30184(02-12-08)

2008

Asistente Jurídico Inteligente

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    Proceso No 30184  

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  

SALA DE CASACION PENAL  

                                     Aprobado  Acta  No.  348                                                                                                          Magistrado Ponente:   

                                     Dr. JOSE LEONIDAS BUSTOS MARTINEZ   

Bogotá  D.  C.,  dos de diciembre de dos mil  ocho.   

Se  pronuncia la Corte sobre la admisibilidad  de  la  demanda  de  casación   presentada por el defensor de Sandro  René  Escobar  Escobar  contra la  sentencia  dictada por el Tribunal Superior de Pasto el 19 de diciembre de   de  2007, mediante la cual confirmó la proferida el 1° de junio del mismo año  por  el  Juez Penal del Circuito de Túquerres, que condenó al procesado por el  delito   de   acceso   carnal  violento  en concurso homogéneo sucesivo.   

Hechos.  

La noche del 5 de junio de 2005, Neira  Dayana  Solarte Escobar, de 13 años  de  edad,  se  trasladó  al  paraje La Corte, en jurisdicción del Municipio de  Piedrancha  (Nariño)  en  compañía de su prima Tania  Solarte  Escobar,  con  el  fin  de  entrevistarse con  Sandro René Escobar Escobar,  quien  las  había  citado  argumentando  que la guerrilla necesitaba hablar con  ellas.  En  el  lugar, les dijo que la guerrilla exigía la suma de dos millones  quinientos  mil pesos a cada una para el día siguiente, y si no accedían a sus  pretensiones  le causaban daño a su familia. Después las separó y hallándose  solo  con  Neira  Dayana  le  manifestó  que  él podía asumir la exigencia dineraria a cambio de tener sexo  con  ella  dos  veces  por  semana,  durante  cinco  meses,  a  lo cual se negó  inicialmente, pero ante sus amenazas terminó cediendo.   

Días  después,  estando en su casa, le hizo  llegar  unos  papeles  con su prima Tania, donde  la  guerrilla les pedía entregar unas coordenadas y realizar  unos  dibujos  de  una Estación de Policía. La menor diseñó los dibujos y al  hacerle  entrega  de  ellos  en  una nueva cita, Sandro  René   le   enseñó   un   proyectil   para  fusil,  indicándole   que   debía  conseguir  once  cajas,  citándola  para  el  día  siguiente,  oportunidad  en  la  cual  le comunicó  que él podía hacerse  cargo  de  conseguir  la  munición  a  cambio  de  sexo, porque de lo contrario  podían  matar  a  su  familia.  Ella le imploró que le pidiera otra cosa, pero  como  no  varió  su  posición  se  vio  obligada  a  acceder  de  nuevo  a sus  pretensiones.   Días   después   contó   a   su   familia   lo   que   estaba  sucediendo.       

Actuación  procesal  relevante.   

1.  La  fiscalía  inició investigación por  estos   hechos,   vinculó   al  proceso  mediante  indagatoria  a  Sandro  René  Escobar  Escobar, y el 28 de  abril  de  2006 calificó el mérito probatorio con resolución de acusación en  su  contra  por  el  delito de acceso carnal en persona  puesta   en  incapacidad  de  resistir.  Apelada  esta  decisión  por  el  representante  del  Ministerio Público, la Delegada ante el  Tribunal,  mediante  pronunciamiento  de  1°   de  agosto  del mismo año,  varió    la   calificación   de   la   conducta   por   la   de   acceso   carnal   violento   en  concurso  homogéneo                 sucesivo.1   

2.  El 1° de junio de 2007, el Juzgado Penal  del  Circuito  de  Túquerres  condenó  a Sandro René  Escobar  Escobar  a  la pena principal de 110 meses de  prisión  y  la  accesoria  de  inhabilitación  en  el  ejercicio de derechos y  funciones  públicas  por  el  mismo  término,  como  autor  responsable de los  delitos  imputados  en la acusación. La defensa apeló este fallo para pedir la  absolución  del procesado, pero el Tribunal Superior de Pasto, mediante el suyo  de  19  de  diciembre  de  2007,  que  ahora el mismo sujeto procesal recurre en  casación,   lo  confirmó  en  todas  sus  partes.2   

La         demanda.   

Con  fundamento  en  la  causal  primera  de  casación  del  artículo  207  de  la  Ley  600  de  2000,  cuerpo  segundo, el  casacionista  acusa  la  sentencia  impugnada  de  violar  indirectamente la ley  sustancial,  por  aplicación  indebida del artículo 205 del Código Penal, que  describe     el     delito    de    acceso    carnal  violento, y falta de aplicación de los artículos 234  y  238  de  la  Ley  600 de 2000, debido a un error de hecho por falso juicio de  existencia  en  relación  con  el  testimonio de Tania  Solarte Escobar.   

Sostiene  que el juez de primera instancia le  da  credibilidad  total a la versión de la víctima, lo cual resulta explicable  cuando  no  hay  testigos,  como  ocurre  en la mayoría de los casos de delitos  contra   la  libertad  sexual,  pero  que  en  el  caso  estudiado  Tania   Solarte   Escobar   fue   testigo  presencial  de  lo  ocurrido  el  5  de junio, quien manifiesta que Sandro  René  en ningún momento estuvo a  solas   con   Neira  Dayana.   

La  sentencia  de  segunda instancia también  desatiende  este testimonio, dejándola de lado en el estudio de la prueba, pues  aunque  se la relaciona en el acápite denominado “argumentos del apelante”,  no  se  la  maneja  ni  desvirtúa  en ninguna otra parte del fallo, no obstante  haber  sido  allegada  legalmente  al  proceso  y  merecer  total credibilidad y  aplicabilidad en el análisis de la conducta.   

