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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
MAGISTRADO PONENTE
JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO
Aprobado: Acta No. 464-
Bogotá, D. C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil doce (2012).
ASUNTO
La Corte Suprema de Justicia de Colombia emite concepto sobre la solicitud de extradición formulada por el Gobierno de los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en nuestro país, respecto de la ciudadana colombiana CLAUDIA BEATRIZ RICAURTE MORALES
ACTUACIÓN JUDICIAL RELEVANTE
1. Mediante Nota Verbal No. 2988 del 28 de noviembre de 20111, la Embajada de los Estados Unidos de América solicitó la detención provisional con fines de extradición de la ciudadana colombiana CLAUDIA BEATRIZ RICAURTE MORALES, petición que formalizó con la Nota Verbal No. 2609 del 8 de noviembre de 20122.
2. El Ministerio de Justicia y del Derecho, previo concepto de su homólogo de Relaciones Exteriores sobre la inexistencia de convenio aplicable al caso, remitió a la Corte la documentación enviada por la Embajada de los Estados Unidos de América, debidamente traducida y autenticada3.
3. Una vez allegado el expediente a la Corte, la señora CLAUDIA BEATRIZ RICAURTE MORALES, presentó poder otorgado a su defensor de confianza4, quien posteriormente informó la decisión de su prohijada de acogerse al procedimiento de extradición simplificada, trámite en el que coadyuvó5.
4. La Sala mediante auto del 29 de noviembre de 20126, dispuso oficiar al Ministerio Público para que manifieste si coadyuva en dicho trámite, de acuerdo con lo previsto en el artículo 70 de la Ley 1453 de 2011.
La señora Procuradora Tercera Delegada para la Casación Penal indicó que dicha solicitud resulta procedente por cuanto de la documentación que obra en el expediente, se establece que la requerida se acogió al procedimiento de manera libre y espontánea, y fue debidamente asesorada por su defensor sobre las consecuencias que se derivan de la renuncia al trámite extraordinario de extradición.
Adicionalmente, propuso conceptuar de manera favorable la petición de extradición presentada por el Gobierno de los Estados Unidos, en contra de la ciudadana colombiana de nacimiento, CLAUDIA BEATRIZ RICAURTE MORALES, por los cargos atribuidos, al considerar satisfechas las exigencias constitucionales y legales para proceder en esa dirección.
DOCUMENTOS ALLEGADOS
Con la Nota Verbal No. 2609 del 8 de noviembre de 20127, la Embajada de los Estados Unidos de América aportó, con su respectiva traducción, los siguientes documentos:
1. Nota Verbal No. 2988 del 28 de noviembre de 20118, por medio de la cual la Embajada del Estado peticionario solicitó la detención provisional con fines de extradición de la señora CLAUDIA BEATRIZ RICAURTE MORALES.
2. Declaraciones en apoyo de la solicitud rendidas bajo juramento el 19 de octubre de 2012 ante un Juez Magistrado de los Estados Unidos, del Distrito Del Sur de Florida, por Andrea G. Hoffman9, Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos en ese Distrito; y por Kevin M. Hannon10, Agente Especial de la Administración de cumplimiento de Leyes sobre Drogas.
3. Acusación Formal de Remplazo No. 11-20552-CR-GRAHAM(s)(s) del 10 de noviembre de 201111, emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito del Sur de Florida, en la que se le formulan cargos a la señora CLAUDIA BEATRIZ RICAURTE MORALES, por los delitos de concierto para delinquir agravado y lavado de activos.
4. Orden de arresto de fecha 10 de noviembre de 2011 contra la señora CLAUDIA BEATRIZ RICAURTE MORALES 12.
5. Trascripción de las disposiciones legales aplicables.
6. Certificación de la Vicecónsul de Colombia en Washington D.C. Estados Unidos, sobre la autenticidad de la firma de Patrick O. Hatchet, quien se desempeña como auxiliar de autenticaciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos13.
