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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ
Magistrado ponente
AP4641-2014
Radicado N° 44351.
Aprobado acta No. 260.
Bogotá, D.C., doce (12) de agosto de dos mil catorce (2014).
V I S T O S
Se pronuncia la Corte sobre la declaratoria de incompetencia que realizó la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Medellín, mediante auto del 29 de julio de 2014, para conocer en segunda instancia de la sentencia absolutoria proferida en favor de RODRIGO LEÓN SANTA RUIZ, a quien ese acusó por los delitos de homicidio agravado y tráfico, fabricación, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
A N T E C E D E N T E S
A eso de la una de la tarde del 26 de marzo de 2012, en el sector conocido como Casa Amarilla, zona rural del corregimiento Belén de Bajirá, comprensión territorial del municipio de Mutatá, se dio muerte con proyectil de arma de fuego a Álvaro Alberto Sierra Cardona.
El hecho se atribuyó a RODRIGO LEÓN SANTA RUIZ, quien adujo que actuó en legítima defensa ante el ataque que con arma de fuego desplegó en su contra el occiso.
Conforme lo anotado, los días 27 y 28 de marzo de 2012, en el Juzgado Primero Penal Municipal de Rionegro, Antioquia, se desarrollaron las audiencias de legalización de captura, formulación de imputación, en la que se atribuyeron a SANTA RUIZ, los delitos de porte ilegal de arma de fuego, agravado, y homicidio agravado, a los que no se allanó él; e imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario.
El 25 de mayo de 2012, ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Apartadó, Antioquia, presentó la Fiscalía escrito de acusación.
Consecuentemente con ello, el 21 de junio de 2012, tuvo lugar la audiencia de formulación de acusación, en curso de la cual se atribuyeron a RODRIGO LEÓN SANTA RUIZ, los delitos de homicidio a gravado y porte ilegal de arma de fuego de defensa personal.
Los días 9 y 27 de agosto de 2012, se celebró la audiencia preparatoria.
La audiencia de juicio oral comenzó el 1 de octubre y concluyó el 2 de noviembre de 2012. Al finalizar la misma anunció sentido de fallo absolutorio el titular del despacho.
El 19 de abril de 2013, se emitió la sentencia absolutoria de primer grado, allí mismo apelada por la Fiscalía, que dentro de los 5 días siguientes presentó el escrito de sustentación del recurso.
En consecuencia, el asunto fue enviado al Tribunal Superior de Antioquia, para resolver la apelación.
Empero, esa dependencia judicial en auto proferido el 29 de mayo de 2014, ordenó enviar el asunto a la Sala Penal del Tribunal de Medellín, pues, así lo dispuso el Consejo Superior de la Judicatura en el Acuerdo PSAA14-10145, del 28 de abril de este año, en labores de descongestión.
Repartido el proceso a la Sala del Tribunal de Medellín presidida por el Doctor César Augusto Bedoya Bedoya, el mismo aseveró que “No se tiene competencia territorial para conocer del asunto”, disponiendo el envío del trámite a la Corte, de conformidad con lo establecido en el artículo 54 de la Ley 906 de 2004.
En sustento de su postura, el Tribunal de Medellín acude a lo contemplado en el artículo 63 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, conforme la modificación introducida por el artículo 15 de la Ley 1285 de 2009, para advertir cómo esa labor de descongestión adelantada por el Consejo Superior de la Judicatura, necesariamente debe respetar los factores funcional y territorial en el envío de expedientes a despachos judiciales diferentes de aquel en el cual radicó la competencia.
Agrega, que precisamente ese fue el sentido de la modificación introducida por el artículo 15 de la Ley 1285 de 2009, pues, antes de su vigencia únicamente se obligaba respetar el factor funcional.
Y, a efectos de determinar el querer del legislador inserto en la citada reforma, trae a colación, transcribiéndolos, apartes de lo discutido en el Congreso de la República durante el respectivo debate del proyecto.
Entonces, concluye el Tribunal de Medellín, dado que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura está en la obligación de acatar la Ley estatutaria de la Administración de Justicia en los casos de descongestión, no podía disponer el envío de asuntos para fallo de segundo grado, desde el Tribunal Superior de Antioquia, hasta el de Medellín, como quiera que ambos poseen distinta competencia territorial.
A su vez, destaca la respectiva Sala del Tribunal de Medellín, que la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, en algunos casos, hace parte del Bloque de Constitucionalidad, conforme lo sostiene la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
Para lo debatido, agrega, debe entenderse de dicho rango lo referente a la atribución de competencia y el principio de juez natural, en cuanto, hace parte del debido proceso.
