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HUGO QUINTERO BERNATE
Magistrado Ponente
STP3225-2023
Radicación no. 127903
(Aprobado Acta No. 005)
Bogotá, D. C., diecisiete (17) de enero de dos mil veintitrés (2023).
VISTOS:
Resuelve la Corte la impugnación presentada por el abogado ELIO ANDRÉS SIERRA GONZÁLEZ, contra la sentencia proferida el 9 de noviembre de 2022 por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, que negó el amparo promovido frente a los Juzgados 2º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad y 5º Penal del Circuito de la misma ciudad, por la presunta vulneración del derecho al debido proceso que le asiste al ciudadano KEVIN ANDRÉS ARENAS NAVARRO.
FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN:
1. Fueron resumidos por el A quo en los siguientes términos:
La parte actora señala que, envió una solicitud de libertad condicional al JUEZ SEGUNDO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE CUCUTA, por haber cumplido los factores para acceder a la misma, sin embargo, su petición fue negada mediante auto del 31 de mayo de 2022.
Esta decisión fue recurrida y mediante auto del 13 de septiembre de 2022, el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Cúcuta (Juzgado fallador) resolvió el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, confirmando en su integralidad la decisión del 31 de mayo de 2022.
2. Bajo esas circunstancias, el accionante acude al juez de tutela para que, en amparo de la prerrogativa fundamental invocada, «revo[que] las providencias emitidas por los accionados… [y conceda] la libertad condicional al señor KEVIN ANDRES ARENAS NAVARRO…».
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA:
Mediante auto del 1° de noviembre de 2022, la Sala Penal del Tribunal Superior de Cúcuta admitió la demanda y corrió el traslado respectivo a las autoridades mencionadas.
El Juzgado 2° de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad accionado expuso que, mediante providencia del 31 de mayo de 2022, declaró improcedente la libertad condicional solicitada por la defensa ARENAS NAVARRO, «por no tener un adecuado desempeño y comportamiento durante el tratamiento penitenciario, razón por la cual, el apoderado del sentenciado, interpuso recurso de reposición en subsidio de apelación», despachando negativamente el primero, concediéndose el de alzada.
Entre tanto, el Juzgado 5º Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento refirió que confirmó la decisión de primera instancia ante el incumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 64 del Código Penal, decisión fue adoptada con observancia de la ley respetando los derechos que le asisten a las partes.
El a quo, a través de fallo del 9 de noviembre de 2022, negó el amparo invocado, tras considerar que las decisiones censuradas, lejos de advertirse caprichosas e ilegitimas, «resultan razonadas y ajustadas a la sana crítica que expusieron ambos funcionarios judiciales en sus argumentos, para concluir que el accionante debía continuar recluido en el centro carcelario en razón a su comportamiento cuando estuvo detenido en prisión domiciliaria».
Una vez notificada la decisión, el abogado ELIO ANDRÉS SIERRA GONZÁLEZ la impugnó, presentando para sustento de ello una serie de argumentos, tras lo cual solicitó su revocatoria.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE:
De conformidad con el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala es competente para desatar la segunda instancia respecto de la sentencia adoptada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta.
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política para que, mediante un procedimiento preferente y sumario, se protejan los derechos fundamentales cuando resulten transgredidos o amenazados por la acción u omisión de las autoridades o de los particulares, en los casos establecidos en la ley, a falta de otro medio de defensa judicial, excepto que se esté frente a un perjuicio irremediable que la haga procedente como mecanismo transitorio.
En el presente evento, el abogado ELIO ANDRÉS SIERRA GONZÁLEZ acude ante el juez constitucional para censurar los presuntos yerros en los que incurrieron las autoridades demandadas a la hora de decidir sobre la solicitud de libertad condicional reclamada por KEVIN ANDRÉS ARENAS NAVARRO.
