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Proceso No 29246
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
MAGISTRADO PONENTE
AUGUSTO J. IBÁÑEZ GUZMÁN
Aprobado: Acta No. 162
Bogotá, D. C., dieciocho (18) de junio de dos mil ocho (2008).
ASUNTO
La Corte Suprema de Justicia de Colombia emite concepto sobre la solicitud de extradición formulada por el Gobierno de los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en nuestro país, respecto del ciudadano colombiano FABIO DUQUE DUQUE.
VISTOS
1. Mediante Nota Verbal No. 3206 del 22 de octubre de 20071, la Embajada de los Estados Unidos de América solicitó la detención provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano FABIO DUQUE DUQUE, petición que formalizó con la Nota Verbal No. 0358 del 07 de febrero de 20082.
2. El Ministerio del Interior y de Justicia, previo concepto de su homólogo de Relaciones Exteriores sobre la inexistencia de convenio aplicable al caso, el 13 de febrero del presente año remitió a la Corte la documentación enviada por la Embajada de los Estados Unidos de América, debidamente traducida y autenticada.
3. El 18 de febrero de 2008 la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal, le informó al señor DUQUE DUQUE, que tenía derecho a nombrar un defensor que lo asistiera en el presente trámite ante esta Corporación; para lo cual guardó silencio y se le designó como defensor de oficio al doctor Héctor Ovidio Zapata Pulgarin, por medio de auto del 29 de febrero de 20083.
4. Transcurrido el traslado para presentar pruebas, sin que ninguna de las partes se pronunciara al respecto. La Sala, mediante auto del 18 de abril de los corrientes, ordenó correr traslado para que los intervinientes presentaran sus estudios previos al concepto de fondo, lapso durante el cual se pronunciaron la defensa y el señor Procurador Cuarto Delegado para la Casación Penal.
DOCUMENTOS ALLEGADOS
Con la Nota Verbal No. 0358 del 07 de febrero de 2008, la Embajada de los Estados Unidos de América aportó, con su respectiva traducción, los siguientes documentos:
1. Nota Verbal No.3206 del 22 de octubre de 2007, por medio de la cual la Embajada del Estado peticionario solicitó la detención provisional con fines de extradición del señor DUQUE DUQUE.
2. Orden de captura de fecha 14 de noviembre de 2007 proferida por el Fiscal General de la Nación4.
3. Declaraciones en apoyo de la solicitud rendidas bajo juramento el 16 de enero de 2008 ante el Tribunal Supremo del Estado de Nueva York por Amy Legow Cohn, Fiscal General Adjunto Auxiliar Oficina del Fiscal General del Estado Nueva York5, y por Francisco R. Díaz, JR, investigador mayor policía estatal de Nueva York6.
4. Acusación del Gran Jurado No. 7722/00, de fecha 04 de diciembre de 20007 en la que se formulan dos cargos (uno y nueve) al señor DUQUE DUQUE por delitos federales de narcóticos.
5. Orden de arresto de fecha 04 de diciembre de 2000 contra el señor DUQUE DUQUE.
6. Trascripción de las disposiciones legales aplicables.
7. Certificación de la Cónsul de Colombia en Washington sobre la autenticidad de la firma de Patrick O. Hatchell, quien se desempeña como auxiliar de autenticaciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
ESTUDIO DE LA DEFENSA.
El señor defensor en sus alegatos previos hace referencia a la limitación que tiene la defensa material en el ámbito probatorio en los trámites de extradición y complementa manifestando: “Dicho de otra manera, el papel del defensor de oficio, en el fondo, no hace otra cosa que legitimar el procedimiento judicial dado, poco o nada garantista de los derechos del solicitado en extradición, y nada más.
