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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ MUÑOZ
Magistrada ponente
AP2842-2014
Radicación n° 43778
(Aprobado Acta No. 162)
Bogotá D.C., veintiocho (28) de mayo de dos mil catorce (2014).
VISTOS
Procede la Sala a definir la competencia en este asunto, dado que el Juzgado 5° Penal del Circuito Especializado de Cali aduce que de conformidad con el numeral 6° del artículo 33 de la Ley 906 de 2004, es el Tribunal Superior de Buga el que debe pronunciarse sobre la apelación interpuesta contra el auto mediante el cual el Juzgado 1° de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Palmira no accedió “a la petición de revisar la sentencia condenatoria pronunciada en contra del señor CARLOS ALBERTO TABARES GUTIÉRREZ”.
HECHOS Y ANTECEDENTES
1. El Juzgado 5° Penal del Circuito Especializado de Cali mediante fallo de 8 de julio de 2013, condenó a CARLOS ALBERTO TABARES GUTIÉRREZ en calidad de autor del delito de fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego y municiones de uso restringido de las fuerzas armadas o explosivos a la pena principal de 7 meses y 15 días de prisión, a través de proveído en el cual además le negó la suspensión condicional de la pena y la prisión domiciliaria.
2. Correspondió la vigilancia de la sentencia al Juzgado 1° de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Palmira, estrado judicial ante el cual el condenado elevó petición con el propósito de que “se revise la sentencia condenatoria proferida en su contra, como quiera que merece obtener una rebaja de pena por haber sido condenado por primera vez y se le dosifique su sentencia y obtener algún beneficio”.
En respuesta, el juzgado profirió el auto interlocutorio No. 1841 el 21 de noviembre de 2013 a través del cual dispuso “no acceder a la petición de revisar la sentencia condenatoria pronunciada en contra del señor CARLOS ALBERTO TABARES GUTIÉRREZ”, al advertir que como la sentencia se encuentra ejecutoriada, lo procedente es acudir a la acción de revisión.
3. El condenado interpuso recurso de apelación contra dicha decisión, el cual fue concedido en el efecto suspensivo ante el Juzgado 5° Penal del Circuito Especializado de Cali.
4. El Juzgado 5° Penal del Circuito Especializado de Cali a través de auto del 8 de mayo pasado manifestó su incompetencia para desatar el mecanismo de impugnación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 906 de 2004, esto es, por cuanto considera que no se trata de decisión alguna sobre mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad -único evento que habilita su competencia para conocer como juez de segunda instancia-, sino de la referida a no acceder a la solicitud de revisión de la sentencia condenatoria.
De conformidad con lo expuesto, remitió las diligencias ante esta Corporación para la definición de competencia en los términos establecidos en el artículo 54 de la Ley 906 de 2004, toda vez que el trámite allí previsto no involucra ni requiere de un pronunciamiento previo del estrado judicial respecto del cual se estima la competencia. Dispuso, en consecuencia, el envío del asunto a esta Corte.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
La Sala es competente para conocer de este asunto, habida cuenta que el numeral 4º del artículo 32 de la Ley 906 de 2004 le asigna el conocimiento “de la definición de competencia cuando se trate de (…) tribunales o de juzgados de diferentes distritos”, como ocurre en este caso que involucra al Tribunal Superior de Buga y al Juzgado 5° Penal del Circuito Especializado de Cali. (En tal sentido, CSJ AP, 30 may 2006, Rad. 24964 y CSJ AP, 28 Sep 2006, Rad. 25830, entre otros).
Una vez advertido lo anterior, impera señalar que al amparo del artículo 38-3 de la Ley 906 de 2004, los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad conocen sobre la libertad condicional y su revocatoria.
Por su parte, el artículo 478 ibídem establece que las decisiones que adopte el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad en relación con mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad y la rehabilitación, son apelables ante el juez que profirió la condena en primera o única instancia.
Podría decirse entonces, que en vigencia de la Ley 906 de 2004, si bien existe una cláusula general de competencia de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial al que pertenece el juez para conocer de las apelaciones interpuestas contra las decisiones adoptadas por los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad, según se establece en el numeral 6º del artículo 34 de dicho plexo normativo, al igual que se advierte bajo los asuntos tramitados por la Ley 600 de 2000 (canon 80), en la normatividad procesal de tendencia acusatoria aparece clara la excepción consagrada en el mencionado artículo 478, establecida por la naturaleza de la decisión.
Es así como la premisa normativa que viene de mencionarse es clara en establecer que de la apelación de las decisiones relativas a los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad y la rehabilitación conoce el juez que profirió la sentencia ejecutada, sin que sea dable exponer una interpretación diversa de la expuesta en esa disposición.
