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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER
Magistrado Ponente
CP129-2016
Radicación nº 48333
(Aprobado en Acta nº 256)
Bogotá D.C., diecisiete (17) de agosto de dos mil dieciséis (2016).
Atendiendo lo dispuesto en el artículo 502 de la Ley 906 de 2004, procede la Sala a rendir el concepto que en derecho corresponda en relación con el pedido de extradición del ciudadano colombiano IVÁN MURILLO RODRÍGUEZ, efectuada por el Gobierno de los Estados Unidos de América.
ANTECEDENTES
1. Mediante Nota Verbal No. 0116 de 26 de enero de 2016, el Gobierno de los Estados de Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la detención provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano IVÁN MURILLO RODRÍGUEZ, quien se identifica con la cédula de ciudadanía No. 10.019.070, para comparecer a juicio «por un delito federal de tráfico de narcóticos», en razón de la Acusación No. S3 15 Cr. 528, dictada el 11 de agosto de 2015 por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York1.
2. El Fiscal General de la Nación, atendiendo dicha solicitud, mediante resolución de 1° de febrero de 2016, dispuso la captura con fines de extradición del requerido2, la cual se hizo efectiva por miembros de la Policía Nacional el 20 de abril del presente año en el municipio de Dosquebradas – Risaralda3.
3. Mediante Nota Verbal No. 0975 de 14 de junio de 2016, la Embajada de los Estados Unidos de América formalizó la solicitud de extradición del ciudadano colombiano IVÁN MURILLO RODRÍGUEZ4, aportando para el efecto los siguientes documentos autenticados y con la correspondiente traducción al español:
3.1. Declaración jurada rendida el 2 de junio de 2016, por Richard Cooper, Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos en la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, quien se refiere al procedimiento del Gran Jurado para dictar acusación, describe los hechos que dieron lugar a la petición de extradición, concreta los cargos formulados, precisa los elementos integrantes de cada delito, y la acusación de reemplazo en la cual se imputan infracciones penales a MURILLO RODRÍGUEZ5.
3.2. Acusación No. S3 15 Cr. 528, dictada el 11 de agosto de 2015 por la Corte Distrital de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York6.
3.3. Orden de aprehensión contra el requerido expedida el 11 de agosto de 2015 por la citada Corporación7.
3.4. Declaración jurada de apoyo rendida el 18 de mayo de 2016, por Michael C. O’Neill, Agente Especial de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Interna -HSI-, quien suministra información acerca de la investigación, las actividades, la forma de operar de la organización criminal, un resumen de las pruebas contra el solicitado y la identidad de éste8.
3.5. Certificación de John M. Gillies, Director Asociado de la Oficina de Asuntos Internacionales, División de lo Penal, Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, en la cual manifiesta que las declaraciones juramentadas de los mencionados funcionarios, fueron proporcionadas en apoyo de la solicitud de extradición formal de Colombia a ese país del requerido en extradición, y copias fieles de las mismas se conservan en los archivos oficiales de dicha oficina en Washington D.C.9.
3.6. Fotocopia de la tarjeta de preparación de la cédula de ciudadanía expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia a nombre de IVÁN MURILLO RODRÍGUEZ10.
3.7. Certificación expedida por Leonardo Quintero Cristancho, Cónsul de Colombia en Washington, en la que se indica que es auténtica la firma de Fernesia T. Crawford, quien para el 7 de junio de 2016 se desempeñaba como Auxiliar de Autenticaciones del Departamento de Estado11.
3.8 Documentos con sus respectivos sellos y cintas de seguridad, debidamente suscritos por el Secretario de Estado John F. Kerry y la Procuradora de los Estados Unidos Loretta E. Lynch12.
4. La Cancillería mediante oficio DIAJI No. 1321 de 14 de junio de 2016, remitió el trámite de extradición a la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia y del Derecho, señalando que en atención a que la Convención de Viena -tratado aplicable entre las partes-, no regula el presente asunto, por lo que, según los artículos 491 y 496 de la Ley 906 de 2004, la extradición estará gobernada por lo previsto en el ordenamiento jurídico colombiano13.
5. El Ministerio de Justicia y del Derecho consideró completo el expediente y lo remitió a esta Sala mediante oficio No. OFI16-0016520-OAI-1100 de 20 de junio de 2016, transcribiendo el concepto emitido por su homólogo de Relaciones Exteriores de 14 de junio de este año14.
