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PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR
Magistrada Ponente
STP4619-2018
Radicación N.° 97712
Acta No. 114
Bogotá. D.C., diez (10) de abril de dos mil dieciocho (2018).
VISTOS
Se pronuncia la Sala sobre la impugnación presentada por ALFONSO BARAJAS MORALES Y OTROS1, contra el fallo proferido el 21 de noviembre de 2017 por la SALA DE CASACIÓN LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, mediante el cual tuteló los derechos fundamentales de FRANK JAHIR BUITRAGO RODRÍGUEZ, contra la SALA DE CASACIÓN CIVIL DE ESTA CORPORACIÓN. Al trámite fueron vinculados, además de los ahora recurrentes, la DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA, la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL y la SALA CIVIL – FAMILIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BUCARAMANGA.
ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS
Así los expuso la Sala de Casación Laboral:
El accionante presenta queja constitucional al considerar que le están vulnerando sus derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo, a la defensa, al acceso a la administración de justicia, buena fe, confianza legítima y al mínimo vital por las autoridades accionadas.
Para el efecto, el petente adujo que el 6 de abril de 2015, mediante resolución n. ° 167 del 14 de abril del mismo año, fue nombrado en provisionalidad como agente de tránsito de la Dirección de Tránsito y Transporte de Bucaramanga.
Indica, que se posesionó en el nombrado cargo el 15 de abril de 2015, mediante acta n. ° 026 del mismo año, con Código 340, grado 01, nivel técnico, de la planta Global de dicha entidad., por acuerdo 004 del 17 de marzo de 2006.
Refiere, que el 7 de septiembre de 2017, recibió comunicación por parte de la entidad accionada, mediante de la cual, da cumplimiento al fallo «STC8488-2017», proferido por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, el 14 de junio del presente año, en el cual da aplicación a la Resolución n. ° 1141 del 10 de junio de 2014, y como resultado, nombró a la señora Orlando Martínez López en propiedad en citado cargo.
Señala que como consecuencia de lo anterior, se declaró su insubsistencia del cargo que venía desempeñando en provisionalidad desde el año 2015, además, que su vinculación con la institución cuando el señor Martínez López tomará posesión del cargo, el cual se materializó el 27 de septiembre de los corrientes.
De igual manera, indicó que con la nombrada declaración de insubsistencia, se ve afectado su mínimo vital, el derecho a la salud y la protección a los trabajadores en estado de debilidad manifiesta, en virtud «del estado de embarazo de [su] señora JENNY KATERINE SÁNCHEZ SANABRÍA».
Por lo anterior, solicitó como medida provisional la suspensión de los efectos jurídicos de la orden constitucional contenida en la providencia de 14 de junio de 2017, a efecto de que se disponga su reintegro al cargo que venía desempeñando; pidió en últimas que se ordene a la Sala de Casación Civil su vinculación al reseñado trámite constitucional con el fin de que pueda ser escuchado.
EL FALLO IMPUGNADO
La Sala de Casación Laboral se refirió, en primer lugar, a los requisitos definidos por la jurisprudencia en punto de las condiciones para la procedencia de la tutela contra decisiones de la misma naturaleza. Luego de ello, hizo un análisis de las pruebas aportadas al expediente, y constató que, en efecto, en el marco de la acción constitucional No. 2017-00230-01 las autoridades demandadas incurrieron en una irregularidad procesal lesiva de los derechos y garantías fundamentales del actor.
Ello porque, afirmó, resultaba imperioso vincular a FRANK JAHIR BUITRAGO RODRÍGUEZ, así como a todos lo que pudieran verse afectados con las resultas de la acción de tutela promovida por Luz Milena Gutiérrez Arias y otros, contra la Dirección de Tránsito de Bucaramanga y la Comisión Nacional del Servicio Civil, tramitada en la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, toda vez que fue uno de los directamente afectados con la determinación adoptada en ese asunto.
Resolvió, por esos motivos:
PRIMERO: TUTELAR el derecho al debido proceso y al derecho de defensa de FRANK JAHIR BUITRAGO RODRÍGUEZ, acorde a las razones expuestas en precedencia.
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de todo lo actuado en la acción de tutela radicada bajo el número 68001-22-13-000-2017-00230-01, impetrada por Luz Milena Gutiérrez Arias y otros contra la Dirección de Tránsito de esa ciudad y la Comisión Nacional del Servicio Civil, a partir del auto admisorio de fecha 28 de marzo de 2017 y, en consecuencia, ORDENAR a la SALA CIVIL FAMILIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BUCARAMANGA, que en el término improrrogable de cinco (5) días siguientes a la notificación de la presente providencia, rehaga la actuación constitucional y vincule a FRANK JAHIR BUITRAGO RODRÍGUEZ, así como a todos los que pudieran verse afectados con dicha actuación manteniendo la validez de las pruebas obrantes en el expediente, de conformidad a las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
LA IMPUGNACIÓN
Fue propuesta, únicamente, por Alfonso Barajas Morales y los demás involucrados a este trámite que fungieron como accionantes en el proceso de tutela con radicación 2017-00230.
