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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO
Magistrado
AHP759-2016
Radicación n° 47549
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil dieciséis (2016).
ASUNTO
Resuelve el Despacho la impugnación presentada por Rulbeth Montaña Rodríguez contra la decisión del 5 de febrero del año en curso, por medio de la cual un Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Neiva declaró improcedente la solicitud de hábeas corpus invocada por el mencionado, quien se encuentra privado de la libertad en el establecimiento penitenciario y carcelario de dicha ciudad, en razón de la sentencia condenatoria proferida en su contra por el delito de rebelión.
LA PETICIÓN
Sostiene el accionante que se encuentra actualmente privado de la libertad en el centro carcelario de Neiva desde el «03-08-201 (sic)», cuando fue detenido por efectivos de la Policía Nacional en el municipio de Garzón (Huila), quienes lo dejaron a disposición de la Fiscalía de Neiva, desconociendo actualmente si está «condenado o sindicado», el despacho que adelanta la actuación en su contra y el delito por el que se le acusa.
Destaca que estuvo privado de la libertad durante 17 meses en el centro carcelario de Florencia (Caquetá), en razón de un proceso que se adelantó en su contra en el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Neiva, donde fue absuelto.
En consecuencia, solicita se disponga su libertad inmediata o se aclare su situación jurídica, informándole a órdenes de qué despacho judicial se encuentra, si está condenado o sindicado y el tiempo de privación de libertad; lo anterior a efectos de obtener beneficios administrativos y redención de pena.
DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA
El Magistrado a quien correspondió la acción constitucional, después de agotar el procedimiento establecido en el artículo 5° de la Ley 1095 de 2006, señaló que la acción de hábeas corpus no resultaba procedente, por las siguientes razones:
(i) Se acreditó que en el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Neiva se adelantó proceso en contra del ciudadano Montaña Rodríguez por el delito de secuestro extorsivo, entre otros, siendo absuelto en sentencia del 15 de diciembre de 2014, que impugnada fue revocada parcialmente por el Tribunal Superior de dicha ciudad, quien lo condenó como autor responsable del delito de rebelión, imponiéndole como sanción 96 meses de prisión y 133.33 SMLMV de multa, decisión que adquirió ejecutoria el 10 de marzo de 2015.
(ii) Como en la aludida decisión, al sentenciado, quien se encontraba en libertad, le fueron negados los mecanismos sustitutivos de la pena de prisión, se libró en su contra orden de captura por la Sala de Decisión Penal respectiva, reiterada por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas de Neiva, encargado de vigilar el cumplimiento de la sanción, que se materializó el 2 de agosto de 2015, siendo legalizada al día siguiente ante el establecimiento penitenciario y carcelario de esa ciudad.
(iii) En consecuencia, consideró el a quo, que lo demostrado en la actuación evidencia que el solicitante no se encuentra ilegalmente privado de la libertad, siendo que dicha restricción obedece a la condena ejecutoriada que se le impuso por el delito de rebelión, cuya pena está descontando desde el 2 de agosto de 2015, la cual tampoco se ha cumplido.
IMPUGNACIÓN
Cabe destacar que el accionante, al momento de notificarse de la decisión que le negó la protección deprecada, plasmó con su rúbrica que la impugnaba, situación que conlleva a que se realice un estudio de la petición de amparo.
CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
1. Competencia de la Corte.
El suscrito Magistrado es competente para conocer en segunda instancia de la impugnación interpuesta contra la providencia del 5 de febrero de 2016, mediante la cual un Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Neiva negó la solicitud de hábeas corpus presentada en nombre propio por el condenado Rulbeth Montaña Rodríguez, según lo dispone el numeral 2° del artículo 7° de la Ley 1095 de 2 de noviembre de 2006.
2. Procedencia de la acción de hábeas corpus.
Como lo ha precisado la jurisprudencia de la Corte, el artículo 30 de la Constitución Política consagra el derecho fundamental de hábeas corpus, acción reconocida en varios instrumentos internacionales tales como, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre.
Así, el hábeas corpus, conforme al artículo 27.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el 4° de la Ley 137 de 1994 (Estatutaria sobre Estados de Excepción), es un derecho intangible y de aplicación inmediata consagrado en la Constitución Política, reconocido como tal en los tratados internacionales que forman parte del denominado bloque de constitucionalidad.
En síntesis, se trata de la garantía más importante para la protección del derecho a la libertad, reglado en el artículo 28 de la Carta Política, el cual reconoce en forma expresa que todo sujeto es libre, que nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.
Es allí donde la Carta Política asigna a la ley la función de regular la garantía fundamental, esto es, fijar las condiciones dentro de las cuales aquella puede ser restringida.