6. Reconocida la personería para actuar al defensor de IVÁN MURILLO RODRÍGUEZ, esta Sala ordenó correr el traslado común de que trata el artículo 500 de la Ley 906 de 2004, para la presentación de pruebas, en cuyo término el Ministerio Público indicó que no se hace necesario solicitar ninguna, mientras que la defensa guardo silencio.
7. Luego, se dispuso el traslado común para alegar, sin que la defensa se pronunciara al respecto.
La Procuradora Tercera Delegada para la Casación Penal solicitó conceptuar favorablemente el pedido de extradición del requerido, tras encontrar satisfechos los requisitos legales para el efecto.
Concluyó que se cumplen las exigencias contempladas en el artículo 35 de la Constitución Política, toda vez que de acuerdo con los hechos a que se contrae la acusación, el requerido es solicitado para que responda por una conducta punible ocurrida con posterioridad al 17 de diciembre de 1997, situaciones que caben en las regulaciones del Acto Legislativo No.01 de 1997.
Agregó que la conducta por la cual es requerido no tiene la connotación de delito político, pues se le imputa un cargo relacionado con tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir, contemplados en la legislación colombiana, en cuya ejecución presuntamente infringió las leyes de los Estados Unidos.
Afirmó que no existe duda en cuanto a la plena identificación del requerido, concurre la validez formal de la documentación aportada, se satisface el principio de la doble incriminación y hay equivalencia de la providencia acusatoria con la del régimen penal colombiano, por lo que solicitó a la Corte emitir concepto favorable.
Finalmente, advirtió que en caso de ser favorable el concepto emitido por esta Sala, se debe exhortar al Gobierno Nacional para que advierta expresamente que el requerido no sea procesado por hechos diferentes a los que motivan la extradición, ni sometido a pena de muerte, desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni condenado a las penas de destierro, prisión perpetua o confiscación, de conformidad con los artículos 11, 12 y 34 de la Carta Política, entre otros pedimentos.
CONSIDERACIONES
1. Aspectos generales
De conformidad con el artículo 35 de la Constitución Política (modificado por el Acto Legislativo No. 01 de 1997), y el artículo 490 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), la extradición se concederá, solicitará u ofrecerá de acuerdo con los tratados públicos y, a falta de éstos, conforme las disposiciones legales.
1.1. Según lo manifestado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, es procedente obrar de conformidad con la Ley 906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal), toda vez que la Convención de Viena, si bien es el tratado aplicable entre las partes, éste no regula el trámite de extradición, entonces lo procedente es obrar según los artículos 491 y 496 de la Ley 906 de 2004, por lo que la extradición estará gobernada por lo previsto en el ordenamiento jurídico colombiano.
1.2. El concepto ha de fundamentarse acorde con lo preceptuado en el artículo 502 del referido estatuto, haciéndose un análisis sobre: (i) la validez formal de la documentación allegada por el país requirente; (ii) la demostración plena de la identidad de la persona solicitada; (iii) la concurrencia de la doble incriminación, esto es, que el hecho que motiva la solicitud de extradición tanto en el Estado reclamante como en Colombia sea delito y además que la legislación nacional lo sancione con pena privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a cuatro años; y (iv) respecto de la equivalencia existente entre la providencia proferida en el extranjero y -por lo menos- la acusación del sistema procesal interno.
Todos estos elementos convergen en el expediente, como se señala a continuación:
2. Validez formal de la documentación presentada
Según lo establece el artículo 495 de la Ley 906 de 2004, la solicitud de extradición debe efectuarse por la vía diplomática y, de manera excepcional, por la consular o de gobierno a gobierno, adjuntando copia auténtica del fallo o de la acusación proferida en el extranjero, con indicación de los actos que determinan la petición, así como del lugar y fecha en que fueron ejecutados, los datos que permitan establecer la plena identidad del reclamado y la copia auténtica de las disposiciones penales aplicables al caso, documentos que deben ser expedidos en la forma prevista en la legislación del país requirente y traducidos al castellano, de ser necesario.