Entonces, con el comedimiento de siempre, la defensa solicita a la Sala de Casación Penal que emita el concepto que legalmente corresponda, sin olvidar, eso sí, lo previsto en los artículos 11, 12, 34, y 35 de la Constitución Política, que proscriben la imposición de la pena de muerte, las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación, la desaparición forzada, la tortura ni los tratos y penas crueles, inhumana o degradantes.”
EL MINISTERIO PÚBLICO.
Propone el Procurador Cuarto Delegado para la Casación Penal, se emita concepto favorable a la extradición del requerido, porque se cumplen los requisitos consagrados para tal efecto en el artículo 502 la Ley 906 del 2004, es decir, la documentación es formalmente válida, está demostrada plenamente la identificación del solicitado en extradición, se cumple el principio de doble incriminación y la equivalencia de la providencia dictada en el extranjero, con la resolución de acusación nacional y el cumplimiento de lo previsto en los tratados públicos, cuando fuere el caso.
CONSIDERACIONES.
La Sala emitirá concepto favorable para la extradición del ciudadano colombiano FABIO DUQUE DUQUE, pues se reúnen los requisitos legales exigidos para ello.
En efecto.
1. Validez formal de la documentación presentada.
La normatividad procedimental exige que la solicitud de extradición se haga por vía diplomática, o de manera excepcional por la consular o de gobierno a gobierno, acompañada de los siguientes documentos e información, en la forma establecida en la legislación del Estado requirente: (i) copia o transcripción auténtica de la acusación o del fallo dictado en el país extranjero, o su equivalente; (ii) indicación de los actos que determinan la solicitud de extradición y señalamiento del lugar y la fecha en que fueron ejecutados; (iii) inclusión de los datos que sirvan para establecer la identidad de la persona reclamada; y (iv) la reproducción certificada de las disposiciones penales aplicables al caso8.
El artículo 259 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el 1°, numeral 118 del Decreto 2282 de 1989, establece, a su vez, que los documentos públicos otorgados en país extranjero por sus funcionarios, o con su intervención, deberán presentarse debidamente autenticados por el cónsul o agente diplomático de la República, o en su defecto por el de una nación amiga. Y que la firma del cónsul o agente diplomático debe ser abonada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y si se trata de agentes consulares de un país amigo, se autenticarán previamente por el funcionario competente del mismo y los de éste por el cónsul colombiano9.
Estas exigencias de carácter formal se hallan debidamente reunidas en el caso analizado. Thomas C. Black, Director Asociado de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia, División en lo Penal, avaló las firmas de quienes suministraron las declaraciones de apoyo a la solicitud de extradición; el Procurador de los Estados Unidos, Michael B. Mukasey, hizo lo propio con aquélla y el Director Adjunto de la Oficina de Asuntos Internacionales autenticó la de éste, todo lo cual fue certificado por Condoleezza Rice, Secretaria de Estado, y por Patrick O. Halchell, funcionario Auxiliar de Autenticaciones del Departamento de Estado. Así mismo, el Cónsul de Colombia en Washington D. C., cuya firma es refrendada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, dio fe de que en efecto quien suscribe el documento es el funcionario auxiliar de autenticaciones del Departamento de Estado.
En las anotadas condiciones, se concluye que los requerimientos formales de legalización de la documentación que sirve de sustento a la solicitud de extradición, exigidos por las normas del Estado requirente y el Estado Colombiano, se cumplieron a cabalidad en el presente caso, y que desde esta perspectiva los documentos aportados con tal fin se tornan aptos para ser considerados por la Corte en el estudio que debe preceder el concepto.
2. Plena identidad de la persona reclamada en extradición.
El Gobierno de los Estados Unidos informó en su petición que el requerido se llama FABIO DUQUE DUQUE, ciudadano colombiano nacido el 28 de abril de 1960 y que se identifica con la cédula de ciudadanía No. 16`353.533, datos que corresponden a quien permanece privado de la libertad con fines de extradición, desde el 14 de diciembre de 2007, sin que hayan sido cuestionados por él ni por la defensa en ninguna oportunidad.
Información verificable en el acta de derechos del capturado y constancia de buen trato10.
Por lo tanto, se satisface el segundo de los presupuestos a los que alude el artículo 520 de la Ley 600 de 2000, para que la extradición solicitada pueda otorgarse.
3. Principio de la doble incriminación.
Este postulado impone verificar que los comportamientos delictivos imputados a la persona reclamada en el país solicitante estén previstos como delito en Colombia, y que tengan adscrita sanción privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a cuatro (4) años. Se analizarán, por tanto, estos requerimientos.
FABIO DUQUE DUQUE es solicitado en extradición por el Gobierno de los Estados Unidos de América para que comparezca a responder en juicio por delitos federales de narcóticos, según lo establece el contenido de la Acusación No. 7722/00 del 04 de diciembre de 2000 y de la solicitud de extradición. Los cargos (uno y nueve) formulados en su contra es del siguiente tenor:11
ACUSACIÓN FORMAL SELLADA
EL GRAN JURADO DE LOS TRIBUNALES ESPECIALES DE NARCOTICOS DE LA CIUDAD DE NUEVA YORK, por medio de esta acusación formal, instruye cargos a los acusados del delito de PARTICIPACIÓN EN UNA ASOCIACIÓN ILÍCITA EN SEGUNDO GRADO, en contravención de la Sección 105.15 de los estatutos penales del Estado de Nueva York, emite lo siguiente:
Los acusados, (…); FABIO DUQUE (“FABIO”); (…), en el condado de Queens, condado de Nueva York y condado de Bronx, en la ciudad de Nueva York, condado de Westchester y en otros lugares del Estado de Nueva York, desde aproximadamente marzo de 1999, o antes de esa fecha, hasta aproximadamente noviembre de 2000, o alrededor de esa fecha, por medio de una conducta que constituye los delitos de Venta Delictiva de una Substancia Controlada en Primer Grado y Posesión Delictiva de una Substancia Controlada en Primer Grado, dichos delitos siendo delitos mayores de clase A, con conocimiento e intención concertaron entre ellos y con otros, conocidos y desconocidos, a participar en llevar a cabo una conducta, y hacer que se lleve a cabo dicha conducta, que constituirían los delitos de mayores de Clase A citados anteriormente.
CARGO NUEVE:
Y EL GRAN JURADO MENCIONADO ANTERIORMENTE, por medio de esa acusación formal, instruye el cargo a los acusados (…); FABIO; (…), por el delito de VENTA DELICTIVA DE UNA SUBSTANCIA CONTRALADA EN PRIMER GRADO, en contravención a la Sección 220.43 (1) de los Estatutos Penales de Estado de Nueva York, que se cometió de la siguiente forma:
Dichos acusados, actuando de común acuerdo entre ellos y con otros, en el condado de Queens, en la ciudad de Nueve York, el 30 de diciembre de 1999, aproximadamente, conocimiento e ilícitamente le vendieron a Anselmo Beltre y a Alcides Marte uno o más preparados, compuestos, mezclas o substancias que contenían un estupefaciente, a saber, cocaína, y que los preparados, compuestos, mezclas o substancias tenían un peso agregado de dos onzas o más.
Las conductas atribuidas por el Tribunal Supremo del Estado de Nueva York se recogen en la legislación penal colombiana, así:
1. La conducta descrita en el cargo uno se encuentra consagrada en la legislación penal colombiana bajo la denominación de concierto para delinquir, según lo dispuesto en el Artículo 340 modificado por el artículo 8º de la Ley 733 del 2002, y por el artículo 19 de la ley 1121 del 2006 de la siguiente manera:
“Concierto para delinquir. Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada, por esa sola conducta, con prisión de tres (3) a seis (6) años.
Cuando el concierto sea para cometer delitos de genocidio, desaparición forzada de personas, tortura, desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o financiamiento del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, la pena será de prisión de ocho (8) a dieciocho (18) años y multa de dos mil setecientos (2700) hasta treinta mil (30000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
La pena privativa de la libertad se aumentará en la mitad para quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan, encabecen, constituyan o financien el concierto o la asociación para delinquir”.
2. Respecto de la conducta descrita en el cargo nueve de la acusación estadounidense, se contempla en la legislación nacional como tráfico fabricación o porte de estupefacientes conforme lo señala el artículo 376:
“Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El que sin permiso de autoridad competente, salvo lo dispuesto sobre dosis para uso personal, introduzca al país, así sea en tránsito o saque de él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre a cualquier título droga que produzca dependencia, incurrirá en prisión de ocho (8) a veinte (20) años y multa de mil (1.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
Se concluye entonces, que las penas nacionales para los comportamientos descritos en la acusación estadounidense superan el mínimo de 4 años de sanción privativa de la libertad que exige el numeral primero del artículo 511 de la Ley 600 de 2000. Luego, se cumple este presupuesto.
4. Equivalencia de las decisiones.
Este requisito impone establecer que la decisión que contiene los cargos contra la persona reclamada, por los cuales se pide la extradición, corresponda en sus aspectos formal y sustancial al acto procesal conocido en la legislación colombiana como resolución de acusación y/o escrito de acusación, es decir, a la decisión que sirve de introducción a la fase del juicio, a través de la cual el Estado acusa a una persona determinada de violar la ley penal, discrimina los cargos que le imputa, consigna los hechos que le sirven de fundamento y determina la época y el lugar de comisión del ilícito o ilícitos, para que el acusado tenga la posibilidad de conocerlos y enfrentarlos.
La Acusación emitida por el órgano judicial de los Estados Unidos, contiene los requisitos formales de la formulación de acusación previstos en el artículo 398 de la Ley 600 de 2000, pues, consigna las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizó la conducta punible, su descripción típica, las pruebas en que se apoya, las normas sustanciales aplicables al caso, y, además, también permite que se inicie el debate al interior del juicio.
La providencia dictada en el exterior y la regulada en la legislación nacional son equivalentes. Por tanto, se cumple este requisito.
CAUSALES DE IMPROCEDENCIA.
El artículo 35 de la Constitución Nacional, modificado por el primero del acto legislativo 01 de 1997, dice:
“La extradición se podrá solicitar, conceder u ofrecer de acuerdo con los tratados públicos y, en su defecto con la ley.
“Además, la extradición de los colombianos por nacimiento se concederá por delitos cometidos en el exterior, considerados como tales en la legislación penal colombiana.
“La extradición no procederá por delitos políticos.
“No procederá la extradición cuando se trate de hechos cometidos con anterioridad a la promulgación de la presente norma”.
De acuerdo con esta disposición, son causales de improcedencia de la extradición, las siguientes, (i) que el delito por el cual se procede sea de naturaleza política, (ii) que se trate de hechos cometidos con anterioridad al 17 de diciembre de 1997, fecha de promulgación de la referida norma, y (iii) que el delito haya sido cometido en territorio colombiano.
Ninguna de estas prohibiciones concurre en el caso analizado. El delito de concierto para cometer delitos de narcotráfico, imputado a FABIO DUQUE DUQUE en la Acusación estadounidense, es de naturaleza común, no política, y los hechos en los cuales se sustentan las imputaciones ocurrieron entre los años 1999 y 2000, es decir, después de la promulgación del acto legislativo.
