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Myriam Ávila Roldán
Magistrada Ponente
AP2289-2023
Radicación n.º 63125
CUI: 11001020400020230020502
Aprobado acta n.º 147
Bogotá D.C., dos (02) de agosto de dos mil veintitrés (2023).
I. OBJETO DE LA DECISIÓN
La Corte decide la solicitud de pruebas presentada por el defensor del ciudadano colombiano Jaime Alberto Delgado Muñoz requerido en extradición por el Gobierno de los Estados Unidos de América.
II. ANTECEDENTES
1. El Gobierno de los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, mediante Nota Verbal n.º 1855 del 2 de noviembre de 2022, solicitó la detención provisional con fines de extradición de Jaime Alberto Delgado Muñoz, a efecto de que comparezca al proceso que en ese país se tramita en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico1, con fundamento en el siguiente marco fáctico:
[…] Una investigación de las autoridades de aplicación de la ley identificó una organización criminal transnacional (TCO, por sus siglas en inglés) radicada en Cúcuta, Colombia, responsable de adquirir y transportar grandes cantidades de cocaína por vía marítima desde Colombia y Venezuela y destinadas a República Dominicana y otras islas del Caribe, para su consumo final en los Estados Unidos. El 24 de agosto del 2020, un barco de la Guardia Costera estadounidense (USCG, por sus siglas en inglés) interceptó una embarcación rápida (GFV, por sus siglas en inglés) que reclamaba la nacionalidad de República Dominicana aproximadamente a 140 millas náuticas al norte de Aruba en aguas internacionales. La República Dominicana negó que la GFV estuviera registrada como una embarcación de la República Dominicana y la USCG incautó aproximadamente 269 kilogramos de cocaína encontrados a bordo. El 22 de diciembre del 2020, un barco de la USCG interceptó una GFV aproximadamente a 80 millas al sur de Isla Beata, República Dominicana, reclamando nacionalidad venezolana. Venezuela renunció a la jurisdicción principal sobre la embarcación y la USCG incautó aproximadamente 601 kilogramos de cocaína a bordo de la embarcación. El 23 de febrero del 2021, un barco de la USCG interceptó una GFV aproximadamente a 21 millas al sureste de St. Croix en aguas internacionales alegando nacionalidad holandesa. El gobierno holandés renunció a la jurisdicción principal sobre la embarcación y la USCG incautó aproximadamente 359 kilogramos de cocaína a bordo de la embarcación.
DELGADO MUÑOZ ha actuado como el coordinador financiero durante las operaciones de contrabando marítimo de drogas ilícitas de la TCO, y ha estado involucrado en transportar contrabandistas de narcóticos mientras van en camino a sus locaciones de salida. Testigos cooperantes y comunicaciones interceptadas legalmente indican que DELGADO MUÑOZ recogió pagos de inversionistas de la cocaína y pasó los fondos luego al líder de la TCO y ayudó a planear el envío de cocaína que fue incautado el 24 de agosto del 2020, al igual que planeó y proveyó apoyo logístico al envío de cocaína incautado el 23 de febrero del 2021.
2. Con fundamento en el artículo 509 de la Ley 906 de 2004, el Fiscal General de la Nación expidió resolución el 4 de noviembre de 2022 en la que ordenó su aprehensión para el anotado propósito, proveído notificado al requerido el 30 de noviembre siguiente al momento de su captura.
4. El Ministerio de Justicia y del Derecho remitió a la Corte la documentación enviada por la Embajada norteamericana, debidamente traducida y autenticada, previo concepto de su homólogo de Relaciones Exteriores sobre la vigencia entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América de la «Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas», suscrita en Viena el 20 de diciembre de 1988 y la «Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional», adoptada en Nueva York el 27 de noviembre de 2000, aclarando que, en los aspectos no regulados por dichos instrumentos internacionales, se regiría por lo previsto en el ordenamiento jurídico colombiano.
5. Recibida la actuación en la Corporación y acreditada la representación adjetiva, se dio inicio al trámite consagrado en el artículo 500 de la Ley 906 de 2004 y se dispuso agotar el periodo para pedir pruebas.
6. Dentro del lapso previsto en el artículo 500 de la Ley 906 de 2004 el apoderado de Jaime Alberto Delgado Muñoz solicitó medios probatorios los siguientes:
6.1. Oficiar a las «autoridades tributarias y mercantiles pertinentes» para que remitan la información patrimonial de su prohijado con el fin de conocer su tuvo incremento significativo en su patrimonio o «deje constancia de su carencia de recursos económicos como producto de actividades ilícitas».