Sobre el particular, sostuvo la Corporación en pasada oportunidad que:
“(…) La Corte, al interpretar estas dos normas aparentemente en conflicto, ha llamado la atención sobre la intención del legislador de colocar en cabeza del juez de conocimiento el análisis de estos asuntos excepcionales, relacionados, en todo caso, con la realización y el cumplimiento, tanto de los principios como de las funciones de las sanciones penales, contenidos en los artículos 3º y 4º del Código Penal1 (…). El artículo 34.6 consagra la regla general de competencia de los tribunales para conocer de los recursos de apelación contra las decisiones de los jueces de ejecución de penas; no obstante, el artículo 478, norma posterior dentro del mismo código, contiene una circunstancia de concreción y exactitud referida a las decisiones que adoptan estas mismas autoridades, pero sobre mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad, en cuyo caso se aplica la regla de competencia especial para los sentenciadores de primera o única instancia.
El artículo 478 de la ley 906 de 2004 preceptúa una excepción al factor funcional de competencia de los tribunales en lo que tiene que ver con los recursos de apelación contra las decisiones del juez de ejecución de penas y medidas de seguridad relativas a los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad y la rehabilitación.
La controversia se dirime por el principio de especialidad de la norma procesal, a la que auxilia el criterio del precepto posterior, porque el artículo 478 ejusdem que se revisa hace parte del Libro IV, que desarrolla única y específicamente la temática de la ejecución de la sentencia.
Adicionalmente, la norma examinada en concreto escinde de la multiplicidad de materias de las que conocen los jueces de ejecución de penas -redención de penas, acumulación jurídica de penas, aplicación de penas accesorias, libertad vigilada, extinción de la condena, entre otras- aquellas que deciden sobre los mecanismos sustitutivos privativos de la libertad; lo que devela que por excepción y especialidad, estos temas son del conocimiento del juez que profirió la condena.
El asunto por resolver no puede definirse con categorías de conveniencia o funcionalidad, como lo expone el Juez que profirió el fallo, porque la competencia es una categoría procesal que se corresponde con el principio de la legalidad.
La pena y su régimen de ejecución y vigilancia no son ajenos a este principio, el cual comprende, también, al juez natural de estos asuntos, con fundamento en la preceptiva superior (artículo 29, Inc.3°). Entonces, a menos que se trate de un supuesto de hecho que obligue a aplicar la excepción de legalidad del artículo 6°, no podrá invocarse ley procesal distinta a la vigente al tiempo de la actuación procesal.
Conclusión: respecto de las decisiones que adoptan los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad en relación con mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad, el competente, por mandato expreso, concreto y posterior de la Ley 906 de 2004, es el juez que profirió la condena en primera o única instancia, siempre y cuando la actuación se haya iniciado y adelantando, en su integridad, con el nuevo sistema de enjuiciamiento criminal.” (CSJ AP, 27 de Abr de 2011, Rad. 35930).
Así pues, la apelación de todas las decisiones que adopte el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, corresponde ser desatada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial al que pertenece el juez; con excepción de aquéllas relativas a los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad y la rehabilitación; las cuales corresponden ser dirimidas por el juez que profirió la sentencia ejecutada.
En síntesis, no cabe duda de que el llamado a desatar el recurso de apelación interpuesto contra la decisión del 21 de noviembre de 2013 proferida por el Juez 1° de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Palmira, es el Tribunal Superior de Buga, pues la pretensión del condenado se contrae a que se examine la sentencia proferida en su contra por considerar que “me condenaron por unos delitos que no existieron (…) tengo derecho a una oportunidad para poder dosificar la sentencia condenatoria (…)”, aspectos que no se relacionan con los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad y la rehabilitación (f. 35).
Así las cosas, al Tribunal Superior de Buga se remitirá la actuación a efectos de que adopte la decisión que corresponda.
En mérito a lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACION PENAL,
RESUELVE
1. DEFINIR la competencia de este asunto declarando que el competente para conocer de la apelación promovida contra la decisión del 21 de noviembre de 2013 proferida por el Juez 1° de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Palmira, es el Tribunal Superior de Buga, a donde se ordena remitir de inmediato el expediente a efectos de que adopte la decisión que corresponda.
2. REMÍTASE copia de esta decisión al Juzgado proponente de la definición de competencia.
Comuníquese y cúmplase,
FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO
JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO
JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ
EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER
MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ MUÑOZ
GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ
EYDER PATIÑO CABRERA
PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR
LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria
1 Desde la definición de competencia de 13 de junio de 2007, con radicado 27612.