Es decir, pese a su indiscutible consagración constitucional, no es un derecho absoluto, según se desprende de lo previsto en el citado artículo 28 de la Constitución, pues aun cuando es cierto que el hábeas corpus es el medio por excelencia para su protección, también lo es que su aplicación está sujeta al debido proceso.
En tales condiciones, cabe también recordar que este amparo, como lo establece la Constitución Política y lo desarrolla la Ley 1095 de 2006, es un derecho constitucional fundamental que tutela la libertad personal en los siguientes casos concretos:
(i) Cuando la aprehensión de una persona se lleva a cabo por fuera de las formas constitucional y legalmente previstas para ello, valga decir, la orden judicial previa (artículos 28 de la Constitución Política, 2° y 297 de la Ley 906 de 2004), la flagrancia (artículos 345 de la Ley 600 de 2000 y 301 de la Ley 906 de 2004), la captura públicamente requerida (artículo 348 de la Ley 600 de 2000), la captura excepcional (artículo 21 de la Ley 1142 de 2007) y la captura administrativa (sentencia C-24 del 27 de enero de 1994), esta última con fundamento directo en el artículo 28 de la Carta y, por ello, de no necesaria consagración legal, tal como sucedió –y ocurre– en vigencia de la Ley 600 de 2000.
(ii) Cuando, obtenida legalmente la captura, la privación de la libertad se prolonga más allá de los términos previstos en la Constitución y en la ley. En tal supuesto, la acción de hábeas corpus tiene por objeto que el servidor público: i) lleve a cabo la actividad a que está obligado (por ejemplo: dejar a disposición judicial el capturado, hacer efectiva la libertad ordenada, etc.) o bien, ii) adopte la decisión correspondiente al caso (verbi gratia ordenar la libertad frente a la captura ilegal, presentar el escrito de acusación, instalar el juicio oral, entre otras hipótesis posibles).
De otra parte, es preciso señalar que como la acción constitucional de hábeas corpus está orientada a proteger a la persona de la privación ilegal de la libertad o de su indebida prolongación, al juez constitucional, en el caso puesto a su consideración, le está vedado incursionar en terrenos extraños a este específico tema, so pena de invadir órbitas que son propias de la competencia del juez natural al que la ley le ha asignado su conocimiento, pues de lo contrario desborda la naturaleza de su función constitucional, destinada por excelencia a la protección del derecho fundamental de la libertad.
En otros términos, conforme se ha indicado por esta Corte de forma constante, la procedencia de la acción de hábeas corpus se encuentra supeditada a que el afectado con la privación ilegal de la libertad, o con su ilícita prolongación, haya acudido primero a los medios previstos en el ordenamiento legal dentro del proceso que se le adelanta, pues, reitérese, lo contrario conduce a una injerencia indebida en las facultades que son propias del juez que conoce de la actuación respectiva.
Ahora, si bien la acción de hábeas corpus no es necesariamente residual y subsidiaria, también lo es que cuando existe un proceso o actuación judicial en trámite, no puede utilizarse con ninguna de las siguientes finalidades: (i) sustituir los procedimientos judiciales comunes dentro de los cuales deben formularse las peticiones de libertad; (ii) reemplazar los recursos ordinarios de reposición y apelación establecidos como mecanismos legales idóneos para impugnar las decisiones que interfieran el derecho a la libertad personal; (iii) desplazar al funcionario judicial competente; y (iv) obtener una opinión diversa —a manera de instancia adicional— de la autoridad llamada a resolver lo atinente a la libertad de la persona1.
Por tanto, a partir del momento en que se impone la medida de aseguramiento, todas las peticiones que tengan relación con la libertad del procesado deben elevarse al interior del proceso penal, no a través del mecanismo constitucional de hábeas corpus, pues esta acción no está llamada a sustituir el trámite del proceso penal ordinario.
Lo anterior, salvo que la decisión judicial por medio de la cual se interfiere en el derecho a la libertad personal, pueda catalogarse como una vía de hecho o se vislumbre la prosperidad de alguna de las otras causales genéricas que hacen viable la acción de tutela; hipótesis en las cuales, “aun cuando se encuentre en curso un proceso judicial, el hábeas corpus podrá interponerse en garantía inmediata del derecho fundamental a la libertad, cuando sea razonable advertir el advenimiento de un mal mayor o de un perjuicio irremediable, en caso de esperar la respuesta a la solicitud de libertad elevada ante el mismo funcionario judicial, o si tal menoscabo puede sobrevenir de supeditarse la garantía de la libertad a que antes se resuelvan los recursos ordinarios”2.