En consecuencia, sostiene la Sala Penal del Tribunal de Medellín, si el Consejo Superior de la Judicatura no respeta la limitación territorial establecida por el artículo 63 de la Ley 270 de 1996, afecta una norma de rango constitucional, lo que obliga acudir al artículo 4° de la Carta Política, en cuanto, impone respetar esta y no la norma inferior que la contraviene, dentro del instituto de la llamada “excepción de inconstitucionalidad”.
Estas las razones para que la esa Corporación se diga incompetente para asumir el conocimiento del asunto.
C O N S I D E R A C I O N E S
En ejercicio de la atribución consagrada en los artículos 32, numeral 4º, y 54 de la Ley 906 de 2004, la Corte entra a resolver lo que corresponda frente a la declaratoria de incompetencia realizada por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, para conocer en segunda instancia de la sentencia absolutoria proferida en favor de RODRIGO LEÓN SANTA RUIZ, a quien se acusó por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de arma de fuego de defensa personal.
De entrada, la Sala debe aclarar que respecto del tema se hicieron llegar a la Corporación un gran número de procesos signados por las mismas circunstancias fácticas y jurídicas, pues, en cumplimiento de lo dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura, el Tribunal de Antioquia envió múltiples asuntos pendientes de fallo de segundo grado a su par de Medellín.
Precisamente, en estudio detenido de uno de esos procesos, la Corte ya resolvió la cuestión central planteada en todos ellos (CSJ, AP4253-2014, 30 de julio de 2014, radicado 44202), razón por la cual, para evitar innecesarias disquisiciones y advertido que consulta estrictamente los temas, normas jurídicas y hechos trascendentes aquí examinados, entiende suficiente transcribir lo allí definido.
Esto anotó, entonces, la Sala:
En orden a adoptar la decisión que en derecho corresponda, impera recordar en primer lugar que el concepto de bloque de constitucionalidad, fue sistematizado en la sentencia C–225 de 1995, pronunciamiento reiterado en la jurisprudencia constitucional posterior sobre la materia, en los siguientes términos:
El bloque de constitucionalidad está compuesto por aquellas normas y principios que, sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional, son utilizados como parámetros del control de constitucionalidad de las leyes, por cuanto han sido normativamente integrados a la Constitución, por diversas vías y por mandato de la propia Constitución. Son pues verdaderos principios y reglas de valor constitucional, esto es, son normas situadas en el nivel constitucional, a pesar de que puedan a veces contener mecanismos de reforma diversos al de las normas del articulado constitucional stricto sensu.
La evolución del instituto jurídico en comento implicó, entre otras, la distinción entre el bloque de constitucionalidad en sentido estricto y en sentido lato. El primero, «se encuentra conformado por aquellos principios y normas de valor constitucional, los que se reducen al texto de la Constitución propiamente dicha y a los tratados internacionales que consagren derechos humanos cuya limitación se encuentre prohibida durante los estados de excepción»; en tanto el segundo «estaría conformado no sólo por el articulado de la Constitución sino, entre otros, por los tratados internacionales de que trata el artículo 93 de la Carta, por las leyes orgánicas y, en algunas ocasiones, por las leyes estatutarias». (Sentencia C – 191 de 1998. Énfasis propio).
La integración de las leyes estatutarias al bloque de constitucionalidad no es una regla general sino una excepción, que opera exclusivamente cuando una disposición de rango superior así lo indica. El máximo Tribunal Constitucional lo ha precisado de la siguiente manera:
De los criterios jurisprudenciales expuestos, se destaca el hecho de que algunas leyes pueden integrar el mencionado bloque de constitucionalidad en sentido lato, siempre que la propia Carta lo haya ordenado, en forma directa y específica, de manera que sus mandatos sean respetados por las leyes ordinarias y logren instituirse como parámetros de un control de constitucionalidad sobre las mismas.
[…]
De manera pues que, el apoyo del demandante en el fallo de constitucionalidad C-191 de 1998, para afirmar categóricamente que la Ley 270 de 1996 “Estatutaria de la Administración de Justicia” -en los artículos que el actor menciona y en forma determinante- integra el bloque de constitucionalidad, fue equivocado por no haber existido en la misma referencia ni análisis pertinente que permitiera llegar a esa conclusión.
[…]
Con base en los criterios jurisprudenciales mencionados y el contenido normativo de esas preceptivas legales, la Sala concluye que las mismas no pueden invocarse como transgredidas por la disposición sub examine, en cuanto no integran el bloque de constitucionalidad lato sensu , pues debe insistirse en que no todo el contenido de una ley estatutaria es apto para ostentar esa condición, sólo es viable a través de un mandato expreso del Constituyente de 1991 que apunte hacia esa dirección y en la Carta Política no se observa canon alguno que las reconozca como reglas de valor constitucional. (Sentencia C – 708 de 1999. Subrayas propias).