CONSIDERACIONES.
La Sala emitirá concepto favorable para la extradición de la ciudadana colombiana CLAUDIA BEATRIZ RICAURTE MORALES, pues se reúnen los requisitos legales exigidos para ello.
1. Validez formal de la documentación presentada.
Según las normas procedimentales colombianas, se exige que la solicitud de extradición se haga por vía diplomática, o de manera excepcional por la consular o de gobierno a gobierno, acompañada de los siguientes documentos, en la forma establecida en la legislación del Estado requirente: (i) copia o trascripción auténtica de la acusación o del fallo dictado en el país extranjero, o su equivalente; (ii) indicación exacta de los actos que determinaron la solicitud de extradición y del lugar y la fecha en que fueron ejecutados; (iii) todos los datos que se posean y que sirvan para establecer la plena identidad de la persona reclamada; y (iv) copia auténtica de las disposiciones penales aplicables para el caso14.
El artículo 259 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el Artículo 1°, numeral 118 del Decreto 2282 de 1989, establece, a su vez, que los documentos públicos otorgados en país extranjero por sus funcionarios, o con su intervención, deberán presentarse debidamente autenticados por el cónsul o agente diplomático de la República, o en su defecto por el de una nación amiga. Así mismo, la firma del cónsul o agente diplomático debe ser abonada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y si se trata de agentes consulares de un país amigo, se autenticarán previamente por el funcionario competente del mismo y los de éste por el cónsul colombiano15.
Estas exigencias de carácter formal se hallan debidamente reunidas en el caso analizado. En efecto, Magdalena A. Boynton, Directora Asociada de la Oficina de Asuntos Internacionales, División de lo Penal, Departamento de Justicia de los EE.UU. Washington DC., certificó las firmas de quienes suministraron las declaraciones de apoyo a la solicitud de extradición16; el Procurador de los Estados Unidos, Eric H. Holder Jr., hizo lo propio con aquélla y el Director Adjunto de la Oficina de Asuntos Internacionales autenticó la de éste17, todo lo cual fue certificado por Hillary Rodham Clinton, Secretaria de Estado, y por Patric O. Hatchet, funcionario Auxiliar de Autenticaciones del Departamento de Estado18.
De igual manera, la Vicecónsul de Colombia en Washington D.C., cuya firma es refrendada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, dio fe de que en efecto, quien suscribe el documento es el funcionario auxiliar de autenticaciones del Departamento de Estado19.
En las anotadas condiciones, se concluye que los requerimientos formales de legalización de la documentación que sirven de sustento a la solicitud de extradición, exigidos por las normas del Estado requirente y el Estado Colombiano, se cumplieron a cabalidad y, que desde esta perspectiva, los documentos aportados con tal fin se tornan aptos para ser considerados por la Corte en el estudio que debe preceder el concepto.
2. Plena identidad de la persona reclamada en extradición.
El Gobierno de los Estados Unidos informó en su petición que la requerida se llama CLAUDIA BEATRIZ RICAURTE MORALES, es ciudadana colombiana nacida el cinco (5) de noviembre de 1974 en Colombia, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.211.579, datos que corresponden a quien permanece privada de la libertad desde el 10 de septiembre de 2012 con fundamento en Nota Verbal No. 2988 del 28 de noviembre de 2011, procedente de la Embajada de los Estados Unidos de América20, información que también se consigna en la orden de captura de fecha 12 de diciembre de ese año proferida por la entonces Fiscal General de la Nación (e)21.
Registros que confrontados con el Informe del Investigador de Laboratorio FPJ-1322 practicado por un Técnico Profesional en Dactiloscopia, el informe de consulta web de la Registraduría Nacional del Estado Civil23 y el acta de verificación de garantías fundamentales al trámite de extradición simplificada que efectuó el Ministerio Público24 dan cuenta que se trata de la persona requerida en extradición por el Gobierno de los Estados Unidos.