El artículo 251 del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012), prescribe que los documentos públicos otorgados en país extranjero por funcionarios de éste o con su intervención, se aportarán apostillados de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales ratificados por Colombia. En el evento de que el país extranjero no sea parte de dicho instrumento internacional, los mencionados documentos deberán presentarse debidamente autenticados por el cónsul o agente diplomático de la República de Colombia en dicho país, y en su defecto por el de una nación amiga. La firma de aquél se abonará por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y si se trata de servidores consulares de un país amigo, se autenticará previamente por el empleado competente del mismo y los de éste con el cónsul colombiano.
En este sentido, encuentra la Sala que dicho presupuesto fue observado por el Gobierno de los Estados Unidos al demandar la extradición del ciudadano colombiano IVÁN MURILLO RODRÍGUEZ por conducto de su Embajada en Colombia.
En efecto, la solicitud se hizo por la vía diplomática y a ella se acompañó copia de la Acusación No. s3 15 Cr. 528 de 11 de agosto de 2015 emitida por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, así como la orden de arresto librada por ese Tribunal contra el requerido; decisiones donde se indican los actos que sustentan la petición de entrega, el lugar y las fechas de su ejecución, mientras que en los restantes documentos son precisados tales datos y se ofrece la información necesaria para establecer la plena identidad de la persona requerida.
Lo anterior se corrobora al confrontar el contenido de las declaraciones juradas rendidas en apoyo por Richard Cooper, Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos en la Fiscalía para el Distrito Sur de Nueva York y Michael C. O’Neill, Agente Especial de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Interna -HSI-, ya referidas en este concepto, quienes reseñan los pormenores de la investigación y posterior acusación, la relación de los cargos y la normatividad aplicable al caso, los cuales están contenidos en el Código de los Estados Unidos.
Dichos documentos a su vez obran certificados y autenticados por las autoridades del Estado requirente y están traducidos al español. Además, aparece la refrendación efectuada por el Cónsul de Colombia en Washington, Leonardo Quintero Cristancho, cuya firma fue abonada por el Jefe de Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores el 6 de agosto de 2016, lo que de conformidad con el artículo 251 del Código General del Proceso, permite suponer que se expidieron conforme a las leyes del país solicitante, por tanto este requisito se satisface.
3. Plena identidad de requerido en extradición
Esta exigencia se contrae a constatar si la persona requerida (acusada o condenada) en el país extranjero, es la misma sometida al trámite de extradición, lo cual implica conocer su verdadera identidad; por lo tanto, el requisito se cumple cuando existe plena coincidencia entre el individuo solicitado y aquél cuya entrega se encuentra en curso de resolver.
De acuerdo con las Notas Diplomáticas Nos. 0116 y 0975 de 26 de enero y 14 de junio del año en curso por cuyo medio la Embajada de los Estados Unidos solicitó la detención provisional y se formalizó el pedido de extradición de MURILLO RODRÍGUEZ, respectivamente, se informó al Ministerio de Relaciones Exteriores que la persona requerida nació el 12 de junio de 1.973 en Colombia y es portador de la cédula de ciudadanía N° 10.019.070.
Ahora, de la documentación reunida en Colombia se infiere que se trata de la misma persona a que alude aquella petición, sin que haya lugar a cuestionar los demás datos exigidos para dar por acreditada la exigencia bajo examen. Tal supuesto de coincidencia de identidad, se constata con los datos registrados en el acta de los derechos del capturado de 20 de abril del presente año, cuya aprehensión fue realizada con fines de extradición y en la fotocopia de la tarjeta decadactilar con base en la cual se expidió la cédula al requerido en extradición.
Además, un funcionario de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, constató la plena identidad de IVÁN MURILLO RODRÍGUEZ, a través de confrontación dactiloscópica hecha entre las huellas tomadas al capturado y las obrantes en el informe de consulta web expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil15.
En esa medida, no hay duda alguna en cuanto a la plena identidad de la persona pedida en extradición, y su correspondencia con quien se encuentra privado de la libertad por cuenta de esta actuación jurídico administrativa, máxime cuando durante el presente trámite nunca fue cuestionada la identidad del requerido.
4. Equivalencia de la providencia proferida en el extranjero
Como lo ha reiterado en diversas oportunidades la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, se cumple con el requisito en mención acatando lo previsto en el numeral 2° artículo 493 de la Ley 906 de 2004, el cual requiere «que por lo menos se haya dictado en el exterior resolución de acusación o su equivalente».
