27933(18-07-07)

2007

Asistente Jurídico Inteligente

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    Proceso No 27933  

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  

SALA DE CASACIÓN PENAL  

Magistrado ponente  

JAVIER   ZAPATA  ORTIZ   

Aprobado acta No. 124       

Bogotá D. C., dieciocho (18) de julio de dos  mil siete (2007)   

Se  pronuncia  la  Corte  en  torno  a  la  admisibilidad  de  la  demanda  con  que  se  sustenta  el  recurso de casación  interpuesto  contra la sentencia dictada por la Sala Penal del Tribunal Superior  del  Distrito  Judicial  de Bogotá D. C., el 28 de febrero de 2007, mediante la  cual  confirmó  la  condena  de  28  meses  de  prisión  y  a  la accesoria de  interdicción  de  derechos  y funciones públicas por el mismo lapso de la pena  principal  y  multa  de $50.000 impuesta a JOSÉ ISMAEL  NOVOA  MARTÍN  por el Juzgado 32 Penal de Circuito de  esta  ciudad, como autor y penalmente responsable del concurso de delitos de uso  de documento público falso y estafa.   

HECHOS  

En la sentencia impugnada, la Sala Penal del  Tribunal  Superior  del  Distrito  Judicial  de Bogotá D. C., hizo la siguiente  síntesis:   

“El  23  de  mayo  de 2000, ÓMAR AUGUSTO  GÓMEZ    DÍAZ   instauró   denuncia   penal   en   contra   de   JOSÉ  ISMAEL NOVOA MARTÍN porque el 4 de  agosto  de  1997, en Bogotá, le compró el bus de servicio público, placas SBI  633,  modelo  1971,  aparentemente  transformado a l981, y al solicitar la nueva  tarjeta  de  operación,  la Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá le  informó  que  la  repotenciación no figuraba en sus registros, al contrario de  lo que aparecía en los documentos entregados por el vendedor.”   

La Fiscalía General de la Nación, a través  de  la  Unidad  de  Fiscalías  Delegada  ante el Tribunal Superior del Distrito  Judicial  de  Bogotá  D.  C.,  el 16 de julio de 2002, al desatar el recurso de  apelación  interpuesto contra la resolución del 31 de agosto de 2001, mediante  la  cual  la Fiscalía 85 Delegada ante los Juzgados Penales de Circuito de esta  capital,   revocó   la   preclusión  de  investigación  dictada  a  favor  de  NOVOA  MARTÍNEZ  y  en  su  defecto,  lo  acusó  como  probable  autor  del  concurso  de delitos de uso de  documento público falso y estafa.   

LA     DEMANDA   

Los  fundamentos  de  los  cuatro cargos que  postula  el  defensor  del procesado JOSÉ ISMAEL NOVOA  MARTÍNEZ  contra  la  sentencia proferida por la Sala  Penal  del  Tribunal  Superior del Distrito Judicial de Bogotá D. C., al amparo  de  la  causal  primera,  cuerpo  segundo de casación, error de hecho por falso  juicio de identidad, en síntesis, son los siguientes:   

1.- Primer cargo, violación indirecta de la  ley  sustancial, error de hecho por falso juicio de identidad, en la valoración  de la declaración de LUIS FRANCISCO VILLAMIL ROA.   

Luego  de  transcribir algunos apartes de la  declaración  de LUIS FRANCISCO VILLLAMIL ROA y del fallo impugnado, dice que el  Tribunal  en  la  sentencia  de  segunda  instancia  para confirmar la sentencia  impugnada   se   basó   en   el  hecho  de  que  este  testigo  “fuera  quien  conservaba  un recibo que firmó por $600.000 del que  bien  considera  el despacho debería estar en poder de quien lo contrató, y de  acuerdo  con la prueba, este documento fue allegado al expediente por la abogada  defensora   del   indagatoriado   JOSÉ  ISMAEL  NOVOA  MARTÍN”  por  lo  anterior,  considera que se está tergiversando la prueba y  como consecuencia de ese error se vulneró la ley sustancial.   

Refiere,  en consecuencia, que la Corte debe  casar la sentencia impugnada.   

2.- Segundo cargo, violación indirecta de la  ley  sustancial, error de hecho por falso juicio de identidad en la apreciación  de  la  indagatoria  de  JOSÉ  ISMAEL  NOVOA  MARTÍN.   

