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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO
Magistrado Ponente
CP170-2016
Radicación N° 48334
(Aprobado acta Nº 353)
Bogotá, D.C., nueve (9) de noviembre de dos mil dieciséis (2016).
Procede la Corte a emitir concepto sobre la petición de extradición del ciudadano JONNATAN JAIRO CERÓN ZÚÑIGA, elevada por el Gobierno de los Estados Unidos de América.
SOLICITUD Y ANTECEDENTES
1. El Gobierno de los Estados Unidos de América a través de su Embajada en Colombia, con Nota Verbal Nº 2326 del 14 de diciembre de 2015, pidió la detención provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano JONNATAN JAIRO CERÓN ZÚÑIGA. En consecuencia, el Fiscal General de la Nación mediante resolución proferida el 1º de febrero de 2016, dispuso su captura, la cual se hizo efectiva el 18 de abril siguiente.
2. Cumplido lo anterior, la autoridad reclamante, por conducto diplomático y con Nota Verbal Nº 0977 del 14 de junio de 2016, pidió formalmente la extradición de CERÓN ZUÑIGA.
3. La Directora de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, con oficio DIAJI Nº 1325 del 14 de junio de 2016, dirigido al Jefe de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia y del Derecho, manifestó que en este caso, en los aspectos no regulados en la Convención de Viena del 20 diciembre de 1988, es aplicable el ordenamiento jurídico colombiano.
4. A su turno, el Jefe de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante misiva recibida el 22 de junio de 2016, luego de considerar perfeccionado el expediente, envió la documentación relacionada con la solicitud de extradición a fin de que la Sala de Casación Penal emita el respectivo concepto.
5. El despacho del Magistrado Ponente, con auto del 23 de ese mes, requirió a CERÓN ZÚÑIGA para que designara un abogado que representara sus intereses, frente a lo cual mostró silencio.
6. Designado y posesionado, el 11 de julio de 2016, defensor público con el fin que asistiera al requerido, la Sala dispuso surtir el traslado consagrado en el artículo 500 de la Ley 906 de 2004, para que los intervinientes solicitaran la práctica de pruebas.
7. Con auto de 31 de agosto de 2016, la Corte negó las postulaciones probatorias elevadas por la defensa, proveído frente al cual se interpuso recurso de reposición que fue resuelto negativamente por la Sala, el 5 de octubre de 2016.
8. Ejecutoriado dicho proveído, se corrió traslado a los intervinientes para que efectuaran sus alegaciones finales.
SUSTENTO DOCUMENTAL DE LA SOLICITUD DE EXTRADICIÓN
1. Las mencionadas Notas Verbales 2326 y 0977 que reseñan los hechos objeto de la acusación formulada en contra de JONNATAN JAIRO CERÓN ZÚÑIGA, de la siguiente manera:
“Los hechos del caso indican que J.M.Y.G, M.N.Z.B. y JONNATAN JAIRO CERÓN ZÚÑIGA eran miembros de una organización de tráfico de narcóticos (la DTO “la organización”) que transportaba miles de kilogramos de cocaína con destino a los Estados Unidos, desde Colombia, a través de Centroamérica, utilizando vehículos, aeronaves pequeñas y embarcaciones marítimas. La evidencia en contra de Y.G., Z.B. y CERÓN ZÚÑIGA incluye, pero no se limita, a evidencia física incautada legalmente, incluyendo cientos de kilogramos de cocaína incautada en Colombia y Ecuador; granadas de mano y cohetes lanzagranadas incautados en Colombia; el testimonio de testigos que cooperan en el caso, quienes participaron con los acusados en el concierto para la importación de la cocaína; y comunicaciones interceptadas y grabadas legalmente, en las cuales los acusados hablan del tráfico de narcóticos con sus co-asociados. Los testigos que cooperan en el caso han identificado las voces de Y.G., Z.B. y CERÓN ZÚÑIGA.
Un testigo que coopera en el caso (CW-1) le informó a las autoridades de las fuerzas del orden que CW-1 participó en actividades de tráfico de narcóticos con Y.G., Z.B. y CERÓN ZÚÑIGA. De acuerdo con el CW-1, aproximadamente en marzo del 2013, el CW-1 fue presentado a Y.G. por un conocido mutuo, quien estaba involucrado en el tráfico de narcóticos y el CW-1 empezó a trabajar directamente para Y.G. El CW-1 se enteró de que Y.G. coordinaba el transporte de grandes cargamentos de cocaína desde Ipiales, Colombia, cruzando la frontera hacia Ecuador para su transporte a Centroamérica y finalmente a los Estados Unidos. De acuerdo con el CW-1, dos de los clientes de Y.G. en el tráfico de narcóticos eran representantes del cartel de narcóticos de Sinaloa (el Cartel), el cual opera en México.