Por tanto, queda satisfecho el segundo de los presupuestos a los que alude el artículo 495 de la Ley 906 de 2004 para que la extradición solicitada se pueda otorgar.
3. Principio de la doble incriminación.
Este postulado impone verificar que los comportamientos delictivos imputados a la persona reclamada en el país solicitante estén previstos como delito en Colombia, y que tengan establecida una sanción privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a cuatro (4) años. Se analizarán, por tanto, estos condicionamientos.
CLAUDIA BEATRIZ RICAURTE MORALES es solicitada en extradición por el Gobierno de los Estados Unidos de América para que comparezca a responder en juicio por los delitos de concierto para delinquir agravado y lavado de activos, según lo establece el contenido de la Acusación No: 11-20552-CR-GRAHAM(s)(s) del 10 de noviembre de 2011. El cargo formulado en su contra es del siguiente tenor25:
SEGUNDA ACUSACIÓN DE REEMPLAZO
El Gran Jurado acusa que:
CARGO 2
Comenzando en o alrededor de enero de 2007, la fecha exacta siendo desconocida por el Gran Jurado, y continuando hasta la fecha en la que se emitió la segunda acusación de reemplazo, en los condados de Miami – Dade y Broward, en el Distrito Sur de la Florida, y en otros lugares, los acusados, … CLAUDIA BEATRIZ RICAURTE MORALES y otros, a sabiendas e intencionalmente se unieron, conspiraron, confabularon y llegaron a un acuerdo entre si y con otros conocidos y desconocidos por el Gran jurado, para cometer ciertas ofensas en contra de los estados Unidos, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 1956 y 1957, a saber:
(a) realizar a sabiendas una transacción financiera afectando el comercio interestatal y extranjero, transacción que implicó las ganancias procedentes de una actividad ilícita especificada, sabiendo que esa transacción fue diseñada en su totalidad o en parte para ocultar y disfrazar la naturaleza, ubicación, fuente, titularidad y control de las ganancias procedentes de una actividad ilícita especificada, y sabiendo que la propiedad implicada en la transacción financiera representaba las ganancias procedentes de algún tipo de actividad ilícita, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 1956(a)(1)(B)(i); y
(b) participar a sabiendas en una transacción financiera afectando el comercio interestatal y extranjero, con propiedad derivada de forma delictiva por un valor de más de $10.000 y derivada de una actividad ilícita especificada, en violación al Título 18, Código de Estados Unidos, Secciones 1957 (sic).
Se imputa además que la actividad ilícita especificada es el delito grave de importación, exportación, recepción, ocultamiento, compra, venta y cualquier otro trato que implique una sustancia controlada, sancionable según las leyes de los Estados Unidos y Colombia. Todo en violación del Título 18, Código de los Estados unidos, Sección 1956(h).
DECOMISO PENAL
(…)
3. Tras una condena por cualquiera de las violaciones imputadas en los cargos 2 al 37 de la segunda acusación de reemplazo, los acusados, CLAUDIA BEATRIZ RICAURTE MORALES y otros, deberán ceder a los Estados Unidos cualesquiera propiedad, inmueble o personal, implicada en las ofensas antedichas y cualquier propiedad rastreable a tal propiedad, incluyendo por lo menos, pero sin limitarse a, lo siguiente:
(a) La suma total de cincuenta y cinco millones de dólares ($55,000,000.00) en moneda estadounidense.
(b) $2,971,533.00 en moneda estadounidense la cual ha sido confiscada. En virtud del título 18, Código de Estados Unidos, Sección 928(a)(1).
4. Si cualquier propiedad sujeta a decomiso descrita en la sección de decomiso de la segunda acusación de reemplazo, como resultado de cualquier acto u omisión de los acusados,
(a) no puede localizarse tras haberse ejercido la debida diligencia:
(b) ha sido transferida o vendida a, o depositada en manos de un tercero;
(c) ha sido puesta fuera del alcance de la jurisdicción del Tribunal;
(d) ha disminuido considerablemente de valor; o
(e) ha sido integrada con otras propiedades las cuales no pueden dividirse sin dificultad.