Pues bien, el artículo 229 de la Carta Política dispone que toda persona tiene derecho a acceder a la administración de justicia y que la ley señalará los casos en los cuales podrá hacerlo sin la representación de abogado, estableciendo así, de manera general, que en las acciones judiciales, incluida la acción de tutela, se requiere el mencionado título profesional. Lo anterior, sin perjuicio de que este tipo de mecanismos constitucionales, por ser de naturaleza informal, también se puedan ejercer de manera directa.
Por su parte, el artículo 10º del Decreto 2591 de 1991 dispone que la acción de tutela puede ser ejercida directamente por el titular del derecho fundamental vulnerado o amenazado, o por intermedio de apoderado, es decir, que para que una persona diversa al titular de los derechos fundamentales que se estiman conculcados se encuentre legitimada para interponer esta acción se requiere que esté debidamente habilitada por la ley, como cuando el padre representa los intereses de sus hijos menores; o que le haya sido otorgado poder especial para ello, siempre que ostente la calidad de abogado inscrito; o bien, que actúe como agente oficioso, caso en el cual le corresponde expresar las razones que motivan la imposibilidad del titular para proveer la defensa de sus derechos fundamentales.
De la disposición referenciada, se concluye, entonces, que es posible agenciar los derechos de otros cuando su titular se encuentra imposibilitado para promover por sí mismo la tutela, pero si la calidad de agente oficioso no se acredita ni se prueba –siquiera sumariamente–, así como el apoderamiento judicial, el juez de tutela debe rechazar la demanda por falta de legitimación o interés.
En resumidas cuentas, la solicitud de amparo carece de formalidad cuando se trata de invocar ante el juez constitucional la protección de derechos fundamentales propios presuntamente vulnerados. Sin embargo, la situación varía, ostensiblemente, ante determinadas circunstancias, como cuando el accionante no comparece ante la administración de justicia en nombre propio, sino que lo hace a través de agente oficioso, caso en el cual, además de manifestarse que se actúa en tal calidad, de los hechos y circunstancias que fundamentan la acción debe desprenderse que el titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados se encuentra en circunstancias físicas o mentales que le impiden actuar directamente1. En torno a lo último, la jurisprudencia constitucional ha indicado:
Así las cosas, en relación con el segundo requisito, como ya se dijo, referente a la necesidad de acreditar la imposibilidad de actuar directamente, este Tribunal ha dicho que el mismo encuentra respaldo en el hecho de preservar la autonomía y voluntad de una persona mayor de 18 años, quien es titular de la capacidad legal o de ejercicio, por virtud de la cual se le reconoce su plena aptitud para acudir ante los jueces, en defensa de sus derechos, cuando considere que estos están siendo amenazados o vulnerados. Por esta razón, un agente oficioso sólo podrá actuar por otro cuando se pruebe una circunstancia física o mental que le impida al interesado interponer una acción de tutela directamente.
Al respecto esta Corporación ha expresado que:
“[E]l agente oficioso o el Defensor del Pueblo y sus delegados, sólo pueden actuar dentro de los precisos límites que la ley ha señalado a sus actuaciones; por lo tanto, no pueden de ninguna manera arrogarse la atribución de interponer acciones de tutela a su arbitrio, es decir, sin que esté justificado plenamente el supuesto fáctico que la norma exige para legitimar sus actuaciones, cual es, que el afectado en sus derechos fundamentales no pueda promover directamente su propia defensa, por hallarse en una situación de desamparo e indefensión, o que solicite la intervención de dicho defensor.”2
En este caso, el abogado SIERRA GONZÁLEZ, para abrirse paso y justificar su intervención como agente oficioso de KEVIN ANDRÉS ARENAS NAVARRO apuntó:
[S]olicito al despacho tener en cuenta que en el presente caso la acción de tutela es una acción de tutela en contra de una providencia judicial, y dichas acciones deben cumplir una serie de requisitos, que exigen una argumentación legal muy exigente, la cual no está al alcance del titular del derecho debido a que él no tiene la formación ni el conocimiento suficiente para sustentar la defensa de sus derechos debido a que él no es abogado. De igual manera le solicito al despacho tener en cuenta que el artículo primero del DECRETO 196 DE 1971, establece que a nosotros los abogados nos asiste una obligación legal de prestar una función social, y es precisamente esa disposición normativa, la que me motiva a ejercer la agencia oficiosa del ACCIONANTE.