En  orden a desarrollar el cargo, transcribe  apartes  del  análisis  efectuado  por  el Tribunal, en la sentencia de segunda  instancia    y    de    la   indagatoria   de   NOVOA  MARTÍN,  resaltando  que  es evidente que el Tribunal  concluyó  erróneamente  que  no  se  cumplió  con  los  requisitos del motor,  transmisión,  caja, latonería y mantenimiento que sólo se limitó a contratar  un  tramitador,  pues  la  prueba  informa  que  durante  el  tiempo que tuvo el  vehículo  en  su  poder  se  le  hicieron  arreglos. Así mismo, discrepa de la  apreciación que hace del testimonio de VILLAMIL ROA.   

Sostiene, entonces, que como consecuencia de  ese  yerro  se  incurrió  en  violación  de  la  ley sustancial, dejándose de  aplicar  la  presunción de inocencia y el principio de legalidad, razón por la  cual solicita casar la sentencia impugnada.   

3.- Tercer cargo, violación indirecta de la  ley  sustancial  por error de hecho por falso juicio de identidad al apreciar la  indagatoria de NOVOA MARTÍN.   

Luego de transcribir los apartes pertinentes  del   análisis   del   Tribunal   y   de   la   indagatoria   de   JOSÉ   ISMAEL   NOVOA   puntualiza   que  “como  consecuencia de ese yerro en que incurre, se  vulnera   en  forma  indirecta  por  el  Tribunal  Superior  la  ley  sustancial  (artículo  222  y  356  del extinto Código Penal), dejándose de aplicar, a su  turno,  por el Tribunal en forma evidente, las normas rectoras del Código Penal  y  Código  de  Procedimiento  Penal  (presunción  de  inocencia,  principio de  legalidad)…”   

Solicita  a  la  Corte  casar  la  sentencia  impugnada   y   absolver   al   procesado   de   los  cargos  formulados  en  la  acusación.   

4.- Cuarto cargo, violación indirecta de la  ley  sustancial  por  error  de  hecho  por  falso  juicio  de  identidad  en la  apreciación  de  la  indagatoria  de  NOVOA  MARTÍN.   

En  procura  a  demostrar  el  yerro  en que  incurrió  el Tribunal, en la sentencia de segunda instancia, toma apartes de la  indagatoria  de  NOVOA MARTÍN  y  del análisis del Tribunal, para concluir en que demostró el yerro en que se  incurrió  en  la  sentencia de segundo grado que vulneró en forma indirecta de  la  ley  sustancia,  dejándose  de  aplicar  las normas rectoras atinentes a la  presunción de inocencia y el principio de legalidad.   

Por lo anterior, solicita a la Corte casar la  sentencia impugnada y, en su defecto, absolver al procesado.   

Finalmente,  señala  que  si  el  Tribunal  hubiese  tenido  en cuenta las pruebas en su justo alcance, otro habría sido el  sentido del fallo.   

    

CONSIDERACIONES  DE  LA  SALA   

1.- La demanda presentada por el defensor del  procesado  JOSÉ  ISMAEL  NOVOA  MARTÍNEZ,   presenta   insalvables   defectos   de   orden   técnico  y  de  fundamentación, que la  hacen de imperiosa inadmisión.   

En efecto, siendo la casación, como así lo  reconocen  la  jurisprudencia  y  la  doctrina,  una  sede  única que parte del  supuesto   de  que  el  debate  jurídico  y  probatorio  ha  culminado  con  el  proferimiento  de  la sentencia de segundo grado, es deber del impugnante que su  ejercicio  argumentativo  se oriente a demostrar que la declaración judicial se  apartó  ostensiblemente  de la norma. Por lo tanto, la demanda ha de satisfacer  plenamente  las  exigencias  legales  tanto  de forma como de contenido, pues su  procedencia  está determinada por la demostración de haberse configurado una o  algunas de las causales establecidas.   

Tal  requisito se afianza en la necesidad de  determinar  objetivamente  el  sentido y alcance de la impugnación, demostrando  la  presencia de los yerros judiciales y su incidencia en la decisión objetada,  pues  de  omitirse  la Corte atendiendo el principio de limitación que gobierna  el  recurso  de  casación,  no puede entrar a colmar los vacíos que la demanda  ofrezca ni a subsanar los yerros que presente.   