Es la intención de los Estados Unidos, en virtud del Título 21, Código de Estados Unidos, Sección 853(g), tal como se incorpora en el Título 18, código de los Estados Unidos, Sección 982(b)(1), procurar el decomiso de cualquier otra propiedad de dicho(s) acusados(s) hasta ascender al valor de la propiedad sujeta al decomiso mencionada anteriormente.
Todo en virtud del Título 28, código de los Estados Unidos, Sección 2461(c), Título 18, Código de Estados Unidos, Secciones 981(a)(1)(c), 982(a)(1) y 982(b) y el Título 21, Código de Estados Unidos, Sección 853.
Las conductas atribuidas por la Corte Distrital de los Estados Unidos Distrito Del Sur de Florida, se recogen en la legislación penal colombiana, así:
Las infracciones descritas en la acusación emitida por el tribunal federal de Distrito para el Distrito Sur de Florida, se encuentran contenidas en el artículo 340 (Modificado por el artículo 8º de la Ley 733 de enero 29 de 2002, y por el artículo 19 de la Ley 1121 de 2006) bajo la denominación de concierto para delinquir agravado y en el artículo 323 (modificado por el artículo 11 de la Ley 1453 de 2011) tipificado como lavado de activos, del Código Penal expedido mediante la Ley 599 de 2000.
Artículo 340. (Modificado por la Ley 733 de 2002, artículo 8º). Concierto para delinquir. Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada, por esa sola conducta, con prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses.
(Inciso 2º modificado por la Ley 1121 de 2006, artículo 19). Cuando el concierto sea para cometer delitos de genocidio, desaparición forzada de personas, tortura, desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o Financiamiento del Terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, la pena será de prisión de ocho (8) a dieciocho (18) años y multa de dos mil setecientos (2700) hasta treinta mil (30000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
La pena privativa de la libertad se aumentará en la mitad para quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan, encabecen, constituyan o financien el concierto para delinquir.
Artículo 323. LAVADO DE ACTIVOS. (modificado por la Ley 1453 de 2011, artículo 42). El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, conserve, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, tráfico de menores de edad, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la administración pública, o vinculados con el producto de delitos ejecutados bajo concierto para delinquir, o les dé a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derecho sobre tales bienes o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, incurrirá por esa sola conducta, en prisión de diez (10) a treinta (30) años y multa de seiscientos cincuenta (650) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales vigentes.
La misma pena se aplicará cuando las conductas descritas en el inciso anterior se realicen sobre bienes cuya extinción de dominio haya sido declarada.
El lavado de activos será punible aun cuando las actividades de que provinieren los bienes, o los actos penados en los apartados anteriores, se hubiesen realizado, total o parcialmente, en el extranjero.
Las penas privativas de la libertad previstas en el presente artículo se aumentarán de una tercera parte a la mitad cuando para la realización de las conductas se efectuaren operaciones de cambio o de comercio exterior, o se introdujeren mercancías al territorio nacional.
El aumento de pena previsto en el inciso anterior, también se aplicará cuando se introdujeren mercancías de contrabando al territorio nacional.
Justamente, como las penas nacionales para los comportamientos descritos en la Acusación por Estados Unidos, no son inferiores a 4 años de sanción privativa de la libertad que exige el numeral primero del artículo 493 de la Ley 906 de 2004, se cumple con este presupuesto.
Adicionalmente, se advierte que, como el decomiso penal no comporta imputación alguna, sino el anuncio de la consecuencia patrimonial que la eventual declaratoria de responsabilidad acarrea respecto de los bienes involucrados en el delito, por cuya comisión se acusa al requerido, el tema es ajeno a la solicitud de extradición, razón por la cual no se encuentra comprendido dentro de los aspectos a analizar en el concepto a emitir por la Sala.