En esa medida, para denegar la acción de hábeas corpus no es suficiente con expresar que la persona se encuentra privada de la libertad por cuenta de una actuación procesal o que dentro del trámite existan recursos para debatir la situación tildada de lesiva del derecho a la libertad personal, pues en tal evento resulta necesario examinar el caso concreto en orden a establecer si se presenta una vía de hecho, como eventualmente puede presentarse, verbi gratia, cuando cumpliéndose las circunstancias fácticas y legales que hacen procedente la libertad se niega sin fundamento legal o razonable.
3. El caso concreto.
De acuerdo con las precisiones que anteceden, se observa que el amparo solicitado resulta improcedente, por lo que se confirmará la decisión impugnada, de conformidad con las siguientes razones:
3.1 Según las constancias que obran en la presente actuación, mediante sentencia adiada 25 de febrero de 2015, la Sala Penal del Tribunal Superior de Neiva revocó parcialmente el fallo absolutorio proferido el 15 de diciembre de 2014 por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de esa ciudad y, en su lugar, condenó al procesado Rulbeth Montaña Rodríguez a las penas principales de 96 meses de prisión y 133.33 SMLMV de multa, como autor responsable del delito de rebelión, proveído que adquirió firmeza el 10 de marzo siguiente.
Ahora, como en la mencionada decisión le fueron negados al sentenciado los mecanismos sustitutivos de la prisión, tanto el ad quem como el juez encargado de vigilar el cumplimiento de la sanción, libraron orden de captura en contra de aquel para hacer efectiva la pena, la que se materializó el 2 de agosto de 2015, siendo legalizada al día siguiente ante el establecimiento penitenciario y carcelario de Neiva.
Surge patente entonces, que la privación de la libertad del ciudadano Montaña Rodríguez es consecuencia directa e inmediata de la condena emitida en su contra por un juez de la república, luego de agotado el respectivo proceso judicial, y dado que en la sentencia le fueron negados el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena y el sustitutivo de la prisión domiciliaria, improcedentes en el caso concreto, actualmente se encuentra descontando pena en un centro carcelario, de modo que como aquella no puede catalogarse de ilegal, no es procedente el amparo constitucional deprecado, tal como acertadamente lo concluyó la primera instancia.
3.2 De otra parte, tampoco puede afirmarse que en el presente asunto se configura una prolongación ilícita de la privación de la libertad, habida cuenta que la pena de prisión impuesta al sentenciado Montaña Rodríguez –96 meses– aún no se ha cumplido, pues según consta en el presente diligenciamiento, el mencionado se halla privado de la libertad por razón de esta actuación desde el 2 de agosto de 2015, es decir, a la fecha ha descontado físicamente un poco más de seis meses de pena.
En esa medida, es claro que en el caso concreto no se actualiza la segunda hipótesis que haría procedente la acción de hábeas corpus, valga decir, que el sentenciado haya cumplido la totalidad de la pena impuesta y pese a ello continúe privado de la libertad.
3.3 Finalmente, en cuanto a la pretensión del accionante relativa a que a través de la presente solicitud de amparo constitucional se clarifique su situación jurídica, concretamente en punto de determinar el cómputo de la pena cumplida a la fecha, en orden a obtener su redención y beneficios administrativos, la misma es abiertamente refractaria a la acción de hábeas corpus, habida cuenta que ésta no está prevista para desplazar a los funcionarios judiciales competentes para decidir tales aspectos, por lo que al juez constitucional le está vedado inmiscuirse en asuntos distintos a aquel que orienta la presente solicitud de amparo, cuya finalidad es la protección del derecho fundamental de la libertad.
Además, la acción incoada tampoco está diseñada para sustituir los procedimientos judiciales dentro de los cuales deben ventilarse peticiones de la naturaleza de las formuladas por el condenado, esto es, aquellas atinentes a la ejecución de la sanción, puesto que la ley señala el trámite que debe seguirse para tal efecto y el funcionario judicial competente para resolverlas, valga decir, el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.
Así las cosas, el ciudadano Montaña Rodríguez podrá, si así lo considera, acudir a dicho funcionario encargado de vigilar el cumplimiento de la sanción, para que absuelva las solicitudes referidas ut supra.
En conclusión, el Despacho encuentra improcedente el amparo constitucional impetrado por Rulbeth Montaña Rodríguez, por lo cual, tal como se anunció, confirmará la decisión recurrida.
En mérito de lo expuesto, el Suscrito Magistrado de la SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,
RESUELVE
1. CONFIRMAR la providencia impugnada, por medio de la cual un Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Neiva declaró improcedente la acción constitucional de hábeas corpus incoada por Rulbeth Montaña Rodríguez.
2. DISPONER la devolución del expediente al Tribunal de origen.
Notifíquese y cúmplase,
FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO
Magistrado
Nubia Yolanda Nova García
Secretaria
1 CSJ AHP, 26 Jun. 2008, rad. 30066.
2 CSJ AHP, 26 Jun. 2008, rad. 30066.