En el presente evento, el 11 de agosto de 2015 la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, profirió la Acusación No. S3 15 Cr. 528 contra el requerido, para comparecer a juicio por delitos federales de narcóticos, acto que en el sistema procesal penal colombiano equivale al escrito de acusación previsto en el artículo 337 de la Ley 906 de 2004, con lo cual el requisito legal en estudio se estima acreditado.
En efecto, si bien dichas providencias no son idénticas, guardan similitudes que las tornan equivalentes, pues contienen un pliego de cargos del cual se debe defender el acusado en juicio y a su vez, constituye presupuesto procesal para la iniciación de la etapa de juzgamiento, que culmina con el respectivo fallo de mérito. En éste se consigna una relación detallada de los hechos con especificación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron y la calificación jurídica de la conducta, con indicación de las disposiciones sustanciales aplicables.
Por lo anterior, este presupuesto también se cumple a cabalidad.
5. Principio de doble incriminación
De acuerdo con lo estipulado en el numeral 1º del artículo 493 de la Ley 906 de 2004, para conceder la extradición es indispensable que el hecho que la motiva esté previsto en Colombia como delito y que el mismo se encuentre reprimido con una sanción privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a cuatro años.
La Corte tiene dicho que para establecer si la conducta que se le imputa al requerido en el país solicitante es considerada como delito en Colombia, debe hacerse una comparación entre las normas que allí sustentan la sindicación, con las de orden interno para establecer si éstas también recogen los comportamientos contenidos en cada uno de los cargos.
Tal confrontación se hace con la normatividad que está en vigor al momento de rendir el concepto, puesto que lo emite dentro del trámite de un mecanismo de cooperación internacional, razón por la cual la aplicación del principio de favorabilidad que podría argüirse como producto natural de la sucesión de leyes no entraría en juego, por cuanto las domésticas no son las que operarán en el extranjero. Lo que a este propósito determina el concepto es que, sin importar la denominación jurídica, el acto desarrollado por el ciudadano cuya extradición se demanda sea igualmente considerado como delictuoso en el territorio patrio.
En este sentido, se tiene que el ciudadano colombiano IVÁN MURILLO RODRÍGUEZ es requerido para que comparezca en juicio ante la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, donde es sujeto de la Acusación No. S3 15 Cr. 528 de 11 de agosto de 2015.
De acuerdo con la citada Acusación, el cargo formulado contra el procesado se resume de la siguiente manera:
CARGO UNO
El Gran Jurado expide la siguiente acusación:
1. Desde aproximadamente 2013, hasta aproximadamente agosto de 2015 inclusive, en el Distrito Sur de Nueva York y en otros lugares, (…) IVÁN MURILLO RODRÍGUEZ, alias ‘Jim’ (…) los acusados, y otros conocidos y desconocidos, intencionalmente y con conocimiento combinaron, concertaron, confederaron, y acordaron juntos y entre ellos para violar las leyes de narcóticos de los Estados Unidos.
1. Formaba parte y objeto del concierto para delinquir que (…) IVÁN MURILLO RODRÍGUEZ, alias ‘Jim’ (…) los acusados y otros conocidos y desconocidos, irían, y de hecho distribuyeron y poseyeron con la intención de distribuir una sustancia controlada en contravención de la Sección 841(a)(1) del Título 21, del Código de los Estados Unidos.
1. La sustancia controlada que (…) IVÁN MURILLO RODRÍGUEZ, alias ‘Jim’ (…), los acusados, concertaron para distribuir y poseyeron con la intención de distribuir era un kilogramo y más de mezclas y sustancias que contenían una cantidad detectable de heroína, en contravención de la Sección 841(b)(1)(A) del Título 21 del Código de los Estados Unidos. (Sección 846 del Título 21 del Código de los Estados Unidos).
Debe tenerse en cuenta que de la Nota Verbal No. 0975 de 14 de junio de 2016, a través de la cual se formalizó la solicitud de extradición, se deduce la presunta existencia de una organización internacional de tráfico de narcóticos que operaba desde Colombia y en la que participaba el implicado.
Así, en aquel pedido formal se precisó:
Los hechos del caso indican que desde aproximadamente noviembre de 2013 hasta agosto de 2015, Iván Murillo Rodríguez y otros participaron en un concierto para importar heroína a los Estados Unidos desde Colombia y para distribuir la heroína dentro de los Estados Unidos enfocándose específicamente en Nueva York, California y Arizona.