6.2. Requerir a las «autoridades policivas y del Agustín Codazzi» a efectos de que determinen la existencia de los sectores conocidos como «El Paraíso» y “El Boquete”, ubicados en la Alta Guajira y, aclaren si en dichos lugares se han realizado actividades u operativos contra el narcotráfico.
6.3. Oficiar a las «autoridades policivas pertinentes» para que informen si en contra de alias “PATROL” se adelanta algún proceso penal a través del cual se logre constatar cualquier vínculo entre ese individuo y su prohijado.
6.4. Oficiar a la empresa «Radio Taxi Internacional» de Cúcuta para que certifique si su prohijado está vinculado a dicha compañía como conductor de taxi.
6.5. Solicitar a la «Asociación Unión Escobal» que certifique si el reclamado pertenece a esa asociación y en caso afirmativo, especifique la fecha de vinculación y la función que allí cumple.
6.6. Establecer la existencia en Colombia de anotaciones, registros o antecedentes de investigaciones penales adelantadas en contra del requerido.
7. Por su parte, el Procurador Delegado de Intervención Primero para la Casación Penal manifestó no ser necesaria la práctica de prueba alguna en el presente trámite.
III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
3.1. Aspectos generales
8. De conformidad con el canon 35 de la Constitución Nacional, modificado por el precepto 1º del Acto Legislativo n.º 01 de 1997, la extradición se solicitará, concederá u ofrecerá de acuerdo con los tratados públicos y, en su defecto, con la ley, verbigracia, la 906 de 2004, en su artículo 490 y siguientes.
9. Dado que el tratado de extradición suscrito el 14 de septiembre de 1979 entre Colombia y los Estados Unidos de América, no es aplicable en el orden interno debido a la inconstitucionalidad de la Ley 27 de 1980, declarada por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia de 12 de diciembre de 19862, el concepto deberá guiarse por la observación de las exigencias contenidas en las normas del Código de Procedimiento Penal.
10. Por ello, específicamente, las solicitudes que en ese sentido se hagan deben estar orientadas a constatar los siguientes aspectos: (i) la validez formal de la documentación presentada; (ii) la plena identidad del requerido; (iii) la doble incriminación de la conducta y la previsión en la legislación nacional de una pena cuyo mínimo no sea inferior a cuatro años de prisión; (iv) la similitud de la providencia proferida en el extranjero con una sentencia o acusación; (v) el acatamiento de lo señalado en los tratados públicos, cuando fuere el caso; (vi) la presencia de aspectos ligados a la imposición de condicionamientos en caso de emitirse concepto favorable a la extradición3; (vii) la existencia, o no, de las restricciones contenidas en el canon 35 de la Carta Política y en el precepto transitorio 19 del Acto Legislativo n.º 01 de 2017, así como (viii) la concurrencia, o no, de circunstancias que inhiben la extradición4.
11. La verificación de los presupuestos fijados en la ley y en los instrumentos internacionales para acceder al pedido de entrega en extradición será el objeto del concepto que habrá de rendir la Corte al Gobierno Nacional. De manera correlativa, las peticiones probatorias formuladas por los intervinientes en este trámite jurídico administrativo deben estar encaminadas a concretar o desvirtuar dichos presupuestos, conforme criterios de pertinencia, conducencia y utilidad.
12. Así las cosas, si las solicitudes probatorias no están orientadas a constatar los anteriores aspectos, no guardan relación con esos temas, o versan sobre hechos notoriamente impertinentes, superfluos o carentes de utilidad, deben desestimarse.
3.2. De las solicitudes probatorias
3.2.1. Pruebas impertinentes
13. En el presente asunto, resulta evidente que no pueden admitirse las demás pruebas exhortadas por la defensa en los numerales 6.1. a 6.5. porque no ostentan pertinencia, en la medida que se encaminan a cuestionar la materialidad de las conductas punibles incluidas en la acusación.
14. Recuérdese que la extradición es un mecanismo de cooperación internacional, en el que la intervención de la Corte Suprema de Justicia se encamina a constatar el cumplimiento de unos requisitos de orden constitucional y legal, previo a la emisión del respectivo concepto, lo que excluye cualquier discusión ajena a la verificación objetiva de éstos. Así lo ha expuesto de manera pacífica la Sala, entre otros, en CSJ CP056 – 2018, donde advirtió que:
… este trámite, caracterizado por ser de exclusiva cooperación internacional, está circunscrito a la verificación objetiva del cumplimiento de los presupuestos convencionales o legales que regulan el pedido de entrega del requerido, lo cual excluye cualquier discusión ajena a estas exigencias, como quiera que la extradición no corresponde a la noción de un proceso penal.