Puestas así las cosas, para la Corte es palmario que el profesional del derecho, a través del referido discurso, lejos estuvo de acreditar que KEVIN ANDRÉS ARENAS NAVARRO padece alguna limitación física o mental que le impida obrar por sí mismo; en otras palabras, en esta argumentación, o en las demás circunstancias de hecho registradas en la demanda, no se hizo mención de alguna circunstancia valedera encaminada a justificar que el directo interesado no hubiere promovido la acción, pues no evidenció que aquel no pueda valerse por sí mismo o que no esté en condiciones de ejercer su defensa material, eventos que le permitirían actuar en su representación para hacer valer los derechos que por sus incapacidades físicas o jurídicas no pueda desplegar, no siendo esta la situación de quien carece de conocimientos respecto a la ciencia del derecho o de las personas privadas de la libertad.
En cuanto a lo último, valga agregar que la experiencia diaria da cuenta de gran cantidad de demandas interpuestas directamente por personas recluidas en centros carcelarios, que para el efecto acuden a la intermediación de las Oficinas Jurídicas o a los entes administrativos propios de cada penitenciaría.
Así las cosas, resulta razonado predicar que ELIO ANDRÉS SIERRA GONZÁLEZ carece de legitimación en la causa por activa para pedir la protección del derecho fundamental invocado a través de este instrumento excepcional.
Ahora, si como lo expresa el litigante lo que motiva su intervención es que el procesado adolece de conocimientos técnico jurídicos y que ello le imposibilita ejercer directamente su defensa, nada le impedía a aquel solicitar la asistencia letrada y acudir a la administración de justicia a través de apoderado, caso en el cual, según se ha considerado, debía cumplir las exigencias previstas al efecto en la ley, valga decir, en el artículo 74 del Código General del Proceso en cuanto prevé:
Poderes. Los poderes generales para toda clase de procesos solo podrán conferirse por escritura pública. El poder especial para uno o varios procesos podrá conferirse por documento privado. En los poderes especiales los asuntos deberán estar determinados y claramente especificados. (Énfasis no original).
En ese sentido, véase cómo la Corte Constitucional ha fijado uniforme y reiterado criterio sobre las exigencias necesarias de cumplir en tratándose de la presentación de demandas de tutela por conducto de mandatario judicial:
En la sentencia T-531 de 2004, MP: Jaime Córdoba Triviño, se señalaron los siguientes requisitos para la presentación demandas de tutela mediante apoderado judicial:
Dentro de los elementos del apoderamiento en materia de tutela la Sala señala que el mismo es (i) un acto jurídico formal por lo cual debe realizarse por escrito. (ii) se concreta en un escrito, llamado poder que se presume auténtico3. (iii) El referido poder para promover acciones de tutela debe ser especial.4 En este sentido (iv) El poder conferido para la promoción o para la defensa de los intereses en un determinado proceso no se entiende conferido5 para la promoción6 de procesos diferentes, así los hechos que le den fundamento a estos tengan origen7 en el proceso inicial. (iv) El destinatario del acto de apoderamiento sólo puede ser un profesional del derecho8 habilitado con tarjeta profesional9.10 (Resaltado fuera de texto).
