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Proceso No. 29506
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
MAGISTRADO PONENTE
AUGUSTO J. IBÁÑEZ GUZMÁN
Aprobado: Acta No. 190
Santiago de Tunja, quince (15) de julio de dos mil ocho (2008)
ASUNTO
La Corte Suprema de Justicia de Colombia emite concepto sobre la solicitud de extradición formulada por el Gobierno de los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en nuestro país, respecto del ciudadano colombiano RODRIGO GÓMEZ BECERRA.
VISTOS
1. Mediante Nota Verbal No. 2609 del 30 de agosto de 20071, la Embajada de los Estados Unidos de América solicitó la detención provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano RODRIGO GÓMEZ BECERRA,
petición que formalizó con la Nota Verbal No. 3625 del 15 de noviembre de 20072.
2. El Ministerio del Interior y de Justicia, previo concepto de su homólogo de Relaciones Exteriores sobre la inexistencia de convenio aplicable al caso, el 27 de noviembre de 2007 remitió a la Corte la documentación enviada por la Embajada de los Estados Unidos de América, debidamente traducida y autenticada.
3. El 29 de noviembre de 2007 la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal informó al señor GÓMEZ BECERRA que tenía derecho a nombrar un defensor que lo asistiera en el presente trámite ante esta Corporación; para lo cual guardó silencio y se designó como defensor de oficio al doctor Adith Cajar Novella y aceptó la renuncia a términos presentada por el requerido, por medio de auto del 15 de enero de 20083.
4. Con posterioridad el requerido confirió poder a una abogada de confianza, quien fue reconocida mediante auto del 01 de abril siguiente.
5. Transcurrido el traslado para presentar pruebas, la Sala, mediante auto del 30 de abril de los corrientes, negó la práctica de pruebas solicitadas por el defensor de oficio y ordenó correr traslado para que los intervinientes presentaran sus estudios previos al concepto de fondo, lapso durante el cual sólo se pronunció el señor Procurador Primero Delegado para la Casación Penal.
DOCUMENTOS ALLEGADOS
Con la Nota Verbal No. 3625 del 15 de noviembre de 2007, la Embajada de los Estados Unidos de América aportó, con su respectiva traducción, los siguientes documentos:
1. Nota Verbal No.2609 del 30 de agosto de 2007, por medio de la cual la Embajada del Estado peticionario solicitó la detención provisional con fines de extradición del señor GÓMEZ BECERRA.
2. Orden de captura de fecha 17 de septiembre de 2007 proferida por el Fiscal General de la Nación4.
3. Declaraciones en apoyo de la solicitud rendidas bajo juramento el 06 de noviembre de 2007 ante el Tribunal del Distrito Sur de la Florida por William H. Bryan III, Fiscal Auxiliar Oficina de los Estados Unidos Distrito Sur de la Florida5, y por Joann Molina, agente especial Administración Antinarcótica6.
4. Acusación Sustitutiva del Gran Jurado No. 07-20245-CR-UNGARO (s)7 del 24 de mayo de 2007, en la que se formulan cuatro (04) cargos al señor RODRIGO GÓMEZ BECERRA por delitos federales de narcóticos.
5. Orden de arresto de fecha 24 de mayo de 2007 contra el señor GÓMEZ BECERRA.
6. Trascripción de las disposiciones legales aplicables.
7. Certificación de la Cónsul de Colombia en Washington sobre la autenticidad de la firma de Sonya N. Johnson, quien se desempeña como auxiliar de autenticaciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
EL MINISTERIO PÚBLICO.
Propone el Procurador Primero Delegado para la Casación Penal, se emita concepto favorable a la extradición del requerido, porque se cumplen los requisitos consagrados para tal efecto en el artículo 502 la Ley 906 del 2004, es decir, la documentación es formalmente válida, está demostrada plenamente la identificación del solicitado en extradición, se cumple el principio de doble incriminación y la equivalencia de la providencia dictada en el extranjero, con la resolución de acusación nacional y el cumplimiento de lo previsto en los tratados públicos, cuando fuere el caso.
CONSIDERACIONES.
La Sala emitirá concepto favorable para la extradición del ciudadano colombiano RODRIGO GÓMEZ BECERRA, pues se reúnen los requisitos legales exigidos para ello.