En diciembre del 2013, o aproximadamente en esa fecha, un testigo que coopera en el caso (CW-1), se reunió con Murillo Rodríguez en Colombia y durante la reunión, Murillo Rodríguez le informó a CW-1 de sus actividades de tráfico de narcóticos. Murillo Rodríguez expresó su interés en importar heroína a los Estados Unidos y describió los métodos utilizados para importar múltiples cantidades de kilogramos de narcóticos hacia los Estados Unidos.
Desde aproximadamente enero de 2014 hasta julio de 2015, comunicaciones grabadas legalmente entre CW-1 y Murillo Rodríguez revelaron que Murillo Rodríguez y CW-1 participaron en negociaciones para que CW-1 le comprara la heroína a Murillo Rodríguez. Esas conversaciones detallaban el número de kilogramos de heroína, el precio por kilogramo, el método de entrega para CW-1, y el margen de ganancia que CW-1 y Murillo Rodríguez esperaban obtener por la venta de los múltiples kilogramos de heroína en Nueva York. Además Murillo Rodríguez le suministró a CW-1 información para contactar a dos co-asociados, CC-1 y CC-2, quienes participarían en cualquier transacción acordada. Como resultado de la reunión y de las negociaciones entre CW-1 y Murillo Rodríguez aproximadamente en junio del 2014, CW-1 acordó comprar dos kilogramos de heroína de Murillo Rodríguez para su distribución en Nueva York. De acuerdo con el plan, CC-1 y CC-2 ayudarían, en nombre de Murillo Rodríguez, a coordinar la entrega de la heroína y a recolectar el pago por la heroína de propiedad de CW-1.
En junio de 2014, o aproximadamente en esa fecha, durante una llamada telefónica legalmente grabada entre CWW-1 y CC-1, CW-1 exigió que CC-1 y CC-2 suministraran una foto del cargamento de heroína. CW-1 también exigió que la heroína fuera entregada por CC-2. En agosto del 2014, conversaciones legalmente grabadas entre CW-1, CC-1 y CC-2 confirmaron que el cargamento de heroína estaba siendo enviado al área de Nueva York. Posteriormente, CC-2 le informó al CW-1 que Murillo Rodríguez exigía que CC-2 recaudara $7.500 dólares de los Estados Unidos de CW-1, como un pago parcial por los dos kilogramos de heroína.
Con base en información suministrada por CW-1 a las autoridades de las fuerzas del orden, el 10 de agosto de 2014, autoridades de las fuerzas del orden incautaron 19 kilogramos de heroína en Nueva Jersey mientras estaba en rumbo a Nueva York. Pruebas de laboratorio confirmaron que la sustancia hallada en el cargamento de 19 kilogramos era heroína.
Tal relato fáctico coincide con el soporte al pliego de cargos que figura en la declaración jurada suministrada por Michael C. O’Neill, Agente Especial de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Interna (HSI), quien reveló los mismos datos acerca de la estructura de la organización transnacional dedicada al tráfico de estupefacientes, informando que la investigación dejó entrever que el aquí requerido en extradición MURILLO RODRÍGUEZ era parte de la misma.
Ahora, textualmente las disposiciones del Código de los Estados Unidos, por las cuales es solicitado en extradición el ciudadano colombiano, conforme la documentación adjunta, describen lo siguiente:
Título 21, Sección 841
Actos prohibidos. (a) Actos ilícitos. Salvo lo que se autorice en este subcapítulo, será ilegal que cualquier persona con conocimiento de causa o intencionalmente.
(1) Fabrique, distribuya o dispense, o posea con intenciones de fabricar, distribuir o dispensar, una substancia controlada;
(b) Las penas. Salvo lo previsto (…) en este título, el que delinca en violación de la sub-sección (a) de esta sección será castigado con las penas siguientes:
(1)(A) en caso de una violación concerniente a la subsección (a) de esta sección que trata de
(ii) 5 kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contenga una cantidad perceptible de
(II) cocaína, sus sales, isómeros ópticos y geométricos, y sales de sus isómeros (…) el que cometa tal violación a la ley será castigado con pena de prisión por un término de cuando menos 10 años y no mayor que la cadena perpetua.
(C) En el caso de una sustancia controlada de la Lista I o II, un personal, no será condenado a una pena de prisión de no más de 20 años.
Sección 846
Tentativa y concierto. El que intente o concierte para perpetar cualquier delito definido en este subcapítulo será castigado con las mismas penas que se prevén para el delito cuya comisión era el objetivo de la tentativa o el concierto.
