlamentario TEODOLINDO AVENDAÑO en la oficina 4125B del edificio nuevo del Congreso. La prensa se alertó y se puso a la espera junto con otros parlamentarios para enterarse del por qué de la presencia del Ministro en el despacho del Representante Teodolindo Avendaño… Cuando el señor Ministro salió de la oficina los retuvimos a la puerta de mi despacho y los invitamos a seguir. Estuvieron presentes, entre otros, Luis Fernando Velasco, Clara Pinillos, Rosmery Martínez, Carlos Arturo Piedrahita y Telesforo Pedraza. El doctor Teodolindo Avendaño se sentó en mi escritorio y el Ministro se hizo a un lado y se les hicieron algunas preguntas, unas serias y otras jocosas entre las cuales, que si sabían algo sobre la epidemia de lentejitis aguda, también que si era cierto que iban a regalar una ambulancia a lo que yo inquirí si esa ambulancia iba a tener licuadora…” 35.

Sobre el tema que concitó a esos dos ministros de despacho en el Congreso, mientras Yidis sostuvo que la conversación versó sobre la suerte del proyecto para la reelección presidencial y particularmente la posibilidad de que se prorrogara por tres meses más la licencia que venía cubriendo en la Cámara de Representantes, como de una ubicación laboral para cuando concluyera su paso por el Congreso y seguridad para ella y su familia en caso de apoyar el proyecto reeleccionista36, TEODOLINDO AVENDAÑO refirió que el Ministro de la Protección lo había visitado con el propósito de responder a una cita que días antes él le venía solicitando, para comunicarle algunas irregularidades en la prestación del servicio de salud por parte de alguna EPS.

Y aunque el Ministro Diego Palacio Betancourt aportó a este proceso una versión coincidente con la de TEODOLINDO AVENDAÑO, refiriendo que aprovechó su presencia en el Congreso en la tarde del 2 de junio de 2004, para atender al congresista quien días antes le había solicitado una audiencia a fin de trasmitirle algunas quejas previamente esbozadas en la Comisión Primera, atinentes a los trámites exigidos a los usuarios de salud para la prestación del servicio, como de sus inquietudes en torno a la red hospitalaria de su región37, la Corte luego del examen de varias circunstancias acreditadas en autos, no puede menos que restar valor suasorio a dichas versiones.

En primer término, aunque TEODOLINDO AVENDAÑO y el Ministro Diego Palacio afirmaron coincidentemente haber acordado ese encuentro por intermedio de sus respectivas secretarias, escuchada en declaración la señora Blanca Dora Lozano Bocanegra38, quien cumpliera esa función en el despacho de TEODOLINDO AVENDAÑO, no recordó con precisión este hecho, enfatizando sólo tener certeza de una cita programada con el Ministro de Minas.

Por su parte, en la inspección llevada a cabo en el despacho del Ministro de Protección Social a los registros de llamadas recibidas durante los años 2004, 2005 y 2006, para el primer año no se halló alguna efectuada directamente por el procesado o a través de su secretaria a la oficina del Ministro en fechas anteriores al 2 de junio. De hecho, las únicas registradas en esa anualidad se realizaron para los días 7, 14 y 16 de julio39.

Además, contrario a lo ocurrido con otros congresistas, la reunión con TEODOLINDO AVENDAÑO no fue incluida en la agenda del Ministro para el día en que se llevó a cabo, aspecto poco usual tratándose de un funcionario de alto rango cuyos compromisos usualmente son programados con antelación.

Igualmente, no puede desconocerse que en esa fecha el tema de la reelección presidencial ocupaba la atención no sólo de los miembros de la comisión primera constitucional de la Cámara, sino además la del propio gobierno central, siendo prueba de ello, como ya se mencionó, la citación que se hiciera al desayuno en la Casa de Nariño en esa fecha cursada a los diecinueve parlamentarios de la bancada de gobierno, incluido TEODOLINDO AVENDAÑO.

Por manera que resulta poco probable que por casualidad el Ministro de la Protección visitara esa misma tarde a uno de los miembros del partido conservador que se había apartado de las directrices del partido, el mismo que no asistió en la mañana al desayuno en Casa de Nariño, sólo para escuchar de él quejas acerca del sistema de salud.

Incluso, bien está recordar que aun cuando el Ministro de la Protección sostuvo en la declaración rendida ante la Corte no haber intervenido de manera alguna en el trámite del proyecto de acto legislativo para la reelección presidencial, argumentando que el tema no tenía relación con su cartera, razón por la cual “… nunca fui citado yo, ni por el Presidente, ni asistí a ningún tipo de reunión con otros funcionarios de Gobierno, que tuviera que ver con el desarrollo del Acto Legislativo”40, esa afirmación contrasta con su reciente intervención en el trámite de un proyecto similar, el referendo para una nueva reelección presidencial, en el cual, pese a no versar acerca de un tema afín con su cartera, asistió en momentos en que se llevaba a cabo la votación en la plenaria de la Cámara de Representantes, hecho notorio en cuanto fue ampliamente reseñado y difundido a la opinión pública por distintos medios de comunicación, entre ellos el diario “El País” que informó:

“… En el ambiente quedó la pregunta por qué el ministro de la protección social, Diego Palacio y la directora de Bienestar familiar, Elvira Forero, se encontraba presentes en la votación del referendo de la reelección cuando ninguno de los tres temas presentados en el decreto era de su competencia.”.

En conclusión, los anteriores elementos de juicio son indicativos de que la visita del Ministro Palacio Betancour a TEODOLINDO AVENDAÑO, a menos de veinticuatro horas de la votación del acto legislativo, tuvo como eje temático la postura que éste último asumiría al día siguiente en el debate, no obstante la negativa de uno y otro en reconocer tal circunstancia.

Las pruebas acopiadas también demuestran que ése no fue el único contacto que se estableció entre TEODOLINDO AVENDAÑO y miembros del gobierno, en momentos previos al debate del proyecto de acto legislativo para la reelección presidencial.

Así, a partir de los datos recopilados por la Procuraduría General de la Nación en el año 200441, atinentes a los abonados de los congresistas que participaron en el trámite del proyecto de acto legislativo para la reelección presidencial, fue posible efectuar un rastreo de las llamadas generadas y recibidas de su celular para el día 3 de junio, estudio link42

que arrojó los siguientes resultados:

HORA

TELEFONO

TITULAR

UBICACIÓN

DURACION

ORIGEN

(segundos)