En efecto.
1. Validez formal de la documentación presentada.
La normatividad procedimental exige que la solicitud de extradición se haga por vía diplomática, o de manera excepcional por la consular o de gobierno a gobierno, acompañada de los siguientes documentos e información, en la forma establecida en la legislación del Estado requirente: (i) copia o transcripción auténtica de la acusación o del fallo dictado en el país extranjero, o su equivalente; (ii) indicación de los actos que determinan la solicitud de extradición y señalamiento del lugar y la fecha en que fueron ejecutados; (iii) inclusión de los datos que sirvan para establecer la identidad de la persona reclamada; y (iv) la reproducción certificada de las disposiciones penales aplicables al caso8.
El artículo 259 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el 1°, numeral 118 del Decreto 2282 de 1989, establece, a su vez, que los documentos públicos otorgados en país extranjero por sus funcionarios, o con su intervención, deberán presentarse debidamente autenticados por el cónsul o agente diplomático de la República, o en su defecto por el de una nación amiga. Y que la firma del cónsul o agente diplomático debe ser abonada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y si se trata de agentes consulares de un país amigo, se autenticarán previamente por el funcionario competente del mismo y los de éste por el cónsul colombiano9.
Estas exigencias de carácter formal se hallan debidamente reunidas en el caso analizado. David Warner, Director Asociado de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia, División en lo Penal, avaló las firmas de quienes suministraron las declaraciones de apoyo a la solicitud de extradición; el Procurador de los Estados Unidos, Peter Keisler, hizo lo propio con aquélla y el Director Adjunto de la Oficina de Asuntos Internacionales autenticó la de éste, todo lo cual fue certificado por Condoleezza Rice, Secretaria de Estado, y por Sonya N. Johnson, funcionaria Auxiliar de Autenticaciones del Departamento de Estado. Así mismo, el Cónsul de Colombia en Washington D. C., cuya firma es refrendada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, dio fe de que en efecto quien suscribe el documento es el funcionario auxiliar de autenticaciones del Departamento de Estado.
En las anotadas condiciones, se concluye que los requerimientos formales de legalización de la documentación que sirve de sustento a la solicitud de extradición, exigidos por las normas del Estado requirente y el Estado Colombiano, se cumplieron a cabalidad en el presente caso, y que desde esta perspectiva los documentos aportados con tal fin se tornan aptos para ser considerados por la Corte en el estudio que debe preceder el concepto.
2. Plena identidad de la persona reclamada en extradición.
El Gobierno de los Estados Unidos informó en su petición que el requerido se llama RODRIGO GÓMEZ BECERRA, ciudadano colombiano nacido el 06 de febrero de 1966, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.979.273, datos que corresponden a quien permanece privado de la libertad con fines de extradición, desde el 20 de septiembre de 2007, sin que hayan sido cuestionados por él ni por la defensa en ninguna oportunidad.
Además, coinciden con los consignados en el acta de derechos del capturado10 y en la notificación personal de la resolución por medio de la cual se ordena la captura con fines de extradición11 .
Por lo tanto, se satisface el segundo de los presupuestos a los que alude el artículo 502 de la Ley 906 de 2004, para que la extradición solicitada pueda otorgarse.
3. Principio de la doble incriminación.
Este postulado impone verificar que los comportamientos delictivos imputados a la persona reclamada en el país solicitante estén previstos como delito en Colombia, y que tengan adscrita sanción privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a cuatro (4) años. Se analizarán, por tanto, estos requerimientos.
