Asistente Jurídico Inteligente
Selecciona un texto en la página o analiza el artículo completo.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR
Magistrada ponente
AP1962-2016
Radicación n.° 44698
(Aprobado Acta n.° 105)
Bogotá, D.C., seis (6) de abril de dos mil dieciséis (2016)
ASUNTO
Correspondería a la Sala pronunciarse sobre el recurso de apelación interpuesto por la representación de la víctima, contra la providencia proferida en audiencia por el Tribunal Superior de Manizales el 8 de septiembre de 2014, mediante la cual se decidió favorablemente la solicitud de la Fiscalía de precluir la investigación a favor del doctor LUIS ALBERTO TIBAQUIRÁ BAHENA, investigado por el delito de prevaricato por acción en su condición de Juez Séptimo Penal del Circuito de esa ciudad, de no ser porque se observa que ha sobrevenido la muerte del indiciado.
ANTECEDENTES FÁCTICOS Y PROCESALES
El apoderado de la Caja Nacional de Previsión Social –CAJANAL E.I.C.E. en liquidación-, presentó denuncia en contra del doctor LUIS ALBERTO TIBAQUIRÁ BAHENA, Juez Séptimo Penal del Circuito de Manizales, por considerar que el funcionario judicial incurrió en la conducta punible de prevaricato por acción, al proferir el fallo de tutela fechado el 27 de febrero de 2006, mediante el cual protegió los derechos de los accionantes, ordenando la reliquidación de sus pensiones.
Adelantadas las diligencias propias de la etapa de indagación preliminar, la Fiscalía Tercera Delegada ante el Tribunal de Manizales radicó1 solicitud de preclusión, por considerar que se estructuraba la causal 4ª del artículo 332 de la Ley 906 de 2004, esto es, por «atipicidad del hecho investigado».
El 8 de septiembre de 2014, el Tribunal Superior de Manizales celebró la audiencia requerida por el ente fiscal, en la que se sustentó la petición de preclusión, en presencia de la representante de la víctima, el defensor del indiciado y el Ministerio Público.
Escuchadas las partes e intervinientes se resolvió favorablemente la petición, ordenándose la preclusión de la investigación a favor del doctor TIBAQUIRÁ BAHENA.
Contra el anterior proveído interpuso y sustentó recurso de apelación la apoderada de la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP).
Encontrándose en esta Corporación la actuación, en estudio de la impugnación, el Fiscal delegado allegó2 copia auténtica del registro civil de defunción del indiciado LUIS ALBERTO TIBAQUIRÁ BAHENA, quien se identificaba con la cédula de ciudadanía n.º 10.234.731.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
De conformidad con el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 906 de 2004, la Corte es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra el auto proferido el 8 de septiembre de 2014 por el Tribunal Superior de Manizales, mediante el cual precluyó la investigación que se adelantaba contra el Juez 7º Penal del Circuito de esa ciudad, doctor LUIS ALBERTO TIBAQUIRÁ BAHENA.
1. Precisiones generales sobre la preclusión.
Por mandato del artículo 250 de la Constitución Política, la Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar las investigaciones de los hechos que lleguen a su conocimiento y tengan las características de un delito, sin que pueda renunciar, interrumpir o suspender la persecución penal, salvo en los casos que la ley establece para la aplicación del principio de oportunidad. Pero también, en ejercicio de sus funciones, la Fiscalía puede solicitar al juez de conocimiento la preclusión de la investigación, de no existir mérito para acusar.
Por su parte, los artículos 331 y 332 prevén dos oportunidades para realizar tal solicitud, en primer lugar, en la etapa de indagación e investigación, únicamente el representante del ente acusador está facultado para pedir al juez de conocimiento la preclusión de la investigación por cualquiera de las causales previstas en la referida norma. Un segundo momento se presenta en la etapa de juzgamiento, oportunidad en la que la petición puede ser elevada por la Fiscalía, el Ministerio Público y el defensor, pero sólo cuando se trate de las causales previstas en los numerales 1° y 3° del artículo 332 de la Ley 906 de 2004.