Por tanto, de lo anterior se sigue que el cargo atribuido a IVÁN MURILLO RODRÍGUEZ, encuentra correspondencia jurídica en el inciso 2° artículo 340 (modificado por los artículos 8° de la Ley 733 de 2002, 14 de la Ley 890 de 2004 y 19 de la Ley 1121 de 2006) del actual Código Penal colombiano, bajo la denominación de concierto para delinquir, el cual establece:
Artículo 340. Concierto para delinquir. Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada, por esa sola conducta, con prisión de tres (3) a seis (6) años.
Cuando el concierto sea para cometer delitos de…tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas…la pena será de prisión de ocho (8) a dieciocho (18) años y multa de dos mil setecientos (2.700) hasta treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales.
Y es que los actos de conspirar o concertar envuelven la idea de acordar voluntades para adelantar precisas actividades y obtener un fin, el cual sería, en este caso, el de cometer delitos de narcotráfico.
Además, la concreta elaboración, fabricación y distribución de estupefacientes, en cualquiera de sus modalidades, en el territorio de los Estados Unidos, tiene correspondencia en la legislación penal colombiana con el artículo 376 (modificado por el artículo 11 de la Ley 1453 de 2011) del Código Penal, que tipifica el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado, el cual prevé:
Artículo 376. El que sin permiso de autoridad competente, introduzca al país, así sea en tránsito o saque de él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre a cualquier título sustancia estupefaciente, sicotrópica o drogas sintéticas que se encuentren contempladas en los cuadros uno, dos, tres y cuatro del Convenio de las Naciones Unidas sobre Sustancias Sicotrópicas, incurrirá en prisión de ciento veintiocho (128) a trescientos sesenta (360) meses y multa de mil trescientos treinta y cuatro (1.334) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Si la cantidad de droga no excede de mil (1.000) gramos de marihuana, doscientos (200) gramos de hachís, cien (100) gramos de cocaína o de sustancia estupefaciente a base de cocaína o veinte (20) gramos de derivados de la amapola, doscientos (200) gramos de droga sintética, sesenta (60) gramos de nitrato de amilo, sesenta (60) gramos de ketamina y GHB, la pena será de sesenta y cuatro (64) a ciento ocho (108) meses de prisión y multa de dos (2) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Si la cantidad de droga excede los límites máximos previstos en el inciso anterior sin pasar de…dos mil (2.000) gramos de cocaína o de sustancia estupefaciente a base de cocaína o sesenta (60) gramos de derivados de la amapola…la pena será de noventa y seis (96) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses de prisión y multa de ciento veinte y cuatro (124) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Artículo 384. Circunstancias de agravación punitiva. El mínimo de las penas previstas en los artículos anteriores se duplicará en los siguientes casos:
[…] 3. Cuando la cantidad incautada sea superior a mil (1.000) kilos si se trata de marihuana; a cien (100) kilos si se trata de marihuana hachís; y a cinco (5) kilos si se trata de cocaína o metacualona o dos (2) kilos si se trata de sustancia derivada de la amapola.
En esa medida, queda demostrado que el cargo atribuido al requerido, contenido en la Acusación No. S3 15 Cr. 528, dictada el 11 de agosto de 2015 por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, cumple el requisito establecido en los artículos 493 y 502 del Código de Procedimiento Penal, relativo a la doble incriminación, por cuanto describe conductas que son delictivas en Colombia, las cuales tienen una sanción privativa de la libertad cuyo mínimo no es inferior a cuatro años, por lo que se verifica cumplida la exigencia de la doble incriminación en el presente asunto.
6. Cuestiones adicionales
6.1. Obsérvese que las imputaciones y su sustento dejan entrever con facilidad que los actos desplegados por el requerido y por la organización delincuencial de la que hacía parte, según las autoridades norteamericanas, traspasaron ontológica y jurídicamente las fronteras nacionales, ya que el cometido de la conspiración era no solo la venta de narcóticos en los Estados Unidos, sino adicionalmente su distribución en dicho país.
En efecto, de lo expuesto en el cargo que se le atribuye al reclamado en la Acusación No. S3 15 Cr. 528, se evidencia que las conductas imputadas a IVÁN MURILLO RODRÍGUEZ habrían ocurrido no solo en Colombia, sino también en el país requirente y en otros lugares, toda vez que se concertó para ingresar y/o importar ilícitamente cocaína a los Estados Unidos, lo cual fue corroborado en las declaraciones de apoyo rendidas por el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York asignado al caso y el Agente Especial de Investigaciones de Seguridad Interna.
En efecto, el citado agente refirió que la investigación señala a MURILLO RODRÍGUEZ de pertenecer a una organización delincuencial internacional, siendo el encargado de negociar, cobrar y contactar a los compradores y expendedores del estupefaciente en Nueva York, además de ser el responsable de la logística de los métodos de entrega de la heroína.
Así, cualquiera de las hipótesis identificadas dogmática y doctrinariamente como instrumentos jurídicos para establecer el sitio de la ocurrencia del hecho (artículo 14 del Código Penal), tales como el lugar de realización de la acción, según el cual el hecho se entiende cometido en el lugar donde se llevó a cabo total o parcialmente la exteriorización de la voluntad; la del resultado, que concibe realizado el hecho donde se produjo el efecto de la conducta; y la teoría de la ubicuidad o mixta, la que señala el lugar donde se efectuó la acción de manera total o parcial, como en el sitio donde se llevó a cabo o debió producirse el resultado, lo cierto es que en el presente caso, de acuerdo con la Acusación No. S3 15 Cr. 528, dictada el 11 de agosto de 2015 por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, las conductas atribuidas por las autoridades judiciales de los Estados Unidos de América a IVÁN MURILLO RODRÍGUEZ, satisfacen la condicionante constitucional de que el hecho haya sido cometido en el exterior.
De la misma manera, es claro que la acusación hace expresa indicación de los actos que determinaron la solicitud de extradición, así como de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se cometieron los delitos, los cuales, presuntamente, se ejecutaron con posterioridad al 17 de diciembre de 1997, así como que no son de naturaleza política, por tanto no aparece motivo constitucional o legal impediente de la misma.
6.2. Ahora, la Acusación No. S3 15 Cr. 528 por la que es requerido el ciudadano colombiano por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, también incluye la intención de decomiso, al señalar:
IMPUTACIÓN DE EXTINCIÓN DE DOMINIO
1. Como resultado de haber cometido los delitos relativos a sustancias controladas que se imputan el Cargo Uno de esta acusación formal (…) IVÁN MURILLO RODRÍGUEZ, alias ‘Jim’ (…), los acusados deberán traspasar dominio a los Estados Unidos, conforme con la Sección 853 del Título 21 del Código de los Estados Unidos, todos los bienes que se constituyan o se deriven de las ganancias que haya percibido los acusados directa o indirectamente de la comisión del delito y todos los bienes usados o que tuvieran la intención de ser usados de cualquier forma o parte para cometer y facilitar la comisión del delito que se imputa en el cargo 1 de la acusación formal.
Al respecto, debe precisar la Sala que tales afirmaciones no pueden ser entendidas en estricto sentido como un cargo, por tanto éste no comporta imputación alguna, sino el anuncio de la consecuencia patrimonial que la declaratoria de responsabilidad acarrea respecto de los bienes involucrados en los delitos, por cuya comisión se acusa al requerido, siendo por tanto dicho tema ajeno a la solicitud de extradición, razón por la cual, no se encuentra comprendido dentro de los aspectos a analizar en el concepto a emitir por parte de la Sala.
7. Decisión
Los anteriores razonamientos permiten tener por acreditadas las exigencias legales para conceptuar de manera favorable a la solicitud de extradición formalizada por el Gobierno de los Estados Unidos de América a través de su Embajada en nuestro país, respecto del ciudadano colombiano IVÁN MURILLO RODRÍGUEZ por el cargo Uno atribuido en la Acusación No. S3 15 Cr. 528, dictada el 11 de agosto de 2015 por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.
En este momento, considera la Corte pertinente, en aras de proteger los derechos fundamentales del requerido, prevenir al Gobierno Nacional, para que en el evento en que acceda a la extradición de MURILLO RODRÍGUEZ, advierta al Estado solicitante garantizarle a éste la permanencia en el país extranjero y el retorno al de origen en condiciones de dignidad y respeto por la persona humana, cuando el extraditado llegare a ser sobreseído, absuelto, declarado no culpable o eventos similares, incluso después de su liberación por haber cumplido la pena que le fuere impuesta en razón de los cargos que motivaron la solicitud de extradición.
