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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ
Magistrado ponente
AP5525-2014
Radicación n° 44511
(Aprobado Acta No. 305)
Bogotá D.C., dieciséis (16) septiembre de dos mil catorce (2014).
Se pronuncia la Sala respecto de la definición de competencia formulada por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín, para decidir respecto de la suspensión condicional de la ejecución de la pena impuesta en la justicia ordinaria contra JOSÉ DE JESÚS PÉREZ JIMÉNEZ, a quien, en calidad de postulado para acceder a los beneficios de la Ley 975 de 2005, le fue concedida la sustitución de la medida de aseguramiento por una no privativa de la libertad con base en el artículo 18A de la misma normativa, adicionado por el artículo 19 de la Ley 1592 de 2012.
ANTECEDENTES
1. Luego de que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justica mediante decisión de 2 de julio de 2014 revocó la negación de la sustitución de la medida de aseguramiento, a favor de JOSÉ DE JESÚS PÉREZ JIMÉNEZ -postulado por el Gobierno nacional para acceder a los beneficios previstos en la Ley 975 de 2005-, y ordenó la devolución de la actuación al “despacho de origen” con el fin de que continuara la audiencia respectiva; el Magistrado de Control de Garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá por auto del 21 del mismo mes y año, concedió la sustitución de la detención preventiva por la medida de libertad con vigilancia electrónico y ordenó la remisión de “copias de toda la actuación” con destino al “Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín”, para que dispusiera respecto de la suspensión condicional de la ejecución de la pena acumulada jurídicamente, proveniente de 13 sentencias de condena, dictadas en procesos ordinarios contra el mencionado desmovilizado.
2. El Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín, el cual está vigilando la condena impartida en contra de PÉREZ JIMÉNEZ, consideró que, de acuerdo con el artículo 18B de la Ley 975 de 2005, la autoridad competente para resolver respecto de la suspensión condicional de la ejecución de la pena impuesta en justicia ordinara a los postulados para acceder a los beneficios de la Ley 975 de 2005, es del Magistrado de Control de Garantías de Justicia y Paz, pues al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad simplemente” le corresponde “dar cumplimiento a lo dispuesto” en la audiencia en la cual se formula la solicitud.
Indicó que es este el trámite “lógico y razonable si se tiene en cuenta que es en la audiencia en donde se hace la solicitud donde (sic) puede ejercerse la respectiva controversia frente a la decisión, tanto por la representación de las víctimas como de la Fiscalía y el Ministerio Público presentes en dicha audiencia (sic), posibilidad de controversia que por supuesto no existe si dicha decisión es adoptada por el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad”.
Por tanto, remitió el diligenciamiento a la Corte Suprema de Justicia para que se defina la competencia para resolver al respecto.
CONSIDERACIONES
1. De conformidad con los artículos 62 de la Ley 975 de 2005 y 32 -numeral 4- del Código de Procedimiento Penal del 2004, la Corte Suprema de Justicia es competente para definir la competencia cuando un despacho señala como competente a otro que pertenece a distrito judicial diferente, lo cual ocurre en el presente caso que involucra al Magistrado de Control de Garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá y al Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín. (En tal sentido puede verse, CSJ AP, 30 may 2006, Rad. 24964, CSJ AP, 28 sep. 2006, Rad. 25830 y CSJ AP2842-2014, Rad. 43778, entre otros autos).
2. La definición de competencia es el mecanismo previsto por la Ley 906 de 2004 –artículos 54 y 341- para determinar, en caso de duda, cuál de los distintos jueces o magistrados es el indicado para conocer de un juzgamiento o para ocuparse de determinados asuntos, incidente que no está reservado exclusivamente para ser activado en la audiencia de formulación de acusación o de imputación, pues existen otros eventos procesales en los cuales es “necesario contar con el pronunciamiento del superior acorde con el rito previsto en el artículo 54 ibídem para no vulnerar el principio de celeridad, de innegable importancia en el nuevo modelo de juzgamiento previsto en los artículos 142 y 163, y no afectar los derechos de los intervinientes dentro del proceso penal, interesados en que los debates sean resueltos con prontitud” (CSJ AP, 14 may 2013).
3. La Sala debe determinar cuál es la autoridad judicial a la que le compete pronunciarse, tras la concesión de la sustitución de la medida de aseguramiento a favor del postulado a los beneficios de la Ley 975 de 2005, JOSÉ DE JESÚS PÉREZ JIMÉNEZ, respecto de la suspensión condicional de la ejecución de la pena -acumulada jurídicamente, de las sanciones proferidas en 13 sentencias de condena, dictadas en procesos ordinarios en contra de este- la cual vigila el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín.
4. Para hacer efectiva la sustitución de la medida de aseguramiento de detención preventiva por una no privativa de la libertad, concedida en el trámite de la justicia transicional de la Ley 975 de 2005, es necesario, entre otras determinaciones, que se disponga, a solicitud del postulado, la suspensión condicional de las penas que le hubiesen impuesto mediante procesos ordinarios, siempre que las conductas que dieron lugar a la condena hubiesen sido cometidas durante y con ocasión de su pertenencia al grupo armado organizado al margen de la ley.