El mismo error detectado en aquella oportunidad por la Alta Corporación se presenta en la interpretación ofrecida por la Sala Penal del Tribunal de Medellín, pues su planteamiento se basa en que el Acuerdo PSAA14-10145 del Consejo Superior de la Judicatura es inconstitucional, en tanto desconoce el artículo 63 de la Ley 270 de 1996, que en virtud de la modificación introducida por el canon 15 de la Ley 1285 de 2009, establece: «el Consejo Superior de la Judicatura, respetando la especialidad funcional y la competencia territorial podrá redistribuir los asuntos que los Tribunales y Juzgados tengan para fallo asignándolos a despachos de la misma jerarquía que tengan una carga laboral que, a juicio de la misma Sala, lo permita» (resalto fuera del texto original).
La conclusión obtenida es errónea, dado que parte de la equivocada premisa, según la cual la disposición en comento hace parte del bloque de constitucionalidad. Como se expuso, aunque esté contenida en la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, para que fuera tomada como criterio de constitucionalidad tendría que existir autorización expresa en la Carta Política, pero ésta no fue consagrada en ningún apartado del texto superior.
Por lo tanto, cuando el Tribunal de Medellín optó por inaplicar el acuerdo mencionado haciendo uso del control difuso de constitucionalidad, también denominado excepción de inconstitucionalidad; en realidad no lo confrontó con una norma de rango constitucional, sino legal.
Si ello es así, como en efecto lo es, la consecuencia lógica es que no le estaba dado a aquella colegiatura desconocer el contenido del acto administrativo emanado del Consejo Superior de la Judicatura, pues no le correspondía decidir si se ajustaba o no a las previsiones de la Ley 270 de 1996, ya que la facultad para tal efecto es del resorte exclusivo de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
En el mismo sentido, el incidente de definición de competencia no es el escenario pertinente para efectuar el juicio de legalidad de los acuerdos emitidos por el Consejo Superior de la Judicatura, dado que ello desbordaría el ámbito de injerencia de la Sala de Casación Penal, e invadiría indebidamente el de la justicia contencioso administrativa.
En desarrollo de lo anterior, en pretéritas oportunidades se ha reconocido que «el Consejo Superior de la Judicatura ostenta la expresa facultad para reasignar los procesos cuando la congestión de determinados despachos judiciales lo ameritan», por lo que los acuerdos a través de los cuales se materializa dicha función, ostentan el rango de normas atributivas de competencia (Cfr. CSJ SP, 22 Ene 2014, Rad. 38725).
En el presente asunto, el artículo 1º del Acuerdo PSAA14-10145 del Consejo Superior de la Judicatura, ordenó «trasladar 260 procesos en estado de fallo de Ley 906, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia, a excepción del despacho de la Dra. Nancy Ávila, del más reciente al menos reciente, para ser distribuidos entre 13 despachos de magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín».
Dicho acto administrativo se encuentra vigente y es de obligatorio acatamiento, pues su legalidad se presume hasta tanto el juez natural no resuelva lo contrario. En cumplimiento de dicho mandato, es posible e incluso imperativo, exceptuar la regla general de competencia territorial para la resolución de aquellas 260 actuaciones, una de las cuales es precisamente la que motiva el presente pronunciamiento.
En tales condiciones, resulta claro que no están dados los presupuestos para resolver el incidente de definición de competencia propuesto por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Medellín, a donde se remitirán de inmediato, para que dé estricto cumplimiento al Acuerdo tantas veces mencionado. Esta determinación será comunicada a su homóloga con jurisdicción en el departamento de Antioquia.
Por virtud de lo transcrito, se enviará lo actuado a la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín y de ello se dará noticia a su similar del Tribunal Superior de Antioquia.
En mérito a lo expuesto, la Corte Suprema De Justicia, Sala de Casación Penal,
R E S U E L V E
1. ABSTENERSE de pronunciarse sobre el incidente de definición de competencia propuesto por el Tribunal Superior de Medellín.
2. DEVOLVER la actuación a la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Medellín, para que dé estricto cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo PSAA14-10145 del Consejo Superior de la Judicatura.
3. COMUNICAR la presente determinación a la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Antioquia.
Cúmplase.
FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO
JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO
JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ
EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER
MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ MUÑOZ
GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ
EYDER PATIÑO CABRERA
PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR
LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO
Nubia Yolanda Nova García
Secretaria