Del mismo modo, atendiendo lo dispuesto en el artículo 494 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno Nacional puede subordinar la concesión de la extradición a las condiciones consideradas oportunas y exigir que el solicitado no sea juzgado por hechos diversos de los que motivaron la solicitud de extradición, ni sometido a sanciones distintas de las impuestas en la eventual condena, ni a penas de muerte, destierro, prisión perpetua o confiscación, desaparición forzada, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, por el país solicitante, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 12 y 34 de la Constitución Política de Colombia y como lo sugiere la Procuraduría General de la Nación a través de su Delegada y la defensa.
Así mismo, debe condicionar la entrega de IVÁN MURILLO RODRÍGUEZ a que se le respeten –como a cualquier otro nacional en las mismas condiciones – todas las garantías debidas a su condición de justiciable, en particular a que tenga acceso a un proceso público sin dilaciones injustificadas, se presuma su inocencia, cuente con un intérprete, tenga un defensor designado por él o por el Estado, se le conceda el tiempo y los medios adecuados para que prepare la defensa, presente pruebas y controvierta las que se aduzcan en contra, a que su situación de privación de la libertad se desarrolle en condiciones dignas, a que la eventual pena que se le imponga no trascienda de su persona, a que la sentencia pueda ser apelada ante un tribunal superior, a que la pena privativa de la libertad tenga la finalidad esencial de reforma y readaptación social (Artículos 29 de la Constitución; 9 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 5-3.6, 7-2.5, 8-1.2 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h).3.4.5, 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 9-2.3, 10-1.2.3, 14-1.2.3,5, y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).
Además, de que no puede ser condenado dos veces por el mismo hecho, por mandato de la Carta Política, ni dársele una denominación jurídica distinta a la misma circunstancia fáctica.
Igualmente, el Gobierno debe condicionar la entrega a que el país solicitante, conforme a sus políticas internas sobre la materia, ofrezca posibilidades racionales y reales para que el extraditado pueda tener contacto regular con sus familiares más cercanos, habida cuenta que la Constitución de 1991, en su artículo 42, reconoce a la familia como núcleo esencial de la sociedad, y garantiza su protección, lo cual se refuerza con la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 17) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 23).
Aunado a lo anterior, se advertirá al Estado requirente, que en caso de un fallo de condena, deberá computarse el tiempo que el requerido ha permanecido privado de la libertad con ocasión de este trámite de extradición.
Por todo lo anterior, de conformidad con lo establecido por el numeral 2º del artículo 189 de la Constitución Política, al Gobierno Nacional, en cabeza del señor Presidente de la República como supremo director de la política exterior y de las relaciones internacionales, le corresponde hacer estricto seguimiento del cumplimiento por parte del país requirente de los condicionamientos atrás referenciados y establecer, así mismo, las consecuencias de su inobservancia.
CONCEPTO FAVORABLE
Por lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, CONCEPTÚA FAVORABLEMENTE a la solicitud de extradición del ciudadano colombiano IVÁN MURILLO RODRÍGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.019.070, cuyas demás notas civiles y condiciones personales fueron constatadas en el cuerpo de este pronunciamiento, por el cargo atribuido en la Acusación No. S3 15 Cr. 52, dictada el 11 de agosto de 2015 por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.
Por la Secretaría de la Sala se comunicará esta determinación al requerido, a su defensor, al representante del Ministerio Público, así como al Fiscal General de la Nación para lo de su cargo en relación con el detenido preventivamente con fines de extradición.
Finalmente, se devolverá la actuación al Ministerio de Justicia y del Derecho para los trámites legales pertinentes.
GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ
Presidente
JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA
JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO
FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO
EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER
LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA
EYDER PATIÑO CABRERA
PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR
LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria
1 Folio 39 carpeta adjunta.
2 Folio 29 ibídem.
3 Folio 16 ibídem.
4 Folio 52 ibídem.
5 Folio 94 carpeta adjunta.
6 Folio 109 ibídem.
7 Folio 114 ibídem.
8 Folio 116 ibídem.
9 Folio 93 carpeta adjunta.
10 Folio 120 ibídem.
11 Folio 59 ibídem.
12 Folios 72 y 74 ibídem.
13 Folio 44 carpeta adjunta.
14 Folio 1 cuaderno Corte.
15 Folio 19 carpeta adjunta.