RODRIGO GÓMEZ BECERRA es solicitado en extradición por el Gobierno de los Estados Unidos de América para que comparezca a responder en juicio por delitos federales de narcóticos, según lo establece el contenido de la Acusación Sustitutiva No. 07-20245-CR-UNGARO (s) del 24 de mayo de 2007 y de la solicitud de extradición. Los cuatro (04) cargos formulados en su contra son del siguiente tenor:12
ACUSACIÓN FORMAL DE REEMPLAZO
El Gran Jurado acusa que:
CARGO 1
Desde enero de 2005 o alrededor de ese mes, en una fecha que el Gran Jurado no conoce con exactitud, hasta el 9 de agosto de 2005 o alrededor de esa fecha, en los países de Colombia y Venezuela y en otras partes, el acusado,
RODRIGO GÓMEZ BECERRA,
alias “Ernesto”
alias “Nestor”
alias “Julio”
con conocimiento de causa e intencionalmente combinó, concertó, confederó y acordó con personas conocidas y desconocidas para el Gran Jurado para distribuir una sustancia controlada, con la intención de que dicha sustancia controlada fuera importada ilícitamente a los Estados Unidos, en violación a la Sección 959(a)(1) del Título 21 del Código de los Estados Unidos; todos en violación a la Sección 963 del Título 21 del Código de los Estados Unidos.
Conforme a la Sección 960(b)(1)(B) del Título 21 del Código de los Estados Unidos, también se alega que dicho delito involucró cinco (5) kilogramos o más de mezcla y sustancia que contenía una cantidad perceptible de cocaína.
CARGO 2
Desde enero de 2005 o alrededor de ese mes, en una fecha que el Gran Jurado no conoce con exactitud, hasta el 9 de agosto de 2005 o alrededor de esa fecha, en el condado de Miami-Dade, en el Distrito Meridional de Florida y en otras partes, el acusado,
RODRIGO GÓMEZ BECERRA,
alias “Ernesto”
alias “Nestor”
alias “Julio”
con conocimiento de causa e intencionalmente combinó, concertó, confederó y acordó con personas conocidas y desconocidas para el Gran Jurado para importar a los Estados Unidos desde un lugar fuera de ese país una sustancia controlada, en contravención a la Sección 952(a) del Título 21 del Código de los Estados Unidos; todos en contravención a la Sección 963 del Título 21 del Código de los Estados Unidos.
Conforme a la Sección 960(b)(1)(B) del Título 21 del Código de los Estados Unidos, también se alega que dicho delito involucró cinco (5) kilogramos o más de mezcla y sustancia que contenía una cantidad perceptible de cocaína.
CARGO 3
Desde enero de 2005 o alrededor de ese mes, en una fecha que el Gran Jurado no conoce con exactitud, hasta el 9 de agosto de 2005 o alrededor de esa fecha, en el condado de Miami-Dade, en el Distrito Meridional de Florida y en otras partes, el acusado,
RODRIGO GÓMEZ BECERRA,
alias “Ernesto”
alias “Nestor”
alias “Julio”
con conocimiento de causa e intencionalmente combinó, concertó, confederó y acordó con personas conocidas y desconocidas para el Gran Jurado para poseer una sustancia controlada con la intención de distribuirla, en violación a la Sección 841(a)(1) del Título 21 del Código de los Estados Unidos; todos en violación a la Sección 846 del Título 21 del Código de los Estados Unidos.
Conforme a la Sección 841(b)(1)(A)(ii) del Título 21 del Código de los Estados Unidos, también se alega que dicho delito involucró cinco (5) kilogramos o más de mezcla y sustancia que contenía una cantidad perceptible de cocaína.
CARGO 4
El 25 de julio de 2005 o alrededor de esa fecha, en el país de Venezuela y en otras partes, el acusado
RODRIGO GÓMEZ BECERRA,
alias “Ernesto”
alias “Nestor”
alias “Julio”
con conocimiento de causa e intencionalmente apoyaron, aconsejaron, mandaron e indujeron que se importara una sustancia controlada a los Estados Unidos desde un lugar fuera de ese país, en contravención a la Sección 952(a) del Título 21 del Código de los Estados Unidos y la Sección 2 del Título 18 del Código de los Estados Unidos.
Conforme a la Sección 960(b)(1)(B) del Título 21 del Código de los Estados Unidos, también se alega que dicho delito involucró cinco (5) kilogramos o más de mezcla y sustancia que contenía una cantidad perceptible de cocaína.
Las conductas atribuidas por el Tribunal del Distrito Sur de la Florida se recogen en la legislación penal colombiana, así:
1. Las conductas descritas en los cargos uno, dos y tres se encuentran consagrados en la legislación penal colombiana bajo la denominación de concierto para delinquir, según lo dispuesto en el Artículo 340 modificado por el artículo 8º de la Ley 733 del 2002, y por el artículo 19 de la ley 1121 del 2006 de la siguiente manera:
“Concierto para delinquir. Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada, por esa sola conducta, con prisión de tres (3) a seis (6) años.