En decisión posterior (sentencia T-679/07), la Corporación en cita, refiriéndose al último pronunciamiento transcrito, explicó:
Del citado aparte se colige que el principio de especificidad de los poderes que se otorgan para que se inicie una acción bajo el uso del apoderamiento judicial, debe acatarse en todo amparo de tutela, pues de ello depende que se configure la legitimación en la causa por activa. Igualmente y conforme a la jurisprudencia de esta Corte, para cada proceso judicial que se pretenda iniciar deben otorgarse poderes específicos, pues un poder para un proceso judicial inicial no sirve para legitimar una actuación posterior en un litigio de una índole diferente.
Por ello en los poderes en los que se faculte a un abogado para actuar en nombre de otro se debe identificar fácilmente y en forma clara y expresa11: (i) los nombres, datos de identificación tanto de poderdante como del apoderado; (ii) la persona natural o jurídica contra la cual se va a incoar la acción de tutela; (iii) el acto o documento causa del litigio; (iv) el proceso o la acción mediante la que se pretende proteger un derecho y, (v) el derecho fundamental que se procura salvaguardar y garantizar. (Subrayado ajeno al texto original)
A pesar de la claridad de los conceptos consignados, encuentra la Sala que el aludido abogado tampoco allegó poder especial para actuar en representación de KEVIN ANDRÉS ARENAS NAVARRO, circunstancia que también descarta su legitimación para promover la demanda.
En este punto, debe tenerse presente cómo el artículo 5° del Decreto Legislativo 806 de junio 4 de 202012, prescribe que «Los poderes especiales para cualquier actuación judicial se podrán conferir mediante mensaje de datos, sin firma manuscrita o digital, con la sola antefirma, se presumirán auténticos y no requerirán de ninguna presentación personal o reconocimiento.»
Por ende, en las condiciones actuales de la legislación colombiana, el otorgamiento de un poder ha sido facilitado al máximo, de modo que resulta inexcusable que un litigante actúe sin mandato o con uno conferido sin el lleno de los requisitos legales específicos para un proceso determinado, como se exige cuando al ejercicio de la acción de tutela acude un ciudadano por medio de un profesional del derecho, se reitera.
Bajo ese derrotero, se confirmará la improcedencia del amparo declarado por el tribunal de primera instancia, pero por no cumplirse el presupuesto de procedibilidad de legitimación por activa en cabeza del doctor ELIO ANDRÉS SIERRA GONZÁLEZ.
RESUELVE
1. CONFIRMAR el fallo del 9 de noviembre de 2022, mediante el cual la Sala Penal del Tribunal Superior de Cúcuta negó el amparo solicitado por ELIO ANDRÉS SIERRA GONZÁLEZ, a nombre de KEVIN ANDRÉS ARENAS NAVARRO, pero por las razones consignadas en precedencia.
2. NOTIFICAR a los interesados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
3. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
HUGO QUINTERO BERNATE
LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA
FABIO OSPITIA GARZÓN
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria
1 Cfr. C.C. Sentencia T-796 de 2009
2 Sentencia T-493 de 1993, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
3 «3 Esta presunción fue establecida por el legislador delegado en el Decreto 2591 de 1991. Sobre la misma se pronunció tangencialmente la Corte en sentencia T-001 de 1997 en la cual la Corte resuelve el caso de abogados que presentaron acción de tutela como agentes oficiosos sin demostrar la indefensión de los agenciados, la Corte niega la tutela por que (sic) no se configura la agencia oficiosa y no se reúnen los requisitos para el apoderamiento judicial, afirmó la Corte: “Los poderes se presumen auténticos, según lo dispone el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, pero, obviamente, tal autenticidad no puede predicarse de poderes no presentados, ya que el juez no está autorizado para presumir que alguien apodera los intereses de otro, sin que en el respectivo expediente ello aparezca acreditado”.»
4 «4 En la sentencia T-001 de 1997 la Corte afirmó que por las características de la acción “todo poder en materia de tutela es especial, vale decir se otorga una vez para el fin específico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relación con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensión.”»