El CW-1 le ayudó a Y.G. a recibir, almacenar y coordinar el transporte de miles de kilogramos de cocaína en nombre de “la organización” y de otros traficantes de narcóticos en Colombia. […] Y.G. le pagó al CW-1 miles de dólares de los Estados Unidos por este trabajo. Además, mientras trabajaba para Y.G., el CW-1 trabajó con Z.B. y CERÓN ZÚÑIGA transportando miles de kilogramos de cocaína. En múltiples oportunidades observó a Z.B. y a CERÓN ZÚÑIGA cargar cocaína en vehículos que entonces eran conducidos desde Ipiales, Colombia, cruzando la frontera hacia Ecuador y algunas veces hacia Perú. En algunos casos, CERÓN ZÚÑIGA personalmente transportó los cargamentos de cocaína desde Colombia hacia Ecuador. De acuerdo con el CW-1, a Z.B. y a CERÓN ZÚÑIGA les pagaron en dólares de los Estados Unidos por transportar la cocaína. […]
Todas las actividades adelantadas por el acusado en este caso fueron realizadas con posterioridad al 17 de diciembre de 1997”.
2. La acusación 15-CRIM-666 del 6 de octubre de 2015, proferida por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, por medio de la cual se acusa a JONNATAN JAIRO CERÓN ZÚÑIGA, así:
“Cargo uno. (Asociación ilícita para elaborar y distribuir cocaína en los Estados Unidos). El Gran Jurado imputa lo siguiente:
1. Como mínimo, desde al menos aproximadamente el mes de septiembre de 2015, J.M.Y.G., M.N.Z.B. y JONNATAN JAIRO CERÓN ZÚÑIGA, alias “Miguelito”, los acusados y otros conocidos y desconocidos, intencionalmente y a sabiendas se unieron, se asociaron, se confederaron y acordaron conjuntamente y entre sí para transgredir las leyes anti-estupefacientes de los Estados Unidos.
2. Era parte y un objeto de la asociación ilícita que J.M.Y.G, M.N.Z.B. y JONNATAN JAIRO CERÓN ZÚÑIGA alias Miguelito, los acusados y otros conocidos y desconocidos, mientras se encontraban fuera de la jurisdicción territorial de los Estados Unidos elaboraron y distribuyeron una sustancia controlada, con la intención y a sabiendas de que dicha sustancia sería importada ilícitamente a los Estados Unidos y a las aguas dentro de una distancia de 12 millas de la costa de los Estados Unidos, en transgresión de lo dispuesto en las Secciones 812, 959 (a) y (c) y 960 (a) (3) del Título 21 del Código de los Estados Unidos.
3. La sustancia controlada que J.M.Y.G., M.N.Z.B. y JONNATAN JAIRO CERÓN ZÚÑIGA, alias “Miguelito”, los acusados, se concertaron para elaborar y distribuir, a sabiendas y con la intención de que dicha sustancia sería importada a los Estados Unidos, fueron cinco kilogramos y más de mezclas y sustancias que contenían una cantidad detectable de cocaína, en transgresión de lo dispuesto en la Sección 960 (b) (1) (B) del Título 21 de los Estados Unidos.
4. En fomento de dicha asociación ilícita y para efectuar el objetivo ilícito de la misma, se cometieron los siguientes actos manifiestos, entre otros: […] b. Alrededor de los meses de febrero y marzo de 2014, JONNATAN JAIRO CERÓN ZÚÑIGA, alias “Miguelito”, el acusado, ayudó a transportar aproximadamente 330 kilogramos de cocaína por automóvil desde Ipiales, Colombia, a través de la frontera con Ecuador […]”.
3. Las declaraciones juradas de Daniel S. Noble, Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, y de Edward C. Maher, Agente Especial de la Administración para el Control de Drogas (DEA), que fundamentan la acusación contra CERÓN ZÚÑIGA.
4. Los textos de las disposiciones del Código de los Estados Unidos de América que se afirman fueron infringidas por el ciudadano requerido y que se encontraban vigentes para la época de ocurrencia de los hechos, así: del Título 18, las Secciones 3238 (delitos no cometidos en ningún distrito) y 3282 (delitos sin la pena de muerte), y del Título 21, Secciones 812 (lista de sustancias controladas), 841 (actos prohibidos), 853 (extinción de dominio), 959 y 960 (posesión, fabricación o distribución con el propósito de importación ilícita de sustancias controladas) y 963 (tentativa y concierto).
5. Copia de la tarjeta decadactilar correspondiente a la cédula de ciudadanía No. 1.085.912.799 de Ipiales (Nariño), expedida a nombre de JONNATAN JAIRO CERÓN ZÚÑIGA por la Registraduría Nacional del Estado Civil.
6. La orden de arresto del 6 de octubre de 2015, emitida en contra de JONNATAN JAIRO CERÓN ZÚÑIGA por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York, con motivo de la acusación 15-CRIM-666 de la misma fecha.
ALEGATOS DE LOS INTERVINIENTES
1. El Ministerio Público
La Procuradora Tercera Delegada para la Casación Penal pidió a la Sala conceptuar de manera favorable al requerimiento de extradición del nacional colombiano JONNATAN JAIRO CERÓN ZÚÑIGA, puesto que, en su criterio, se cumplen los presupuestos constitucionales y legales que así lo permiten, esto es, la validez formal de la documentación aportada por el país reclamante, la demostración de la identidad de la persona solicitada, el principio de la doble incriminación y la equivalencia de la providencia proferida en el extranjero.
De igual modo, pidió a la Corporación fijar los condicionamientos necesarios para garantizar los derechos fundamentales del ciudadano colombiano cuya extradición se invoca, entre ellos, que solo se autorice el pedimento respecto de los delitos relacionados con narcotráfico, ya que, subraya, la solicitud también incluye cargos vinculados “con armas de fuego”.
2. La defensa
La defensa deprecó emitir concepto negativo a la extradición, señalando que en este asunto no se cumplió con el descubrimiento probatorio de los elementos materiales de prueba que sustentan la acusación, según lo establece el artículo 337, numeral 5º, de la Ley 906 de 2004 y, de otra parte, por pretermitirse tratándose de las pruebas anticipadas los postulados de los artículos 155 y 274 ibídem, “por tanto, nos preguntamos cómo puede ejercerse una defensa si no se llenan los requisitos exigidos por nuestro Código de Procedimiento Penal, teniendo en cuenta que la resolución de acusación del Estado solicitante debe ser equivalente a la resolución de acusación de nuestro país y por tanto considero que no llena los requisitos exigidos para este caso”.
En esa secuencia, luego de recabar en que los anexos adjuntos al requerimiento no se encuentran respaldados por medios de convicción que permitan establecer en concreto cuál es el compromiso penal de su asistido, aduce que éste es inocente del cargo formulado en su contra porque nunca ha salido de Colombia con destino a los Estados Unidos. Por último, invoca constatar el cumplimiento de las exigencias previstas para acceder a la extradición con el fin de que en el evento de arribar a un diagnóstico favorable, se condicione su entrega a que no sea juzgado por un hecho diverso al que la motivó ni sometido a tratos crueles o degradantes ni a la pena de muerte.
CONCEPTO DE LA CORTE
El artículo 502 del Código de Procedimiento Penal, normatividad aplicable en este asunto, estatuye que el concepto de la Sala debe estar orientado a establecer, entre otros presupuestos, la validez formal de la documentación allegada, la demostración plena de la identidad del solicitado, el principio de la doble incriminación, la equivalencia de la providencia proferida en el extranjero con la resolución de acusación y, cuando fuere el caso, el cumplimiento de lo consagrado en los tratados públicos, según lo exigen los artículos 490, 493 y 495 de la Ley 906 de 2004.
1. La validez formal de los documentos aportados
Advierte la Corporación que los documentos que soportan la petición de extradición de JONNATAN JAIRO CERÓN ZÚÑIGA, cumplen las exigencias contempladas en la normatividad procesal para ser tenidos en cuenta en pos de fundar el respectivo concepto.
No hay duda que dentro de la documentación, allegada por vía diplomática y debidamente traducida y autenticada, obra copia de la acusación formal 15-CRIM-666 del 6 de octubre de 2015, proferida por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.
De igual manera, el Gobierno reclamante adjuntó copia de las normas del Código de los Estados Unidos aplicables al caso, ya reseñadas en acápite anterior.
Así mismo, consta que la documentación anexa incluye la orden de arresto expedida por la autoridad judicial del país reclamante en contra de JONNATAN JAIRO CERÓN ZÚÑIGA, según se relacionó en precedencia.
A su vez, se tienen las declaraciones juradas del Fiscal Auxiliar y el agente de la DEA que respaldan la acusación 15-CRIM-666 del 6 de octubre de 2015, emitida contra el mencionado CERÓN ZÚÑIGA, cuyo contenido y traducción al castellano, junto con el resto de la documentación que las acompaña, fueron certificados por John M. Gillies, director asociado de la Oficina de Asuntos Internacionales, División de lo Penal, del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
A su turno, la rúbrica y el cargo de este funcionario fueron certificados por la Procuradora General de ese país, Loretta E. Lynch, cuya firma fue confirmada, a su vez, por el Secretario de Estado de los Estados Unidos de América, Jhon F. Kerry, a través de la Funcionaria Auxiliar de Autenticaciones, quien suscribió y fijó el sello del Departamento de Estado a este documento.
Los instrumentos reseñados, obrantes en original con su correspondiente traducción, fueron autenticados el 8 de junio de 2016 por Leonardo Quintero Cristancho, Cónsul de Colombia en Washington D.C., siendo avalada su firma en esa fecha por el Jefe de Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.1
De esta manera, se cumplió con lo establecido en el artículo 251 del Código General del Proceso, de acuerdo con el cual “los documentos públicos otorgados en país extranjero por funcionario de este o con su intervención, se aportarán […] debidamente autenticados por el cónsul o agente diplomático de la República de Colombia en dicho país, y en su defecto por el de una nación amiga. La firma del cónsul o agente diplomático se abonará por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y si se trata de agentes consulares de un país amigo, se autenticará previamente por el funcionario competente del mismo y los de este por el cónsul colombiano”, disposición aplicable al caso en virtud del principio de integración previsto en el artículo 25 de la Ley 906 de 2004.
Por lo tanto, en consideración a que la solicitud de extradición del nacional colombiano JONNATAN JAIRO CERÓN ZÚÑIGA se hizo por la vía diplomática y que en la expedición y trámite de los documentos que la soportan, así como en su traducción, se cumplieron todos los ritos formales de legalización; la Corte los tendrá hábiles para servir de prueba en este asunto, cumpliéndose de este modo con la primera exigencia legal.
2. La identificación plena del solicitado en extradición
No hay duda, según lo destacó la Procuradora Delegada, que el ciudadano colombiano reclamado en extradición por el Gobierno de los Estados Unidos es el mismo que se halla privado de la libertad con ocasión de estas diligencias, en virtud del pedido de detención provisional formulado en la Nota Verbal Nº 2326 del 14 de diciembre de 2015.
A esta conclusión se arriba tras constatar que el país requirente remitió copia de la tarjeta decadactilar correspondiente a la cédula de ciudadanía No. 1.085.912.799, expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil a JONNATAN JAIRO CERÓN ZÚÑIGA, nacido el 7 de octubre de 1988 en Balboa (Cauca) y cuyos generales de ley coinciden con los que reporta la Policía Nacional como del ciudadano a quien se le enteró de la orden de captura con fines de extradición proferida por la Fiscalía General de la Nación el 1º de febrero de 2016, aspecto corroborado mediante experticio practicado por perito en dactiloscopia de aquella institución.
De este modo, se reitera, no existe duda respecto de que el detenido es el ciudadano pedido en extradición, incluso con esos datos ha suscrito las actas en donde se le comunicaron sus derechos, también las actuaciones surtidas ante esta Corporación, circunstancia que, por demás, tampoco ha sido objeto de controversia por él o su defensa.
Por ende, el presupuesto de la identidad del ciudadano reclamado en extradición se satisface.
3. El principio de la doble incriminación
De conformidad con el numeral 1° del artículo 493 del Código de Procedimiento Penal, para que la extradición se pueda conceder se requiere que el hecho que la motiva esté previsto como delito en Colombia y reprimido con una sanción privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a cuatro (4) años.
Se recuerda que, al tenor de la acusación 15-CRIM-666 del 6 de octubre de 2015, dictada por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, a JONNATAN JAIRO CERÓN ZÚÑIGA se le llama a juicio en razón a que junto con otros se asoció para “[…] transgredir las leyes anti-estupefacientes de los Estados Unidos […]”, ya que “[…] se concertaron para elaborar y distribuir, a sabiendas y con la intención de que dicha sustancia sería importada a los Estados Unidos, […]” consistente en “[…] cinco kilogramos y más de mezclas y sustancias que contenían una cantidad detectable de cocaína […]”, atribuyéndosele, en concreto, que […] ayudó a transportar aproximadamente 330 kilogramos de cocaína […]”.
En esas condiciones, la Sala advierte que los comportamientos que motivan el pedido de extradición, conforme a los sucesos que se imputan y las normas allegadas, encuentran adecuación en nuestro sistema penal en las conductas punibles de concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, consagradas en los artículos 340, inciso segundo, y 376 de la Ley 599 de 2000, sancionadas con pena de prisión de ocho (8) a dieciocho (18) años y de ciento veintiocho (128) a trescientos sesenta (360) meses, respectivamente, porque el concierto para delinquir (o la conspiración, en los términos de la acusación foránea), entendido como el acuerdo de voluntades entre varios individuos con el fin de cometer delitos indeterminados, claramente tuvo por objeto la realización de actos vinculados con el narcotráfico, habida cuenta que, según quedó visto, JONNATAN JAIRO CERÓN ZÚÑIGA, con conocimiento de causa e intencionalmente, se concertó con otros para conservar, elaborar, vender, ofrecer, adquirir, sacar del país, transportar y suministrar cocaína.
De igual modo, cabe enfatizar que las conductas punibles de concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes no configuran delitos políticos, fueron cometidas incluso a partir de 2013, esto es, con posterioridad al Acto Legislativo No. 1 del 17 de diciembre de 1997, tuvieron repercusión en territorio extranjero y contemplan pena privativa de la libertad cuyo mínimo supera ampliamente los cuatro años, conforme surge de la cita de las normas correspondientes.
Por último, en orden a solventar la inquietud elevada por la defensa, no puede pregonarse que por el hecho de que eventualmente el requerido no hubiese salido del país se encuentra exento de compadecer ante las autoridades de Estados Unidos, toda vez que, de acuerdo con lo expuesto en anterior oportunidad, la teoría de la ubicuidad cobra vigencia para determinar el ámbito de incidencia de los hechos delictivos que motivan el pedido de extradición, pues el criterio de territorialidad que rige el ordenamiento jurídico colombiano, al tenor del artículo 14, numeral 3º, del Código Penal, señala que la conducta punible se entiende realizada “en el lugar donde se produjo o debió producirse el resultado”.
En consecuencia, con independencia de que el acuerdo de voluntades encaminado a enviar estupefaciente a los Estados Unidos no se hubiese materializado en aquella nación, es insoslayable que el legislador y la jurisprudencia conciben -a efectos de cotejar la confluencia del principio de doble incriminación- que tal acción fue ejecutada, por lo menos parcialmente, en territorio extranjero, según se verifica en el sub examine de cara a la finalidad del convenio materia de requerimiento (Cfr. CSJ CP 049-2015, CSJ CP 072-2015).
Así las cosas, se reitera, en este evento se cumple con el principio de la doble incriminación normativa y punitiva.
4. Equivalencia de la providencia proferida en el extranjero
En este aspecto, la Corte observa que se cumple con el requisito de la equivalencia consagrado en el numeral 2° del artículo 493 de la Ley 906 de 2004, el cual exige “que por lo menos se haya dictado en el exterior resolución de acusación o su equivalente”.
La Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, acusó a JONNATAN JAIRO CERÓN ZÚÑIGA por las ilicitudes ya señaladas mediante acto procesal (15-CRIM-666 del 6 de octubre de 2015) que en nuestra legislación equivale a la acusación, como emerge de las siguientes similitudes que las tornan equivalentes: i) se trata de un pliego concreto de cargos en contra del acusado, para que se defienda de ellos en el juicio, ii) una vez formulada, se inicia el juicio oral que finaliza con el respectivo fallo de mérito, y iii) en ella se indican los hechos, con especificación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron y su calificación jurídica, junto con las disposiciones sustanciales aplicables.2
Por lo tanto, la aludida acusación emitida por el Tribunal extranjero es equivalente y tiene la misma fuerza vinculante que la acusación propia de nuestro sistema judicial.
Ahora bien, frente a las críticas que en sentido contrario enarbola la defensa, es manifiesta la confusión que le genera la confrontación de este ítem al asumir que dicho requisito implica que las autoridades judiciales extranjeras deben adoptar en su integridad el procedimiento penal colombiano al instante de ejercer su jurisdicción, puesto que una tesis de tal naturaleza implicaría desconocer la soberanía del país requirente, teniendo en cuenta que a éste le es facultativo fijar en su ordenamiento jurídico la sucesión de actos correspondientes al ejercicio del ius puniendi y que han de culminar con la emisión de la respectiva sentencia.
En otras palabras, a lo que apunta el requisito en cuestión es a demandar la presencia de una decisión que formule cargos en contra de quien es solicitado para que acuda a defenderse de ellos en juicio, con el señalamiento del contexto puntual en que ocurrieron los acontecimientos presuntamente constitutivos de infracción a la ley penal foránea, junto con las disposiciones sustanciales aplicables, y no a que las autoridades extranjeras acaten el contenido de las normas que para la investigación y juzgamiento de los delitos rigen en territorio patrio. De hecho, la jurisprudencia de la Sala ha decantado que eventuales anomalías en aquel procedimiento, o en aspectos relacionados con la existencia de la conducta punible o la responsabilidad; han de ser debatidos en la actuación de origen:
“[No] le está permitido a la Corte en el trámite de la extradición juzgar la validez de la providencia que constituye el soporte de la solicitud, ni menos determinar si la misma se ajusta a las exigencias formales y materiales previstas por la legislación interna del país requirente, cuestionamientos jurídicos que le competen al requerido y a su defensor proponerlos al interior del proceso adelantado por la autoridad judicial de aquel estado.
Cualquier intervención distinta a la legalmente atribuida, constituirían -sin duda- actos de injerencia indebida en los procedimientos y juicios que sólo son competencia del país extranjero y ajenos al instrumento de cooperación internacional, único facultado para discutir y resolver las inquietudes del defensor del requerido sobre supuestas violaciones al debido proceso y al derecho de defensa.
De igual manera no es requisito el acompañamiento a la petición de extradición de las pruebas en la que se sustenta la acusación que dio origen a la solicitud de modo que facilitara su controversia, pues no se trata de una actuación en la que sea posible la discusión sobre la legalidad y alcance de los medios de convicción, y ante la diversa índole de los procedimientos judiciales surge inadmisible tal pretensión”. (CSJ CP, 21 Abr 2004, Rad. 21672)
Con estas precisiones, se concluye, entonces, que se satisfacen los presupuestos consagrados en la legislación nacional para acceder a la solicitud de extradición.
CONCLUSIÓN
En consecuencia, ya que la totalidad de los requisitos formales contemplados en los artículos 490, 493 y 502 del Código de Procedimiento Penal se satisfacen a cabalidad, según lo concluyó la agente del Ministerio Público, la Corte CONCEPTÚA FAVORABLEMENTE a la solicitud de extradición elevada por el Gobierno de los Estados Unidos de América respecto del ciudadano colombiano JONNATAN JAIRO CERÓN ZÚÑIGA, en cuanto se refiere al cargo que le es formulado en la acusación 15-CRIM-666 del 6 de octubre de 2015, proferida por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.
Valga aclararle a la Delegada de la Procuraduría que no hay lugar a hacer pronunciamiento o condicionamiento de ningún tipo con relación a los demás cargos formulados en la acusación en comento, toda vez que estos se endilgan en contra de otras personas, distintas a la que es objeto del presente pronunciamiento.
ACOTACIÓN FINAL
Resulta pertinente poner de relieve al Gobierno Nacional que, en caso de conceder la extradición de JONNATAN JAIRO CERÓN ZÚÑIGA, en los términos que más adelante se precisa, se debe condicionar su entrega de tal modo que no sea juzgado por hechos distintos a los que originaron la reclamación, por conductas anteriores al 17 de diciembre de 1997, ni sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni se le impondrá la pena capital o perpetua, al tenor del artículo 494 de la Ley 906 de 2004.
Así mismo, al Gobierno Nacional le corresponde condicionar la entrega a que el país reclamante, de acuerdo a sus políticas internas sobre la materia, le ofrezca al requerido posibilidades razonables y reales para que pueda tener contacto regular con sus familiares más cercanos, considerando que el artículo 42 de la Constitución Política de 1991 reconoce a la familia como núcleo esencial de la sociedad, garantiza su protección y reconoce su honra, dignidad e intimidad, amparo fundamental que se refuerza con la protección que también le prodigan la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 17 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el 23.