Cuando el concierto sea para cometer delitos de genocidio, desaparición forzada de personas, tortura, desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o financiamiento del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, la pena será de prisión de ocho (8) a dieciocho (18) años y multa de dos mil setecientos (2700) hasta treinta mil (30000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
La pena privativa de la libertad se aumentará en la mitad para quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan, encabecen, constituyan o financien el concierto o la asociación para delinquir”.
2. Respecto de la conducta descrita en el cargo cuatro de la acusación estadounidense, se contempla en la legislación nacional como tráfico fabricación o porte de estupefacientes conforme lo señala el artículo 376:
“Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El que sin permiso de autoridad competente, salvo lo dispuesto sobre dosis para uso personal, introduzca al país, así sea en tránsito o saque de él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre a cualquier título droga que produzca dependencia, incurrirá en prisión de ocho (8) a veinte (20) años y multa de mil (1.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
Se concluye entonces, que las penas nacionales para los comportamientos descritos en la acusación estadounidense superan el mínimo de 4 años de sanción privativa de la libertad que exige el numeral primero del artículo 493 de la Ley 906 de 2004. Luego, se cumple este presupuesto.
4. Equivalencia de las decisiones.
Este requisito impone establecer que la decisión que contiene los cargos contra la persona reclamada, por los cuales se pide la extradición, corresponda en sus aspectos formal y sustancial al acto procesal conocido en la legislación colombiana como resolución de acusación y/o escrito de acusación, es decir, a la decisión que sirve de introducción a la fase del juicio, a través de la cual el Estado acusa a una persona determinada de violar la ley penal, discrimina los cargos que le imputa, consigna los hechos que le sirven de fundamento y determina la época y el lugar de comisión del ilícito o ilícitos, para que el acusado tenga la posibilidad de conocerlos y enfrentarlos.
La Acusación Sustitutiva emitida por el órgano judicial de los Estados Unidos, contiene los requisitos formales de la formulación de acusación previstos en el artículo 337 de la Ley 906 de 2004, pues consigna las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizó la conducta punible, su descripción típica, las pruebas en que se apoya, las normas sustanciales aplicables al caso, y, además, también permite que se inicie el debate al interior del juicio.
La providencia dictada en el exterior y la regulada en la legislación nacional son equivalentes. Por tanto, se cumple este requisito.
CAUSALES DE IMPROCEDENCIA.
El artículo 35 de la Constitución Política, modificado por el primero del acto legislativo 01 de 1997, dice:
“La extradición se podrá solicitar, conceder u ofrecer de acuerdo con los tratados públicos y, en su defecto con la ley.
“Además, la extradición de los colombianos por nacimiento se concederá por delitos cometidos en el exterior, considerados como tales en la legislación penal colombiana.
“La extradición no procederá por delitos políticos.
“No procederá la extradición cuando se trate de hechos cometidos con anterioridad a la promulgación de la presente norma”.
De acuerdo con esta disposición, son causales de improcedencia de la extradición, las siguientes, (i) que el delito por el cual se procede sea de naturaleza política, (ii) que se trate de hechos cometidos con anterioridad al 17 de diciembre de 1997, fecha de promulgación de la referida norma, y (iii) que el delito haya sido cometido en territorio colombiano.
Ninguna de estas prohibiciones concurre en el caso analizado. Los delitos de concierto para cometer delitos de narcotráfico y trafico, fabricación o porte de estupefacientes, imputados a RODRIGO GÓMEZ BECERRA en la Acusación Sustitutiva estadounidense, es de naturaleza común, no política, y los hechos en los cuales se sustentan las imputaciones ocurrieron entre enero y agosto de 2005, es decir, después de la promulgación del acto legislativo.