4. Equivalencia de las decisiones
Este requisito hace referencia a la correspondencia formal y sustancial que se debe dar entre la decisión que contiene los cargos por los cuales se pide la extradición de la persona reclamada, y el acto procesal conocido en la legislación colombiana como resolución de acusación y/o escrito de acusación, es decir, a la decisión que sirve de introducción a la fase del juicio, a través de la cual el Estado acusa a una persona determinada de violar la ley penal, discrimina los cargos que le imputa, consigna los hechos que le sirven de fundamento y determina la época y el lugar de comisión del ilícito o ilícitos, para que el solicitado tenga la posibilidad de conocerlos y enfrentarlos.
La Acusación emitida por el órgano judicial de los Estados Unidos, contiene los requisitos de la formulación de acusación prevista en los artículos 336 y 337 de la Ley 906 de 2004, pues, consigna las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizó la conducta punible, su descripción típica, las pruebas en que se apoya, las normas sustanciales aplicables al caso, y permite que se inicie el debate al interior del juicio.
La providencia dictada en el exterior y la regulada en la legislación nacional son equivalentes, cumpliendo así con este requisito.
5. Condiciones que debe imponer el Gobierno si autoriza la extradición.
Ante la eventual determinación positiva del Gobierno Nacional, en todo caso respetando la órbita de su competencia como Supremo Director de las relaciones internacionales, la Corte considera pertinente recordar que debe someter la extradición a los siguientes condicionamientos al país requirente:
5.1. Excluir las penas de muerte, la condena a prisión perpetua, el sometimiento a desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la sanción de destierro, o confiscación para los delitos autorizados, pues esas condenas están excluidas del ordenamiento jurídico colombiana de conformidad con los fundamentos de la Constitución Política (artículos 11, 12 y 34).
5.2. Recordar al país solicitante la prohibición constitucional de juzgar a la ciudadana solicitada por conductas anteriores al 17 de diciembre de 1997 y diversas de las que originaron la solicitud de extradición.
5.3. Con el fin de preservar los derechos fundamentales de la requerida, el Gobierno Nacional condicionará su entrega a que el Estado requirente le garantice su permanencia en ese país y el retorno a Colombia en condiciones de dignidad y respeto por la persona humana, en el eventual caso de ser sobreseída, absuelta, hallada inocente o de situaciones similares que conduzcan a su libertad, incluso después de su liberación por haber cumplido la pena que le fuere impuesta en la sentencia de condena, en razón de los delitos por los cuales se autoriza su extradición.
5.4. A partir de los postulados axiológicos de la Constitución Política, el Gobierno Nacional está en el deber de disponer lo necesario para que el servicio exterior de la República realice un detallado seguimiento a los condicionamientos referidos26
.
5.5. El Gobierno Nacional debe, además, condicionar la entrega de CLAUDIA BEATRIZ RICAURTE MORALES a que se le respeten como a cualquier otro nacional todas las garantías debidas a su condición de procesada, en particular, a que su situación de privación de la libertad se desarrolle en condiciones dignas, a que la pena privativa de la libertad tenga la finalidad esencial de reforma y readaptación social (Artículos 29 de la Carta; 9 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 5-3.6, 7-2.5,8-1.2(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)(h).3.4.5, 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 9-2.3, 10-1.2.3, 14-1.2.3,5, y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).
Igualmente, al Gobierno le corresponde condicionar la entrega a que el país reclamante, conforme a sus políticas internas sobre la materia, le ofrezca posibilidades racionales y reales para que la eventual extraditada pueda tener contacto regular con sus familiares más cercanos, habida cuenta que la Constitución de 1991, en su artículo 42, reconoce a la familia como núcleo esencial de la sociedad, garantiza su protección y reconoce su honra, dignidad e intimidad, lo cual se refuerza con la protección adicional que a ese núcleo le otorgan la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 17) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 23).