El artículo 331 de la Ley 906 de 2004, dispone: «en cualquier momento, el Fiscal solicitará al juez de conocimiento la preclusión, si no existiere mérito para acusar». Conforme con la sentencia C-591 de 2005 proferida por la Corte Constitucional, esa posibilidad también se extiende a la fase de indagación, para la declaratoria de inexequibilidad de la frase «a partir de la formulación de imputación».
A su turno, el artículo 332 de la norma en cita, señala las causales que, estando acreditadas, comportan la preclusión de la investigación:
1. Imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal
2. Existencia de una causal que excluya la responsabilidad, de acuerdo con el Código Penal.
3. Inexistencia del hecho investigado.
4. Atipicidad del hecho investigado.
5. Ausencia de intervención del imputado en el hecho investigado.
6. Imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia.
7. Vencimiento del término máximo previsto en el inciso segundo del artículo 294 de este código.
PARÁGRAFO. Durante el juzgamiento, de sobrevenir las causales contempladas en los numerales 1 y 3, el fiscal, el Ministerio Público o la defensa, podrán solicitar al juez de conocimiento la preclusión”:
Dada la trascendencia de la decisión -hace tránsito a cosa juzgada-, el juez competente para pronunciarse sobre la preclusión de la investigación, es el de conocimiento. (Sentencias Corte Constitucional C-872 de 2003, C-591 de 2005 y C-920 de 2007, entre otras).
2. De la preclusión de la investigación en sede de segunda instancia y por causal diferente a la alegada por la Fiscalía.
En términos generales, la providencia que precluye la investigación se profiere por el juez de primera instancia ante quien el postulante expone los argumentos y da a conocer los elementos materiales probatorios que sustentan la pretensión de la terminación del proceso por una de las causales previstas en el artículo 332 de la Ley 906 de 2004, que en sus numerales 1º y 2º, circunscriben la extinción de la acción penal (artículo 82 del Código Penal3) y la ausencia de responsabilidad (artículo 32 ibidem).
Ha dicho la Sala, que si la causal alegada se encuentra probada, el juez debe decretar la preclusión, aun cuando considere que la terminación del proceso procede por una diferente a la planteada. Por el contrario, si la decisión consiste en negar la existencia de la causal propuesta «no pueden los jueces entrar a hacer juicios de valor sobre otras causales que no le han sido puestas de presente, porque en tal caso se estaría desbordando la actividad judicial al entrar a resolver cuestiones que no le han sido planteadas y tampoco debatidas». (CSJ AP 8 feb. 2008. Radicado 28908; CSJ AP. 15 jul. 2009. Radicado 31780; CSJ AP 18 may.2011 Radicado 35826).
Postura pacífica, en tratándose de causales que comportan el análisis de parte y por ende, ha de garantizarse la oportunidad procesal para que la contraparte e intervinientes expongan ante el juez de conocimiento sus razonamientos.
Sin embargo, tal requerimiento en términos de oportunidad procesal y exigencia argumentativa y demostrativa para convencer al juez de la procedencia de la preclusión de la investigación, no es el mismo en tratándose de la estructuración de una causal eminentemente objetiva, como la muerte (artículo 77 de la Ley 906 de 2004), pues a ese hecho le sigue la declaratoria de extinción de la acción penal, que habrá de decretarse por el juez que tenga a su cargo el proceso y ante quien se pruebe la ocurrencia del hecho que impide proseguir la actuación.
Ello es así, por cuanto la muerte del sujeto pasivo de la acción es una circunstancia que per se impide al Estado iniciar o continuar el ejercicio punitivo, deviniendo como necesario que una vez el juez advierta su ocurrencia, se declare a través de una decisión judicial investida de la fuerza vinculante de la cosa juzgada.
Entendimiento que reconoce las características de un sistema de corte adversarial, que supone el enfrentamiento de dos partes, y que se desnaturaliza cuando el titular de la acción penal no logra desarrollar su actividad investigativa para la consecución de los fines constitucionales (artículo 250 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo n.º 03 de 2002), por inexistencia del investigado, su contradictor procesal por antonomasia.
Sobre el tema discurrió recientemente la Sala: «demostrada una causal objetiva de improseguibilidad de la acción penal, concretamente, la muerte del procesado, no se encuentra límite sustancial alguno que impida que el juez de conocimiento declare extinguida la acción penal, aunque la causa por la que el asunto está en su despacho, no sea precisamente la constitutiva de dicha causal.» (CSJ AP 1534-2016 16 mar. 2016. Radicado 42370).
Destáquese, además, que el reconocimiento de una causal objetiva de preclusión de la investigación, se da al margen de cualquier valoración referida a los elementos configuradores de la conducta punible, al criterio subjetivo del fiscal a cargo del proceso, o el de los intervinientes que dependiendo de su interés, manifiestan determinada postura, luego, su declaratoria es impersonal.
No obstante, cuando el hecho de constatación objetiva se presenta en un proceso que se encuentra en el trámite de segunda instancia, la decisión que se adopte será susceptible de ser impugnada a través del recurso de reposición para garantizar la contradicción.
3. El caso concreto.
Con la copia del registro civil de defunción aportada por el Fiscal quedó probado (indicativo serial 06663779) que LUIS ALBERTO TIBAQUIRÁ BAHENA, quien se identificaba con la cédula de ciudadanía n.º 10.234.731, falleció el 20 de febrero del año que avanza en la ciudad de Manizales y conforme al certificado n.º 70212280-9, datos de que coinciden con los que obran en la actuación.
Ese hecho de constatación objetiva se presentó estando la actuación procesal en segunda instancia, en estudio del recurso de apelación interpuesto por la abogada representante de la víctima contra la preclusión de la investigación decretada por el Tribunal Superior de Manizales, luego de debatir la estructuración de la causal prevista en el numeral 4º del artículo 332 de la Ley 906 de 2004, ‘atipicidad del hecho investigado’.
El artículo 82 del ordenamiento penal establece las circunstancias estructuradoras de la extinción de la acción penal, encontrándose en el numeral 1º ‘la muerte del procesado’. Con el mismo alcance, el artículo 77 de la Ley 906 de 2004, especifica que la muerte del indiciado4, imputado o acusado, es un acontecimiento que comporta, como única alternativa procesal, la extinción de la acción penal, siempre que se encuentre debidamente acreditado.
Bajo ese entendido, estima la Corte que demostrada la muerte del indiciado, no es posible continuar con el trámite de la actuación penal, debiéndose declarar la extinción de la acción (artículo 77 de la Ley 906 de 2004) y en consecuencia, precluir la investigación conforme lo dispone el numeral 1º del artículo 332 de la Ley 906 de 2004.
Como quiera que la preclusión se declara por una causal distinta a la que fuera debatida en la primera instancia, contra este pronunciamiento procede el recurso de reposición.
En mérito de lo expuesto, la SALA DE CASACIÓN PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,
RESUELVE
DECLARAR EXTINGUIDA la acción penal por muerte del indiciado, en consecuencia, PRECLUIR LA INVESTIGACIÓN seguida en contra de LUIS ALBERTO TIBAQUIRÁ BAHENA, con base en la causal 1ª del artículo 332 de la Ley 906 de 2004, en consonancia con el artículo 77 ibídem.
Contra esta decisión procede el recurso de reposición.
Notifíquese y devuélvase al Tribunal de origen.
GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ
JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO
FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO
EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER
EYDER PATIÑO CABRERA
PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR
LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO
Nubia Yolanda Nova García
Secretaria
1 El 15 de mayo de 2014.
2 4 de marzo de 2016.
3 1. La muerte del procesado. 2. El desistimiento. 3. La amnistía. 4. La prescripción. 5. La oblación. 6. El pago en los casos previstos en la ley. 7. La indemnización integral en los casos previstos en la ley. 8. La retractación en los casos previstos en la ley. 9. Los demás que consagre la ley.
44 De acuerdo con la Sentencia de la Corte Constitucional C-591 de 2005.