El lugar de comisión de los hechos tampoco se erige en causal de improcedencia. El estudio de la acusación y de las declaraciones de apoyo permite establecer que el solicitado en extradición hacía parte de una organización criminal transnacional, que traficaba con narcotráficos, a través de una sofisticada red en los Estados Unidos:
“Los hechos de este caso indican que entre enero y julio de 205, Rodrigo Gómez Becerra tuvo múltiples conversaciones con un informante confidencial y con varios co-asociados en Colombia, Venezuela, y Miami, que fueron grabadas legalmente, durante las cuales discutieron el envío de un pequeño cargamento de prueba de aproximadamente 20 kilogramos de cocaína al Puerto de Miami….” 13
Esta reseña de la actividad ilícita deja en claro que los hechos por los cuales se acusa a RODRIGO GÓMEZ BECERRA trascendieron las fronteras del territorio colombiano, y que por tanto se cumple el condicionamiento constitucional de que la conducta haya sido realizada en el extranjero, cualquiera sea la teoría que se aplique para determinar el lugar de comisión del ilícito (de la acción, del resultado o de la ubicuidad).
Reunidas las exigencias previstas en el estatuto procesal, el concepto de la Corte es favorable a la extradición del señor RODRIGO GÓMEZ BECERRA, y se prevendrá al Ejecutivo para que, si la otorga, condicione su entrega a que el extraditado no sea juzgado por delitos distintos a los que motivaron el pedido de extradición, ni por hechos anteriores al 17 de diciembre de 1997, ni sometido a prisión perpetua, pena de muerte, tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni a penas de destierro y confiscación; y además, para que lleve a cabo un seguimiento orientado a determinar si el Estado requirente cumple los condicionamientos a los que pueda estar sujetada la concesión de la extradición, y establezca las consecuencias que se derivarían de su incumplimiento.
De igual modo, lo requerirá para que frente a situaciones de absolución, retiro de cargos, sobreseimiento o eventos similares, o el cumplimiento de la pena impuesta por los cargos que motivan la extradición en el evento de ser condenado, garantice la permanencia del solicitado en ese país y su retorno a Colombia en condiciones de dignidad y respeto por la persona humana.
Por otra parte, se solicita al Gobierno Nacional que recomiende al Estado peticionario que, en caso de condena, tenga en cuenta como parte de la pena el tiempo que el solicitado haya estado privado de la libertad con motivo del trámite de extradición.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, CONCEPTÚA FAVORABLEMENTE ante la solicitud de extradición del ciudadano colombiano RODRIGO GÓMEZ BECERRA, hecha por el Gobierno de los Estados Unidos de América mediante Nota Verbal No. 3625 del 15 de noviembre de 2007, por los cargos imputados en la Acusación Sustitutiva No. 07-20245-CR-UNGARO (s) del 24 de mayo de 2007 dictada por el Tribunal el Distrito Sur del Florida.
Por la Secretaría de la Sala entérese de esta decisión a los interesados e intervinientes, así como al Fiscal General de la Nación, para lo de su cargo.
Remítase el expediente al Ministerio del Interior y de Justicia, para lo que concierne en adelante al Gobierno Nacional.
Comuníquese y cúmplase.
SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ
Aclaración de Voto
JOSE LEONIDAS BUSTOS MARTINEZ ALFREDO GÓMEZ QUINTERO
MARIA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS AUGUSTO J. IBÁÑEZ GUZMÁN
JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS YESID RAMÍREZ BASTIDAS
JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA JAVIER ZAPATA ORTIZ
TERESA RUIZ NÚÑEZ
Secretaria
1 Folio 6-1 Carpeta Anexa.
2 Folio 126-119 Carpeta anexa.
3 Folio 18 Cuaderno Principal.
4 Folios 25-19 Carpeta Anexa.
5 Folios 113-103 y 71-61Carpeta Anexa.
6 Folios 82-77 y 38-33 Carpeta Anexa.
7 Folios 89-86 y 45-42 Carpeta Anexa.
8 Artículo 495 de la ley 906 de 2004.
9 Esta regulación legal resulta aplicable al caso en virtud del principio de integración normativa previsto en el artículo 23 del estatuto procesal penal.
10 Folio 18 Carpeta Anexa.
11 Folio 17 Carpeta Anexa.
12 Folios 45-42 Carpeta Anexa.
13 Folio 120 Carpeta Anexa.