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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
Magistrado Ponente
FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO
Aprobado Acta Nº 188
Bogotá, D. C., junio dieciocho (18) de dos mil trece (2013).
VISTOS
Decide la Sala la solicitud de cambio de radicación formulada por el fiscal del caso, Antonio Farfán Barrero, respecto del proceso que se adelanta contra Jorge Enrique Ochoa, Jhonni Alberto Otero, Eduar Rodríguez y Efraín Feria, en el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Valledupar.
ANTECEDENTES RELEVANTES
Los hechos que dieron origen al proceso, tienen que ver con el homicidio del concejal del municipio de La Paz, departamento del Cesar, señor Efraín Ovalle Oñate ocurrido el 25 de febrero de 2012, en el que al parecer está relacionada la banda criminal conocida como “Los Ratrojos” y miembros de la familia del cantante vallenato, Jorge Oñate.
Por estos hechos fueron acusados Jorge Enrique Ochoa, Jhonni Alberto Otero, Eduar Rodríguez y Efraín Feria, estando pendiente la iniciación del juicio oral, audiencia que está programada para el próximo 19 de junio.
FUNDAMENTOS DE LA PETICIÓN
El fiscal de la Unidad de Derechos Humanos, Dr. Antonio Farfán Barrero, señala que existen amenazas de muerte contra varios de los testigos del hecho criminal, las cuales documenta a partir de las denuncias instauradas por éstos y sus familiares.
Precisa que dos de los testigos se encuentran actualmente recluidos en la cárcel de la ciudad de Valledupar, donde han recibido amenazas de muerte por razón de su conocimiento frente a los hechos de los que fue víctima el ciudadano Efraín Ovalle Oñate, las cuales ya fueron puestas en conocimiento de las autoridades.
Añade que una de las personas que suministró importante información para el caso, Fernando Arroyo, está desaparecido desde el mes de noviembre de 2012 y su compañera quien denunció tal hecho, señala que posiblemente fue asesinado.
También que contra los familiares de la víctima, así como respecto de Luis Eduardo Arredondo, persona que resultó herida en el atentado contra el concejal (q.e.p.d) y uno de los investigadores de la fiscalía, se han lanzado varias amenazas de muerte, situación que ha sido objeto de denuncia penal por quienes han recibido esas intimidaciones de las cuales el peticionario allega copia.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1. De conformidad con lo establecido en el numeral 8° del artículo 32 de la Ley 906 de 2004, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia es competente para decidir sobre la solicitud de cambio de radicación elevada por el procesado, quien persigue que el trámite se traslade de la ciudad de Valledupar a la de Bogotá.
2. El cambio de radicación, como excepción a los factores que determinan la competencia territorial, tiene como finalidad preservar la imparcialidad o la independencia en la administración de justicia, las garantías procesales, la publicidad del juzgamiento y la seguridad e integridad personal de las partes e intervinientes, así como de los funcionarios judiciales, de allí que dada su excepcionalidad, corresponda al sujeto procesal que lo solicita, la demostración de alguno de los anteriores supuestos, pues dicha figura procesal siempre será de carácter extremo, residual y procedente sólo en los casos taxativamente señalados en la ley.
3. En el proceso que regula la Ley 906 de 2004, el trámite de este instituto se regula en el capítulo IV del Título I, artículos 46 y siguientes y frente a la oportunidad para promoverlo, se indica en el artículo 47, que éste debe intentarse antes de iniciarse la audiencia de juicio oral.
4. Para el presente caso, el peticionario cumple con el requisito de solicitar el cambio de radicación en la oportunidad antes señalada, dado que se encuentra pendiente la iniciación del juicio oral el 19 de junio del año que trascurre.
5. En cuanto a los motivos que expone el solicitante para demandar que el conocimiento del proceso, sea asumido por un funcionario distinto al juez al que por razón del factor territorial le corresponde decidir este asunto, la Corte los encuentra fundados, pues deben tenerse por ciertas las amenazas de muerte de las que han sido víctimas varios de los testigos, los familiares del occiso y uno de los investigadores del caso, por cuanto fueron dadas a conocer bajo la gravedad del juramento a través de la denuncia instaurada ante la Fiscalía General de la Nación y los hechos también fueron reiterados ante la Policía Nacional y la Defensoría del Pueblo, autoridades que mostraron su preocupación, trasmitiéndolos al ente acusador para que se tomen las medidas necesarias para la protección de los amenazados.
Frente a la seguridad de los testigos, se ha dicho que la participación de éstos hace parte de los intereses de la justicia1, razón por la que el Estado está en el deber de garantizar su comparecencia al proceso con todas las garantías, al estar obligados a informar el conocimiento que les asiste sobre la comisión de un hecho delictivo y sus posibles responsables.
Esta situación debe considerarse como extrema e irregular, pues con claridad logra afirmarse que el riesgo para la integridad de los testigos, sin lugar a dudas, afecta el normal desarrollo de la sensible, pero imprescindible tarea de administrar justicia.
Y se afirma lo anterior porque la integridad de los testigos en casos específicos como el que es objeto de estudio, puede influir en el destino final del juicio, toda vez que de una u otra manera, pueden ser influenciados para que declaren de una manera parcializada o desvirtúen sus versiones iniciales.2
Desde esa perspectiva, resulta incuestionable la procedencia de la solicitud de cambio de radicación, por cuanto es claro que la asignación del proceso a su juez natural, esto es, al Juez Penal del Circuito Especializado de Valledupar, no garantizaría a plenitud el adecuado ejercicio de la administración de justicia.
Así las cosas, es preciso acudir al mecanismo que excepciona el factor territorial para disponer, en consecuencia, la radicación del presente asunto en los Juzgados Penales del Circuito Especializados de Cundinamarca.
De otra parte, se insta a la Fiscalía General de la Nación para que en cumplimiento de los deberes que consagra el numeral 7º del artículo 250 constitucional, tome en forma inmediata y efectiva las medidas necesarias para la protección de los testigos y las víctimas en este proceso, incluyendo aquellos que se encuentran privados de su libertad en la Cárcel de Valledupar, en orden a que se disponga su traslado a otro centro de reclusión que al mismo tiempo facilite su comparecencia al lugar en el que se adelantará el juicio.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
RESUELVE
PRIMERO: DISPONER el cambio de radicación del proceso seguido contra Jorge Enrique Ochoa, Jhonni Alberto Otero, Eduar Rodríguez y Efraín Feria, del Distrito Judicial de Valledupar, al de Cundinamarca.
SEGUNDO: ASIGNAR el conocimiento del asunto a los Juzgados Penales del Circuito Especializados de Cundinamarca, a cuya oficina de reparto se remitirá el expediente.
Contra esta decisión no procede ningún recurso.
Cópiese, comuníquese y cúmplase.
JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ
JOSE LUIS BARCELÓ CAMACHO FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO
MARIA DEL ROSARIO GONZÁLEZ MUÑOZ GUSTAVO E. MALO FERNÁNDEZ
LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO JAVIER ZAPATA ORTIZ
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria
1 Autos del 13 de diciembre de 2005 radicación 24490, criterio reiterado en autos del 7 de marzo de 2006 radicados 25015 y 25017 y auto del 25 de octubre de 2007 radicación 28609.
2 Auto del 10 de octubre de 2006, radicado 26119.