2.-  En  relación  con  los  cuatro  cargos  propuestos  en  la demanda, los que hace consistir en que el juzgador de segunda  incurrió  en  errores  de  hecho  derivados de falsos juicios de identidad, dos  precisiones  deben  hacerse en relación con esta propuesta de ataque: en primer  lugar,  que  el  censor,  no obstante transcribir los apartes pertinentes de los  medios  de  convicción  los  que,  a  su  juicio  fueron  tergiversados y de la  sentencia  de  segundo  grado  sobre  los  cuales  pretende  acreditar  el error  probatorio,  su  argumento  se  torna deficiente para los fines propuestos, dado  que,  no  concretó  de  qué  manera  fueron  tergiversados; adicionalmente, se  distanció  de  la metodología inherente propia de la argumentación jurídica,  para  dedicarse bajo el mismo anuncio de censura a discrepar de la forma como el  Tribunal   asumió  el  análisis  probatorio,  quebrantando  de  este  modo  el  principio  de  la  autonomía  de  las causales en casación, pues si trataba de  demostrar  el  yerro  en  el  ejercicio  dialéctico  llevado  a  cabo  por  los  juzgadores  de instancia, le era preciso señalar la infracción a las reglas de  la sana crítica.   

Si bien la censura plantea un error de hecho  por  falso  juicio de identidad, es oportuno recordar que tal modalidad de error  se  presenta  cuando  el juzgador, al apreciar una determinada prueba, falsea su  contenido  fáctico,  poniéndola a decir lo que ella literalmente no reza, bien  por distorsión, tergiversación, adición o cercenamiento.   

Por lo tanto, para su cabal demostración es  indispensable  que  el  actor  puntualice  en  la  demanda,  qué  dice el medio  probatorio  falseado,  qué  concreción hicieron de su texto los juzgadores, en  qué  consistió el desacierto y cómo éste repercutió desfavorablemente en la  declaración  de  responsabilidad,  pues  se trata de señalar que de no haberse  cometido  el  error  denunciado  habría dado lugar a que la decisión impugnada  fuera de contenido diverso.   

Igualmente,  en  esta  censura incurre en el  defecto  técnico  de  desbordar  el  cauce  normal  para  dedicarse  a efectuar  apreciaciones  personales  sobre  el mérito persuasivo de las pruebas allegadas  para  anteponerlas  al  criterio  valorativo  del  juzgador de segundo grado, en  posición francamente inadmisible en sede de casación.   

Así  las  cosas, cuando la discrepancia del  censor  con el examen probatorio se focaliza en la forma material o lógica bajo  la  cual  el  fallador  asumió  la prueba y se hace recaer exclusivamente en el  criterio  judicial  formado  bajo  los parámetros de la critica racional que le  impone  el  artículo  238  del  Código  de Procedimiento Penal, el reproche se  aleja     del     motivo     legal    de    casación    aludido    –    falso    juicio   de   identidad  – y carece necesariamente  de claridad y precisión.   

De este modo, en la demanda se echan de menos  las  elementales condiciones de claridad y precisión que son imprescindibles en  una  discusión  orientada  a desvirtuar las presunciones de acierto y legalidad  que amparan la sentencia que se cuestiona en casación.   

Al  margen  de  los  yerros  de técnica que  presenta   la  demanda,  la  Sala  no  advierte  vulneración  de  los  derechos  fundamentales  ni  causales  de  nulidad  que  la  obliguen a un pronunciamiento  oficioso.   

En  consecuencia,  se desestima la demanda y  contra esta decisión no procede recurso alguno.   

Atendidas  las  razones  expuestas, la Corte  Suprema de Justicia en Sala de Casación Penal,   

RESUELVE  

INADMITIR la demanda de casación presentada  a  nombre  del  procesado  JOSÉ ISMAEL NOVOA MARTÍNEZ  por las razones anotadas.   

Devuélvase  el  expediente  al  Tribunal de  origen.   

CÓPIESE, COMUNÍQUESE y  CÚMPLASE   

ALFREDO   GÓMEZ   QUINTERO   

SIGIFREDO   ESPINOSA   PÉREZ                                          MARÍA  DEL  ROSARIO  GONZÁLEZ  DE  LEMOS   

                                                                                                           Impedida   

JORGE       LUIS       QUINTERO  MILANÉS               YESID RAMÍREZ BASTIDAS   

JULIO       ENRIQUE       SOCHA  SALAMANCA          MAURO   SOLARTE   PORTILLA                                                                                                     

JAVIER    ZAPATA  ORTIZ   

TERESA RUIZ NÚÑEZ  

Secretaria    

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