5.6. Finalmente, se recordará al país extranjero, la obligación de sus autoridades de tener como parte cumplida de la pena en caso de condena, el tiempo que CLAUDIA BEATRIZ RICAURTE MORALES, haya permanecido privada de su libertad en razón de este trámite.
CAUSALES DE IMPROCEDENCIA.
El artículo 35 de la Constitución Política, modificado por el primero del Acto Legislativo 01 de 1997, ordena:
“La extradición se podrá solicitar, conceder u ofrecer de acuerdo con los tratados públicos y, en su defecto con la ley.
“Además, la extradición de los colombianas por nacimiento se concederá por delitos cometidos en el exterior, considerados como tales en la legislación penal colombiana.
“La extradición no procederá por delitos políticos.
“No procederá la extradición cuando se trate de hechos cometidos con anterioridad a la promulgación de la presente norma”.
De acuerdo con esta disposición, son causales de improcedencia de la extradición, las siguientes, (i) que el delito por el cual se procede sea de naturaleza política, (ii) que se trate de hechos cometidos con anterioridad al 17 de diciembre de 1997, fecha de promulgación de la referida norma, y (iii) que el delito haya sido cometido en territorio colombiano.
Ninguna de estas prohibiciones concurre en el caso analizado. Los delitos de concierto para delinquir agravado y lavado de activos imputados a RICAURTE MORALES en la acusación, son de naturaleza común, no política, y los hechos en los cuales se sustentan las imputaciones ocurrieron alrededor o en los años 2007 y 2010, es decir, después de la promulgación del acto legislativo.
El lugar de comisión de los hechos tampoco se erige en causal de improcedencia. Del estudio de la acusación y de las declaraciones de apoyo se establece que la solicitada en extradición, desde el comienzo o alrededor de ese año, es miembro de una organización que exporta cantidades considerables de cocaína desde Colombia hacia los Estados Unidos y posteriormente lava las ganancias obtenidas de dicha actividad.
Según las investigaciones realizadas por el Agente Especial de la Administración de Control de Drogas (“DEA”), Kevin M. Hannon, la requerida fue identificada como parte de la organización internacional de tráfico de drogas / lavado de dinero dedicada a producir mensualmente toneladas de cocaína para enviar a los Estados Unidos. Posteriormente, dicha organización repatría decenas de millones de dólares que son ganancias de droga de regreso a Colombia.
Durante la época de investigación que llevó a la acusación, CLAUDIA BEATRIZ RICAURTE MORALES de forma voluntaria, incurrió en conductas tipificadas en el ordenamiento jurídico interno como concierto para delinquir agravado y lavado de activos27.
(…)
I. Antecedentes
6. Esta investigación ha revelado que… Claudia Beatriz Ricaurte Morales (en adelante “Ricaurte”), y otros eran miembros de una organización de narcotráfico (“OTD” por sus siglas en inglés) encabezada por el coacusado Ramón Navarro Cerrano que, desde abril de 2006, conspiró para importar cantidades que ascendieron a múltiples toneladas de cocaína desde Suramérica a los Estados Unidos, y para lavar ganancias procedentes de la venta de cocaína en Suramérica.
7. Desde octubre de 2010 hasta el presente, agentes del orden público de Colombia condujeron interceptaciones telefónicas legales y judicialmente autorizadas con la OTD NAVARRO como principal objetivo. Conversaciones telefónicas de… Ricaurte, y otros cómplices acusados formalmente y no acusados formalmente, fueron interceptadas legalmente mientras hablaban sobre la fabricación, transportación, almacenamiento, y envío internacional de cantidades de a múltiples toneladas de cocaína, y el lavado de decenas de millones de dólares en ganancias de narcóticos a Suramérica. Basado en información obtenida de esas conversaciones interceptadas legalmente, aproximadamente 1.3 millones de dólares estadounidenses de ganancias de narcóticos y un kilogramo de cocaína fueron incautados por las autoridades del orden público holandés.