De ahí que en el trámite de extradición no tienen cabida debates en torno a la competencia del órgano judicial o la validez del trámite, la validez o mérito a la prueba recaudada por las autoridades extranjeras sobre la ocurrencia del hecho, el lugar de su realización, la forma de participación o el grado de responsabilidad del reclamado, la calificación jurídica, la normatividad que prohíbe y sanciona el hecho delictivo, toda vez que tales aspectos corresponden a la órbita exclusiva de las autoridades judiciales del gobierno que eleva la solicitud y, su contradicción debe hacerse al interior del respectivo proceso acorde con la legislación del Estado requirente (énfasis fuera del original).
16. En efecto, la responsabilidad penal de la persona solicitada es un aspecto que debe abordarse ante las autoridades del país requirente, escenario natural para debatir el cargo imputado, así como los medios de prueba en que se apoyan, y presentar las pruebas que pretenda hacer valer, puesto que «la Corte Suprema, Sala Penal, no valora pruebas sobre la existencia del hecho y sus circunstancias, ni juzga al solicitado» (CSJ AP, 28 de mayo de 2008 Rad. 29.233).
17. Bajo esos presupuestos, la Sala negará la práctica de dichas pruebas.
3.2.2. Prueba pertinente
18. Por otra parte, el defensor advirtió que se hacía necesario requerir a las autoridades colombianas (numeral 6.6.), en aras de garantizar el principio constitucional del non bis in ídem y en ese sentido, establecer si Jaime Alberto Delgado Muñoz está siendo procesado en nuestro país por los hechos materia de juzgamiento.
19. Tal postulación, acorde con la línea jurisprudencial vigente de la Sala de Casación Penal, resulta pertinente. No solo para verificar la potencial afectación de la garantía constitucional en cita, sino en aras de constatar si se hace necesario emitir alguna clase de condicionamiento especial relacionado con lo previsto en el art. 504 de la Ley 906 de 2004
20. Ciertamente, persiste para la Corte el compromiso de efectivizar la salvaguarda de dicho principio, por cuanto de esa manera se garantiza no solo la autonomía y soberanía nacional, en el evento de demostrarse que el Estado colombiano ha desplegado su poder punitivo, sino que además se procura la observancia de prerrogativas fundamentales de los reclamados en extradición, tales como la de no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
21. Por lo tanto, se requerirá a la Fiscalía General de la Nación y a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol DIJIN, Registro Único Nacional de Antecedentes y Anotaciones Judiciales del Sistema de Información Operativo –SIOPER- de la Policía Nacional para que consulten en sus bases de datos si obra alguna investigación o condena en contra de Jaime Alberto Delgado Muñoz y, en caso afirmativo, informen el número de radicación, los hechos objeto de investigación y el estado actual de la actuación. Deberán además allegar copia de las decisiones que hubiesen sido emitidas.
En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal,
IV. RESUELVE
Primero Negar las pruebas pedidas por la defensa descritas en el numeral 3.2.1. de esta decisión.
Segundo: Decretar la prueba señalada en el aparte enumerado 3.2.2.
Tercero: Contra lo decidido en el numeral primero, procede el recurso de reposición.
Notifíquese y cúmplase
Hugo Quintero Bernate
presidente
Myriam Ávila Roldán
Fernando Bolaños Palacios
Diego Eugenio Corredor Beltrán
Luis Antonio Hernández Barbosa
Fabio Ospitia Garzón
Carlos Roberto Solórzano Garavito
Nubia Yolanda Nova García
Secretaria
1 Acusación Sustitutiva n.° 21-317 (PAD) (también conocida como caso n.° 3:21-cr-00317-PAD) proferida el 12 de abril de 2022.
2 Publicada en Gaceta Judicial: Tomo CLXXXVII–2 n.° 2426, pág. 580–604.
3En lo que concierne al estado de salud de los requeridos en extradición, en la providencia CSJ AP, 3 jul 2013, rad. 41270, se aclaró que: «A pesar de que en principio habría lugar a sostener que la prueba reclamada por la defensa no es pertinente, por cuanto no se vincula con los requisitos que debe constatar la Corte al momento de emitir el concepto respectivo, a su vez no debe perderse de vista que el medio de convicción deprecado tiene relación con los eventuales condicionamientos que pueden imponerse en caso de que el concepto sea favorable a la extradición, en particular en punto del tratamiento que se le debe prodigar al solicitado por su calidad de persona humana y de nacional colombiano por nacimiento».
4 Dentro de estas se destacan, la inobservancia de la prohibición de doble juzgamiento (CSJ CP001–2015 y CSJ CP166–2014, entre otros)