Además, conforme señaló la Corte en el concepto del 15 de mayo de 2008 (Rad. 29024), toda vez que el mecanismo de la extradición entre Estados Unidos de América y Colombia, en ausencia de un instrumento internacional que la regule, se rige por las normas contenidas en la Constitución Política (artículo 35) y en el Código de Procedimiento Penal (artículos 490 y siguientes de la Ley 906 de 2004), el Gobierno Nacional debe formular las exigencias que estime convenientes para que en el Estado reclamante se le reconozcan todos los derechos y garantías inherentes al solicitado, en especial las previstas en la Carta Fundamental y en el bloque de constitucionalidad, es decir, en aquellos convenios internacionales ratificados por Colombia que consagran y desarrollan derechos humanos (artículo 93 de la Constitución, Declaración Universal de Derechos Humanos, Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), en virtud del deber de protección a esos derechos que para todas las autoridades públicas emana del artículo 2° ibídem.3
De la misma manera, se exhorta al Gobierno, encabezado por el señor Presidente de la República como Jefe de Estado, para que efectúe el respectivo seguimiento a los condicionamientos que se impongan a la concesión de la extradición y determine las consecuencias que se derivarían de su eventual incumplimiento, al tenor de lo señalado en el ordinal 2° del artículo 189 de la Constitución Nacional.
Igualmente, en caso de que JONNATAN JAIRO CERÓN ZÚÑIGA sea absuelto, sobreseído o, por cualquier otra vía legal declarado no culpable del cargo que dio origen a su entrega en extradición y, por consiguiente, dejado en libertad, el Estado reclamante -si el ciudadano desea regresar al país- deberá asumir los gastos de transporte y manutención correspondientes de acuerdo con su dignidad (artículos 1° y 93 de la Constitución Política).
Por último, se le pide al Ejecutivo que recomiende al Estado requirente que, en el evento de que el nacional colombiano sea objeto de una decisión condenatoria dentro del proceso por el cual es reclamado, tenga en cuenta como parte de la pena el tiempo que haya podido estar privado de la libertad con motivo del trámite de extradición.
En mérito de lo expuesto, la SALA DE CASACIÓN PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,
CONCEPTUA
FAVORABLEMENTE a la solicitud de extradición elevada por el Gobierno de los Estados Unidos de América respecto del ciudadano colombiano JONNATAN JAIRO CERÓN ZÚÑIGA, en cuanto se refiere al cargo que le es formulado en la acusación 15-CRIM-666 del 6 de octubre de 2015, proferida por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.
Comuníquese esta determinación al requerido, a su defensor, al Ministerio Público y al señor Fiscal General de la Nación, para lo de su cargo.
Devuélvase el expediente al Ministerio de Justicia y del Derecho, para lo de su competencia.
GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ
Presidente
JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA
JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO
FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO
EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER
LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA
EYDER PATIÑO CABRERA
PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR
LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria
1 Cfr. Folio 53 y siguientes cuaderno anexos
2 En este sentido puede confrontarse CSJ CP, 7 Nov 2012, Rad. 39696
3 Así, con arreglo al artículo 29 de la Carta; a los artículos 9 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 5-3.6, 7-2.5, 8-1.2(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)(h).3.4.5, 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 9-2.3, 10-1.2.3, 14-1.2.3,5, y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Gobierno Nacional debe condicionar la entrega de un compatriota, si concede la extradición, a que se le respeten al extraditado –como a cualquier otro nacional en las mismas condiciones- todas las garantías debidas a su condición de justiciable, en particular, a que tenga acceso a un proceso público sin dilaciones injustificadas, a que se presuma su inocencia, a que cuente con un intérprete, a que tenga un defensor designado por él o por el Estado, a que se le conceda el tiempo y los medios adecuados para que prepare la defensa, a presentar pruebas y controvertir las que se aduzcan en contra, a que su situación de privación de la libertad se desarrolle en condiciones dignas, a que la eventual pena que se le imponga no trascienda de su persona, a que la sanción pueda ser apelada ante un tribunal superior, a que la pena privativa de la libertad tenga la finalidad esencial de reforma y readaptación social.