I. Pruebas
8. Las pruebas en contra de cada acusado incluyen intercepciones de líneas telefónicas legales y judicialmente autorizadas en Colombia, vigilancia conducida por el personal del orden público colombiano, recolecciones u entregas controladas de ganancias de narcóticos, e incautaciones de narcóticos y dinero por parte de varias agencias del orden público.
9. En octubre de 2010, las autoridades colombianas condujeron una entrega controlada de ganancias de narcotráfico en dólares estadounidenses. De acuerdo a testigos del gobierno dispuestos a cooperar (en adelante “testigos”), las ganancias de narcóticos fueron entregadas a Ricaurte en una “casa de cambio”, en Bogotá, Colombia. Las autoridades colombianas legalmente interceptaron llamadas durante las cuales Ricaurte habló sobre el convertir “documentos”. Las conversaciones interceptadas indicaron que Ricaurte no tenía suficientes pesos colombianos a la mano para comprar todos los dólares estadounidenses.
(…)
30. Durante esta investigación, hubieron un total de ocho recolecciones controladas de ganancias de narcóticos para la OTD Navarro. Un total de $697,466,63 fue lavado a través de instituciones financieras basadas en Miami, Florida, en conformidad con instrucciones explicitas (sic) de parte de [l]os acusados. $1,670,260 fue entregado en efectivo. Una vez que el dinero llegó a Colombia, una parte de la moneda en efectivo fue procesada mediante casas de cambio operadas por Ricaurte y Chaustre para su almacenamiento consiguiente en una joyería operada por Pacheco. Ganancias de drogas adicionales fueron recolectadas por Arango, quien recibió instrucciones de pago y desembolso de parte de Castaño…
(…)
… Claudia Beatriz Ricaurte Morales era dueña de una casa de cambio en Bogotá quien ayudó a la OTD Navarro al convertir ganancias de narcóticos en forma de dólares estadounidenses a pesos colombianos, y transmitió tales pesos colombianos a Chaustre y a otros…
(…)
Esta reseña de la actividad ilícita deja en claro que los hechos por los cuales se acusa a CLAUDIA BEATRIZ RICAURTE MORALES tuvieron como fin el lavado de ganancias obtenidas del tráfico de estupefacientes a los Estados Unidos.
Por tal razón, se cumple el condicionamiento constitucional de que la conducta haya sido realizada en el extranjero, cualquiera sea la teoría que se aplique para determinar el lugar de comisión del ilícito (de la acción, del resultado o de la ubicuidad).
Ahora bien, ante la ausencia de tratado vigente con los Estados Unidos, la extradición es tramitada de acuerdo a los lineamientos y exigencias establecidas por la Ley Penal Colombiana, cuyo cumplimiento la Corporación examinó en detalle.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, CONCEPTÚA FAVORABLEMENTE ante la solicitud de extradición de la ciudadana colombiana CLAUDIA BEATRIZ RICAURTE MORALES, hecha por el Gobierno de los Estados Unidos de América mediante Nota Verbal No. 2609 del 8 de noviembre de 2012, por el cargo imputados en la Acusación Formal No. 11-20552-CR-GRAHAM(s)(s) de noviembre 10 de 2012, emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Del Sur de la Florida.
Por la Secretaría de la Sala entérese de esta decisión a los interesados e intervinientes, así como al señor Fiscal General de la Nación, para lo de su cargo.
Remítase el expediente al Ministerio de Justicia y del derecho, para lo que concierne en adelante al Gobierno Nacional.