En un deshilvanado escrito, advierten que aunque ejercitaron el derecho de contradicción frente a la demanda formulada por FRANK JAHIR BUITRAGO RODRÍGUEZ, no se consideraron sus argumentos al emitir el fallo de primer grado.
Piden, de otra parte, que se revoque la decisión controvertida y se declare «la carencia actual de objeto por acaecimiento de hecho nuevo».
Acto seguido, señalan que no se consideraron las reglas contenidas en el Decreto 1384 de 2015 para el reparto de las acciones de tutela masivas y se afirmó en el fallo que no era posible la acumulación «por tratarse de un juez colegiado».
Luego exponen que se desconocieron precedentes jurisprudenciales relacionados con la carencia actual de objeto, punto que no se contestó en la decisión recurrida, a pesar de haber sido plasmado en la contestación a la demanda.
Añaden, que la «carencia actual de objeto por acaecimiento de hecho nuevo» se configura en razón de decisiones que diversos juzgados administrativos emitieron en su favor, dentro de procesos ejecutivos que activaron por obligaciones de hacer contra la Dirección de Tránsito de Bucaramanga.
Piden, con sustento en esos argumentos, que se revoque la decisión impugnada en razón a que el accionante, FRANK JAHIR BUITRAGO RODRÍGUEZ no está legitimado en la causa por activa, al no haber participado en el concurso de méritos que dio origen al proceso de tutela 2017-0230 que dejó sin efectos el a quo.
En otro escrito advierten que nunca se les informó si se había dispuesto la acumulación de las acciones de tutela formuladas, a pesar de que peticionaron ello, con insistencia, desde el 22 de octubre de 2017.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con lo previsto en el apartado 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015 y el Reglamento General de la Corte Suprema de Justicia, la Sala es competente para resolver la impugnación instaurada contra el fallo proferido por la homóloga Sala de Casación Laboral.
2. De acuerdo con el art. 32 inc. 2º del Decreto 2591 de 1991, el juez que conozca de la impugnación estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo. Si encuentra éste ajustado a derecho, prosigue la norma, lo confirmará.
Como faceta del derecho de contradicción, impugnar significa refutar; es decir, desarrollar una contra argumentación frente a la providencia cuestionada, exponiendo las razones o motivos concretos que se aducen para lograr su revocatoria o modificación.
3. Pues bien, los recurrentes cuestionan del fallo de primer nivel, que el a quo no se pronunciara debidamente sobre una solicitud de acumulación que formularon; que no se declarara la «carencia actual de objeto por acaecimiento de hecho nuevo»; y que no se analizaran los temas que propusieron al contestar la demanda. Sobre tales aspectos girará el estudio de la Sala.
4. Advierten los impugnantes, que no se tuvieron en cuenta los argumentos que plasmaron al contestar la demanda, entre ellos la mencionada configuración de la carencia actual de objeto.
No invocan ninguna petición específica en cuanto a ese reclamo. Sin embargo, en el evento de que con esa censura buscaran la nulidad de la actuación, es de advertir que resultaría innecesaria, pues:
… la declaratoria de nulidad, considerada como la máxima sanción prevista por el legislador para privar a un acto procesal de sus efectos jurídicos, en tanto que el mismo se haya configurado inobservando garantías fundamentales y aspectos propios del procedimiento, se encuentra orientada, por el principio de trascendencia, según el cual, sólo puede invalidarse la actuación si la irregularidad influye de manera sustancial o es determinante en la actuación subsiguiente o en el proceso considerado en su totalidad. (CSJ STP18298 – 2017).
Y en este evento, no resulta trascendente el yerro al que hacen alusión los recurrentes, pues si bien es cierto que la Sala de Casación Laboral, al parecer por un lapsus no tuvo en cuenta una de sus contestaciones, en ella se limitaron a mencionar el trámite dado a la tutela 2017-00230 y a pedir que se negara el amparo «por cuanto nuestros nombramientos obedecieron al cumplimiento de una acción de tutela».
Así, al verificar el contenido del escrito de contestación a la demanda, se advierte que en nada afecta a la ratio decidendi del fallo impugnado, que giró en torno a la falta de notificación de FRANK JAHIR BUITRAGO RODRÍGUEZ del trámite de amparo que por esta vía se controvierte, a pesar del claro interés que le asistía para intervenir.
Por tanto, ninguna incidencia en la decisión que adoptó la Colegiatura de primer grado, tendría el análisis de la respuesta que allegaron, dentro del término, Alfonso Barajas Morales y los demás recurrentes.
5. Según lo previsto en el artículo 2.2.3.1.3.1 del Decreto 1069 de 2015, es posible acumular acciones de tutela «que persigan la protección de los mismos derechos fundamentales, presuntamente amenazados o vulnerados por una sola y misma acción u omisión de una autoridad pública o un particular».
No se advierte de qué manera podría la demanda presentada por FRANK JAHIR BUITRAGO RODRÍGUEZ cumplir con esas condiciones, cuando lo que se discutió en este trámite fue su falta de vinculación al proceso de amparo 2017-00230. No podría hablarse de la afectación masiva de derechos fundamentales por esa vía y tampoco justificaron los impugnantes por qué debería acumularse este proceso con los otros asuntos a los cuales se refirieron.