La  importancia  de  la prueba es tal, “que  demuestra  notablemente  que el acceso carnal nunca ocurrió como lo describe la  denunciante,  y  es necesario además tener en cuenta que la testigo es familiar  tanto  del  acusado  como  de  la  denunciante,  lo  que  desvirtúa  un posible  favorecimiento  o  interés en el resultado del proceso, dejando sendas dudas de  lo  narrado  posteriormente por la denunciante y que por el contrario sí es una  muestra clara de que el delito nunca se cometió…”.   

SE        CONSIDERA.   

Insistentemente  la  Corte  ha  sostenido que  cuando  se  plantea  en casación violación indirecta de la ley sustancial, por  errores  de existencia en su modalidad omisiva, la demanda debe contener, cuando  menos,  las  siguientes  exigencias  de  fundamentación, (i) señalar la prueba  omitida,   (ii)  indicar  el  hecho que ella acredita, y (iii) demostrar la  trascendencia del error en las conclusiones del fallo.   

También   ha   dicho   que   este  último  requerimiento   presupone   para   el   demandante   tener   que   realizar  una  confrontación  objetiva  de la prueba que sirvió de fundamento a la sentencia,  con  inclusión  de  la  que  fue  objeto  de  desconocimiento  por parte de los  juzgadores  de  instancia, en orden a demostrar que las conclusiones probatorias  de  los  fallos habrían sido sustancialmente distintas de no haberse presentado  el error denunciado.   

Este tercer presupuesto es totalmente ignorado  por  el  demandante  en el caso en estudio, pues aunque identifica claramente la  prueba  ignorada  y se refiere a su contenido para sostener que la menor no pudo  haber  tenido  relaciones  sexuales  con  el  procesado  en el encuentro de 5 de  junio,  según  se desprendía de su texto, omite confrontar su apreciación con  los  argumentos  que  le  permitieron  a  los juzgadores llegar a la conclusión  contraria,  como  lo  impone la lógica del recurso, con el fin de demostrar que  frente  a  todo  el  conjunto  probatorio  y  las reglas de la sana crítica, se  imponía atender los contenidos de la prueba omitida.   

Preciso  es  advertir que las conclusiones de  los  fallos  se  sustentaron  en  las  siguientes  fuentes  probatorias,  (i) el  testimonio  de  la menor, (ii) la versión del propio procesado, quien acepta en  buena  parte  su  dicho, incluidas las citas que le hizo cumplir en nombre de la  guerrilla,  (iii)  el  examen  de  siquiatría  forense realizado a la víctima,  donde  se informa de las secuelas síquicas que le dejaron los hechos, y (iv) un  conjunto  de razonamientos lógico inferenciales que llevaron a los juzgadores a  concluir  que  las  citas  concertadas  en  nombre  del  grupo  guerrillero, los  panfletos  entregados  a  su nombre y las exigencias dinerarias, eran un montaje  del acusado para lograr la intimidación de la menor.   

   

Por  tanto, si lo pretendido por el actor era  desvirtuar  las conclusiones probatorios de los fallos sobre la existencia de la  conducta  típica  y  la responsabilidad del procesado, debió entrar a analizar  los  distintos argumentos presentados en ellos por los juzgadores, que confluyen  a  darle  solidez  a la versión de la víctima, con el fin de acreditar que son  equivocados,  y  que la verdad está de parte de la testigo cuya declaración no  fue  tenida en cuenta por ellos, labor que en manera alguna se empeña en llevar  a cabo.   

Aparte  de  este  vacío  argumentativo,  el  demandante  hace extensivas las consecuencias probatorias del error denunciado a  los  dos  delitos  de  acceso  carnal  violento  que  la  justicia  le imputa al  procesado,  sin  tener  en  cuenta que la testigo Tania  Solarte  Escobar  sólo  estuvo  presente en el primer  encuentro,  y  que  sus  afirmaciones,  cuando  sostiene que la menor en ningún  momento  estuvo  sola  con el procesado el 5 de junio, de haberse demostrado que  ameritaban  atendibilidad,  como  lo postula el recurrente, sólo podrían tener  implicaciones frente a ese hecho.      

    

En  síntesis,  la  demanda presentada por el  defensor  de  Sandro René Escobar Escobar no  cumple  las  exigencias  mínimas  de fundamentación requeridas  para  su  estudio  de  fondo.  Por  tanto, de conformidad con lo dispuesto en el  artículo  213  de la Ley 600 de 2000, se la inadmitirá y se ordenará devolver  el  proceso  al  tribunal  de  origen,  no  advirtiéndose  infracciones  a  las  garantías  fundamentales  que  la  Corte  esté  en  el  deber  de  proteger de  manera  oficiosa.   

En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA DE  JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL,   

RESUELVE:  

Inadmitir la demanda  de  casación  presentada  por  el  defensor  de Sandro  René      Escobar      Escobar.      

Contra  esta  decisión no proceden recursos.   

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.  

SIGIFREDO ESPINOSA PEREZ  

Comisión de servicio  

JOSE       LEONIDAS       BUSTOS  MARTINEZ                      ALFREDO GOMEZ  QUINTERO             

MARIA    DEL    ROSARIO    GONZALEZ   DE  LEMOS      AUGUSTO J. IBAÑEZ GUZMAN   

JORGE        LUIS       QUINTERO  MILANES                           YESID RAMIREZ BASTIDAS   

JULIO        ENRIQUE       SOCHA  SALAMANCA                    JAVIER ZAPATA ORTIZ   

                          

                                                  Teresa Ruiz Núñez   

                                                     SECRETARIA   

    

1  Folios 9, 28, 180-186, 193-197 y 201-204 del cuaderno original 1.   

2  Folios 387-402 y 445-454 del cuaderno original 2.     

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