El lugar de comisión de los hechos tampoco se erige en causal de improcedencia. El estudio de la acusación y de las declaraciones de apoyo permite establecer que el solicitado en extradición hacía parte de una organización criminal transnacional, que traficaba con narcotráficos, a través de una sofisticada red en los Estados Unidos:
“… Más específicamente, las pruebas han revelado que FABIO DUQUE es el líder de una organización de narcotráfico colombiana responsable por la importación y distribución de cientos de kilogramos de cocaína hacia y a interior de los Estados Unidos. Para llevar a cabo las actividades de narcotráfico en los Estados Unidos, FABIO DUQUE, trabajó con numerosos socios colombianos en Nueva York y en otros lugares….” 12
Esta reseña de la actividad ilícita deja en claro que los hechos por los cuales se acusa a FABIO DUQUE DUQUE trascendieron las fronteras del territorio colombiano, y que por tanto se cumple el condicionamiento constitucional de que la conducta haya sido realizada en el extranjero, cualquiera sea la teoría que se aplique para determinar el lugar de comisión del ilícito (de la acción, del resultado o de la ubicuidad).
Reunidas las exigencias previstas en el estatuto procesal, el concepto de la Corte es favorable a la extradición del señor FABIO DUQUE DUQUE, y se prevendrá al Ejecutivo para que, si la otorga, condicione su entrega a que el extraditado no sea juzgado por delitos distintos a los que motivaron el pedido de extradición, ni por hechos anteriores al 17 de diciembre de 1997, ni sometido a prisión perpetua, pena de muerte, tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni a penas de destierro y confiscación; y además, para que lleve a cabo un seguimiento orientado a determinar si el Estado requirente cumple los condicionamientos a los que pueda estar sujetada la concesión de la extradición, y establezca las consecuencias que se derivarían de su incumplimiento. De igual modo, lo requerirá para que frente a situaciones de absolución, retiro de cargos, sobreseimiento o eventos similares, o el cumplimiento de la pena impuesta por los cargos que motivan la extradición en el evento de ser condenado, garantice la permanencia del solicitado en ese país y su retorno a Colombia en condiciones de dignidad y respeto por la persona humana.
Por otra parte, se solicita al Gobierno Nacional que recomiende al Estado peticionario que, en caso de condena, tenga en cuenta como parte de la pena el tiempo que el solicitado haya estado privado de la libertad con motivo del trámite de extradición.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, CONCEPTÚA FAVORABLEMENTE ante la solicitud de extradición del ciudadano colombiano FABIO DUQUE DUQUE, hecha por el Gobierno de los Estados Unidos de América mediante Nota Verbal No. 0358 del 07 de febrero de 2008, por los cargos imputados en la Acusación No. 7722/00 dictada por el Tribunal Supremo del Estado de Nueva York de los Estados Unidos.
Por la Secretaría de la Sala entérese de esta decisión a los interesados e intervinientes, así como al Fiscal General de la Nación, para lo de su cargo.
Remítase el expediente al Ministerio del Interior y de Justicia, para lo que concierne en adelante al Gobierno Nacional.
Comuníquese y cúmplase.
SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ
Aclaración de voto
JOSE LEONIDAS BUSTOS MARTINEZ ALFREDO GÓMEZ QUINTERO
Permiso
MARIA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS AUGUSTO J. IBÁÑEZ GUZMÁN
Cita medica
JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS YESID RAMÍREZ BASTIDAS
JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA JAVIER ZAPATA ORTIZ
TERESA RUIZ NÚÑEZ
Secretaria
1 Folio 8-1 Carpeta Anexa.
2 Folio 130-123 Carpeta anexa.
3 Folio 14 Cuaderno Principal.
4 Folios 14-11 Carpeta Anexa.
5 Folios 117-110 y 71-63 Carpeta Anexa.
6 Folios 81-77 y 31-26 Carpeta Anexa.
7 Folios 103-87 y 55-37 Carpeta Anexa.
8 Artículo 495 de la ley 906 de 2004.
9 Esta regulación legal resulta aplicable al caso en virtud del principio de integración normativa previsto en el artículo 23 del estatuto procesal penal.
10 Folios 18-17 Carpeta Anexa.
11 Folios 55, 54, y 40 Carpeta Anexa.
12 Folio. 29 Carpeta Anexa.