Pero además, si la Sala de Casación Laboral consideró innecesario aplicar las reglas para el reparto de acciones de tutela masivas, ninguna incidencia tiene esa circunstancia en punto de alguna irregularidad que imponga la revocatoria del fallo de primer nivel.
6. Alegan los impugnantes que en el caso se configura una «carencia actual de objeto por acaecimiento de hecho nuevo».
Según la jurisprudencia constitucional, la carencia actual de objeto se presenta cuando la orden del juez de tutela «no surtiría ningún efecto, esto es, caería en el vacío» (CC T-200/13, entre muchas otras).
A su vez, esa figura es aplicable por vía de dos facetas.
Una, es el daño consumado, que se presenta cuando «la vulneración o amenaza del derecho fundamental ha producido el perjuicio que se pretendía evitar con la acción de tutela, de modo tal que ya no es posible hacer cesar la violación o impedir que se concrete el peligro y lo único que procede es el resarcimiento del daño originado en la vulneración del derecho fundamental» (ídem).
Otra, es el hecho superado, fenómeno que se produce «cuando entre el momento de la interposición de la acción de tutela y el momento del fallo se satisface por completo la pretensión contenida en la demanda de amparo» (ibídem).
De ningún modo, ha contemplado la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que algún hecho nuevo pueda derivar en la materialización de la carencia actual de objeto de protección constitucional. Tampoco advierte la Sala de qué manera, una circunstancia novedosa, distinta a las que podrían cobijar las dos facetas arriba mencionadas podría implicar la aplicación de esa figura. Por ende, resulta desatinada la afirmación de los recurrentes.
Pero además, ninguna incidencia tienen los hechos que alegan novedosos, de cara a la decisión que adoptó la Sala de Casación Laboral. Que se haya ordenado a la Dirección de Tránsito de Bucaramanga el cumplimiento, por vía administrativa, de obligaciones de hacer, no permite advertir resarcida la garantía del derecho de defensa que la Colegiatura a quo concluyó que le había sido vulnerada a FRANK JAHIR BUITRAGO RODRÍGUEZ (hecho superado). Tampoco, que sea imposible resarcir, por vía de amparo, la alegada afectación (daño consumado).
Así pues, ninguno de los argumentos propuestos por los impugnantes tiene vocación de prosperidad.
Pero además, resulta razonable la decisión de primer nivel, que advirtió, con sujeción a lo previsto en la sentencia SU-627/15, que se verificaba un defecto procedimental en las decisiones emitidas dentro del proceso de tutela con radicación 2017-00230 que hacía necesaria la intervención del juez de amparo para permitir que FRANK JAHIR BUITRAGO RODRÍGUEZ participara, como tercero con interés en aquél trámite, al haber acreditado con suficiencia que el fallo dictado en ese proceso, en segundo grado, le causó un perjuicio, derivado de su desvinculación del cargo de agente de tránsito de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga.
En esas condiciones, como se advierte debidamente fundamentada la decisión de primer grado, se impone confirmarla integralmente.
En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL – EN SALA DE DECISIÓN DE ACCIONES DE TUTELA No. 3, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
CONFIRMAR el fallo impugnado.
NOTIFICAR esta providencia de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, una vez en firme.
NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE
JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA
EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER
PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria
1 Álvaro Fernando Mariño Galán, Ario Anselmo Rangel Álvarez, Carlos Arturo Camacho Rivero, Carlos Arturo Gómez Garrido, Cristian Jaimes Barona, Custodio Durán Carreño, Edgar Enrique Alfonso Morales, Edgar Isidro Toloza Hernández, Edgar Jaimes Santamaría, Edgar Leandro Rueda Piamonte, Edward Navarro Torres, Enrique Valencia Gómez, Hervin Peña Cobos, Hilarion Suárez Cuevas, Hugo Moreno Flórez, Isnardo Castellanos Cordero, Jaime Duarte, Jacobo Gualdron Gualdron, Javier Eduardo Ramírez Sánchez, Javier Lizandro Espinoza Dueñas, Javier Martín Jurado Silva, Jhon Carlos Sánchez Lizcano, Jorge Enrique Hernández Flórez, José Manuel Gómez Amézquita, José Severo Aguilar Agudelo, Luz Amparo Pedraza, Luis Alfonso Estupiñan Arizmendi, Luz Milena Gutiérrez Arias, Luis Orlando Guerrero Pabón, Maritza Tolosa Hernández, Miguel Fernando Arias Gómez, Nélson Guevara Gamboa, Norberto Vásquez, Omar Hernández Rangel, Omar Torres García, Orlando Martínez López, Orlando Rodríguez Díaz, Orlando Rojas, Pedro Antonio Ramírez García, Ramiro Meléndez Díaz, Ricardo Infante Gómez, Virlas Enrique Orcasitas Rosado, Wilfer Jaimes Gómez, William Emanuel Amaya Torres y Yobani Abelardo Barroso Araque.
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