Para ello, el interesado debe formular la solicitud en la misma audiencia adelantada ante el “Magistrado de Control de Garantías de Justicia y Paz”, el cual, de advertir por inferencia razonable que la sentencia respecto de las cual el postulado pretende la suspensión de la ejecución de la pena, fue proferida por conducta cometida con ocasión y durante su pertenencia al grupo armado al margen de la ley, debe remitir copia de lo actuado al “juez de ejecución de penas y medidas de seguridad” que tenga la vigilancia de la sanción, para que se pronuncie respecto de la suspensión condicional de la ejecución de la “pena ordinaria”.
Así fue indicado en el inciso 2º del artículo 18B de la Ley 975 de 2005, adicionado por el artículo 20 de la Ley 1592 de 2012:
“Si el Magistrado de Control de Garantías de Justicia y Paz puede inferir razonablemente que las conductas que dieron lugar a la condena en la justicia penal ordinaria fueron cometidas durante y con ocasión de la pertenencia del postulado al grupo armado organizado al margen de la ley, remitirá en un término no superior a quince (15) días contados a partir de la solicitud, copias de todo lo actuado al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad que tenga a su cargo la vigilancia de la condena respectiva, quien suspenderá condicionalmente la ejecución de la pena ordinaria”.
En otras palabras, la autoridad que debe decidir sobre la suspensión de la ejecución de la pena es el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad que vigila la condena, no el Magistrado de Control de Garantías de Justicia y Paz, pues a este último le compete, se reitera, remitirle al primero copia de todo lo actuado -si advierte razonable la petición-, precisamente para que aquél pueda confrontar y determinar si realmente se encuentra satisfecho el presupuesto normativo para ese efecto, o si por el contrario tiene bajo su vigilancia la condena impuesta por alguna conducta ajena al trámite transicional, respecto de la cual evidentemente no tendría lugar suspensión alguna.
Este entendimiento gramatical del texto legal se observa razonable, en tanto el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad: (i) debe velar por el cumplimiento de las condenas válidamente proferidas, las cuales sólo pueden suspenderse en su ejecución por las razones expresamente indicadas en el ordenamiento jurídico; (ii) es quien cuenta con la información de las sentencias, necesaria para la verificación del presupuesto normativo; y (iii) en su sede el interesado cuenta con los recursos ordinarios para debatir la decisión si le resulta adversa.
Cosa diferente, valga precisar, sucede para la revocatoria de la suspensión de la ejecución de la pena, la cual el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad simplemente debe decretarla1 cuando el Magistrado de Control de Garantías de Justicia y Paz declara que el postulado incurrió en alguna de las causales para ese efecto, señaladas en el artículo 18A de la Ley 975 de 2005 y, con base en ello, formula al primero la correspondiente solicitud de revocatoria, pues al que le compete determinar si éste cumplió o no las obligaciones impuestas en el trámite transicional, es a la autoridad de justicia y paz.
5. En el presente caso, el Magistrado de Control de Garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, en auto emitido el 21 de julio de 2014, tras determinar la medida de aseguramiento sustitutiva de vigilancia electrónica e indicar que no hubo replica alguna “o por lo menos que en duda estuviera”, respecto de que las 13 sentencias condenatorias proferidas en contra del postulado, -acumuladas en el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín-, “versan exclusivamente por hechos relacionados con su directa participación como integrante de lo que se denominó Bloque Calima y Bananero de las AUC”, por lo cual, “(…) puede inferirse razonada y válidamente que ese cúmulo de indagaciones (…) reportadas en la cartilla bibliográfica de JOSÉ DE JESUS PÉREZ JIMÉNEZ tiene que ver con tramitaciones, investigaciones o juicios, si es del caso, por hechos relacionados con su pertenencia al grupo armado organizado al margen de la ley”; dispuso, entre otras determinaciones, remitir copia de toda la actuación al Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín.
Por tanto, ahora, al despacho precitado le corresponde resolver respecto de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, como ciertamente lo señala el artículo 18B de la Ley 975 de 2005, por lo cual se le devolverá el diligenciamiento.
En mérito de lo expuesto la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,
RESUELVE
Primero.- Declarar que el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín es competente para pronunciares sobre la suspensión condicional de la ejecución de la pena jurídicamente acumulada, impuesta en la justicia ordinaria contra JOSÉ DE JESUS PÉREZ JIMÉNEZ, la cual está siendo vigilada por el mismo despacho.
Segundo.- Devolver el diligenciamiento al juzgado de origen.
Contra esta decisión no procede recurso alguno.
Comuníquese y cúmplase.
FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO
JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO
JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ
EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER
MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ MUÑOZ
GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ
EYDER PATIÑO CABRERA
PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR
LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria
1 Inciso3o del artículo 18B: “La suspensión de la ejecución de la pena será revocada a solicitud del magistrado de control garantías de Justicia y Paz, cuando el postulado incurra en cualquiera de las causales de revocatoria establecidas en el artículo 18A”.