5 «5 En este sentido la Corte ha acogido las disposiciones del código de procedimiento civil en la materia, así en la sentencia T-530 de 1998 acoge y aplica la disposición del artículo 65 inciso 1º: “En los poderes especiales, los asuntos se determinarán claramente, de modo que no puedan confundirse con otros.”»
6 «6 En este sentido en la en la sentencia T-695 de1998 la Corte no concedió la tutela impetrada debido a que el abogado quien presentó la tutela pretendió hacer extensivo el poder recibido para el proceso penal al proceso de tutela. En esta oportunidad la Corte reiteró la doctrina sentada en la sentencia T-550 de 1993 oportunidad en la cual la Corte afirmó: “De otro lado, debe desecharse la hipótesis de que el poder conferido para adelantar un proceso judicial sirve al propósito de intentar la acción de tutela a que pudiere dar lugar ese proceso, por cuanto se trata de actuaciones distintas y, si bien es cierto que la tutela tiene un carácter informal, también lo es que tal informalidad no lleva a presumir la existencia de un poder que no se presentó y que es necesario allegar siempre que se ejerza la acción de tutela a nombre de otro y a título profesional.” En un sentido similar ver sentencia T-002 de 2001, en la cual la Corte afirmó que la condición de apoderado en un proceso penal no habilita para instaurar acción de tutela, así los hechos en que se esta se fundamenta tengan origen en el proceso penal.»
7 «7 En la sentencia T-530 de 1998 la Corte al revisar la decisión de una tutela promovida por el abogado de la parte civil en un proceso penal quien actuaba sin poder especial para el proceso de tutela, consideró que el a-quo no debió darle trámite al respectivo proceso debido a que el abogado no allegó el poder respectivo ni manifestó su calidad de agente oficioso. En este sentido aseveró que “Aunque podría pensarse que su calidad de representante de la parte civil en el proceso penal lo habilitaba para dicho menester, debe desecharse esta idea, en atención a que en el proceso penal el sujeto procesal es la parte civil y no su apoderado; es cierto que éste la representa conforme al poder específico que se le ha conferido; pero éste aun cuando suficiente para la actuación en el proceso penal no lo habilita para ejercitar la acción de tutela.”»
8 «8 En la sentencia T-207 de 1997 la Corte se extendió en consideraciones acerca de la informalidad, propia de la acción de tutela y de sus implicaciones frente al ejercicio de la misma. Con respecto al apoderamiento judicial como excepción al principio de informalidad de la acción señaló: “Caso distinto es el de quien ejerce la acción de tutela a nombre de otro a título profesional, en virtud de mandato judicial, pues es evidente que en tal caso actúa dentro del marco legal y las reglas propias del ejercicio de la profesión de abogado, razón por la cual debe acreditar que lo es según las normas aplicables (Decreto 196 de 1971). Ello no solamente por razón de la responsabilidad que implica tal ejercicio, que se concreta en el campo disciplinario, sino por la necesaria defensa de los intereses del cliente, a quien conviene establecer con certidumbre que quien lo apodera puede actuar, de acuerdo con la ley, ante las distintas instancias judiciales y que responderá por su gestión.”»
9 «9 Sobre la obligatoriedad de que la representación judicial en tutela sea asumida por abogados en ejercicio no existe regulación expresa ni en la Constitución ni en los decretos reglamentarios de la acción de tutela, ante este vacío la Corte en sentencia T-550 de 1993 mediante interpretación sistemática del ordenamiento jurídico, a partir de las disposiciones generales sobre representación judicial y en especial a partir de la disposición del artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 (que señala las faltas para los abogados que promuevan irregularmente acciones de tutela) concluyó que esta disposición no tendría sentido sino se entendiera que la representación judicial sólo pudiese ser adelantada por abogados titulados y en ejercicio.»
10 Sentencia T-975 de 2005, entre otras.
11 Sentencia: T – 1025 de 2006. M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra.
12 «Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica»