Asistente Jurídico Inteligente
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER
Magistrado Ponente
AP1509-2016
Radicación N° 45987
Aprobado Acta No. 80
Bogotá D.C., dieciséis (16) de marzo de dos mil dieciséis (2016).
Se pronuncia la Sala acerca del recurso de reposición interpuesto por los defensores de ELIANA MUÑOZ PÉREZ y JUAN ORLANDO MARTÍN MARTÍNEZ, contra el auto del pasado 24 de febrero, mediante el cual la Sala no accedió a la solicitud de cesación de procedimiento por indemnización integral elevada por esos sujetos procesales.
I. ANTECEDENTES
1. Mediante sentencia de 1º de diciembre de 2014 del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja (en Sala Penal mayoritaria), revocó el fallo absolutorio emitido a favor de ELIANA MUÑOZ PÉREZ y JUAN ORLANDO MARTÍN MARTÍNEZ, y en su lugar los condenó, como autores de homicidio en modalidad culposa, a la pena principal de treinta (30) meses de prisión, y a las accesorias de inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas, y para el desarrollo de su profesión como médicos por un lapso igual a la privativa de la libertad.
A título de indemnización el ad-quem gravó a los acusados con la obligación solidaria de pagar en favor de los herederos o sucesores de la víctima (Jaime Brochero Villegas), el equivalente a cuarenta (40) salarios mínimos mensuales legales vigentes, cuantía comprensiva únicamente del daño moral, por cuanto los de orden material como no fueron probados por quienes se constituyeron en Parte Civil “no hay lugar a imponer condena por los mismos”.
Contra la comentada sentencia de segunda instancia solamente la asistencia técnica de los condenados, por vía discrecional, interpuso el recurso extraordinario de casación1.
2. Hallándose el expediente en esta Sede para resolver acerca de la admisión de las respectivas demandas, los procesados y sus defensores allegaron memorial en el que, con fundamento en los artículos 38 y 42 de la Ley 600 de 2000, pidieron declarar la extinción de la acción penal por indemnización integral, para lo cual aportaron copia de los depósitos judiciales con los que a nombre del juzgado de conocimiento cancelan la totalidad de la suma fijada en segunda instancia como cuantía de la reparación por los daños causados y demostrados2.
3. Mediante proveído de 24 de febrero de 2016 la Sala no acogió la referida pretensión, en esencia, porque estimó que los sujetos procesales interesados en el reconocimiento de la cesación de procedimiento por indemnización integral, en el trámite procesal incumplieron la carga, inherente a su pretensión, consistente en que se establecieran a ciencia cierta las cuantías de los perjuicios tanto morales como materiales, y como el fallo de segundo grado declaró no probados los últimos e impuso la condena civil sólo por los segundos, no podía entenderse que el pago de éstos equivale a indemnización integral.
II. LA IMPUGNACIÓN
4. Los defensores de los procesados interpusieron contra la rememorada decisión recurso de reposición, el cual fundamentan en las siguientes razones:
4.1. Los procesados no fueron quienes caprichosamente establecieron los perjuicios materiales en cero, sino un perito designado por la justicia para tal efecto, y con ese criterio, tras el estudio de los elementos de juicio allegados, coincidió el Tribunal Superior en la respectiva sentencia, tal y como lo impone el artículo 56 de la Ley 600 de 2000.
4.2. Dentro del proceso penal la carga de la prueba para la acreditación de los perjuicios tanto materiales como morales es de la Parte Civil, y aceptar que ésta queda relevada de ese deber cuando renuncia a la indemnización so pretexto de buscar sólo los derechos de verdad y justicia, implica convertir el proceso penal “en una actuación eminentemente retaliatoria”, desconociendo el derecho de los procesados a procurar su terminación mediante la figura de indemnización integral.
4.3. Es “injusto”, “desproporcionado e irrazonable trasladar a los procesados la responsabilidad que en principio competía a la Parte Civil de demostrar los perjuicios materiales y morales que se generaron con la muerte del señor Brochero Villegas, o la responsabilidad que le competía al perito de tasar los perjuicios, o la que le competía al administrador de justicia” en esa materia.
4.4. En casos similares al aquí debatido, la Sala de Casación Penal ha accedido a decretar la cesación de procedimiento por indemnización integral, cuando en la sentencia condenatoria se impone únicamente el pago de perjuicios morales ante la falta de demostración de los de orden material, y el procesado cancela antes de su ejecutoria la respectiva suma fijada en el fallo, como ocurrió en la decisión de 8 de marzo de 2015, AP1374-2015, Rad. 44985, luego al no obrar con igual criterio en este asunto, además de desconocerse la “línea jurisprudencial”, se vulnera el principio de igualdad.
4.5. La sentencia de segunda instancia emitida en este asunto, en la que fueron fijados los perjuicios en el equivalente a cuarenta (40) salarios mínimos mensuales legales vigentes, no fue impugnada por la Parte Civil en ese aspecto, “motivo por el cual adquiere plena validez, firmeza y es totalmente vinculante para los efectos de la indemnización integral. Desconocer su eficacia es ir en contra de los derechos fundamentales de los aquí procesados, quienes amparados en la validez y seguridad jurídica de la sentencia judicial, procedieron a pagar los perjuicios por ella señalados y así solicitar su derecho legal de cesación de procedimiento por indemnización integral”.
Con fundamento en lo anterior la asistencia técnica de los encausados solicita revocar la decisión adoptada y acceder a la inicial pretensión de cesar procedimiento.
5. En los respectivos escritos los recurrentes consignaron sendas peticiones subsidiarias:
5.1. Por una parte, el defensor de JUAN ORLANDO MARTÍN MARTÍNEZ depreca la nulidad de la actuación porque si de acuerdo con las consideraciones del pronunciamiento atacado “nunca se estableció a ciencia cierta la cuantía de los perjuicios materiales y morales para efectos de indemnización integral, bien por un yerro del perito, por una omisión del sentenciador o por incertidumbre creada por la parte civil”, esa situación implica violación del debido proceso pues equivale a que su representado fue sometido a una condición de “imposibilidad para acceder a la extinción de la acción penal, pues ni el dictamen pericial ni el pronunciamiento directo del sentenciador sobre la tasación de los perjuicios” resultaron eficaces para la concreción de tal finalidad legal expresamente solicitada por aquél.
5.2. A su turno, el apoderado de ELIANA MUÑOZ PÉREZ solicita que de no acceder a la revocatoria, para no cercenar el derecho de su prohijada de obtener la cesación de procedimiento mediante indemnización integral, la “Corte considere y señale otra alternativa tendiente a la aplicación” del señalado mecanismo.
III. CONSIDERACIONES:
6. La Corte ha señalado en reiteradas oportunidades3 que el recurso de reposición es un mecanismo de impugnación consagrado en la ley por el cual se faculta al interesado para solicitar la revocación, modificación, adición o aclaración de un auto, ante el mismo funcionario que lo dictó, siempre y cuando éste haya cometido un yerro trascendente de índole fáctico o jurídico al momento de emitirlo.
En otras palabras, “si la interposición de los recursos ordinarios tiene como finalidad enmendar aquéllos errores de que adolezcan las providencias judiciales por la oportunidad que para su [nuevo] examen otorgan”4, el de reposición “es un instrumento que la ley dispensa a los sujetos procesales para provocar que el funcionario judicial que adoptó la decisión [en este caso la Corte], de cara a los argumentos expuestos por el impugnante, reexamine la decisión con miras a corregir los yerros en que haya podido incurrir”5, es decir, para que, si es del caso, la revoque, reforme, aclare o adicione.
Lo anterior implica para el recurrente la carga procesal de exponer, en forma clara, precisa y coherente, los motivos por los cuales estima que la decisión del operador jurídico fue contraria a derecho. De ahí que los argumentos empleados en la impugnación deben ser idóneos para evidenciar un desacierto judicial en detrimento de los intereses del proponente.
Desde tal perspectiva, si quien interpone la reposición no le plantea al funcionario que dictó la providencia la existencia de un error en su motivación, ya sea respecto de los fundamentos fácticos en que se apoyó o del sustento normativo allí invocado, sino se limita a plasmar una apreciación de la prueba distinta o una interpretación jurídica que no necesariamente desplaza la posición asumida, sino tan sólo riñe con ella, la consecuencia inevitable será reconocer la improcedencia del recurso.
7. En el asunto objeto de debate los argumentos presentados por los recurrentes en sus respectivos escritos, compendiados en el capítulo que antecede, no solo satisfacen los aludidos presupuestos, sino que además, la Sala encuentra que al contrastar las razones ofrecidas por los impugnantes con el criterio que regentó la decisión atacada, éste debe ser replanteado para acceder a la pretensión de cesación de procedimiento.
8. En efecto, como se sabe, la sentencia de segunda instancia se encuentra ungida por la doble presunción de legalidad y acierto, la cual, con sujeción a abundante doctrina de esta Corporación, sólo puede ser quebrada si mediante la interposición del recurso extraordinario de casación por parte de quien tenga interés, se acredita la configuración de errores graves, manifiestos y trascendentes, que obliguen a su invalidación total o parcial, o a emitir la que en derecho corresponda de cara al aspecto censurado.
En el asunto analizado, la sentencia del 1º de diciembre de 2014 emitida por el Tribunal Superior de Tunja, fue impugnada con el señalado mecanismo exclusivamente por los sujetos pasivos de la acción penal a través de sus defensores, y sólo en relación con la declaración de responsabilidad por el delito de homicidio culposo que se les atribuyó.
Por el contrario, el apoderado de la Parte Civil, dado que en ésta actuación se constituyó con la finalidad de reivindicar únicamente los derechos a la verdad y la justicia6, en el traslado a los no recurrentes, solicitó la confirmación integral del aludido fallo de segundo grado porque en su opinión las decisiones allí adoptadas lo fueron “con base en el acervo probatorio obrante en el proceso, el cual fue debidamente valorado y analizado por la Sala Mayoritaria del citado Tribunal”7.
Consecuente con lo anterior, le asiste razón a los abogados inconformes con el auto del pasado 24 de febrero, dado que la declaración acerca de los perjuicios acreditados en el proceso hecha en la referida sentencia es vinculante para quienes en el trámite intervinieron y no expresaron inconformidad con los temas resueltos en ese pronunciamiento.
9. Ahora bien, desde la perspectiva de garante de los derechos fundamentales que le asiste a la Corte en el cumplimiento de sus funciones Constitucionales y legales, es cierto que la Corporación en sede de casación se encuentra facultada para de oficio dejar sin efecto las decisiones que impliquen violación de las supremas garantías inherentes a los sujetos procesales en la actuación penal.
No avizora la Corte que con la estimación de los perjuicios causados con el delito debatido, con sujeción al pronunciamiento de segundo grado, así estos se circunscriban a los de orden moral, se irrogue a las víctimas constituidas en Parte Civil en este asunto, agravio a los derechos que les son propios.
Y ello es así porque, como se sabe, por principio general del derecho procesal, incumbe a las partes probar los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan sus pretensiones.
La Parte Civil en este caso, como ya se ha señalado y es de objetiva constatación, al limitar su pretensión a la satisfacción de sus derechos a la verdad y justicia, en la respectiva demanda no fijó suma alguna por concepto de perjuicios materiales y morales, ni aportó pruebas en relación con esos rubros, y en la ingente actividad probatoria que desplegó a lo largo de la actuación, sólo se ocupó de orientar ese ejercicio a demostrar que el fallecimiento de Jaime Brochero Villegas como recluso en la Penitenciaria del Barne, fue a consecuencia de una negligencia médica de los galenos al servicio de esa entidad pública que tuvieron relación o intervención en el tratamiento prestado a la aludida víctima, esto es, los aquí procesados.
Al hacer la Sala un rastreo de los elementos de juicio legalmente incorporados, observa que respecto del perjuicio material sólo se encuentran tangenciales referencias en los testimonios de familiares del fallecido Jaime Brochero Sierra, Ligia Sierra Cortes, Jaime Brochero Basto y Oscar Javier Brochero Sierra (en su orden, esposa, padre e hijo de aquél), en las que se alude a la actividad laboral de la víctima como conductor de un taxi cuando gozaba de libertad —esto es, antes de que se produjera el hecho dañoso de su muerte—, así como como unas fotocopias simples de unas certificaciones en las que se alude que para noviembre de 2003 y julio de 2008 se hallaba inscrito como cotitular de un derecho de dominio sobre un automotor de servicio público (taxi)8.
Tales medios de prueba, como lo puntualizo el Tribunal9, resultan inidóneos para la cabal, inequívoca o acertada demostración y cuantificación de los aspectos que integran los perjuicios materiales, y menos los de orden moral objetivados, los que deben estimarse en relación con una actividad laboral concreta para el momento en que se produjo el deceso, no en fecha diferente.
Por otra parte, como igual lo alegan los recurrentes, no puede trasladarse a los procesados la carga probatoria que, en este concreto caso, incumbía a la Parte Civil, y a la cual expresamente renunció desde su constitución en este asunto.
Además, es imperioso señalar que así, en gracia de discusión, no se compartiera la valoración de los elementos de conocimiento plasmada por el ad-quem en relación con los señalados rubros por resultar la misma constitutiva de un vicio típico de la casación (o de encontrar ilegal la conclusión que en el curso del juicio se obtuvo a través de un perito auxiliar de la justicia, en el sentido de que como el señor Brochero Villegas ostentaba la condición de recluso y por tanto no desarrollaba actividad productiva para sí o su familia), no podría la Corte entrar a rescindir de oficio el fallo de segundo grado para revocar la condena en ese aspecto, porque ello implica el riesgo de violentar la prohibición de reforma en peor.
En efecto, como los aquí procesados tienen la condición de únicos recurrentes, una decisión en el aludido sentido agravaría su situación al enervarles la posibilidad de poder terminar el proceso con base en la figura de indemnización integral con el pago de los perjuicios declarados en el fallo de segundo grado.
10. Por último, debe precisar la Sala que aceptar el pago de la condena en perjuicios hecha en la sentencia de segunda instancia —la cual no ha cobrado firmeza por estar pendiente decidir sobre la admisión de las demandas—, como presupuesto sustancial para declarar la cesación de procedimiento por indemnización integral no afecta los derechos inherentes a la Parte Civil.
No se violentan sus derechos a la verdad y la justicia, porque, de acuerdo con la Corte Constitucional, en tratándose de procesos en los que es admisible el aludido mecanismo “la parte civil en el proceso penal no está habilitada para ejercer sus derechos a la verdad y a la justicia hasta el extremo de convertir el proceso penal en mecanismo que persiga únicamente el castigo del infractor y se olvide de intereses de mayor jerarquía”, máxime al ser innegable que “cuando se produce la extinción de la acción penal por indemnización del daño se produce un reconocimiento de la autoría del ilícito en cabeza del sujeto pasivo de la acción penal”, circunstancia indicativa de que “la indemnización de perjuicios respeta, en cierta medida, el derecho que tiene la víctima a conocer la verdad del proceso en relación con el penalmente responsable, así el sujeto pasivo de esta acción no reciba la medida punitiva prevista en la ley”10.
Tampoco se socava su derecho a la reparación porque como al pretender su reconocimiento como sujeto procesal expresamente manifestó que renunciaba a “los perjuicios materiales, morales, a la vida de relación y de todo orden que hayan podido ocasionar con los hechos punibles el sindicado JUAN ORLANDO MARTÍN y demás que resulten responsables”, en últimas recibe más de lo que era su concreta aspiración en el proceso penal.
Y menos se ve afectada su pretensión de reparación por vía administrativa, porque la declaración judicial de una determinada suma por los perjuicios en el proceso penal no le impide el reconocimiento de los que corresponda por parte del Estado con ocasión de la muerte del señor Jaime Brochero Villegas mientras se hallaba recluido bajo custodia de aquél.
Ello es así porque según actual y vigente criterio del Consejo de Estado «la constitución de parte civil en el proceso penal del afectado con el hecho cometido por una autoridad pública en ejercicio de sus funciones y la condena que se obtenga con fundamento en esta pretensión, no enerva la acción reparatoria en contra del Estado, derivada del artículo 90 Superior, como lo tiene definido la actual jurisprudencia de la Corporación»11.
Dicho de otra forma y de conformidad con la citada jurisprudencia, las dos acciones ante las diferentes jurisdicciones no son incompatibles, cuando quiera que en el proceso penal la constitución de Parte Civil se sustenta en el obrar personal del funcionario constitutivo de un determinado delito, mientras que en la jurisdicción administrativa se discute la responsabilidad del Estado por la falla en el servicio, con base en el artículo 90 de la Constitución Política, por lo que no hay identidad de partes ni de causas.
Es imperioso aclarar que en la comentada decisión del Órgano Supremo de la jurisdicción administrativa también se puntualiza que, no obstante lo anterior, como uno solo es el hecho generador del daño, quien promueva las dos acciones tiene derecho a recibir una única indemnización, lo cual implica que si se produce primero el pago en el proceso penal, la respectiva cantidad se descontará de la que eventualmente se ordene en el trámite administrativo, sin que ello exonere al funcionario autor del hecho delictivo que canceló la respectiva suma, de responder ante el Estado en la proporción que se establezca en el proceso de repetición, siempre que se cumplan los presupuestos del inciso segundo del artículo 90 de la Constitución Política, criterio vigente, unánime y reiterado en la jurisprudencia del Consejo de Estado12.
11. En suma, con sustento en las anteriores consideraciones, la Sala accederá a reponer la decisión adoptada el pasado 24 de febrero, para en su lugar, como se cumplen los requisitos exigidos en la ley procesal penal aplicable, declarar extinguida la acción penal adelantada contra los aquí acusados, con base en el pago de los perjuicios probados y declarados en el fallos de segundo grado, lo cual equivale a indemnización integral en este asunto.
En consecuencia el correlativo efecto, de conformidad con los artículos 38 y 39 de la Ley 600 de 2000, es el de cesar todo procedimiento a favor de ELIANA MUÑOZ PÉREZ y JUAN ORLANDO MARTÍN MARTÍNEZ con ocasión del delito de homicidio culposo atribuido a ellos, quedando relevada la Sala por sustracción de materia, como es obvio, para pronunciarse sobre la calificación de las demandas.
Consecuente con lo anterior se dispondrá que el Juez de Primera Instancia ordene entregar o hacer efectivos en favor de la Parte Civil aquí reconocida, por conducto de su apoderado, los depósitos judiciales Nº 185224867 y Nº 185192128, cada uno por doce millones ochocientos ochenta y siete mil pesos ($12’887.000), dado que ante la aludida autoridad se constituyeron los respectivos títulos valores.
Así mismo se ordenara remitir al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario copia de la presente decisión, una vez quede la misma en firme, para los fines de ley en el trámite de la cancelación de la obligación impuesta en la sentencia dictada en el Tribunal Administrativo de Boyacá el 22 de agosto de 2014, dentro del radicado Nº 150002331000200501424-01, en el proceso de reparación directa promovido por Ligia Sierra Cortés y otros, contra esa entidad.
Con esta decisión, en lo referente al carácter vinculante de la condena civil emitida en el proceso penal para quienes allí se constituyan en Parte Civil, se unifica el criterio de la Sala que hasta ahora lo era de carácter mayoritario13.
Por último, no hay lugar a proveer acerca de la libertad de los procesados dado que ese derecho no les fue restringido en forma material en el curso de la actuación, y en el fallo de segundo grado les fue concedida la suspensión condicional de la ejecución de la condena, decisión que por razón de la cesación de procedimiento aquí ordenada pierde fuerza vinculante, y por lo tanto le corresponde al juez de primera instancia librar las comunicaciones legales y cancelar los compromisos adquiridos por los enjuiciados con ocasión del adelantamiento de este proceso.
En firme la presente decisión, el proceso deberá remitirse al juez de primera instancia para lo de su competencia.
En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL,
IV. RESUELVE:
1. REPONER la decisión emitida dentro de este proceso el 24 de febrero del año en curso.
2. DECLARAR EXTINGUIDA la acción penal por indemnización integral y disponer la cesación de todo procedimiento en favor de ELIANA MUÑOZ PÉREZ y JUAN ORLANDO MARTÍN MARTÍNEZ con ocasión del delito de homicidio culposo atribuido a ellos.
3. INFORMAR de esta decisión a la Unidad de Antecedentes y Anotaciones Judiciales de la Fiscalía General de la Nación, para su registro.
4. ORDENAR al juez de primera instancia hacer efectivos en favor de la Parte Civil aquí reconocida, por conducto de su apoderado, los depósitos judiciales Nº 185224867 y Nº 185192128, cada uno por doce millones ochocientos ochenta y siete mil pesos ($12’887.000).
5. Remitir al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario copia de la presente decisión, una vez quede en firme, para los fines de ley en el trámite de la cancelación de la obligación impuesta en las sentencia dictada en el Tribunal Administrativo de Boyacá el 22 de agosto de 2014, dentro del radicado Nº 150002331000200501424-01, en el proceso de reparación directa promovido por Ligia Sierra Cortés y otros, contra esa entidad.
6. El juez de primera instancia librará las comunicaciones legales y cancelara los compromisos adquiridos por los procesados con ocasión del adelantamiento de este proceso.
Contra esta decisión procede el recurso de reposición.
NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE
GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ
PRESIDENTE
JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO
JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ
FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO
EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER
EYDER PATIÑO CABRERA
PATRICIA SALAZAR CUELLAR
LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria
1 Cuaderno del Tribunal, folios 7-158, 159-185, 203-320 y 322-388.
2 Cuaderno original de la Corte, folios 7-14.
3 Cf., entre otros, AP 7 mar. 2007, rad. Nº 23481, AP. 2 abr. 2008, rad. Nº 28716, y AP 9 feb. 2011, rad. Nº 35064.
4 CSJ. AP 18 feb. 2000, rad. Nº 16515.
5 CSJ. AP 18 may. 2000, rad. Nº 16704.
6 Cuaderno de la Parte Civil, folio 1-23.
7 Cuaderno del Tribunal, folios 389-395.
8 Cuaderno # 2, folios 372-377 y 477-488. Cuaderno # 5, folios 1249 y 1250.
9 Cuaderno del Tribunal, folios 154-156.
10 Por todos los apartes entre comillas consultar: C-899 del 7 de octubre 2003.
11 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 5 de diciembre de 2006, Radicación Nº 25000-23-26-000-1995-01359-01 (15046).
12 Consultar acerca de la responsabilidad del funcionario en el juicio de repetición, entre otras, sentencias de 29 de enero de 2009, Radicación Nº 76001-23-25-000-1993-09192-01(16050), y 29 de agosto de 2014, Radicación Nº 85001-23-31-000-2010-00033-01(41125), ambas de la Sección Tercera.
13 CSJ AP1374-2015, 18 mar. 2015, rad. 44985.