Comuníquese y cúmplase
JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ
JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO
FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO
MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ MUÑOZ
GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ
LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO
JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA
JAVIER DE JESÚS ZAPATA ORTIZ
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria
1 Folios 3 al 12, folios 13 al 22 (traducción no oficial) Carpeta Anexa.
2 Folios 17 al 56, folios 57 al 67 (traducción no oficial) Carpeta Anexa.
3 Folio 1 – 2 Cuaderno Original.
4 Folio 6 Cuaderno original
5 Folio 13 Cuaderno original.
6 Folio 15 Cuaderno Original.
7 Folios 47 al 56, folios 57 al 67 (traducción no oficial) Carpeta Anexa.
8 Folios 3 al 12, folios 13 al 22 (traducción no oficial) Carpeta Anexa.
9 Folios 74 al 85; Folios 212 al 222 (Traducción no oficial) Carpeta Anexa.
10 Folios 155 al 176; Folios 290 al 309 (Traducción no oficial) Carpeta Anexa.
11 Folios 102 al 121; Folios 239 al 256 (Traducción no oficial) Carpeta Anexa.
12 Folio 135; Folio 270 (Traducción no oficial) Carpeta Anexa.
13 Folio 69 Carpeta Anexa.
14 Artículo 495 de la Ley 906 de 2004.
15 Esta regulación legal resulta aplicable al caso en virtud del principio de integración normativa prevista en el artículo 25 del estatuto procesal penal.
16 Folio 73, folio 210 (traducción no oficia)l Carpeta Anexa.
17 Folio 72, folio 209 (traducción no oficial) Carpeta Anexa.
18 Folio 70 y siguiente Carpeta Anexa.
19 Folio 69 Carpeta Anexa.
20 Folios 3 al 12, folios 13 al 22 (traducción no oficial) Carpeta Anexa.
21 Folios 41 al 43 Carpeta Anexa.
22 Folio 29 a 30 Carpeta anexa.
23 Folio 28 Carpeta anexa
24 Folio 27 al 29 Cuaderno de la Corte.
25 Folios 102 al 121; Folios 239 al 256 (Traducción no oficial). Carpeta Anexa.
26 “…es preciso advertir que como el instrumento de la extradición entre Estados Unidos de América y Colombia se rige, en ausencia de un instrumento internacional que regule los motivos de procedencia, requisitos, trámite y condiciones, por las normas contenidas en la Constitución Política (artículo 35) y en el Código de Procedimiento Penal (artículos 508 a 533 de la Ley 600 de 2000), cuando recae sobre ciudadanas colombianas por nacimiento -si es pasiva-, es imperioso que el Gobierno Nacional haga las exigencias que estime convenientes en aras a que en el país reclamante se le reconozcan todos los derechos y garantías inherentes a su calidad de colombiana y de procesado, en especial las contenidas en la Carta Fundamental y en el denominado bloque de constitucionalidad, es decir, en aquellos convenios internacionales ratificados por Colombia que consagran y desarrollan derechos humanos (artículo 93 de la Constitución, Declaración Universal de Derechos Humanos, Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), en virtud del deber de protección a esos derechos que para todas las autoridades públicas emana del artículo 2º ibídem.
Los condicionamientos en cuestión tienen carácter imperioso, porque la extradición de un ciudadana colombiana por nacimiento, cualquiera sea el delito que dio lugar a su entrega a un país extranjero, no implica que pierda su nacionalidad ni los derechos que le son anejos a tal calidad. Por tanto, el deber de protección de las autoridades colombianas se extiende a tal punto, que han de vigilar que en el país reclamante se le respete los derechos y garantías tal como si fuese juzgado en Colombia. A lo que renuncia el Estado que accede a la entrega de un connacional es a ejercer su soberanía jurisdiccional, de modo que en tanto aquél siga siendo súbdito de Colombia, conserva a su favor todas las prerrogativas, garantías y derechos que emanan de la Constitución y la ley, en particular, aquellos que se relacionan con su calidad de procesado y que tienen que ver con la dignidad humana”.
(Concepto de Extradición del 05/09/2006, rad. núm. 25625)
27 Folios 153 al 176; Folios 290 al 309 (Traducción no oficial). Carpeta Anexa.